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jueves, 17 de julio de 2008
El Ministerio de la Verdad · Hernández
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Problema de edición · Helguera
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La insoportable levedad · Magú
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Editorial
Seguridad: viraje urgente
El poder de la delincuencia organizada crece a la vista de todo mundo. Ayer, en puntos distantes del territorio nacional –las capitales de Oaxaca y Sinaloa, el municipio mexiquense de Tultepec, la Comarca Lagunera de Coahuila, entre otros– la criminalidad dio muestras de su capacidad ofensiva, ante la cual las corporaciones policiales exhiben una debilidad alarmante. Es significativa, a este respecto, la protesta que realizaron ayer agentes ministeriales en Culiacán, en demanda no sólo de mejoras salariales sino también de mejores armas y equipo.
En lo que va de la presente administración, y en el contexto de la aparatosa ofensiva contra la inseguridad, han muerto casi medio millar de militares y policías. Los segundos son especialmente propensos a enfrentar la encrucijada de dejarse corromper por las organizaciones delictivas o ser asesinados, y ni los gobiernos estatales ni el federal parecen capaces de hacer algo significativo para ayudarlos a evitar esa disyuntiva. En cambio, las corporaciones criminales escalan el conflicto, exhiben armamento cada vez más mortífero, técnicas de transporte que incluyen submarinos, como el capturado ayer en costas de Oaxaca, acciones cada vez más audaces y estilos de violencia cada vez más atroces.
En esta perspectiva, la “guerra contra el narcotráfico”, en los términos en los que fue emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, podría generar, entre otros efectos indeseables, un severo colapso de las fuerzas del orden y llevar al país a una situación mucho más crítica en materia de inseguridad, impunidad y ausencia de estado de derecho que la que imperaba en el sexenio anterior, que era de por sí estremecedora.
Ayer, al aprobar las designaciones de los nuevos titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia capitalinas, presentadas por el Gobierno del Distrito Federal, el titular del Ejecutivo federal dijo que los temas de seguridad pública deben estar por encima de cualquier distingo partidista y ser tratados como “asunto de Estado”. Ello es cierto, en principio, toda vez que la seguridad es un elemento central de la vida pública y uno de los compromisos esenciales que dotan de sentido la existencia de las instancias públicas. Pero en esa misma lógica el gobierno federal tendría que realizar una revisión profunda y exhaustiva de sus políticas en materia de seguridad y darse cuenta de que éstas no se han traducido en una reducción en los índices delictivos ni en un debilitamiento de las organizaciones criminales, sino en una terrible crisis de inseguridad, reflejada en miles de muertes y en una ola imparable de violencia en todo el territorio nacional.
Resulta urgente, en efecto, que la seguridad pública sea asumida como un asunto de Estado, y que se avance en la formulación y aplicación de las políticas correspondientes. Pero difícilmente podría lograrse tal objetivo sólo con el concurso de las elites militares y el apoyo político de los sectores conservadores y autoritarios convencidos de la necesidad de la cuestionable política de “mano fuerte”. Es necesario, además, que la autoridad tome en cuenta a la ciudadanía, y no para reclutarla en masa como informante de la policía, sino para entender a cabalidad los complejos fenómenos de la delincuencia. Tendría que empezar, en este espíritu, por escuchar las innumerables opiniones de ciudadanos, especialistas, científicos sociales y organizaciones de derechos humanos que desaconsejan la estrategia militarista como forma de combate a la delincuencia y demandan que se atiendan las causas profundas de la criminalidad, empezando por el deterioro sostenido que desde hace décadas enfrenta la mayoría de la población en materias como educación, salud, condiciones laborales y salarios, vivienda, transporte y servicios sociales.
Una verdadera política de Estado en materia de seguridad pública va mucho más allá de la aplicación de la fuerza bruta, la cual es el último recurso de la autoridad, no el primero: debe irse al conjunto de los factores que provocan el fortalecimiento de los grupos criminales. En suma, la actual administración tendría que ser consciente de que las estrategias empleadas hasta ahora se han traducido en un baño de sangre por todo el territorio nacional, han hundido a la población en el temor y la zozobra y, de acuerdo con los indicios disponibles, han fortalecido a las organizaciones criminales y debilitado a los cuerpos policiales.
El poder de la delincuencia organizada crece a la vista de todo mundo. Ayer, en puntos distantes del territorio nacional –las capitales de Oaxaca y Sinaloa, el municipio mexiquense de Tultepec, la Comarca Lagunera de Coahuila, entre otros– la criminalidad dio muestras de su capacidad ofensiva, ante la cual las corporaciones policiales exhiben una debilidad alarmante. Es significativa, a este respecto, la protesta que realizaron ayer agentes ministeriales en Culiacán, en demanda no sólo de mejoras salariales sino también de mejores armas y equipo.
En lo que va de la presente administración, y en el contexto de la aparatosa ofensiva contra la inseguridad, han muerto casi medio millar de militares y policías. Los segundos son especialmente propensos a enfrentar la encrucijada de dejarse corromper por las organizaciones delictivas o ser asesinados, y ni los gobiernos estatales ni el federal parecen capaces de hacer algo significativo para ayudarlos a evitar esa disyuntiva. En cambio, las corporaciones criminales escalan el conflicto, exhiben armamento cada vez más mortífero, técnicas de transporte que incluyen submarinos, como el capturado ayer en costas de Oaxaca, acciones cada vez más audaces y estilos de violencia cada vez más atroces.
En esta perspectiva, la “guerra contra el narcotráfico”, en los términos en los que fue emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, podría generar, entre otros efectos indeseables, un severo colapso de las fuerzas del orden y llevar al país a una situación mucho más crítica en materia de inseguridad, impunidad y ausencia de estado de derecho que la que imperaba en el sexenio anterior, que era de por sí estremecedora.
Ayer, al aprobar las designaciones de los nuevos titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia capitalinas, presentadas por el Gobierno del Distrito Federal, el titular del Ejecutivo federal dijo que los temas de seguridad pública deben estar por encima de cualquier distingo partidista y ser tratados como “asunto de Estado”. Ello es cierto, en principio, toda vez que la seguridad es un elemento central de la vida pública y uno de los compromisos esenciales que dotan de sentido la existencia de las instancias públicas. Pero en esa misma lógica el gobierno federal tendría que realizar una revisión profunda y exhaustiva de sus políticas en materia de seguridad y darse cuenta de que éstas no se han traducido en una reducción en los índices delictivos ni en un debilitamiento de las organizaciones criminales, sino en una terrible crisis de inseguridad, reflejada en miles de muertes y en una ola imparable de violencia en todo el territorio nacional.
Resulta urgente, en efecto, que la seguridad pública sea asumida como un asunto de Estado, y que se avance en la formulación y aplicación de las políticas correspondientes. Pero difícilmente podría lograrse tal objetivo sólo con el concurso de las elites militares y el apoyo político de los sectores conservadores y autoritarios convencidos de la necesidad de la cuestionable política de “mano fuerte”. Es necesario, además, que la autoridad tome en cuenta a la ciudadanía, y no para reclutarla en masa como informante de la policía, sino para entender a cabalidad los complejos fenómenos de la delincuencia. Tendría que empezar, en este espíritu, por escuchar las innumerables opiniones de ciudadanos, especialistas, científicos sociales y organizaciones de derechos humanos que desaconsejan la estrategia militarista como forma de combate a la delincuencia y demandan que se atiendan las causas profundas de la criminalidad, empezando por el deterioro sostenido que desde hace décadas enfrenta la mayoría de la población en materias como educación, salud, condiciones laborales y salarios, vivienda, transporte y servicios sociales.
Una verdadera política de Estado en materia de seguridad pública va mucho más allá de la aplicación de la fuerza bruta, la cual es el último recurso de la autoridad, no el primero: debe irse al conjunto de los factores que provocan el fortalecimiento de los grupos criminales. En suma, la actual administración tendría que ser consciente de que las estrategias empleadas hasta ahora se han traducido en un baño de sangre por todo el territorio nacional, han hundido a la población en el temor y la zozobra y, de acuerdo con los indicios disponibles, han fortalecido a las organizaciones criminales y debilitado a los cuerpos policiales.
Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Imágenes
■ Censuras y agradecimiento
■ Suplantaciones varias
Ha quedado constancia institucional de las distorsiones que practican las dos principales televisoras del país, no sólo en cuestión de imágenes sino, además, en enfoques y tratamiento de las noticias. Televisa y Televisión Azteca han sido llamadas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a conducirse con “equidad informativa” en cuanto a los actores y las fuerzas políticas participantes en el Poder Legislativo. En particular, la citada Comisión Permanente llamó a que la Secretaría de Gobernación (a cuyo titular le aparecieron ayer más contratos petroleros asignados a su privilegiada familia) aplique adecuadas sanciones a la empresa que es propiedad de Emilio Azcárraga Jean, por distorsiones gráficas contra el senador Creel (aunque también, como lo hizo ver el perredista Pablo Gómez, se han producido formas de censura contra el priísta Manlio Fabio Beltrones, en castigo por haber impulsado reformas en materia de radio y televisión) y, en el caso del negocio mediático de Ricardo Salinas Pliego, se dio curso al planteamiento de una legisladora panista que acusa a la televisora heroína del Cerro del Chiquihuite de actuar con “un claro apartamiento de la verdad” y con “manipulación de la información”.
No fue una fotografía, pero sí un comunicado de agradecimiento: el gobierno de Marcelo Ebrard hizo su mejor esfuerzo de escapismo, pero tuvo que acabar reconociendo como “autoridades federales” a la administración pinolera a la que ha acusado sostenidamente de espuria, e hizo retorcimientos verbales para dejar constancia de que en materia de seguridad pública seguirá la política de cooperación mutua con Los Pinos. La postura de Felipe Calderón no dejaba margen para mucho, pues con una prudencia no muy frecuente eludió entrar a una guerra burocrática escandalosa y prefirió aprobar, tal cual, los nombramientos de procurador y jefe policiaco que el damnificado del News Divine le había enviado. Los nuevos funcionarios ofrecieron la tradicional canasta básica de buenas intenciones, con promesas de restructurar cuanto sea necesario, realizar cambios profundos, atender a la población en general y ser muy pero muy honestos. Con esas nuevas barajas, el jefe tan políticamente maltratado comienza a ver, al final del túnel en el que quedaron 12 cuerpos muertos, la luz de la desmemoria colectiva y del vértigo de las nuevas malas noticias que desplazan a las anteriores. Mas no termina el duro peregrinar Marcelino con el caso de la discoteca a cuestas, pues la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha citado al jefe de Gobierno de la ciudad de México para que explique todo cuanto sea necesario respecto de lo sucedido en la colonia Nueva Atzacoalco. De alguna manera, sin embargo, la tormenta parece amainar, con una precandidatura presidencial maltrecha, dos altos funcionarios destituidos, un obligado reconocimiento mínimo del ebrardismo a las “autoridades federales” que le aprobaron nombramientos sucesorios, y graves acusaciones no satisfechas de la comisión capitalina de derechos humanos (una especie de panismo de izquierda).
En otro frente, la consulta sobre el destino petrolero se abre camino, a pesar del bombardeo mediático que pretende cobrarle a Ebrard, con la cuenta del News Divine, el jaque puesto a las pretensiones privatizadoras felipenses con ese ejercicio de participación cívica. En un ambiente social sombrío, lleno de ejecuciones cruentas relacionadas con el narcotráfico, malas noticias económicas y previsiones preocupantes sobre el futuro inmediato, comienza a recuperar calor el tema de la lucha ciudadana en defensa de la riqueza pública. Las condiciones políticas son altamente adversas para que el calderonismo insista en imponer sus planes de ampliación de las vías por las cuales el capital privado pueda participar más en Pemex. Pero los intereses en juego y la ambición grupal empujan al grupo que se alzó con el poder formal del país a intentar lances desesperados. Frente a ello se ha construido un movimiento de resistencia que está listo para entrar en acción, así como la red militar que se ha extendido por todo el país está presta a sofocar lo que le sea ordenado.
Entre tantos problemas y solemnidades se abrieron paso ayer algunas informaciones insólitas. Un mexicano habilidoso se coló a la embajada gringa con una credencial de la CIA, tal vez hecha en las imprentas de Santo Domingo, según eso para intentar el cumplimiento de la misión secreta de conseguir chamba de chofer sin hacer cola para entrar al recinto diplomático fortificado. Luego, alguien que al parecer es un cómico inglés, se apareció en el campo de entrenamiento de los Pumas haciéndose pasar por el nuevo entrenador de la selección nacional de futbol profesional, el sueco Sven-Göran Eriksson; el impostor habló en inglés con el Tuca Ferreti, que no entiende ese idioma, y soltó algunas frases de cortesía en portugués para el brasileño, antes de conceder algunas entrevistas de prensa. Y la Marina mexicana se hizo de un submarino que había llegado a Oaxaca con drogas a bordo. Y cae un colaborador del famoso mexicano de origen chino al que ni el Cisen ni el gobierno federal han dado credibilidad cuando dijo que carretadas de dólares en su poder provenían de arreglos de campaña electoral presidencial panista. Eso sí, Felipe Calderón llamó ayer a deportistas olímpicos a que no hagan caso de las críticas (se los digo a ustedes, atletas, para que lo entiendan otros, los políticos y periodistas críticos: ni son vistos ni son oídos).
Y, mientras Guadalupe Acosta Naranjo continúa tejiendo los presuntos pactos tripartidistas que algo rescaten del fracaso privatizador felipillo, ya con una nueva reunión programada con panistas y priístas, y mientras en el PRD se deciden a convocar a nuevas elecciones, ¡hasta mañana, con Kamel Nacif y Succar Kuri enredándose en las declaraciones del larguísimo proceso amañado con el que tratan de eludir sus responsabilidades pederastas!
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Imágenes
■ Censuras y agradecimiento
■ Suplantaciones varias
Ha quedado constancia institucional de las distorsiones que practican las dos principales televisoras del país, no sólo en cuestión de imágenes sino, además, en enfoques y tratamiento de las noticias. Televisa y Televisión Azteca han sido llamadas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a conducirse con “equidad informativa” en cuanto a los actores y las fuerzas políticas participantes en el Poder Legislativo. En particular, la citada Comisión Permanente llamó a que la Secretaría de Gobernación (a cuyo titular le aparecieron ayer más contratos petroleros asignados a su privilegiada familia) aplique adecuadas sanciones a la empresa que es propiedad de Emilio Azcárraga Jean, por distorsiones gráficas contra el senador Creel (aunque también, como lo hizo ver el perredista Pablo Gómez, se han producido formas de censura contra el priísta Manlio Fabio Beltrones, en castigo por haber impulsado reformas en materia de radio y televisión) y, en el caso del negocio mediático de Ricardo Salinas Pliego, se dio curso al planteamiento de una legisladora panista que acusa a la televisora heroína del Cerro del Chiquihuite de actuar con “un claro apartamiento de la verdad” y con “manipulación de la información”.
No fue una fotografía, pero sí un comunicado de agradecimiento: el gobierno de Marcelo Ebrard hizo su mejor esfuerzo de escapismo, pero tuvo que acabar reconociendo como “autoridades federales” a la administración pinolera a la que ha acusado sostenidamente de espuria, e hizo retorcimientos verbales para dejar constancia de que en materia de seguridad pública seguirá la política de cooperación mutua con Los Pinos. La postura de Felipe Calderón no dejaba margen para mucho, pues con una prudencia no muy frecuente eludió entrar a una guerra burocrática escandalosa y prefirió aprobar, tal cual, los nombramientos de procurador y jefe policiaco que el damnificado del News Divine le había enviado. Los nuevos funcionarios ofrecieron la tradicional canasta básica de buenas intenciones, con promesas de restructurar cuanto sea necesario, realizar cambios profundos, atender a la población en general y ser muy pero muy honestos. Con esas nuevas barajas, el jefe tan políticamente maltratado comienza a ver, al final del túnel en el que quedaron 12 cuerpos muertos, la luz de la desmemoria colectiva y del vértigo de las nuevas malas noticias que desplazan a las anteriores. Mas no termina el duro peregrinar Marcelino con el caso de la discoteca a cuestas, pues la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha citado al jefe de Gobierno de la ciudad de México para que explique todo cuanto sea necesario respecto de lo sucedido en la colonia Nueva Atzacoalco. De alguna manera, sin embargo, la tormenta parece amainar, con una precandidatura presidencial maltrecha, dos altos funcionarios destituidos, un obligado reconocimiento mínimo del ebrardismo a las “autoridades federales” que le aprobaron nombramientos sucesorios, y graves acusaciones no satisfechas de la comisión capitalina de derechos humanos (una especie de panismo de izquierda).
En otro frente, la consulta sobre el destino petrolero se abre camino, a pesar del bombardeo mediático que pretende cobrarle a Ebrard, con la cuenta del News Divine, el jaque puesto a las pretensiones privatizadoras felipenses con ese ejercicio de participación cívica. En un ambiente social sombrío, lleno de ejecuciones cruentas relacionadas con el narcotráfico, malas noticias económicas y previsiones preocupantes sobre el futuro inmediato, comienza a recuperar calor el tema de la lucha ciudadana en defensa de la riqueza pública. Las condiciones políticas son altamente adversas para que el calderonismo insista en imponer sus planes de ampliación de las vías por las cuales el capital privado pueda participar más en Pemex. Pero los intereses en juego y la ambición grupal empujan al grupo que se alzó con el poder formal del país a intentar lances desesperados. Frente a ello se ha construido un movimiento de resistencia que está listo para entrar en acción, así como la red militar que se ha extendido por todo el país está presta a sofocar lo que le sea ordenado.
Entre tantos problemas y solemnidades se abrieron paso ayer algunas informaciones insólitas. Un mexicano habilidoso se coló a la embajada gringa con una credencial de la CIA, tal vez hecha en las imprentas de Santo Domingo, según eso para intentar el cumplimiento de la misión secreta de conseguir chamba de chofer sin hacer cola para entrar al recinto diplomático fortificado. Luego, alguien que al parecer es un cómico inglés, se apareció en el campo de entrenamiento de los Pumas haciéndose pasar por el nuevo entrenador de la selección nacional de futbol profesional, el sueco Sven-Göran Eriksson; el impostor habló en inglés con el Tuca Ferreti, que no entiende ese idioma, y soltó algunas frases de cortesía en portugués para el brasileño, antes de conceder algunas entrevistas de prensa. Y la Marina mexicana se hizo de un submarino que había llegado a Oaxaca con drogas a bordo. Y cae un colaborador del famoso mexicano de origen chino al que ni el Cisen ni el gobierno federal han dado credibilidad cuando dijo que carretadas de dólares en su poder provenían de arreglos de campaña electoral presidencial panista. Eso sí, Felipe Calderón llamó ayer a deportistas olímpicos a que no hagan caso de las críticas (se los digo a ustedes, atletas, para que lo entiendan otros, los políticos y periodistas críticos: ni son vistos ni son oídos).
Y, mientras Guadalupe Acosta Naranjo continúa tejiendo los presuntos pactos tripartidistas que algo rescaten del fracaso privatizador felipillo, ya con una nueva reunión programada con panistas y priístas, y mientras en el PRD se deciden a convocar a nuevas elecciones, ¡hasta mañana, con Kamel Nacif y Succar Kuri enredándose en las declaraciones del larguísimo proceso amañado con el que tratan de eludir sus responsabilidades pederastas!
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Rayuela
Vaya jugada sucia.
Primero cubren el precio del gas natural y miles de hogares se embarcan. Ahora lo liberan y dejan embarcada a la gente.
¿Algo así pensarán hacer con el petróleo?
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/17/index.php
Primero cubren el precio del gas natural y miles de hogares se embarcan. Ahora lo liberan y dejan embarcada a la gente.
¿Algo así pensarán hacer con el petróleo?
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