viernes, 9 de mayo de 2008

Peligra la soberanía ante el proyecto sobre Pemex, dice González Casanova

■ El petróleo es el sustento fiscal de México, señala el ex rector e investigador de la UNAM

Peligra la soberanía ante el proyecto sobre Pemex, dice González Casanova
■ “Lo que está haciendo éste... cómo se llama... Calderón, es romper con las historias de nuestras luchas”

■ La entrega de la paraestatal es una gigantesca operación de despojo, sostiene Gilly

Patricia Muñoz Ríos



Adolfo Gilly y Pablo González Casanova, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Foto: Cristina Rodríguez

El ex rector, catedrático e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pablo González Casanova, planteó ayer que si el Estado mexicano se queda sin los recursos petroleros habría graves implicaciones económicas y sociales para el país, ya que Pemex aporta 40.8 por ciento del total de los ingresos fiscales de la nación, y alertó que, además de ello, se cierne el peligro de que el proyecto de Felipe Calderón rompa toda la historia anterior de lucha por la soberanía, en la que se habían logrado victorias muy importantes de expropiación.

El también escritor habló ayer en una mesa sobre Pensamiento latinoamericano y luchas sociales en América Latina, del Coloquio Latinoamericano organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, donde además participó el historiador Adolfo Gilly, quien planteó que “la entrega de Pemex” es una gigantesca operación de despojo, la culminación de un proyecto de desmantelamiento de las defensas estructurales que protegían la soberanía del país.

En el foro se habló de las luchas políticas, económicas y sociales de América Latina y la inserción de la batalla por el petróleo en este contexto.

Gónzalez Casanova advirtió que el petróleo es el sustento fiscal de México, ya que las grandes empresas escatiman y no entregan la renta tributaria al Estado. Hizo ver que lo que está haciendo aquí “cómo se llama... éste... Calderón”, es que está “rompiendo con las historias de luchas que habíamos logrado como país”.

Planteó que en defensa de los proyectos del gobierno también se está haciendo una “labor de expropiación de la razón, del derecho y de la palabra”, y el arte de mentir ha adquirido unas proporciones extraordinarias. “Tartufo se queda corto” en la capacidad de engañar e influir con mentiras a la población.

Además, “se califica de terrorista a aquel que se opone a las políticas”, hasta a las universidades se les tacha de “terroristas y nos lo vienen a decir en nuestra propia cara”, y esto porque se quiere criminalizar el disentir, señaló el catedrático emérito, y expuso que ahora está en desuso hasta el derecho, pues lo usan sólo para legitimar lo ilegítimo, cuando “siempre hemos luchado por el derecho en América Latina y esta es una de las características de toda las revoluciones de independencia”.

En el concurrido foro, Adolfo Gilly presentó un escrito titulado Definiciones y preguntas en la defensa de Pemex, en el que plantea que la operación en curso para privatizar la paraestatal “trata de llevar a término el mando indiscutido del capital financiero mexicano sobre el Estado nacional y de integrar ese Estado como vecino y socio menor subordinado”.

El proyecto de entregar el petróleo, según explicó, restructura las relaciones del Estado mexicano con su pueblo y con la potencia vecina y sus planes geoestratégicos; y forma parte del plan de las tres áreas de dominación de Estados Unidos sobre México, que son: Tratado de Libre Comercio, ASPAN e Iniciativa Mérida, “los tres estatutos claves de la subordinación económica, militar y política”.

Tratan de desarmar y terminar de desmantelar las defensas estructurales que protegían la soberanía e independencia de la nación; es una gigantesca operación de despojo en la que Pemex es la culminación de ese proceso. Por ello, se necesita un movimiento más fuerte, más grande que el que encabeza Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la batalla por la defensa del petróleo, porque tratan de quitar la pieza central de las finanzas mexicanas desde hace 70 años, que es Pemex, para mandarla “al desván de los recuerdos patrióticos, junto con el ex convento de Churubusco y la carroza de Juárez” , apuntó Gilly.

El catedrático evidenció que el bando neoliberal está unificado por el debilitado poder presidencial, el poder financiero y el eclesiástico, cuyos altavoces son la televisión y la campaña unificada de los medios y sus “cabecitas parlantes”. Preguntó cómo poner en el centro del debate el tema y hacer que esto mueva a la acción y a la convergencia.

Cuando se queden con el petróleo, alertó, van a ir por más; por ejemplo, van a intentar el vuelco a “colombianizar” el Ejército Mexicano para ligarlo con el de Estados Unidos. “Díaz Ordaz usó al Ejército para masacrar, pero no se puso la gorrita y la chaqueta que le queda grande; era gente malvada, pero seria”, remató.

En el foro también participó Horacio Cerrutti, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, quien dijo que la reacción de la derecha en toda la región se ha conformado en una acción articulada, e hizo ver cómo en toda la zona se han estigmatizado las acciones gubernamentales populistas. Sobre el caso de Bolivia habló Ricardo Melgar, investigador del Instituto de Antropología e Historia, quien desmenuzó toda la andanada oligárquica que se ha orquestado dentro de ese país y en la región misma contra el gobierno del presidente Evo Morales.

http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=politica&article=003n1pol

Senado de sordos · Rocha


http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=cartones&id=3

Entre espurios · Helguera


http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=cartones&id=2

Amenaza de hambruna · El Fisgón


http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=cartones&id=1

Editorial

Seguridad: gobierno sin rumbo
El asesinato del directivo policial Edgar Eusebio Millán Gómez, perpetrado en esta capital en los primeros minutos de ayer, es el más reciente de una cadena de homicidios de jefes de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la ciudad de México: el primero de mayo fue muerto Roberto Velasco Bravo, director de Crimen Organizado de esa corporación, y tres días más tarde fue victimado, en Coyoacán, Aristeo Gómez Martínez, miembro de la Jefatura del Estado Mayor de la PFP, en lo que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, llamó “un intento de robo”, a pesar de los testimonios en contrario. Unas horas antes del ataque contra Millán Gómez, el agente Martín Vázquez Zermeño, del grupo de inteligencia de la policía de Nezahualcóyotl y enlace con las procuradurías mexiquense y General de la República, sufrió la misma suerte. En lo que va del mes, sólo en Sinaloa han muerto en circunstancias violentas unos 15 agentes, siete de ellos federales.

Más allá de la condena que merecen tales asesinatos, resulta escandaloso, inadmisible y exasperante que a la delincuencia organizada le resulte tan fácil acabar con la vida de integrantes de las corporaciones encargadas de combatirla. A estas alturas, resulta inocultable que las mafias cuentan no sólo con el poder de fuego y el grado de organización necesarios para perpetrar tales crímenes, sino que disponen, además, de información confidencial y precisa sobre sus víctimas. Sería difícil explicar, de otro modo, la agresión contra Millán Gómez, quien fue emboscado en su propio domicilio. A su vez, ese manejo de datos da una idea del grado de infiltración que han logrado las organizaciones delictivas en las instituciones encargadas de preservar la seguridad y procurar justicia y, por extensión, del punto de descomposición al que ha llegado un sector esencial e imprescindible del Estado.

Ha de constatarse, a la luz de los terribles saldos de la “guerra contra la delincuencia” en curso, la improvisación y la falta de claridad con que se emprendió tal estrategia a principios de la presente administración. Es decir, se lanzó a las corporaciones policiales a un choque frontal contra el narcotráfico y otros estamentos de la delincuencia organizada sin haber emprendido en ellas la depuración y la moralización que se requerían, sin haber puesto en práctica planes de inteligencia y contrainteligencia, sin efectuar una ponderación de las dimensiones del fenómeno a erradicar ni del poderío del adversario a vencer. Desde el primer momento, numerosas voces de la escena pública advirtieron sobre los peligros de involucrar al aparato gubernamental en un alarde de fuerza como el emprendido a partir de diciembre de 2006 y el riesgo de que la medida terminara más bien por debilitar al poder público y por fortalecer a la delincuencia a la que se pretendía combatir. Pero tales voces no fueron escuchadas por un gobierno que parecía empecinado en resolver a corto plazo, con una visión simplista, y por medio de la violencia policial y militar, el clima de inseguridad y el quebrantamiento del estado de derecho en extensas regiones del país.

Los resultados de la aventura fortalecen, por desgracia, la idea de que el propósito real de las aparatosas movilizaciones policiaco-militares era marcadamente propagandístico y legitimador, y que el país estaba ante una redición, aumentada y empeorada, del operativo foxista “México seguro”: si éste fue una mera faramalla insustancial y sin grandes consecuencias, como tantas otras de la administración pasada, las acciones de la actual han agitado el avispero de la violencia delictiva y se han traducido en un país mucho más inseguro que el que recibió el gobierno encabezado por Felipe Calderón. Una de las expresiones más escalofriantes de tal violencia es la cacería de mandos policiales por parte de la delincuencia organizada y la incapacidad de las autoridades para proteger a sus propios cuadros, y no se diga para contrarrestar la desoladora desprotección en la que se encuentran los ciudadanos en general.

http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=opinion&article=002a1edi

Astillero

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ Fundamentar, no debatir

■ Una foto delatora ■ PRD, declinar

Maravillas lingüísticas atemperantes: el tan traído y llevado debate acabó ayer en una simple “Fundamentación de Propuesta de Reforma Energética”, con el escudo amable del Senado de la República tras la fila de funcionarios y representantes populares que nomás de verlos parecen confabulación privatizadora confesa. No se trata, pues, de debatir, sino de “fundamentar”, es decir, conforme a la Real Academia Española, “establecer, asegurar y hacer firme algo” o “echar los fundamentos o cimientos de un edificio”. Podrán alegar los anfitriones senatoriales que sus invitados acudieron solamente a dar los puntos de vista que buscan apuntalar la propuesta de su jefe, pero la denominación oficial de la reunión corrió a cargo del Senado y bajo su emblema así quedó, además de que, entonces, bien valdría que cuando toque la oportunidad a quienes están en contra, el letrero de unicel diga algo así como “Rechazo a la privatización apátrida promovida por la derecha”.

El cuadro de honor (gulp): en el acto de fundamentación, que no de debate, aparecieron las estrellas burocráticas que son la secretaria de la Casa de Moneda (hoy convertida en Energía), Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, más los jefes de las sombrías áreas de convalidación de negocios privados, los directores de Pemex Exploración y Producción y Pemex Refinación, llamados Carlos Morales Gil y José Antonio Ceballos, respectivamente, y el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, hijo del yunquista ex secretario del Trabajo, quien junto con Carlos Abascal tiene cargos pendientes (y no sólo de conciencia) en Pasta de Conchos. Y, en el bando de los supuestos representantes populares, ni más ni menos que Santiago Creel, el dador de permisos para juegos y apuestas a cambio de favores televisables; Francisco Labastida Ochoa, el héroe del Pemexgate; Graco Ramírez, deudor de Carlos Ahumada, y Alejandro Zapata, aspirante a quedar bien con Calderón para que éste no le impida ser candidato al gobierno de San Luis Potosí.

¡Sorpresa! Contra todos los pronósticos, la comisión especial de diputados que investigó las presunciones de tráfico de influencias del funcionario Juan Camilo Mouriño en favor del ciudadano Juan Camilo Mouriño en la empresa de los Mouriño llamada Ivancar, llegó a la impactante conclusión de que no hay nada irregular en el hecho de que el hoy secretario de Gobernación haya firmado, siendo funcionario, documentos de negocios relacionados con sus intereses empresariales familiares. ¡Que vivan el estado de derecho y otros materiales transportables en camiones de la empresa Ivancar!

Cuauhtémoc Cárdenas ha recuperado terreno en el PRD con su búsqueda de acuerdos para que declinen los dos aspirantes a presidir ese partido y abran paso a un interinato que salve en lo posible los restos del naufragio electoral reciente. El fundador de la organización del sol azteca ha pasado de la enunciación, que hizo semanas atrás, a la promoción de su idea ante ex presidentes nacionales y ha encontrado una aceptación generalizada, inclusive en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que ve “con buenos ojos” la propuesta. Las negociaciones del caso se dan con el reloj judicial en contra, pues el tribunal electoral ha ordenado que se cuente la totalidad de los votos emitidos en la catastrófica jornada comicial en que ambos bandos practicaron adulteraciones en los ámbitos que les fue posible. Tomar en cuenta el conjunto de sufragios formalmente incluidos en los paquetes electorales significa un triunfo procesal para Jesús Ortega, pues de esa manera se estarán validando, en esta primera etapa, los votos depositados irregularmente, según las acusaciones de sus adversarios, sobre todo en Oaxaca, Chiapas y el estado de México. De seguirse las instrucciones del tribunal electoral federal es muy probable que formalmente tenga más sufragios la planilla de Ortega, aunque obviamente los encinistas protestarán y seguirán en una cadena de impugnaciones judiciales que mantendría al PRD en permanente zozobra y desgaste. Pero la situación política del partido ya ni siquiera descansa en un esfuerzo de higiene que haga aparecer certezas y legalidades: ha sido tal el batidillo, que ambas partes están descalificadas para continuar con el intento de adjudicarse triunfos legales (todo ello se asentó aquí a unos pocos días de las elecciones envenenadas, conminando a anular el proceso o a que los dos principales contendientes renunciaran a sus aspiraciones).

Astillas

En Nayarit, silenciosamente, con los escándalos nacionales llevando la atención hacia otros lados, el gobernador priísta Ney González tiene todo mapachonamente listo para hacer que el PRI siga controlando la política local… Carlos Fernández-Vega ha hecho saber en su México SA que el beato (obviamente en ruta a la santidad) Carlos Salinas de Bla Bla plagió el título de su más reciente intento de exculpación, pues la Cepal usó esa denominación para un amplio texto sobre “los tétricos resultados económicos y sociales de los años 80 en América Latina”. Pues hay otro libro con el mismo nombre: La década perdida (1986-1996, la agricultura española en Europa), escrito en 1997 por Jaime Lamo de Espinosa, quien fue ministro de agricultura de España entre 1978 y 1982 y analiza el camino previo a la adhesión de su país a la Comunidad Económica Europea y las consecuencias, durante una década, de esa agregación…Hoy, a las seis de la tarde, en el Club de Periodistas (Filomeno Mata 8, en el Centro Histórico del DF), foro sobre “El petróleo y el desarrollo social”, con Julio Boltvinik, Mario Alberto di Costanzo y Pablo Yanes, con la moderación de Celeste Sáenz de Miera y Aguiar y Jorge Santa Cruz… Y, mientras el embajador de la Corona, Tony Garza, sigue emitiendo certificados póstumos de buena conducta en terrenos policiales mexicanos, adjudicándose el derecho de decir cuáles agentes o funcionarios han actuado bien y por tanto sus muertes son lamentables, ¡feliz fin de semana!

http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=opinion&article=004o1pol

Rayuela

Lo peor es que a los que trafican influencias y a quienes los tapan les ha de parecer muy nice pertenecer a la gran familia de la impunidad.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php