Por Carlos Montemayor
El sistema que las compañías mineras canadienses aplican en México para la explotación y beneficio de mineral es el conocido como tajo a cielo abierto y lixiviación a montones, prohibido en muchos países por su gran capacidad contaminante. La Minera San Xavier, que explota el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, utiliza toneladas diarias de explosivos a base de nitrato de amonio, diesel y detonantes para tumbar el cerro en por lo menos 80 mil toneladas; de este material serán aprovechables aproximadamente 32 mil toneladas, que ya trituradas se depositan en un llano tratado con arcilla. Dieciséis toneladas de cianuro de sodio mez- cladas con 32 millones de litros de agua por el sistema de aspersión bañarán el material triturado provocando así la separación y precipitación de los metales contenidos. Éste es el proceso conocido como de lixiviación.
Las explosiones que ya empezaron a detonar acabarán aproximadamente con un kilómetro de montaña. Luego continuarán hacia el subsuelo para producir un cráter de un kilómetro de diámetro por aproximadamente 250 metros de profundidad. Al cabo de algunos años, en el llano de lixiviación se habrá formado una montaña de material saturado de cianuro de aproximadamente 80 millones de toneladas. Lo más peligroso es que tal montaña de material contaminado se está acumulando a nueve kilómetros de la ciudad capital y muy cercana a otras comunidades. En el ejido Palma de la Cruz quedarán otros 120 millones de toneladas de material con grandes contenidos de sulfuros que no podrían ser lixiviables.
La oposición en varios países al uso de cianuro en el sistema de lixiviación y a la explotación de tajo a cielo abierto es creciente. En Estados Unidos, en 1998, en Montana, se prohibió el uso de cianuro para la minería de oro de y plata después de que las compañías mineras canadienses Placer Dome y Pegasus Gold Corporation ocasionaron un desastre ecológico sin precedentes. En 2003, en California, se prohibió a la compañía minera Glamys Gold Mining Company, hasta febrero de 1993 dueña de 50 por ciento de las acciones de Minera San Xavier, la explotación de una mina de oro a tajo a cielo abierto en una comunidad indígena y con el apoyo del Senado se aprobó una ley que prohíbe cualquier explotación de minas de oro de tajo a cielo abierto a base de cianuro.
En 1995, en Guyana, el dique de contención de la mina Omal, de la compañía minera canadiense Cambior Inc., se quebró y derramó 3.2 mil millones de litros de agua cianurada al río Essiquibo, ocasionando el desastre ecológico más grave e irreparable en la historia de ese país. Cambior Inc. fue hasta hace poco tiempo dueña de parte importante de las acciones de Minera San Xavier y enfrenta una demanda por 69 millones de dólares para restaurar el daño perpetrado contra los habitantes de Guyana.
Un derrame masivo de 100 mil metros cúbicos de cianuro de una compañía minera de oro en Rumania, en el año 2000, contaminó más de 400 kilómetros del río Danubio destruyendo toda especie acuática y fauna silvestre. Por ello, en julio de 2003, el primer ministro rumano, respaldado por grupos ambientalistas, se negó a apoyar a una compañía minera canadiense, Gabriel Resources Ltd., por los graves riesgos ecológicos que conllevaría.
En el interior de Canadá diversas organizaciones han creado conciencia sobre las devastadoras consecuencias sociales y ambientales que para otros países han tenido las compañías mineras canadienses. En junio de 2004, la comisión permanente del parlamento sobre asuntos extranjeros y comercio internacional presentó un informe donde se afirmaba que Canadá todavía no contaba con leyes para asegurar que las actividades de sus compañías de explotación minera en países en vías de desarrollo se conformaran con los estándares necesarios de derechos humanos y mucho menos para asegurar su responsabilidad ecológica.
El 23 de junio de 2004, el noveno tribunal colegiado del noveno circuito en materia administrativa resolvió el amparo D.A. 65/2004-873 y enunció con claridad que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debía cancelar en forma definitiva la licencia de uso de suelo y funcionamiento que mediante oficio de fecha 26 de febrero de 1999 había otorgado el Instituto Nacional de Ecología, órgano desconcentrado de la Semarnap, hoy Semarnat, a Minera San Xavier. El tribunal determinó que esa autorización se había otorgado contraviniendo, primero, las disposiciones jurídicas federales en materia ambiental, y segundo, el decreto administrativo estatal en que se aprobó el plan de ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada. Después de la resolución del tribunal colegiado, cualquier acción de todo nivel de gobierno implicó una acción de desacato.
Esta resolución no frenó a la compañía y con subsecuentes apoyos federales y estatales inició su expansión territorial. Compró terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro mediante contratos al margen de la ley o mediante la firma de un contrato de arrendamiento de tierras del ejido de Cerro de San Pedro con falsos ejidatarios, el cual fue anulado por resolutivos tanto del tribunal agrario como del segundo tribunal colegiado del noveno circuito.
Con este falso contrato cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades de la Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía del ferrocarril Potosí-Ríoverde, ramal San Pedro. Instaló, igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud que envolvió el poblado por el lado norte, oriente y poniente, impidiendo el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad siguen siendo municipales.
El 2 de junio de este año, el juzgado XI de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal emitió su resolución del amparo 1065/2007, que se promovió contra el tribunal de justicia fiscal y administrativa respecto a la nulidad de un nuevo permiso que la compañía misma recibió de Semarnat en abril del 2006. El juzgado de distrito estableció que se debe nuevamente resolver el recurso de queja y al final de la resolución establece que se debe considerar los amparos directos 65/2004 y D.A. 24/2005, que establecían que ni siquiera en forma condicionada podía darse autorización alguna a la compañía.
A pesar de esto, la minera sigue devastando el área de Cerro de San Pedro.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=opinion&article=018a1pol
domingo, 13 de julio de 2008
Las mineras canadienses I
Por Carlos Montemayor
Canadá es uno de los países notables en los tiempos actuales. Durante cerca de ocho años consecutivos encabezó la lista de las naciones con mayor índice de desarrollo humano, según el informe singular que desde 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo prepara anualmente. Esta proyección de la evaluación del desarrollo parte de ciertas variables propuestas en la década de los años 80 por Mabub Ul Haq y el premio Nobel de Economía Amartya Sen. En estos balances no se refleja tanto el volumen total de riqueza producida en un país, o el movimiento total de capitales en determinada zona, sino el beneficio y desarrollo reflejado en la salud, el promedio de vida, la educación, la vivienda, la alimentación y el ingreso de los habitantes.
Sin estas condiciones de evaluación se entiende que por el volumen económico México haya podido en algunos balances cuantitativos presentarse como la undécima economía del mundo, pero su realidad se revela en el índice de desarrollo humano, donde aparece en el número 54, dentro del grupo de países de mediano desarrollo humano y al mismo nivel de Cuba, que ocupa el número 55.
En términos artísticos Canadá ha impreso un relevante aporte en múltiples campos. Además de la poesía, el teatro, el cine, el ensayo, notables en lengua francesa en el área de Quebec, todos los géneros artísticos se impulsan en un proyecto multilingüe y multidisciplinario que tiene su mejor ejemplo en Banff Center International, donde he tenido oportunidad de colaborar en proyectos de traducción literaria desde hace algunos años.
Algunos proyectos de investigación científica, tecnológica y social de las universidades canadienses son también notables en varios campos del conocimiento y del hacer político, particularmente en el movimiento de multiculturalismo que está surgiendo en Canadá como política de Estado y que parte de dos principios fundamentales: primero, que los movimientos migratorios son una característica básica y un comportamiento natural de la humanidad; segundo, que si puede caracterizarse a la humanidad por el movimiento migratorio de la totalidad de los pueblos en un momento dado, la consecuencia de la naturaleza humana es que estamos obligados a vivir con nuestra diversidad.
Así, “vivir juntos” ya no implica justificar un equilibrio social desde la perspectiva de una mayoría, sino desde la perspectiva de la multiculturalidad. Por tanto, los derechos humanos deben incluir cada vez con mayor claridad la idea de que el individuo no es un ente aislado, sino integrado en un contexto social, político y cultural que existe previamente a su aparición y que permanecerá después de él. Esto le da identidad y le permite reconocerse como ser humano.
Por ello en Canadá la integración social es también destacada, si se toma en cuenta el tratamiento legal, cultural y económico dado a los pueblos indígenas, allá denominados first nations, primeras naciones. En abril de 1999, por ejemplo, Canadá reconoció el territorio autónomo de los pueblos inuit, con extensión de un millón 900 mil kilómetros cuadrados, casi la de la República Mexicana, que es de un millón 956 mil kilómetros cuadrados. Este territorio autónomo se llama Nunavut Kamavat, gobierno de Nunavut.
El jurista canadiense James Hopkins explicó en el año 2001 que durante la demarcación territorial de Delgamuukw, el juez Lamer, cabeza de la Suprema Corte de Justicia de Canadá, reconoció por vez primera que los derechos territoriales de los pueblos nativos son sui generis porque, entre otras cosas, su fuente proviene de un sistema legal aborigen prexistente y porque las poseen comunalmente.
En este caso el juez reconoció que el “especial lazo” entre las comunidades indígenas y su territorio forma parte de la cultura distintiva del grupo aborigen y afirmó que el derecho a usufructuar la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. En otras palabras, el juez Lamer parece reconocer que un uso que interfiera con el empleo o usufructo tradicional de la tierra podría romper el lazo cultural del que surge el derecho territorial mismo del pueblo aborigen.
Pero la perfección, tanto en individuos como en países, es teórica, abstracta, conjetural. Contrastan con esta grandeza humanista, política, social y cultural de Canadá las empresas mineras canadienses, ejemplo de la depredación brutal y de ilegalidad inexcusable. El daño ecológico, económico y social que provocan en varias regiones del mundo y de México es un ejemplo contundente de cómo un país admirable puede producir empresas transnacionales depredadoras y salvajes que pisotean la lucidez con que el juez Lamer determinó que el usufructo de la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. Las compañías mineras canadienses son la avanzada de la barbarie actual contra pueblos inermes y ecosistemas de países con gobiernos corruptos o vulnerables como el de México, según explicaré en las siguientes entregas.
En el caso de nuestro país, se están afectando tres regiones: San Luis Potosí, con la Minera San Xavier; la región de Huizopa en la sierra de Chihuahua, con la Minefinders y su subsidiaria Compañía Minera Dolores, y 29 municipios de Chiapas con las empresas Fronteer Development Group y Radius Gold.
En todos los casos hay un modus operandi común: la apropiación ilegal de tierras, la complicidad de autoridades federales o estatales, la sobrexplotación y contaminación de recursos acuíferos y el desastre ecológico por el sistema de explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=opinion&article=021a2pol
Canadá es uno de los países notables en los tiempos actuales. Durante cerca de ocho años consecutivos encabezó la lista de las naciones con mayor índice de desarrollo humano, según el informe singular que desde 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo prepara anualmente. Esta proyección de la evaluación del desarrollo parte de ciertas variables propuestas en la década de los años 80 por Mabub Ul Haq y el premio Nobel de Economía Amartya Sen. En estos balances no se refleja tanto el volumen total de riqueza producida en un país, o el movimiento total de capitales en determinada zona, sino el beneficio y desarrollo reflejado en la salud, el promedio de vida, la educación, la vivienda, la alimentación y el ingreso de los habitantes.
Sin estas condiciones de evaluación se entiende que por el volumen económico México haya podido en algunos balances cuantitativos presentarse como la undécima economía del mundo, pero su realidad se revela en el índice de desarrollo humano, donde aparece en el número 54, dentro del grupo de países de mediano desarrollo humano y al mismo nivel de Cuba, que ocupa el número 55.
En términos artísticos Canadá ha impreso un relevante aporte en múltiples campos. Además de la poesía, el teatro, el cine, el ensayo, notables en lengua francesa en el área de Quebec, todos los géneros artísticos se impulsan en un proyecto multilingüe y multidisciplinario que tiene su mejor ejemplo en Banff Center International, donde he tenido oportunidad de colaborar en proyectos de traducción literaria desde hace algunos años.
Algunos proyectos de investigación científica, tecnológica y social de las universidades canadienses son también notables en varios campos del conocimiento y del hacer político, particularmente en el movimiento de multiculturalismo que está surgiendo en Canadá como política de Estado y que parte de dos principios fundamentales: primero, que los movimientos migratorios son una característica básica y un comportamiento natural de la humanidad; segundo, que si puede caracterizarse a la humanidad por el movimiento migratorio de la totalidad de los pueblos en un momento dado, la consecuencia de la naturaleza humana es que estamos obligados a vivir con nuestra diversidad.
Así, “vivir juntos” ya no implica justificar un equilibrio social desde la perspectiva de una mayoría, sino desde la perspectiva de la multiculturalidad. Por tanto, los derechos humanos deben incluir cada vez con mayor claridad la idea de que el individuo no es un ente aislado, sino integrado en un contexto social, político y cultural que existe previamente a su aparición y que permanecerá después de él. Esto le da identidad y le permite reconocerse como ser humano.
Por ello en Canadá la integración social es también destacada, si se toma en cuenta el tratamiento legal, cultural y económico dado a los pueblos indígenas, allá denominados first nations, primeras naciones. En abril de 1999, por ejemplo, Canadá reconoció el territorio autónomo de los pueblos inuit, con extensión de un millón 900 mil kilómetros cuadrados, casi la de la República Mexicana, que es de un millón 956 mil kilómetros cuadrados. Este territorio autónomo se llama Nunavut Kamavat, gobierno de Nunavut.
El jurista canadiense James Hopkins explicó en el año 2001 que durante la demarcación territorial de Delgamuukw, el juez Lamer, cabeza de la Suprema Corte de Justicia de Canadá, reconoció por vez primera que los derechos territoriales de los pueblos nativos son sui generis porque, entre otras cosas, su fuente proviene de un sistema legal aborigen prexistente y porque las poseen comunalmente.
En este caso el juez reconoció que el “especial lazo” entre las comunidades indígenas y su territorio forma parte de la cultura distintiva del grupo aborigen y afirmó que el derecho a usufructuar la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. En otras palabras, el juez Lamer parece reconocer que un uso que interfiera con el empleo o usufructo tradicional de la tierra podría romper el lazo cultural del que surge el derecho territorial mismo del pueblo aborigen.
Pero la perfección, tanto en individuos como en países, es teórica, abstracta, conjetural. Contrastan con esta grandeza humanista, política, social y cultural de Canadá las empresas mineras canadienses, ejemplo de la depredación brutal y de ilegalidad inexcusable. El daño ecológico, económico y social que provocan en varias regiones del mundo y de México es un ejemplo contundente de cómo un país admirable puede producir empresas transnacionales depredadoras y salvajes que pisotean la lucidez con que el juez Lamer determinó que el usufructo de la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. Las compañías mineras canadienses son la avanzada de la barbarie actual contra pueblos inermes y ecosistemas de países con gobiernos corruptos o vulnerables como el de México, según explicaré en las siguientes entregas.
En el caso de nuestro país, se están afectando tres regiones: San Luis Potosí, con la Minera San Xavier; la región de Huizopa en la sierra de Chihuahua, con la Minefinders y su subsidiaria Compañía Minera Dolores, y 29 municipios de Chiapas con las empresas Fronteer Development Group y Radius Gold.
En todos los casos hay un modus operandi común: la apropiación ilegal de tierras, la complicidad de autoridades federales o estatales, la sobrexplotación y contaminación de recursos acuíferos y el desastre ecológico por el sistema de explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/10/index.php?section=opinion&article=021a2pol
Familias pobres de Iztapalapa transforman basurero en zona de cultivo para autoconsumo
■ En marcha, 21 proyectos para convertir tierras ociosas en áreas para siembras
■ Se firmarán acuerdos de cooperación con Cuba y la FAO para impulsar la iniciativa, anuncian
Rocío González Alvarado
Con participación esencialmente de familias, los huertos de la asociación civil Comparte brotan en Iztapalapa
Foto: Roberto García Ortiz
En medio del asfalto, en lo que hasta el año pasado era un lote baldío convertido en basurero, familias de escasos recursos en Iztapalapa, agrupadas en la asociación civil Comparte, comenzaron a cosechar los primeros frutos de sus cultivos, como parte de un programa de agricultura urbana que promueve el gobierno de la ciudad de México.
Se trata de uno de los 21 proyectos que buscan recuperar y aprovechar terrenos ociosos en la metrópoli, como jardines, azoteas y camellones, para convertirlos en áreas de cultivo de hortalizas, verduras y vegetales, así como plantas medicinales y ornamentales, sin usar agroquímicos como fertilizantes.
Muy diferente de lo que otrora fuera un tiradero de cascajo y basura, en una superficie de 400 metros cuadrados, en el barrio de San Miguel, los olores del cilantro, el epazote, la hierbabuena, la ruda y el orégano se entremezclan con el colorido de los jitomates, los tomates, los rábanos, las zanahorias y las verdes acelgas y espinacas.
Desde noviembre del año pasado, profesionistas, obreros y amas de casa ocupan sus ratos libres en cuidar hortalizas, plantas medicinales y hierbas de olor que desplegaron en camas de tierra, que miden ocho metros de largo por uno y medio de ancho, cada una con un cultivo diferente, o combinados.
“No sabíamos nada de cultivo, pero vimos la convocatoria y decidimos aprovecharla. Al principio fue difícil, porque tuvimos que limpiar el terreno y dejarlo en condiciones para sembrar”, platicó Irma Díaz, una de las integrantes de Comparte, quien señaló que, aunque aún enfrentan dificultades, sobre todo durante la temporada de lluvias, los resultados han sido satisfactorios.
La producción es pequeña. De rábano, por ejemplo, se cosechan cuatro kilos, y de jitomate, 10 al mes, pero es suficiente para el autoconsumo de las 10 familias que participan, e inclusive, según el cultivo, también alcanza para una minicomercialización, a precios accesibles, más baratos que en el mercado.
Pedro Ponce Javana, responsable del programa de Agricultura Urbana de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), detalló que de manera paralela se apoyó el desarrollo de 21 proyectos similares en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa e Iztapalapa, donde se concentran 15, con inversión de cinco millones de pesos, en beneficio de 750 familias.
Durante un recorrido por el lugar, señaló que el propósito es recuperar tierras ociosas o aprovechar espacios en escuelas o fábricas, jardines, camellones, así como balcones, azotehuelas y azoteas para producir alimentos sanos, desde verduras, vegetales, frutas, hasta plantas ornamentales, medicinales o aromáticas, que no sólo contribuyen al cuidado del medio ambiente, sino también a una mejor convivencia social.
La titular de la Sederec, Rosa Márquez Cabrera, destacó que para lograr que los proyectos sean exitosos se cuenta con la asesoría de expertos de la Universidad Autónoma Chapingo, e indicó que próximamente se firmarán convenios con Cuba y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, tras señalar que además se busca generar políticas que lleven a una autosuficiencia alimentaria.
Al comentar que la ciudad de México es el primer lugar en el país donde se plantea un programa de este tipo, detalló que esta forma de cultivar se ha convertido en práctica muy popular en otros países, pero sobre todo en los europeos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=capital&article=041n1cap
■ Se firmarán acuerdos de cooperación con Cuba y la FAO para impulsar la iniciativa, anuncian
Rocío González Alvarado
Con participación esencialmente de familias, los huertos de la asociación civil Comparte brotan en Iztapalapa
Foto: Roberto García Ortiz
En medio del asfalto, en lo que hasta el año pasado era un lote baldío convertido en basurero, familias de escasos recursos en Iztapalapa, agrupadas en la asociación civil Comparte, comenzaron a cosechar los primeros frutos de sus cultivos, como parte de un programa de agricultura urbana que promueve el gobierno de la ciudad de México.
Se trata de uno de los 21 proyectos que buscan recuperar y aprovechar terrenos ociosos en la metrópoli, como jardines, azoteas y camellones, para convertirlos en áreas de cultivo de hortalizas, verduras y vegetales, así como plantas medicinales y ornamentales, sin usar agroquímicos como fertilizantes.
Muy diferente de lo que otrora fuera un tiradero de cascajo y basura, en una superficie de 400 metros cuadrados, en el barrio de San Miguel, los olores del cilantro, el epazote, la hierbabuena, la ruda y el orégano se entremezclan con el colorido de los jitomates, los tomates, los rábanos, las zanahorias y las verdes acelgas y espinacas.
Desde noviembre del año pasado, profesionistas, obreros y amas de casa ocupan sus ratos libres en cuidar hortalizas, plantas medicinales y hierbas de olor que desplegaron en camas de tierra, que miden ocho metros de largo por uno y medio de ancho, cada una con un cultivo diferente, o combinados.
“No sabíamos nada de cultivo, pero vimos la convocatoria y decidimos aprovecharla. Al principio fue difícil, porque tuvimos que limpiar el terreno y dejarlo en condiciones para sembrar”, platicó Irma Díaz, una de las integrantes de Comparte, quien señaló que, aunque aún enfrentan dificultades, sobre todo durante la temporada de lluvias, los resultados han sido satisfactorios.
La producción es pequeña. De rábano, por ejemplo, se cosechan cuatro kilos, y de jitomate, 10 al mes, pero es suficiente para el autoconsumo de las 10 familias que participan, e inclusive, según el cultivo, también alcanza para una minicomercialización, a precios accesibles, más baratos que en el mercado.
Pedro Ponce Javana, responsable del programa de Agricultura Urbana de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), detalló que de manera paralela se apoyó el desarrollo de 21 proyectos similares en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa e Iztapalapa, donde se concentran 15, con inversión de cinco millones de pesos, en beneficio de 750 familias.
Durante un recorrido por el lugar, señaló que el propósito es recuperar tierras ociosas o aprovechar espacios en escuelas o fábricas, jardines, camellones, así como balcones, azotehuelas y azoteas para producir alimentos sanos, desde verduras, vegetales, frutas, hasta plantas ornamentales, medicinales o aromáticas, que no sólo contribuyen al cuidado del medio ambiente, sino también a una mejor convivencia social.
La titular de la Sederec, Rosa Márquez Cabrera, destacó que para lograr que los proyectos sean exitosos se cuenta con la asesoría de expertos de la Universidad Autónoma Chapingo, e indicó que próximamente se firmarán convenios con Cuba y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, tras señalar que además se busca generar políticas que lleven a una autosuficiencia alimentaria.
Al comentar que la ciudad de México es el primer lugar en el país donde se plantea un programa de este tipo, detalló que esta forma de cultivar se ha convertido en práctica muy popular en otros países, pero sobre todo en los europeos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/11/index.php?section=capital&article=041n1cap
Editorial
Espino: ¿fuego amigo?
Las recientes declaraciones del ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino Barrientos, en las que se cuentan severas críticas al gobierno encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, ponen en evidencia un resquebrajamiento al interior de la fuerza política gobernante en el país que, a lo que puede verse, no le favorece con miras a las elecciones federales del año entrante, ni es indicativo de buena salud de la presente administración. Ayer, en entrevista con La Jornada, el actual dirigente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) criticó severamente los “arreglijos” entre el gobierno federal y la cúpula priísta, particularmente con el senador Manlio Fabio Beltrones, a quien, dijo, el gobierno federal “le ha concedido el privilegio de ser un gestor eficaz, poderoso”. Al mismo tiempo, el duranguense calificó como negativas las alianzas del titular del Ejecutivo federal con dirigencias gremiales descompuestas y corruptas como las que controlan el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el sindicato petrolero, y dijo que con estos elementos, en conjunto, la administración calderonista ha abierto la puerta de una “posible regresión”.
Estas declaraciones, por principio de cuentas, son indicativas de la alianza de facto existente entre el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), gestada y establecida desde los tiempos en que este último detentaba formalmente el poder. Al día de hoy, sin embargo, dicha concertación ha dotado al tricolor de un enorme peso que, ciertamente, no corresponde con su posición como tercera fuerza política en el país, ni refleja el rechazo inequívoco que sigue enfrentando por parte de una amplia porción de la ciudadanía, a partir del lastre que representa su imagen tradicional de antidemocracia, corrupción y corporativismo. Por añadidura, las cuotas de poder obtenidas por el PRI durante el presente ciclo de gobierno han acompañado su recuperación en el terreno electoral, como lo ponen de manifiesto la conquista de la gubernatura en Yucatán el año pasado –la primera derrota grave en la presente administración para el partido del jefe del Ejecutivo– y los triunfos recientemente obtenidos en Nayarit.
Pero, a decir verdad, ese fortalecimiento no ha sido responsabilidad exclusiva del gobierno calderonista: directa o indirectamente, el propio Espino ha hecho las contribuciones correspondientes. En el caso de Yucatán, por ejemplo, la derrota del blanquiazul puede atribuirse a las severas afectaciones que sufrió por las pugnas entre su militancia local –que desembocaron en la salida de la ultraderechista Ana Rosa Payán de las filas panistas– y en sus estructuras nacionales, cuyo control se disputaban de manera abierta Manuel Espino, entonces presidente del instituto político, y el propio Felipe Calderón. Adicionalmente, Espino impulsó, mientras se mantuvo al frente del PAN, una acelerada descomposición moral de ese partido, caracterizada por la adopción de los estilos y métodos autoritarios y corruptos del viejo priísmo.
Por lo demás, con los cabildeos que llevó a cabo con gobernadores priístas para promover el “voto útil” en las elecciones de 2006 en contra del aspirante opositor, Andrés Manuel López Obrador, Espino endosó al tricolor un cheque en blanco que hoy se traduce en el cobro de facturas políticas. Desde esa perspectiva, son por lo menos cuestionables los asertos, planteados tanto por Espino como por el actual dirigente panista, Germán Martínez, en el sentido de que el PAN “no le debe nada al PRI”.
Finalmente, las declaraciones referidas se suman a una serie de comentarios que el presidente de la ODCA ha lanzado en meses recientes en contra del gobierno calderonista, en lo que eufemísticamente ha sido llamado “fuego amigo”. Entre tales críticas sobresalen las afirmaciones de que la llamada reforma energética presentada por el Ejecutivo en abril pasado no es “ni la sombra de lo que se esperaba”, y los cuestionamientos a la política de seguridad del actual gobierno, particularmente en lo que toca a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Este panorama no sólo plantea la persistencia de las pugnas internas en el seno del PAN –las cuales, por otro lado, se dan también en las demás fuerzas políticas–, sino que proporcionan, por añadidura, la radiografía de un gobierno federal que, cabe recordarlo, emana de un proceso electoral irregular y cuestionado, acusa un déficit de legitimidad de origen, y carece, por tanto, de fortaleza ante el conjunto de sus interlocutores, incluso al interior de su propio partido.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/13/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Las recientes declaraciones del ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Espino Barrientos, en las que se cuentan severas críticas al gobierno encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, ponen en evidencia un resquebrajamiento al interior de la fuerza política gobernante en el país que, a lo que puede verse, no le favorece con miras a las elecciones federales del año entrante, ni es indicativo de buena salud de la presente administración. Ayer, en entrevista con La Jornada, el actual dirigente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) criticó severamente los “arreglijos” entre el gobierno federal y la cúpula priísta, particularmente con el senador Manlio Fabio Beltrones, a quien, dijo, el gobierno federal “le ha concedido el privilegio de ser un gestor eficaz, poderoso”. Al mismo tiempo, el duranguense calificó como negativas las alianzas del titular del Ejecutivo federal con dirigencias gremiales descompuestas y corruptas como las que controlan el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el sindicato petrolero, y dijo que con estos elementos, en conjunto, la administración calderonista ha abierto la puerta de una “posible regresión”.
Estas declaraciones, por principio de cuentas, son indicativas de la alianza de facto existente entre el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), gestada y establecida desde los tiempos en que este último detentaba formalmente el poder. Al día de hoy, sin embargo, dicha concertación ha dotado al tricolor de un enorme peso que, ciertamente, no corresponde con su posición como tercera fuerza política en el país, ni refleja el rechazo inequívoco que sigue enfrentando por parte de una amplia porción de la ciudadanía, a partir del lastre que representa su imagen tradicional de antidemocracia, corrupción y corporativismo. Por añadidura, las cuotas de poder obtenidas por el PRI durante el presente ciclo de gobierno han acompañado su recuperación en el terreno electoral, como lo ponen de manifiesto la conquista de la gubernatura en Yucatán el año pasado –la primera derrota grave en la presente administración para el partido del jefe del Ejecutivo– y los triunfos recientemente obtenidos en Nayarit.
Pero, a decir verdad, ese fortalecimiento no ha sido responsabilidad exclusiva del gobierno calderonista: directa o indirectamente, el propio Espino ha hecho las contribuciones correspondientes. En el caso de Yucatán, por ejemplo, la derrota del blanquiazul puede atribuirse a las severas afectaciones que sufrió por las pugnas entre su militancia local –que desembocaron en la salida de la ultraderechista Ana Rosa Payán de las filas panistas– y en sus estructuras nacionales, cuyo control se disputaban de manera abierta Manuel Espino, entonces presidente del instituto político, y el propio Felipe Calderón. Adicionalmente, Espino impulsó, mientras se mantuvo al frente del PAN, una acelerada descomposición moral de ese partido, caracterizada por la adopción de los estilos y métodos autoritarios y corruptos del viejo priísmo.
Por lo demás, con los cabildeos que llevó a cabo con gobernadores priístas para promover el “voto útil” en las elecciones de 2006 en contra del aspirante opositor, Andrés Manuel López Obrador, Espino endosó al tricolor un cheque en blanco que hoy se traduce en el cobro de facturas políticas. Desde esa perspectiva, son por lo menos cuestionables los asertos, planteados tanto por Espino como por el actual dirigente panista, Germán Martínez, en el sentido de que el PAN “no le debe nada al PRI”.
Finalmente, las declaraciones referidas se suman a una serie de comentarios que el presidente de la ODCA ha lanzado en meses recientes en contra del gobierno calderonista, en lo que eufemísticamente ha sido llamado “fuego amigo”. Entre tales críticas sobresalen las afirmaciones de que la llamada reforma energética presentada por el Ejecutivo en abril pasado no es “ni la sombra de lo que se esperaba”, y los cuestionamientos a la política de seguridad del actual gobierno, particularmente en lo que toca a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Este panorama no sólo plantea la persistencia de las pugnas internas en el seno del PAN –las cuales, por otro lado, se dan también en las demás fuerzas políticas–, sino que proporcionan, por añadidura, la radiografía de un gobierno federal que, cabe recordarlo, emana de un proceso electoral irregular y cuestionado, acusa un déficit de legitimidad de origen, y carece, por tanto, de fortaleza ante el conjunto de sus interlocutores, incluso al interior de su propio partido.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/13/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Rayuela
Partidos cada vez más partidos. ¿Hasta dónde va a llegar el pleito de nuestra clase política?
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/13/index.php
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/13/index.php
Editorial de ayer
Elecciones y medios: el poder del dinero
Con el telón de fondo de las presiones ejercidas por representantes del sector empresarial y un grupo de escritores y comunicadores sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes en los próximos días habrán de pronunciarse sobre los 41 juicios de amparo interpuestos en contra de las reformas constitucionales en materia electoral publicadas en noviembre pasado, es pertinente poner en relieve la importancia de esas nuevas normativas en materia de medios de comunicación, que entre otras cosas prohíben, tanto a partidos políticos como a particulares, la contratación de espacios en radio y televisión para difundir propaganda electoral.
Las modificaciones al artículo 41 de la Constitución obedecen a una necesidad de garantizar condiciones de equidad en el acceso a los medios electrónicos de comunicación, para los institutos políticos y sus candidatos, a fin de evitar que el empleo de grandes sumas de dinero en el apoyo o denuesto de alguna tendencia política acabe por influir, en mayor o menor medida, en las preferencias del electorado.
No puede pasarse por alto, a este respecto, la experiencia vivida en los comicios presidenciales de 2006. En efecto, dicha contienda estuvo marcada por un cúmulo de irregularidades, entre las que destacó la intervención del entonces presidente Vicente Fox en favor del candidato de su partido, pero sobre todo por una profunda inequidad entre los principales competidores, Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador, pues algunos grupos empresariales emplearon enormes cantidades de recursos económicos en una apenas embozada campaña de apoyo al aspirante panista y en sostenidos ataques, descalificaciones y denuestos en contra del candidato de la coalición Por el Bien de Todos.
Por lo demás, las restricciones planteadas en esa reforma son pertinentes también porque con ellas se pretende evitar que los procesos electorales –momentos de la vida política que tienen como fin la expresión de la voluntad popular– continúen representando grandes oportunidades de negocios para los consorcios televisivos y radiofónicos en el país. A lo que puede verse, esto último es lo que constituye la parte medular del descontento empresarial, al atentar contra los intereses económicos de los medios, y lo que, a fin de cuentas, motivó la embestida empresarial contra el Senado en septiembre pasado para evitar que se aprobaran las reformas, y motiva ahora el intento de neutralizarlas por la vía del amparo. A pesar de que los reclamos son por presuntas violaciones a la “libertad de expresión” –garantía individual irrenunciable que se encuentra asentada en la ley, con reforma electoral o sin ella–, puede adivinarse que la verdadera inquietud del sector empresarial –entre los que se cuentan los concesionarios de radio y televisión– es que con la nueva legislación verán reducidos los inmensos márgenes de ganancia obtenidos, para mayor agravio, a costa de un bien que es propiedad de la nación: el espectro de frecuencias radioeléctricas.
En democracia, resulta imprescindible que las contiendas por los cargos de elección popular se den en igualdad de circunstancias y que las propuestas de las distintas tendencias sean promovidas de manera equitativa. Cabe esperar que este espíritu prive en los comicios futuros y que, como lo señalaron ayer representantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, tras haberse reunido con ministros de la SCJN, “el debate público acerca de los temas que interesan a los ciudadanos sea a partir de propuestas, posiciones políticas e ideas”, y no de batallas mediáticas cimentadas en el poder del dinero.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/12/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Con el telón de fondo de las presiones ejercidas por representantes del sector empresarial y un grupo de escritores y comunicadores sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes en los próximos días habrán de pronunciarse sobre los 41 juicios de amparo interpuestos en contra de las reformas constitucionales en materia electoral publicadas en noviembre pasado, es pertinente poner en relieve la importancia de esas nuevas normativas en materia de medios de comunicación, que entre otras cosas prohíben, tanto a partidos políticos como a particulares, la contratación de espacios en radio y televisión para difundir propaganda electoral.
Las modificaciones al artículo 41 de la Constitución obedecen a una necesidad de garantizar condiciones de equidad en el acceso a los medios electrónicos de comunicación, para los institutos políticos y sus candidatos, a fin de evitar que el empleo de grandes sumas de dinero en el apoyo o denuesto de alguna tendencia política acabe por influir, en mayor o menor medida, en las preferencias del electorado.
No puede pasarse por alto, a este respecto, la experiencia vivida en los comicios presidenciales de 2006. En efecto, dicha contienda estuvo marcada por un cúmulo de irregularidades, entre las que destacó la intervención del entonces presidente Vicente Fox en favor del candidato de su partido, pero sobre todo por una profunda inequidad entre los principales competidores, Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador, pues algunos grupos empresariales emplearon enormes cantidades de recursos económicos en una apenas embozada campaña de apoyo al aspirante panista y en sostenidos ataques, descalificaciones y denuestos en contra del candidato de la coalición Por el Bien de Todos.
Por lo demás, las restricciones planteadas en esa reforma son pertinentes también porque con ellas se pretende evitar que los procesos electorales –momentos de la vida política que tienen como fin la expresión de la voluntad popular– continúen representando grandes oportunidades de negocios para los consorcios televisivos y radiofónicos en el país. A lo que puede verse, esto último es lo que constituye la parte medular del descontento empresarial, al atentar contra los intereses económicos de los medios, y lo que, a fin de cuentas, motivó la embestida empresarial contra el Senado en septiembre pasado para evitar que se aprobaran las reformas, y motiva ahora el intento de neutralizarlas por la vía del amparo. A pesar de que los reclamos son por presuntas violaciones a la “libertad de expresión” –garantía individual irrenunciable que se encuentra asentada en la ley, con reforma electoral o sin ella–, puede adivinarse que la verdadera inquietud del sector empresarial –entre los que se cuentan los concesionarios de radio y televisión– es que con la nueva legislación verán reducidos los inmensos márgenes de ganancia obtenidos, para mayor agravio, a costa de un bien que es propiedad de la nación: el espectro de frecuencias radioeléctricas.
En democracia, resulta imprescindible que las contiendas por los cargos de elección popular se den en igualdad de circunstancias y que las propuestas de las distintas tendencias sean promovidas de manera equitativa. Cabe esperar que este espíritu prive en los comicios futuros y que, como lo señalaron ayer representantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, tras haberse reunido con ministros de la SCJN, “el debate público acerca de los temas que interesan a los ciudadanos sea a partir de propuestas, posiciones políticas e ideas”, y no de batallas mediáticas cimentadas en el poder del dinero.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/12/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Rayuela de ayer
¿Acaso se habrá ido Emiliano Zapata de mojado?
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/12/
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