sábado, 03 de mayo de 2008
El desgobierno de Patricio Patrón Laviada, con dolo, se proponía evitar la participación ciudadana en las decisiones y la política ambiental de la autoridad/ Hoy, se disponen a enmendar esta omisión deliberada del sembrado en la Profepa
El diputado Enrique Magadán Villamil, designado el miércoles pasado miembro del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat, se prepara para enmendar una omisión del gobierno anterior en materia de protección al medio ambiente.
Mediante una iniciativa de ley, el secretario de la Comisión de Ecología, Protección y Mejoramiento del Ambiente del Congreso del Estado se propone dar herramientas de participación a la ciudadanía, algo que intentaba evitar el anterior Ejecutivo desde la Secretaría de Ecología.
“Con el cambio de Gobierno quedaron muchas cosas pendientes y ocultas en distintas dependencias. Una de ellas fue una iniciativa de Ley para la Protección del Medio Ambiente del Estado de Yucatán que preparaba la Secretaría de Ecología pero que eliminaba por completo, de manera deliberada, todo lo relacionado con la participación ciudadana”, explica.
Al entrar la actual administración estatal, el nuevo secretario de esa dependencia, Eduardo Batllori Sampedro, encontró la iniciativa en los archivos, la cual rescató y posteriormente turnó para su estudio.
Magadán Villamil detectó que, en su versión original, esa iniciativa contenía un apartado dedicado a la participación ciudadana, lo cual implicaba darle herramientas a los sectores de la sociedad interesados en conocer y tomar parte en las acciones del Gobierno encaminadas a la protección del medio ambiente, pero se decidió suprimirlo del documento.
“Aparentemente querían una ley a modo para los planes que en esos momentos tenía el Gobierno del Estado y eliminaron por completo todos los párrafos que volvían transparente el actuar de la autoridad”, señala.
La participación ciudadana es tan importante que en la iniciativa que será presentada se dedica un título completo al tema, comprendido en dos capítulos, donde se detalla cómo contribuirá la sociedad en esta tarea.
“Tenemos que darles herramientas a los ciudadanos para se involucren y conozcan lo que acontece, y no vuelvan a promoverse conflictos basados en sembrar confusión entre la opinión pública, como ocurrió en el caso de la planta potabilizadora de agua que se construye en terrenos ejidales de Umán.
Para que no vuelvan a repetirse esas situaciones, la sociedad debe estar bien informada y tener participación, por ley, en todos los asuntos relacionados con la política ambiental del Gobierno”, subraya el diputado por el VIII Distrito Electoral, con cabecera en Progreso.
Entre los mecanismos que considera esta iniciativa se prevé convocar a la población en general para que manifieste su opinión y propuestas sobre los proyectos de Gobierno que pudieran afectar el equilibrio ecológico o las zonas protegidas.
Asimismo, el Gobierno y los municipios harán convenios con centros laborales y unidades habitacionales para proteger el ambiente, así como con los sectores o personas físicas para la administración y manejo de áreas naturales protegidas.
También propone celebrar convenios con los diversos medios de comunicación para difundir las acciones de preservación y protección al ambiente. Eso incluye la participación de artistas, académicos, intelectuales, científicos y de todos los ciudadanos en general.
En uno de los artículos se explica que la autoridad instituirá un reconocimiento a los miembros de la sociedad que hayan destacado en la realización de acciones en pro del ambiente.
El diputado del PRI espera que exista el consenso necesario en el seno de la Comisión, que es presidida por el panista Rodolfo González Crespo, para dictaminar de manera favorable el documento, pues su contenido es prácticamente el mismo que dejaron las autoridades emanadas del PAN.
Además, se abre la posibilidad de que el Gobierno convoque a los representantes de organizaciones, centros de investigación y de educación superior, asociaciones de profesionistas e instituciones educativas públicas y privadas.
Se trata de que aporten su opinión y sus recursos para crear programas y proyectos de formación ecológica. “Eso definitivamente fortalecerá la participación ambiental”, afirma el diputado.
“Los diputados del PAN hablan mucho de transparencia y se asumen jueces del Gobierno actual, pero la realidad nos demuestra que la autoridad emanada de su partido borró de la iniciativa original un capítulo completo porque al parecer estaba interesada en ocultar información referente a las decisiones que tomaría en materia de ecología.
Ese es un mal antecedente para Patricio Patrón Laviada, quien irónicamente fue designado titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”, declara.
Sobre la descalificación a priori que acostumbran hacer los diputados de Acción Nacional, en este caso por su elección como miembro del Consejo Consultivo Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el legislador precisa que las multas que le atribuyen como Alcalde de Progreso, “por violar disposiciones ambientales”, era una sanción económica heredada de otras administraciones y otra por un caso que se ventiló en tribunales pero fue desechado por improcedente.
Finalmente, el legislador abunda que en esta ley se detalla el derecho y deber de toda persona a denunciar ante la Secretaría o los municipios, cualquier hecho, acto u omisión que pueda producir desequilibrio ecológico.
Para reforzar la transparencia se asienta que toda la población tendrá acceso a la información, pero se incluye una fracción que advierte a quien reciba información ambiental que será responsable de su adecuada utilización y deberá responder por los daños y perjuicios que ocasione su manejo indebido.
http://www.poresto.net/content/view/13103/43/
