viernes, 20 de junio de 2008
Rosamaría González Romero
Acerca de las iniciativas de ley en materia de derechos y cultura mayas para el Estado de Yucatán
Actualmente se están realizando Mesas de Análisis de las Iniciativas de Ley Reglamentaria en Materia de Derechos y Cultura Maya del Estado de Yucatán que convocan la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales y la Especial de Asuntos Etnicos, del H. Congreso del Estado de Yucatán, para que los ciudadanos participen y presenten sus propuestas que puedan mejorar dichas iniciativas. A continuación transcribo la ponencia que preparé para su presentación, la cual espero sea útil a los legisladores, a las comunidades mayas y a las personas interesadas en el desarrollo del pueblo maya:
REFLEXIONES
Revisando las dos iniciativas de ley presentadas, se observa que la propuesta del Partido Acción Nacional es más avanzada y acabada conforme a las aspiraciones y luchas seculares del pueblo maya e incluye una propuesta de reforma constitucional.
Desde su exposición de motivos insiste en el reconocimiento oficial de dos lenguas, la castellana y la maya, especialmente en lo referente a la educación básica. También se le otorga y reconoce un papel protagónico a las comunidades mayas, desde el momento en que se les faculta para que “se creen los espacios para que los integrantes de la etnia maya promuevan por sí mismos la defensa de sus derechos”. Se definen rasgos de autodeterminación que se ven reforzados con el otorgamiento explícito a los integrantes de la etnia maya del carácter de “sujetos de derecho público”. Se retoma a la letra lo dicho en la Constitución de nuestro país sobre su composición plural étnica, pero aplicada al caso del Estado de Yucatán. Se define la autodeterminación equiparándola con la autonomía de las comunidades mayas, sin embargo en diferentes artículos se acota lo declarado tan ampliamente, como por ejemplo en lo tocante a los límites de las normas del derecho indígena, vigentes siempre y cuando no contradigan las leyes estatales y federales. En los cabildos hace obligatoria la existencia de comisiones en asuntos étnicos que atendiesen las necesidades de las comunidades mayas. Se reconocen los sistemas normativos tradicionales existentes en las comunidades mayas aunque no se establece claramente la relación de éstos con el sistema normativo del Estado y de la Federación. En materia de salud y de medicina tradicional, se establece que “los pueblos y comunidades tendrán el derecho de conservar y patentar la medicina tradicional que emplean para conservar su salud”. Se retoma, así, la reivindicación de los pueblos indígenas para proteger su propiedad intelectual. En el tema del Patrimonio Cultural que abarca tanto las manifestaciones intangibles (danzas, festividades, música, etc.) como las tangibles (monumentos, sitios sagrados, zonas arqueológicas), se pretende definir lo más ampliamente posible la cultura como quehacer humano. Por ejemplo, se establece en el artículo 21 que “los pueblos y comunidades de la etnia maya tienen derecho al respeto pleno de la propiedad, control y protección de su patrimonio cultural, intelectual y científico”. Se incluye la investigación especializada como medio para alcanzar un financiamiento con la finalidad de la “restitución de los bienes culturales, intelectuales y científicos”. Se establece una declaratoria sobre sitios y lugares sagrados y centros ceremoniales en conjunto con las comunidades mayas.
Respecto de la iniciativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional, por su parte, se enfoca al fortalecimiento del Instituto para el Desarrollo Integral de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA) en la que recaerán esencialmente las facultades y responsabilidades que la ley pretende reglamentar, y no a los derechos y cultura de las propias comunidades mayas. La visión que se maneja de la autonomía para las comunidades mayas resulta limitada en el sentido de que sólo reconoce “tradiciones y costumbres”, sin mayor precisión como se ve en el artículo 3. La definición de la “cultura” se queda en un plano meramente descriptivo y refleja la opinión que tiene el partido de cuáles son las manifestaciones culturales mayas. Es decir, en su redacción pareciera que se estipula o se acota el universo cultural maya como puede observarse en los artículos 15 y 17, sin tomar en cuenta a los mayas mismos. Por ejemplo, se dice que las comunidades tendrán el derecho a “concurrir” a los centros ceremoniales, mas no se aclara que puedan realizar libremente sus prácticas religiosas, incluyendo ahí su derecho a ingresar a las zonas arqueológicas eximiéndolas del pago de derechos, estipulando que deberán someterse a las leyes en materia de culto público y asociaciones religiosas como se contempla en el artículo 9. En lo referente a la salud y a la relación con los portadores de la medicina tradicional maya, el papel de las autoridades se maneja como de formación unilateral. Es decir el Estado ofrece capacitación a las parteras tradicionales, mas no considera rescatar para el sector salud oficial, la experiencia de éstas.
Respecto de la impartición de justicia, no queda claro el papel que pudieran desempeñar los sistemas tradicionales en las comunidades en que los hubiera o en los que se aspirara a ellos como parte de las reivindicaciones del llamado “derecho Indígena”. Si bien se habla de la autodeterminación de las comunidades mayas como su derecho, no se le define y por lo tanto no se aclaran bien sus alcances como puede observarse en el artículo 28. Dentro de este mismo punto, por ejemplo, se toca la divulgación de los conocimientos tradicionales en materia de salud, sin precisar la necesidad de proteger los mismos para evitar que sean botín de grupos de interés.
PROPUESTAS PARA INCLUIR EN LA LEY REGLAMENTARIA
Los contenidos de la iniciativa del PRI pueden y deben de ser replanteados a fin de que éstos alcancen la normatividad nacional e internacional en la materia, y que la iniciativa del PAN sí ha incluido. Convendría que la propuesta del PRI correspondiera al compromiso que la gobernadora de Yucatán, Sra. Ivonne Ortega Pacheco, ha mostrado hacia el pueblo maya y su cultura, como es el reconocimiento e impulso de la medicina tradicional y de las técnicas de atención de la salud proveniente de los ancestros mayas así como la difusión de tradiciones ancestrales
En cuanto a la iniciativa del PAN, habiendo consultado a diversas personas y organizaciones que fomentan los valores de la cultura maya y el reconocimiento de los derechos indígenas, me permito presentar las siguientes propuestas:
1.- Con relación al Capítulo I (“Del Patrimonio Cultura) donde dice que: “Se establecerá un fondo para financiar, con recursos estatales, estudios sobre la cultura maya para promover la restitución de los bienes culturales, intelectuales y científicos; así como la ejecución de acciones que permitan el mantenimiento, protección y desarrollo de sus manifestaciones culturales, técnicas, artes y artesanías, expresiones musicales, fiestas tradicionales y la literatura oral y escrita”; SE PROPONE: QUE SE INCORPORE A LA INICIATIVA LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE CREAR EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, LA ACADEMIA PARA LA DEFENSA Y DESARROLLO DE LA LENGUA MAYA LA CUAL DEBE DE CONTAR CON UNA BIBLIOTECA.
2.- Con relación al capítulo III (De los Centros Ceremonial y sus Dignatarios) donde se norma: que: “El Estado reconoce la existencia de los Centros Ceremoniales Mayas, como una institución fundamental de organización y representación de la cultura maya en el Estado de Yucatán” y se establece la obligación de éste de “respetar, proteger y conservar los sitios y lugares sagrados o ceremoniales de los pueblos y comunidades de la etnia maya”, reconociendo que: “Los pueblos y comunidades de la etnia maya tienen el derecho reconocido por el Estado de celebrar sus ritos, ceremonias y tradiciones, así como la utilización de los lugares sagrados definidos como tales por las autoridades tradicionales de cada pueblo o comunidad del Estado.”; SE PROPONE QUE SE INCLUYA EN LA PROPIA LEY REGLAMENTARIA EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO COMO CENTROS CEREMONIALES Y LUGARES SAGRADOS A TODAS LAS ZONAS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL TERRITORIO DE YUCATÁN SIN NECESIDAD DE DECLARATORIA ALGUNA. TAMBIEN DEBE DE NORMARSE QUE LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES MAYAS TENDRÁN ACCESO GRATUITO A LOS LUGARES SAGRADOS, DÍGASE ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y DEMÁS SITIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS RITOS Y CEREMONIAS.
3.- Respecto del Capítulo IV (De los Servicios de Salud y la Medicina Tradicional) que establece en su artículo 47 que: “EL Estado y los municipios garantizarán y apoyarán el desarrollo y libre ejercicio de la medicina tradicional y el uso de plantas para fines rituales y curativos, con la finalidad de conservar y desarrollar la cultura y patrimonio de los pueblos y comunidades de la etnia maya”; SE PROPONE: QUE SE INCLUYA UNA INICIATIVA DE DECRETO PARA REFORMAR LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN, A FIN DE QUE EL SISTEMA ESTATAL DE SALUD INCORPORE Y REGULE EN MATERIA DE MEDICINA TRADICIONAL, COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA.
CONCLUSIONES
Hoy día en que la cultura resulta ser un elemento altamente valorado, no sólo por las luchas políticas de los diferentes pueblos originarios en distintos países del mundo, sino y sobretodo porque se inscribe en un momento en que se reconoce internacionalmente como lo que permite asegurar un desarrollo sustentable y a largo plazo, pues en ella radica, entre otros, el derecho a la autodeterminación, la responsabilidad del legislador y legisladora yucatecos con su base social y el pueblo maya será fundamental.
Los diputados y diputadas de los distintos partidos representados en el Poder Legislativo de Yucatán saben que la cultura maya encierra saberes milenarios que constituyen un valor agregado para las naciones multidiversas como la nuestra y, por ende, representan un apetecible botín, que requiere protección ante el inevitable embate de las fuerzas del mercado. Tan es así que la UNESCO está diseñando instrumentos internacionales, que México ha ratificado, que a la vez que buscan la salvaguarda de las culturas humanas en su diversidad, paradójicamente proyectan la cultura al mundo de las mercancías, cuando pretenden insertar los bienes culturales en las reglas del comercio internacional. La ley reglamentaria sobre la cultura y derechos mayas que se promulgue en Yucatán habrá de considerar todos estos instrumentos y normatividad para lograr que su contenido salvaguarde la cultura maya y los derechos de sus pueblos.
Deseamos sinceramente que las confrontaciones de rutina que imperan entre los funcionarios y legisladores de los distintos partidos políticos, se dejen a un lado para centrar el trabajo legislativo en lo sustantivo: Construir consensos para promulgar una ley reglamentaria acorde con la legislación internacional, federal y estatal que asegure un auténtico desarrollo del pueblo maya desde su cultura y cosmovisión. También es imperativo que a través de dicha ley se proteja y salvaguarde el patrimonio tangible e intangible del pueblo maya y de la nación mexicana
( maryam1994_8@hotmail.comEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla )
http://www.poresto.net/content/view/20099/43/
viernes, 20 de junio de 2008
Como el IFE bien sabe · Hernández
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=cartones&id=5
Editorial
Informe: fin del rito
La modificación al artículo 69 de la Constitución aprobada ayer por una amplia mayoría senatorial, de eliminar la presencia obligada del Presidente de la República en la apertura anual del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, constituye, en los hechos, el reconocimiento del fin del ritual presidencialista del primero de septiembre, tan arraigado como obsoleto e inoperante.
Cabe recordar que la que habría debido ser una ceremonia eminentemente legislativa, como lo es la inauguración del periodo de sesiones, se distorsionó en el México posrevolucionario hasta el punto de convertirse en una exaltación incondicional y unánime del titular del Poder Ejecutivo, una suerte de “día del Presidente” en el cual la clase política expresaba su lealtad, e incluso su sumisión, al gobernante en turno, el cual, por su parte, se festejaba a sí mismo en el texto y en el discurso: ambos han sido, desde hace muchos sexenios, piezas de autocomplacencia, compendios de marcas históricas de dudosa veracidad –en inversión, en empleo, en dotación de servicios, en procuración de justicia, en combate al crimen, en educación, en salud–, recopilaciones convenencieras y sesgadas de estadísticas, justificaciones de la ineptitud, cuando no de la atrocidad. Muchos párrafos de informes de mediados del siglo pasado habrían podido incrustarse, sin que nadie se diera cuenta, en los más recientes recuentos presidenciales –los de Carlos Salinas, los de Ernesto Zedillo, los de Vicente Fox–, lo que muestra el vacío formulismo que llegaron a adquirir la ceremonia y el documento que le daba pretexto.
Sin embargo, el ritual propiamente dicho no empezó a declinar sino a partir del primero de septiembre de 1988, cuando, tras los comicios presidenciales del 6 de julio de ese año, que han quedado como fraudulentos en la memoria histórica del país, las bancadas opositoras lanzaron rechiflas e interpelaciones a Miguel de la Madrid; rompieron, de esa forma, con las acartonadas maneras que caracterizaban hasta entonces las visitas presidenciales al recinto parlamentario, y dieron una primera muestra de que el Legislativo podía ser algo más que una caja de resonancia para los discursos presidenciales. Otros momentos memorables de ese declive fueron las ceremonias de 1997 –el PRI acababa de perder, por primera vez en su historia, la mayoría absoluta en el Congreso, y Ernesto Zedillo hubo de escuchar la réplica a su discurso de labios de la oposición– y 2006, cuando los legisladores de los partidos que postularon a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, exasperados por el cúmulo de irregularidades registradas en la elección de ese año, impidieron a Vicente Fox que ocupara la tribuna de San Lázaro para leer el mensaje correspondiente a su último Informe de gobierno.
El primero de septiembre del año pasado se hizo evidente que la ceremonia del Informe era ya insostenible: el titular en turno del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, se empecinó en hacer uso del podio legislativo, pero no lo consiguió, y hubo de conformarse con pronunciar un breve formulismo sobre la entrega del informe escrito. Aunque los integrantes de las bancadas del Frente Amplio Progresista (FAP) evitaron los desfiguros y optaron por abandonar el recinto, la Presidencia de la República aplicó una ignominiosa censura televisiva en la transmisión del acto y dejó fuera del aire la breve intervención en la que la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta, se excusaba de participar en la recepción del documento de manos “de quien proviene de un proceso electoral legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos”.
Precisamente ese déficit de legitimidad que la administración calderonista arrastra desde su origen hacía impensable mantener el ritual septembrino del presidencialismo. Y esa misma debilidad del actual Ejecutivo federal modula, por lo demás, la mayor parte de la agenda del actual periodo extraordinario: la apertura del secreto bancario en materia electoral –ténganse presentes las astronómicas y oscuras sumas invertidas en 2006 por individuos e instancias de la iniciativa privada en la campaña del candidato Felipe Calderón–, el establecimiento de castigos específicos a concesionarios de radio y televisión que violen la legislación electoral –recuérdese el descarado alineamiento propagandístico de tales concesionarios a favor de Acción Nacional– y la definición de causales para la nulidad de la elección presidencial –evóquese el impresentable fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el que se legitimó una elección presidencial a pesar de las “irregularidades graves” reconocidas por esa misma instancia–. Cabe preguntarse ahora si tales reformas lograrán restituir a las instituciones –y particularmente al Instituto Federal Electoral y al propio TEPJF– algo de la credibilidad que perdieron en 2006.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=opinion&article=002a1edi
La modificación al artículo 69 de la Constitución aprobada ayer por una amplia mayoría senatorial, de eliminar la presencia obligada del Presidente de la República en la apertura anual del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, constituye, en los hechos, el reconocimiento del fin del ritual presidencialista del primero de septiembre, tan arraigado como obsoleto e inoperante.
Cabe recordar que la que habría debido ser una ceremonia eminentemente legislativa, como lo es la inauguración del periodo de sesiones, se distorsionó en el México posrevolucionario hasta el punto de convertirse en una exaltación incondicional y unánime del titular del Poder Ejecutivo, una suerte de “día del Presidente” en el cual la clase política expresaba su lealtad, e incluso su sumisión, al gobernante en turno, el cual, por su parte, se festejaba a sí mismo en el texto y en el discurso: ambos han sido, desde hace muchos sexenios, piezas de autocomplacencia, compendios de marcas históricas de dudosa veracidad –en inversión, en empleo, en dotación de servicios, en procuración de justicia, en combate al crimen, en educación, en salud–, recopilaciones convenencieras y sesgadas de estadísticas, justificaciones de la ineptitud, cuando no de la atrocidad. Muchos párrafos de informes de mediados del siglo pasado habrían podido incrustarse, sin que nadie se diera cuenta, en los más recientes recuentos presidenciales –los de Carlos Salinas, los de Ernesto Zedillo, los de Vicente Fox–, lo que muestra el vacío formulismo que llegaron a adquirir la ceremonia y el documento que le daba pretexto.
Sin embargo, el ritual propiamente dicho no empezó a declinar sino a partir del primero de septiembre de 1988, cuando, tras los comicios presidenciales del 6 de julio de ese año, que han quedado como fraudulentos en la memoria histórica del país, las bancadas opositoras lanzaron rechiflas e interpelaciones a Miguel de la Madrid; rompieron, de esa forma, con las acartonadas maneras que caracterizaban hasta entonces las visitas presidenciales al recinto parlamentario, y dieron una primera muestra de que el Legislativo podía ser algo más que una caja de resonancia para los discursos presidenciales. Otros momentos memorables de ese declive fueron las ceremonias de 1997 –el PRI acababa de perder, por primera vez en su historia, la mayoría absoluta en el Congreso, y Ernesto Zedillo hubo de escuchar la réplica a su discurso de labios de la oposición– y 2006, cuando los legisladores de los partidos que postularon a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, exasperados por el cúmulo de irregularidades registradas en la elección de ese año, impidieron a Vicente Fox que ocupara la tribuna de San Lázaro para leer el mensaje correspondiente a su último Informe de gobierno.
El primero de septiembre del año pasado se hizo evidente que la ceremonia del Informe era ya insostenible: el titular en turno del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, se empecinó en hacer uso del podio legislativo, pero no lo consiguió, y hubo de conformarse con pronunciar un breve formulismo sobre la entrega del informe escrito. Aunque los integrantes de las bancadas del Frente Amplio Progresista (FAP) evitaron los desfiguros y optaron por abandonar el recinto, la Presidencia de la República aplicó una ignominiosa censura televisiva en la transmisión del acto y dejó fuera del aire la breve intervención en la que la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta, se excusaba de participar en la recepción del documento de manos “de quien proviene de un proceso electoral legalmente concluido, pero cuestionado en su legitimidad por millones de mexicanos”.
Precisamente ese déficit de legitimidad que la administración calderonista arrastra desde su origen hacía impensable mantener el ritual septembrino del presidencialismo. Y esa misma debilidad del actual Ejecutivo federal modula, por lo demás, la mayor parte de la agenda del actual periodo extraordinario: la apertura del secreto bancario en materia electoral –ténganse presentes las astronómicas y oscuras sumas invertidas en 2006 por individuos e instancias de la iniciativa privada en la campaña del candidato Felipe Calderón–, el establecimiento de castigos específicos a concesionarios de radio y televisión que violen la legislación electoral –recuérdese el descarado alineamiento propagandístico de tales concesionarios a favor de Acción Nacional– y la definición de causales para la nulidad de la elección presidencial –evóquese el impresentable fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el que se legitimó una elección presidencial a pesar de las “irregularidades graves” reconocidas por esa misma instancia–. Cabe preguntarse ahora si tales reformas lograrán restituir a las instituciones –y particularmente al Instituto Federal Electoral y al propio TEPJF– algo de la credibilidad que perdieron en 2006.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Maquillaje democrático
■ Apariencias, no el fondo
■ Lo importante, el petróleo
REFUGIADA. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, conversa con la estudiante mexicana Lucía Morett y con dos integrantes de las FARC, Doris Torres (derecha) y Martha Pérez, quienes resultaron heridas durante el ataque colombiano en Ecuador
Foto: Reuters
Diputados y senadores se esmeran en presentar a la nación reformas e innovaciones que según sus augustos pareceres habrán de vigorizar el funcionamiento de las instituciones, la calidad de la representación política y la esperanza ciudadana de evolución y mejoría. Remiendos por aquí, liposucción por allá y vestimentas normativas a la moda para que el otrora maltrecho cuerpo político se sienta en condiciones de lucimiento y competencia. Adiós a los informes presidenciales con la presencia en vivo de los monarcas sexenales caídos en desgracia escénica plena a partir del Chente al que no dejaron en anterior episodio más que el irónico recurso del “entregas los papeles y te vas”; anulación del secreto bancario en casos electorales que requieran indagar el origen de recursos impugnados (sucedido el Pemexgate y los Amigos de Fox, e instalado actualmente en el banquillo presidencial quien usó ríos de dinero sin justificación, tapen el pozo de los secretos eternos); libertad al precarista de Los Pinos para que salga del país por pocos días sin pasar la aduana rijosa de los permisos del poder legislativo; veto a los vetos pinoleros de bolsillo; iniciativas presidenciales de trato legislativo preferente; e incluso más causales para anular elecciones de presidente de la República que caigan en vicios punibles en las parcelas del futuro y no, desde luego, en las realidades pasadas que ya son cosa juzgada, haigan sido como haigan sido.
Dizque aparatosa remodelación institucional que en realidad no es sino maquillaje de pasada, mejoralito democrático, revoltura secundaria, tentativa de entretenimiento, conversión amañada de temas discutibles, que en su momento serán gozosa materia de la manipulación de siempre, en apariencia de fortalecimiento democrático: vean, mexicanos, cómo trabajan los señores legisladores en adecuar, corregir, precisar, actualizar y otros verbos cuyo simple uso por parte de las autoridades es garantía de que para bien se habrá de transformar la faz de la nación. ¡Oh, sí: que viva el Congreso de la Unción! (impresionado por tanto cambio profundo, el tecleador irreformable ha cometido el desliz de usar el término “unción” como derivado de uncir, verbo que se refiere al sometimiento al yugo de ciertos especímenes zoológicos y no de ungir o untar, como es lo correcto; los lectores sabrán disculpar el evidente yerro bovino: nota de la refacción).
Porque ha de saberse que lo verdaderamente importante es el tema petrolero, que va más allá de las concesiones a lo beltrónico que se están haciendo en materia comicial, y de las que vendrán en cuanto a política social que el PRI pretende sea aplicada por el gobierno panista sin criterios electoreros, como el propio partido de tres colores lo hizo durante décadas. Nada por aquí, nada por acá, y los aliados tetracromáticos (verde, blanco, rojo y azul) pretenden sacar el conejo de la aprobación de reformas privatizadoras de la chistera de mago llamada nuevo periodo extraordinario de sesiones (no el actual, que es una especie de faena preparatoria para ir acostumbrando al respetable público a las funciones especiales y sorpresivas, sino un segundo periodo que se está cocinando entre priístas cazadores de oportunidades y el nuevo panismo legislativo felipense con Gustavo I. Madero, ¡que ya se siente presidenciable, sólo por el peso del apellido!, como nuevo muchacho feroz de la película que quieren rodar los novatos de los Estudios Los Finos.
La intención es que a finales de julio, o principios de agosto, se realice la segunda versión del intento de aprobación aritmética de los planes petroleros del Presidente LegaL. Cerrando el debate senatorial y abriendo el periodo superextraordinario de sesiones, sin más tiempo para consultas, reflexiones o discusiones: a votar en las cámaras (del Congreso, no en las de la televisión) antes de que el tema se “contamine” más y se vuelva inmanejable. Los malvados opositores a ese ejercicio venidero de máxima democracia numérica sin legitimidad habrán de toparse con las evidencias aplastantes de que ese mismo Congreso impugnado habría hecho, semanas antes, tantas tareas de bisutería electoral, que atacarlo o desconocerlo sería casi una traición a la patria.
La amenaza de nuevas tomas de tribunas, huelgas legislativas y reactivación de movilizaciones y protestas callejeras será enfrentada por las coaliciones legislativas privatizadoras y sus jilguerillos electrónicos con la sabida táctica de la descalificación histérica, conmocionados los opinantes de nómina por la irreflexión y testarudez de quienes no aprecian los grandes cambios sucedidos en el país (como los que hoy se cocinan en el Congreso) y se aferran a defender nostálgicos trebejos como la soberanía nacional y la defensa del petróleo como bien público y nacional. Mientras tanto, que la función continúe: malabarismos y teatralidad, nuevos procedimientos y viejos vicios, la falsa vida democrática de un país en espera de resolver lo sustancial, lo petrolero.
Astillas
Hoy, a las seis de la tarde, continuarán en el Club de Periodistas (Filomeno Mata 8) los foros sobre asuntos petroleros, esta vez con la participación del secretario de relaciones exteriores del Gobierno Legítimo de México, Gustavo Iruegas (en respuesta a las ridiculeces represivas del IFE, esta sección se permite citar completo el título político de quien de otra manera simplemente sería descrito como el importante diplomático mexicano que es; la desmemoriada embajada de la República del Astillero cree que nunca antes se había atrevido a mencionar con toda formalidad a algún integrante del llamado gobierno legítimo, pero las pretensiones censoras del IFE Vazurita deben ser combatidas con la mención insistente de lo que los inquisidores patito pretenden acallar), el doctor Miguel García Reyes (presidente del Centro de Estudios Geopolíticos en Energía y Medio Ambiente), y el reconocido jurista Jaime Cárdenas Gracia, todo bajo la moderación de Celeste Sáenz de Miera y José Manuel Orozco Garibay... Y, mientras llegan los dólares de la tal Iniciativa Mérida, en su gran mayoría sin candados en materia de derechos humanos, ¡feliz fin de semana!
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Maquillaje democrático
■ Apariencias, no el fondo
■ Lo importante, el petróleo
REFUGIADA. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, conversa con la estudiante mexicana Lucía Morett y con dos integrantes de las FARC, Doris Torres (derecha) y Martha Pérez, quienes resultaron heridas durante el ataque colombiano en Ecuador
Foto: Reuters
Diputados y senadores se esmeran en presentar a la nación reformas e innovaciones que según sus augustos pareceres habrán de vigorizar el funcionamiento de las instituciones, la calidad de la representación política y la esperanza ciudadana de evolución y mejoría. Remiendos por aquí, liposucción por allá y vestimentas normativas a la moda para que el otrora maltrecho cuerpo político se sienta en condiciones de lucimiento y competencia. Adiós a los informes presidenciales con la presencia en vivo de los monarcas sexenales caídos en desgracia escénica plena a partir del Chente al que no dejaron en anterior episodio más que el irónico recurso del “entregas los papeles y te vas”; anulación del secreto bancario en casos electorales que requieran indagar el origen de recursos impugnados (sucedido el Pemexgate y los Amigos de Fox, e instalado actualmente en el banquillo presidencial quien usó ríos de dinero sin justificación, tapen el pozo de los secretos eternos); libertad al precarista de Los Pinos para que salga del país por pocos días sin pasar la aduana rijosa de los permisos del poder legislativo; veto a los vetos pinoleros de bolsillo; iniciativas presidenciales de trato legislativo preferente; e incluso más causales para anular elecciones de presidente de la República que caigan en vicios punibles en las parcelas del futuro y no, desde luego, en las realidades pasadas que ya son cosa juzgada, haigan sido como haigan sido.
Dizque aparatosa remodelación institucional que en realidad no es sino maquillaje de pasada, mejoralito democrático, revoltura secundaria, tentativa de entretenimiento, conversión amañada de temas discutibles, que en su momento serán gozosa materia de la manipulación de siempre, en apariencia de fortalecimiento democrático: vean, mexicanos, cómo trabajan los señores legisladores en adecuar, corregir, precisar, actualizar y otros verbos cuyo simple uso por parte de las autoridades es garantía de que para bien se habrá de transformar la faz de la nación. ¡Oh, sí: que viva el Congreso de la Unción! (impresionado por tanto cambio profundo, el tecleador irreformable ha cometido el desliz de usar el término “unción” como derivado de uncir, verbo que se refiere al sometimiento al yugo de ciertos especímenes zoológicos y no de ungir o untar, como es lo correcto; los lectores sabrán disculpar el evidente yerro bovino: nota de la refacción).
Porque ha de saberse que lo verdaderamente importante es el tema petrolero, que va más allá de las concesiones a lo beltrónico que se están haciendo en materia comicial, y de las que vendrán en cuanto a política social que el PRI pretende sea aplicada por el gobierno panista sin criterios electoreros, como el propio partido de tres colores lo hizo durante décadas. Nada por aquí, nada por acá, y los aliados tetracromáticos (verde, blanco, rojo y azul) pretenden sacar el conejo de la aprobación de reformas privatizadoras de la chistera de mago llamada nuevo periodo extraordinario de sesiones (no el actual, que es una especie de faena preparatoria para ir acostumbrando al respetable público a las funciones especiales y sorpresivas, sino un segundo periodo que se está cocinando entre priístas cazadores de oportunidades y el nuevo panismo legislativo felipense con Gustavo I. Madero, ¡que ya se siente presidenciable, sólo por el peso del apellido!, como nuevo muchacho feroz de la película que quieren rodar los novatos de los Estudios Los Finos.
La intención es que a finales de julio, o principios de agosto, se realice la segunda versión del intento de aprobación aritmética de los planes petroleros del Presidente LegaL. Cerrando el debate senatorial y abriendo el periodo superextraordinario de sesiones, sin más tiempo para consultas, reflexiones o discusiones: a votar en las cámaras (del Congreso, no en las de la televisión) antes de que el tema se “contamine” más y se vuelva inmanejable. Los malvados opositores a ese ejercicio venidero de máxima democracia numérica sin legitimidad habrán de toparse con las evidencias aplastantes de que ese mismo Congreso impugnado habría hecho, semanas antes, tantas tareas de bisutería electoral, que atacarlo o desconocerlo sería casi una traición a la patria.
La amenaza de nuevas tomas de tribunas, huelgas legislativas y reactivación de movilizaciones y protestas callejeras será enfrentada por las coaliciones legislativas privatizadoras y sus jilguerillos electrónicos con la sabida táctica de la descalificación histérica, conmocionados los opinantes de nómina por la irreflexión y testarudez de quienes no aprecian los grandes cambios sucedidos en el país (como los que hoy se cocinan en el Congreso) y se aferran a defender nostálgicos trebejos como la soberanía nacional y la defensa del petróleo como bien público y nacional. Mientras tanto, que la función continúe: malabarismos y teatralidad, nuevos procedimientos y viejos vicios, la falsa vida democrática de un país en espera de resolver lo sustancial, lo petrolero.
Astillas
Hoy, a las seis de la tarde, continuarán en el Club de Periodistas (Filomeno Mata 8) los foros sobre asuntos petroleros, esta vez con la participación del secretario de relaciones exteriores del Gobierno Legítimo de México, Gustavo Iruegas (en respuesta a las ridiculeces represivas del IFE, esta sección se permite citar completo el título político de quien de otra manera simplemente sería descrito como el importante diplomático mexicano que es; la desmemoriada embajada de la República del Astillero cree que nunca antes se había atrevido a mencionar con toda formalidad a algún integrante del llamado gobierno legítimo, pero las pretensiones censoras del IFE Vazurita deben ser combatidas con la mención insistente de lo que los inquisidores patito pretenden acallar), el doctor Miguel García Reyes (presidente del Centro de Estudios Geopolíticos en Energía y Medio Ambiente), y el reconocido jurista Jaime Cárdenas Gracia, todo bajo la moderación de Celeste Sáenz de Miera y José Manuel Orozco Garibay... Y, mientras llegan los dólares de la tal Iniciativa Mérida, en su gran mayoría sin candados en materia de derechos humanos, ¡feliz fin de semana!
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Rayuela
Dos organismos dos son presuntos defensores de las garantías individuales.
De los dos, diría el ingenio popular, no se hace uno.
De los dos, diría el ingenio popular, no se hace uno.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)