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domingo, 11 de mayo de 2008
Analista económico mexicano · El Fisgón
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Bolivia: democracia contra oligarquía
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha aceptado el desafío de la oposición de ese país y anunció que someterá su mandato a un referendo revocatorio que, al menos en principio, se presentaba como un instrumento más de la oligarquía para coartar el proyecto del mandatario. Con ello, Morales ha decidido poner en manos de su pueblo el destino de una nación históricamente dominada por una minoría, que al día de hoy continúa acumulando grandes cuotas de poder político y económico, pero que ha visto amenazados y reducidos sus privilegios con la llegada al poder de un presidente indígena, cuya bandera ha sido, precisamente, la transformación social del país andino.
Ciertamente, la propuesta de consulta popular para decidir la remoción o permanencia del mandatario boliviano no es nueva, ni provino de la oposición: el propio Morales la había presentado en enero como una posible salida para destrabar la aguda crisis política que enfrenta esa nación andina, apuntalada por el debate en torno a las autonomías departamentales, una demanda añeja que, al ser explotada y reivindicada por los grupos oligarcas opositores, principalmente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra –el más rico del país–, ha degenerado en un proyecto secesionista que pretende trasladar facultades irrenunciables del gobierno central a las administraciones locales y echar a andar, con ello, un proceso de desintegración nacional. Al parecer, la derecha boliviana quiere aprovechar la coyuntura política actual y decidió, por vía de sus legisladores, aceptar la iniciativa de referendo revocatorio, acaso con la expectativa de reditar los resultados obtenidos el pasado domingo, durante la consulta –antidemocrática, ilegal de origen y desconocida por la comunidad internacional– sobre el “estatuto autonómico” de Santa Cruz.
Frente a esto, el presidente Evo Morales ha optado por someter a decisión popular la continuidad de su mandato. Esto cobra relevancia sobre todo en un contexto internacional en el que las clases políticas de otros países han demostrado incapacidad, sordera y falta de voluntad para atender las demandas ciudadanas, dar voz a los opositores y, en general, para trabajar en aras de los intereses y el bienestar públicos. La postura de Morales denota, en cambio, una clara e inequívoca actitud democrática y una disposición a hacer escuchar todas las voces del conjunto de la sociedad boliviana, lo cual, por otro lado, no es otra cosa más que un acto de congruencia: debe recordarse que la llegada de Morales al poder significó la reivindicación de una población indígena –mayoritaria en esa nación– durante siglos explotada, despojada y excluida de los procesos políticos.
Por lo demás, la apuesta presidencial no está exenta de riesgos: enfrentado a la oligarquía opositora, que controla el Senado, el poder económico e incluso presume el respaldo y las simpatías de “gobiernos afines” en el panorama internacional, Evo Morales no cuenta con aparato de contención alguno, más que el respaldo y la confianza que el pueblo le otorgó en 2005, y el sustento de un proyecto progresista y comprometido con las transformaciones sociales que el país sudamericano necesita con urgencia.
Con este telón de fondo, a los bolivianos les corresponde permanecer alerta, asistir a hacer valer su derecho al sufragio, y denunciar y evitar cualquier intento de subvertir la democracia. A final de cuentas, habrán de decidir entre dos rumbos de país: uno basado en el poder del dinero y en las prácticas ilegales y antidemocráticas, y otro fundamentado en la máxima de que, en democracia, el pueblo es el que manda.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/10/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Ciertamente, la propuesta de consulta popular para decidir la remoción o permanencia del mandatario boliviano no es nueva, ni provino de la oposición: el propio Morales la había presentado en enero como una posible salida para destrabar la aguda crisis política que enfrenta esa nación andina, apuntalada por el debate en torno a las autonomías departamentales, una demanda añeja que, al ser explotada y reivindicada por los grupos oligarcas opositores, principalmente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra –el más rico del país–, ha degenerado en un proyecto secesionista que pretende trasladar facultades irrenunciables del gobierno central a las administraciones locales y echar a andar, con ello, un proceso de desintegración nacional. Al parecer, la derecha boliviana quiere aprovechar la coyuntura política actual y decidió, por vía de sus legisladores, aceptar la iniciativa de referendo revocatorio, acaso con la expectativa de reditar los resultados obtenidos el pasado domingo, durante la consulta –antidemocrática, ilegal de origen y desconocida por la comunidad internacional– sobre el “estatuto autonómico” de Santa Cruz.
Frente a esto, el presidente Evo Morales ha optado por someter a decisión popular la continuidad de su mandato. Esto cobra relevancia sobre todo en un contexto internacional en el que las clases políticas de otros países han demostrado incapacidad, sordera y falta de voluntad para atender las demandas ciudadanas, dar voz a los opositores y, en general, para trabajar en aras de los intereses y el bienestar públicos. La postura de Morales denota, en cambio, una clara e inequívoca actitud democrática y una disposición a hacer escuchar todas las voces del conjunto de la sociedad boliviana, lo cual, por otro lado, no es otra cosa más que un acto de congruencia: debe recordarse que la llegada de Morales al poder significó la reivindicación de una población indígena –mayoritaria en esa nación– durante siglos explotada, despojada y excluida de los procesos políticos.
Por lo demás, la apuesta presidencial no está exenta de riesgos: enfrentado a la oligarquía opositora, que controla el Senado, el poder económico e incluso presume el respaldo y las simpatías de “gobiernos afines” en el panorama internacional, Evo Morales no cuenta con aparato de contención alguno, más que el respaldo y la confianza que el pueblo le otorgó en 2005, y el sustento de un proyecto progresista y comprometido con las transformaciones sociales que el país sudamericano necesita con urgencia.
Con este telón de fondo, a los bolivianos les corresponde permanecer alerta, asistir a hacer valer su derecho al sufragio, y denunciar y evitar cualquier intento de subvertir la democracia. A final de cuentas, habrán de decidir entre dos rumbos de país: uno basado en el poder del dinero y en las prácticas ilegales y antidemocráticas, y otro fundamentado en la máxima de que, en democracia, el pueblo es el que manda.
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Editorial
Crisis andina, cadena de inconsistencias
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió ayer que iniciará procesos penales internacionales contra el gobierno de Colombia por las “ejecuciones extrasumariales” presuntamente cometidas durante el ataque lanzado contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano. A decir del mandatario, al menos tres de las personas que se encontraban en el refugio de las FARC fueron rematadas a sangre fría por elementos del ejército colombiano, lo que, de confirmarse, reafirmaría el carácter criminal y bárbaro de la operación militar ordenada por Álvaro Uribe, y que ésta no sólo contravino la legalidad internacional, sino también los más elementales principios humanitarios.
Por supuesto, Bogotá ha negado la versión. Sin embargo, el historial de mentiras e inconsistencias de ese gobierno no permite descartar las acusaciones de Correa. Ha de recordarse que en un principio las autoridades colombianas afirmaron que durante el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; más tarde se aseguró que los soldados colombianos sí habían cruzado la frontera, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia, aun cuando se ha comprobado que los insurgentes fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían.
Luego, la Casa de Nariño –sede del gobierno de Colombia– afirmó que contaba con información respecto de supuestos “acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela”, y pretendió fundamentar tales señalamientos con datos obtenidos en las computadoras que presuntamente llevaba el líder guerrillero Raúl Reyes, caído durante el ataque. Hasta ahora, la versión de Uribe no ha podido ser demostrada e incluso ha tenido que desmentir la autenticidad de algunas de sus “evidencias”, como las imágenes que presuntamente mostraban a Reyes en entrevista con el ministro de Seguridad Interna y Externa venezolano, Gustavo Larrea, cuando en realidad se trataba del secretario general del Partido Comunista de Argentina, Patricio Echegaray.
Ahora el gobierno colombiano afirma que durante la acción militar de principios de marzo no intervino ninguna otra nación. Con ello, Bogotá pretende negar el apoyo de Washington en la operación, lo que pareció evidente desde un principio por el grado de sofisticación y el empleo de tecnología de punta durante el ataque, y porque, como lo señaló el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, hay “razones fundadas para creer que la fuerza aérea colombiana no tiene capacidad para realizar el ataque”.
En cambio, las aseveraciones del presidente Correa no acusan las inconsistencias de su homólogo colombiano, ni representan una suma de improbabilidades para el sentido común. Algunas de ellas, inclusive, han sido confirmadas por actores ajenos al conflicto, como el gobierno francés, cuya cancillería afirmó que Raúl Reyes era su contacto con las FARC para negociar la liberación de Ingrid Betancourt. Ante estos elementos de juicio, cobran sentido e importancia las intenciones de esclarecer, de cara a la opinión pública mundial, un hecho que agravió al pueblo de Ecuador, a los principios fundamentales de la soberanía, a la legalidad internacional y a la propia condición humana.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/11/index.php?section=opinion&article=002a1edi
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió ayer que iniciará procesos penales internacionales contra el gobierno de Colombia por las “ejecuciones extrasumariales” presuntamente cometidas durante el ataque lanzado contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano. A decir del mandatario, al menos tres de las personas que se encontraban en el refugio de las FARC fueron rematadas a sangre fría por elementos del ejército colombiano, lo que, de confirmarse, reafirmaría el carácter criminal y bárbaro de la operación militar ordenada por Álvaro Uribe, y que ésta no sólo contravino la legalidad internacional, sino también los más elementales principios humanitarios.
Por supuesto, Bogotá ha negado la versión. Sin embargo, el historial de mentiras e inconsistencias de ese gobierno no permite descartar las acusaciones de Correa. Ha de recordarse que en un principio las autoridades colombianas afirmaron que durante el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; más tarde se aseguró que los soldados colombianos sí habían cruzado la frontera, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia, aun cuando se ha comprobado que los insurgentes fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían.
Luego, la Casa de Nariño –sede del gobierno de Colombia– afirmó que contaba con información respecto de supuestos “acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela”, y pretendió fundamentar tales señalamientos con datos obtenidos en las computadoras que presuntamente llevaba el líder guerrillero Raúl Reyes, caído durante el ataque. Hasta ahora, la versión de Uribe no ha podido ser demostrada e incluso ha tenido que desmentir la autenticidad de algunas de sus “evidencias”, como las imágenes que presuntamente mostraban a Reyes en entrevista con el ministro de Seguridad Interna y Externa venezolano, Gustavo Larrea, cuando en realidad se trataba del secretario general del Partido Comunista de Argentina, Patricio Echegaray.
Ahora el gobierno colombiano afirma que durante la acción militar de principios de marzo no intervino ninguna otra nación. Con ello, Bogotá pretende negar el apoyo de Washington en la operación, lo que pareció evidente desde un principio por el grado de sofisticación y el empleo de tecnología de punta durante el ataque, y porque, como lo señaló el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, hay “razones fundadas para creer que la fuerza aérea colombiana no tiene capacidad para realizar el ataque”.
En cambio, las aseveraciones del presidente Correa no acusan las inconsistencias de su homólogo colombiano, ni representan una suma de improbabilidades para el sentido común. Algunas de ellas, inclusive, han sido confirmadas por actores ajenos al conflicto, como el gobierno francés, cuya cancillería afirmó que Raúl Reyes era su contacto con las FARC para negociar la liberación de Ingrid Betancourt. Ante estos elementos de juicio, cobran sentido e importancia las intenciones de esclarecer, de cara a la opinión pública mundial, un hecho que agravió al pueblo de Ecuador, a los principios fundamentales de la soberanía, a la legalidad internacional y a la propia condición humana.
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Rayuela
¿Y por qué se espantan, si el Frankenstein del TLC lo crearon ustedes?
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