Comer para trabajar

sábado, 28 de junio de 2008
Por Francisco Luna Kan
Con motivo del décimo aniversario de la fundación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en colaboración de su órgano de gobierno integrado por legisladores de varios partidos políticos, el pasado día 25, se llevó a cabo un programa en el que a través de varios trabajos relacionados con su campo de análisis se abordó y discutió la evolución de rubros importantes de la economía nacional.
Por tanto, el tema de los alimentos tenía que figurar en su agenda. Así lo hicieron, invitando a distinguidos funcionarios de nivel nacional y de organismos internacionales a los que nuestro país reconoce y forma parte de ellos. Es del conocimiento general que los productos alimenticios revisten un interés mundial por cuando los seres humanos que pueblan el planeta, independientemente de su ideología, forma de gobierno y prácticas religiosas; para consolidar su existencia y mejorar su nivel de vida dependen de los alimentos, variando, naturalmente, en su forma de preparación, presentación y consumo.
Para reparar la energía consumida en el trabajo es indispensable proporcionar al organismo una dieta mínima, balanceada, cuyos nutrientes se encuentran en los alimentos. Si éstos no están al alcance de los trabajadores, su rendimiento laboral no podrá obtenerse. Uno de los viejos industriales de mediados del siglo pasado, el Sr. Antonio Ruiz Galindo, estableció comedores en sus fábricas y explicaba que lo hacía no por generosidad, sino porque había observado que proporcionando una alimentación balanceada obtenía óptimos rendimientos de los trabajadores.
De origen vegetal y animal, los productos alimenticios se han reducido en su producción en forma preocupante para pueblos y gobiernos, a la vez que se registra nuevos usos que le confieren, tal es el caso de su aprovechamiento como materia componente en la producción de combustibles. Complica más el panorama el registro de su aplicación no sólo en la nutrición humana, sino también su consumo para alimentar animales domésticos en la ganadería y también en la avicultura.
Los Centros de Estudios que funcionan en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuentan con personal altamente calificado para diseñar la agenda de su desempeño, en el propósito de que sus trabajos les sean de utilidad a los legisladores, a las Comisiones de Trabajo que se constituyen de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, al cuerpo de asesores, pero también a investigadores de universidades, otras instituciones docentes y público en general.
Los trabajos que se elaboran en tales centros coadyuvan a consolidar estudios legislativos que demandan los temas sujetos a la consideración del legislador, que dispone así de análisis serios para clarificar su decisión en los trabajos correspondientes.
De la propia Cámara el Servicio de Investigación y Análisis (SIA) del Centro de Documentación, Información y Análisis (CEDIA), también contribuyó en el esclarecimiento del tema alimentario con un trabajo del MC Reyes Tépach Marcial, sobre “El impacto en los hogares del país por el incremento de los precios de los productos alimenticios, entre diciembre 2005 y mayo del 2008”. En este lapso “el incremento acumulado de los precios de productos alimenticios se estimó en 16.46% mientras el nivel general de precios fue de 9.71%”.
Como era de esperar, los hogares con ingresos más bajos (hasta 3 salarios mínimos) fueron lo que más resintieron las alzas de los alimentos: en los hogares con 1 salario mínimo fue de 18.27%; entre 1 y 3 salarios mínimos el impacto fue de 17.23%; en hogares con 3 y 6 salarios mínimos, el impacto fue de 16.51% y con más de 6 salarios mínimos, el impacto fue de 15.60%.
Para remachar la situación, algunos productos alimenticios tuvieron un comportamiento de mayor incremento de precios:

* El pan de caja 38.76%
* Harina de trigo 40.04%
* Arroz fue de 56.93%
* El pollo 33.75%
* El huevo 43.06%
* Aceite y grasas
comestibles 60.57%
* El chayote fue de 36.19%

Vale la pena consignar el incremento salarial en el mismo periodo. “Se registró un aumento de 14.90% y el aumento general de los precios fue de 9.83%. Como resultado el poder de compra del salario aumentó en 5.07%”.
A pesar de estas evidencias el régimen político nacional persiste en la adopción de dependencia del mercado internacional. Usó la falacia de que las exportaciones de productos agrícolas generarían fuentes de ingreso que servirían para adquirir implementos para nuestro desarrollo, así como para la compra de alimentos en una situación que ahora es deficitaria en su ámbito. Sólo olvidó que aún en la mejor situación de exportaciones de productos con mercado en el exterior, no se compensa la demanda de víveres que existe entre la población nacional.
Si por otra parte registramos fenómenos no previstos como la suspensión de la compra del tomate, producido en Baja California Sur y Sinaloa, ocurrida en días pasados con el pretexto de que tal producto estaba contaminado con Salmonella Tify, agente causal de algunos casos de tifoidea, en algún estado del Sur de los Estados Unidos, la situación conlleva a mayores problemas por tratarse de un producto que necesita sistema de enfriamiento para prolongar por breve tiempo su conservación.
Aunque después de las investigaciones realizadas por las oficinas de salud pública norteamericana, llegaron a la conclusión de que el agente causal de las tifoideas registradas en la población no eran atribuidas al tomate mexicano, el impacto de la economía de los agricultores de producto de exportación se había quebrado.
Parece que las autoridades mexicanas son reacias a aprender de la historia en todos los órdenes de nuestra vida como nación. No todo lo pasado fue malo, como también no todo fue de aciertos. Pero hay hechos que no deben olvidarse. El “Desarrollo Estabilizador” que dio buenos resultados tuvo como uno de sus ejes el incremento del desarrollo agropecuario. Muchos de los objetivos propuestos se alcanzaron a plenitud. Uno de ellos fue el incremento de la producción agropecuaria. Se abastecía el mercado interior y también se exportaron algunos productos como maíz, azúcar, café y henequén, entre otros.
Se creó la infraestructura del sector sobre bases firmes. La Revolución Verde fue un hecho real. Se apoyó por igual o pequeños productores, ejidatarios y comuneros. La asistencia técnica funcionó en la impartición de conocimientos no sólo en campos experimentales, sino en la labor misma. Los ingenieros agrónomos, genetistas, veterinarios y los trabajadores sociales cumplieron a cabalidad sus funciones. Las superficies de riego se aumentaron hasta llegar a cerca de 6 millones de hectáreas.
Pero llegó la globalización y el gobierno nacional asimiló el cambio de rumbo con la convicción de que era más barato comprar los alimentos en el mercado internacional. El resultado está a la vista. Tal vez ahora, con la utilización de granos para producir combustibles deseen implantar esa modalidad, que se vislumbra como competidora en el uso de granos que se consumen en la alimentación diaria del pueblo.
Hay que machacar sobre estos temas con la esperanza de que un día llegue a la Presidencia un hombre con visión clara de nuestra posición como pueblo demandante de un gobierno democrático y con un programa real de actividades. Entre tanto, seguiremos soportando la carestía progresiva de los alimentos. Como dijo el ranchero: hasta que el cuerpo aguante.
http://www.poresto.net/content/view/21184/60/

Editorial

Petróleo: la oposición a la consulta
La titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, aseguró anteayer que la consulta ciudadana en torno a la reforma petrolera, convocada por el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y que se realizará el próximo 27 de julio, no será tomada en cuenta por el Senado de la República, dado que ya existe un compromiso para que el 22 de ese mismo mes, una vez concluidos los foros de discusión que se celebran en la casona de Xicoténcatl, los legisladores comiencen a dictaminar las iniciativas presentadas el pasado 8 de abril por el Ejecutivo federal.

Por principio de cuentas, la pretensión de comenzar los dictámenes legislativos una vez que concluyan los debates petroleros reviste una inconsecuencia mayúscula que contraviene el espíritu original de dichas reuniones de discusión. En efecto, la demanda de la realización de tales ejercicios obedeció a la opacidad con que se venía conduciendo el gobierno federal en torno al tema, y a la necesidad de sentar las bases para una discusión sana y plural, con base en la cual la sociedad en su conjunto pudiera asumir una postura respecto de la propuesta presidencial. Así, el paso natural a seguir sería la celebración de una consulta en la que se viera reflejada la efectividad del debate, a fin de que los representantes populares recojan el sentir de la ciudadanía y dictaminen en consecuencia, en el entendido de que, como lo dijo el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas en relación con las afirmaciones de Kessel: “es imprescindible que el legislador escuche al pueblo, en particular cuando se trata de un asunto tan delicado”. Queda claro, pues, que los señalamientos de la titular de Energía representan un intento más desde el Ejecutivo por romper el diálogo y subvertir uno de los principios fundamentales de las democracias modernas: el de la participación ciudadana.

Por lo demás, las declaraciones de Kessel en torno a la supuesta “inutilidad” de la consulta ciudadana abonan a los intentos discursivos del oficialismo por descalificar la convocatoria del mandatario capitalino, tanto desde el punto de vista político –se le ha llamado “táctica dilatoria”–, como desde una perspectiva legal –se ha argumentado la carencia de facultades del Ejecutivo local para realizar dicho ejercicio–. Al respecto, numerosos grupos sociales y destacadas personalidades han señalado la pertinencia e incluso la necesidad de someter a la consideración ciudadana una alteración tan grave del pacto social como el que pretende efectuar el grupo gobernante con la privatización de segmentos enteros de la industria nacional de los hidrocarburos. Como botón de muestra, ha de mencionarse lo expuesto por el ex ministro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, en el sentido de que “la norma constitucional faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.

Acaso la razón principal de la reticencia del gobierno federal a la celebración de la consulta sea que en la opinión pública nacional, sobre todo a raíz de los debates públicos que tienen lugar en el Senado, avanza la convicción de que las iniciativas calderonistas contradicen lo establecido en la Constitución, y que son inviables desde los puntos de vista legal, económico y hasta político. En ese caso, lo ideal sería que la administración en turno repiense su estrategia, desista de sus intenciones privatizadoras y transite hacia una visión de Estado en el manejo de los recursos energéticos. Con los asertos de Kessel, en cambio, la actual administración revela su premura por entregar la industria petrolera a manos privadas, desacredita a priori un ejercicio popular deseable y necesario, y deja entrever, con ello, su carácter autoritario y antidemocrático.

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/28/index.php?section=opinion&article=002a1edi

Rayuela

Más de 5 mil muertos de manera violenta desmienten el optimismo gubernamental.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/28/index.php