sábado, 03 de mayo de 2008
El desgobierno de Patricio Patrón Laviada, con dolo, se proponía evitar la participación ciudadana en las decisiones y la política ambiental de la autoridad/ Hoy, se disponen a enmendar esta omisión deliberada del sembrado en la Profepa
El diputado Enrique Magadán Villamil, designado el miércoles pasado miembro del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat, se prepara para enmendar una omisión del gobierno anterior en materia de protección al medio ambiente.
Mediante una iniciativa de ley, el secretario de la Comisión de Ecología, Protección y Mejoramiento del Ambiente del Congreso del Estado se propone dar herramientas de participación a la ciudadanía, algo que intentaba evitar el anterior Ejecutivo desde la Secretaría de Ecología.
“Con el cambio de Gobierno quedaron muchas cosas pendientes y ocultas en distintas dependencias. Una de ellas fue una iniciativa de Ley para la Protección del Medio Ambiente del Estado de Yucatán que preparaba la Secretaría de Ecología pero que eliminaba por completo, de manera deliberada, todo lo relacionado con la participación ciudadana”, explica.
Al entrar la actual administración estatal, el nuevo secretario de esa dependencia, Eduardo Batllori Sampedro, encontró la iniciativa en los archivos, la cual rescató y posteriormente turnó para su estudio.
Magadán Villamil detectó que, en su versión original, esa iniciativa contenía un apartado dedicado a la participación ciudadana, lo cual implicaba darle herramientas a los sectores de la sociedad interesados en conocer y tomar parte en las acciones del Gobierno encaminadas a la protección del medio ambiente, pero se decidió suprimirlo del documento.
“Aparentemente querían una ley a modo para los planes que en esos momentos tenía el Gobierno del Estado y eliminaron por completo todos los párrafos que volvían transparente el actuar de la autoridad”, señala.
La participación ciudadana es tan importante que en la iniciativa que será presentada se dedica un título completo al tema, comprendido en dos capítulos, donde se detalla cómo contribuirá la sociedad en esta tarea.
“Tenemos que darles herramientas a los ciudadanos para se involucren y conozcan lo que acontece, y no vuelvan a promoverse conflictos basados en sembrar confusión entre la opinión pública, como ocurrió en el caso de la planta potabilizadora de agua que se construye en terrenos ejidales de Umán.
Para que no vuelvan a repetirse esas situaciones, la sociedad debe estar bien informada y tener participación, por ley, en todos los asuntos relacionados con la política ambiental del Gobierno”, subraya el diputado por el VIII Distrito Electoral, con cabecera en Progreso.
Entre los mecanismos que considera esta iniciativa se prevé convocar a la población en general para que manifieste su opinión y propuestas sobre los proyectos de Gobierno que pudieran afectar el equilibrio ecológico o las zonas protegidas.
Asimismo, el Gobierno y los municipios harán convenios con centros laborales y unidades habitacionales para proteger el ambiente, así como con los sectores o personas físicas para la administración y manejo de áreas naturales protegidas.
También propone celebrar convenios con los diversos medios de comunicación para difundir las acciones de preservación y protección al ambiente. Eso incluye la participación de artistas, académicos, intelectuales, científicos y de todos los ciudadanos en general.
En uno de los artículos se explica que la autoridad instituirá un reconocimiento a los miembros de la sociedad que hayan destacado en la realización de acciones en pro del ambiente.
El diputado del PRI espera que exista el consenso necesario en el seno de la Comisión, que es presidida por el panista Rodolfo González Crespo, para dictaminar de manera favorable el documento, pues su contenido es prácticamente el mismo que dejaron las autoridades emanadas del PAN.
Además, se abre la posibilidad de que el Gobierno convoque a los representantes de organizaciones, centros de investigación y de educación superior, asociaciones de profesionistas e instituciones educativas públicas y privadas.
Se trata de que aporten su opinión y sus recursos para crear programas y proyectos de formación ecológica. “Eso definitivamente fortalecerá la participación ambiental”, afirma el diputado.
“Los diputados del PAN hablan mucho de transparencia y se asumen jueces del Gobierno actual, pero la realidad nos demuestra que la autoridad emanada de su partido borró de la iniciativa original un capítulo completo porque al parecer estaba interesada en ocultar información referente a las decisiones que tomaría en materia de ecología.
Ese es un mal antecedente para Patricio Patrón Laviada, quien irónicamente fue designado titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”, declara.
Sobre la descalificación a priori que acostumbran hacer los diputados de Acción Nacional, en este caso por su elección como miembro del Consejo Consultivo Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el legislador precisa que las multas que le atribuyen como Alcalde de Progreso, “por violar disposiciones ambientales”, era una sanción económica heredada de otras administraciones y otra por un caso que se ventiló en tribunales pero fue desechado por improcedente.
Finalmente, el legislador abunda que en esta ley se detalla el derecho y deber de toda persona a denunciar ante la Secretaría o los municipios, cualquier hecho, acto u omisión que pueda producir desequilibrio ecológico.
Para reforzar la transparencia se asienta que toda la población tendrá acceso a la información, pero se incluye una fracción que advierte a quien reciba información ambiental que será responsable de su adecuada utilización y deberá responder por los daños y perjuicios que ocasione su manejo indebido.
http://www.poresto.net/content/view/13103/43/
sábado, 3 de mayo de 2008
Editorial
Crisis de autoridad y hartazgo ciudadano
En los últimos dos días se han producido diversos hechos violentos entre civiles y miembros de corporaciones policiacas en Michoacán, Oaxaca y Chiapas. En la primera de esas entidades, habitantes de la comunidad indígena de Tarícuaro, municipio de Nahuatzen, golpearon a dos elementos de la policía que intentaban contener protestas contra un funcionario de la alcaldía local, al que acusan de prepotencia y de quien pedían su cese. En Oaxaca, pobladores de Santa María Temaxcaltepec fueron detenidos por agentes preventivos tras una confrontación con miembros de organizaciones vinculadas con el partido gobernante en ese estado, el Revolucionario Institucional (PRI). En Rómulo Calzada, Chiapas, los pobladores desarmaron y, hasta la noche de ayer, mantenían “retenidos” a elementos de la policía estatal tras un enfrentamiento entre civiles y uniformados que cobró como saldo una persona muerta y varias heridas.
A primera vista, estos hechos pudieran parecer inconexos y poco significativos, pero no lo son. En efecto, este tipo de enfrentamientos –reproducidos, en los últimos años, en casi todo el país– responden a causas distintas y se originan en circunstancias disímiles; sin embargo, todos ellos tienen un denominador común: el hartazgo de la población ante la ineficacia y los abusos de las presuntas fuerzas del orden público, a su vez síntoma de la descomposición y el agotamiento que acusa el modelo de mando-obediencia sobre el cual está fincada la trama estatal.
Ese modelo se encuentra en la base de las teorías del contrato social, y tiene su factor fundamental en la cesión de una parte de las libertades ciudadanas al Estado, a fin de que éste provea bienestar y seguridad a la población. Ello sustenta, entre otras cosas, la caracterización del Estado como detentador del monopolio de la fuerza y hasta de la violencia legítima, pero durante muchos años ese modelo ha sido empleado por las propias autoridades para justificar las relaciones verticales de dominación y la represión violenta de sectores de la ciudadanía que expresan voces disidentes a los designios gubernamentales. Así, los hechos referidos son también botones de muestra de cuán poco representada se ve la población en sus autoridades, paradójicamente en zonas del país donde las condiciones sociales imperantes ameritarían un mayor compromiso de cercanía y solidaridad para con los habitantes.
Por lo demás, las manifestaciones de violencia entre civiles y policías son a su vez síntoma de la desatención que sufren sistemáticamente en nuestro país centenas de expresiones sociales y políticas marginales, que no entran en la agenda de los gobiernos municipales y estatales, ni mucho menos en la federal, y no cobran importancia ante los ojos de la sociedad hasta que estallan en forma violenta.
Finalmente, debe recordarse que por lo general este tipo de conflictos tienden a crecer en magnitud y nivel de conflagración y que sus soluciones tienden a complicarse conforme pasa el tiempo y en la medida en que los gobiernos se empeñan en desoír las demandas ciudadanas, en descalificarlas antes que atenderlas y en apagar las manifestaciones de descontento por medio del uso de la fuerza pública. En los casos comentados, mal harían las autoridades si no mostraran disposición al diálogo y al reconocimiento de quienes, en última instancia, justifican la existencia de su estructura y de sus cargos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=opinion&article=002a1edi
En los últimos dos días se han producido diversos hechos violentos entre civiles y miembros de corporaciones policiacas en Michoacán, Oaxaca y Chiapas. En la primera de esas entidades, habitantes de la comunidad indígena de Tarícuaro, municipio de Nahuatzen, golpearon a dos elementos de la policía que intentaban contener protestas contra un funcionario de la alcaldía local, al que acusan de prepotencia y de quien pedían su cese. En Oaxaca, pobladores de Santa María Temaxcaltepec fueron detenidos por agentes preventivos tras una confrontación con miembros de organizaciones vinculadas con el partido gobernante en ese estado, el Revolucionario Institucional (PRI). En Rómulo Calzada, Chiapas, los pobladores desarmaron y, hasta la noche de ayer, mantenían “retenidos” a elementos de la policía estatal tras un enfrentamiento entre civiles y uniformados que cobró como saldo una persona muerta y varias heridas.
A primera vista, estos hechos pudieran parecer inconexos y poco significativos, pero no lo son. En efecto, este tipo de enfrentamientos –reproducidos, en los últimos años, en casi todo el país– responden a causas distintas y se originan en circunstancias disímiles; sin embargo, todos ellos tienen un denominador común: el hartazgo de la población ante la ineficacia y los abusos de las presuntas fuerzas del orden público, a su vez síntoma de la descomposición y el agotamiento que acusa el modelo de mando-obediencia sobre el cual está fincada la trama estatal.
Ese modelo se encuentra en la base de las teorías del contrato social, y tiene su factor fundamental en la cesión de una parte de las libertades ciudadanas al Estado, a fin de que éste provea bienestar y seguridad a la población. Ello sustenta, entre otras cosas, la caracterización del Estado como detentador del monopolio de la fuerza y hasta de la violencia legítima, pero durante muchos años ese modelo ha sido empleado por las propias autoridades para justificar las relaciones verticales de dominación y la represión violenta de sectores de la ciudadanía que expresan voces disidentes a los designios gubernamentales. Así, los hechos referidos son también botones de muestra de cuán poco representada se ve la población en sus autoridades, paradójicamente en zonas del país donde las condiciones sociales imperantes ameritarían un mayor compromiso de cercanía y solidaridad para con los habitantes.
Por lo demás, las manifestaciones de violencia entre civiles y policías son a su vez síntoma de la desatención que sufren sistemáticamente en nuestro país centenas de expresiones sociales y políticas marginales, que no entran en la agenda de los gobiernos municipales y estatales, ni mucho menos en la federal, y no cobran importancia ante los ojos de la sociedad hasta que estallan en forma violenta.
Finalmente, debe recordarse que por lo general este tipo de conflictos tienden a crecer en magnitud y nivel de conflagración y que sus soluciones tienden a complicarse conforme pasa el tiempo y en la medida en que los gobiernos se empeñan en desoír las demandas ciudadanas, en descalificarlas antes que atenderlas y en apagar las manifestaciones de descontento por medio del uso de la fuerza pública. En los casos comentados, mal harían las autoridades si no mostraran disposición al diálogo y al reconocimiento de quienes, en última instancia, justifican la existencia de su estructura y de sus cargos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Rayuela
¿Qué harán ahora en Estados Unidos para frenar el crecimiento de la población latina? ¿Acaso levantar muros que separen a los cónyuges en sus camas?
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php
Suscribirse a:
Entradas (Atom)