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viernes, 18 de julio de 2008
Editorial
Reforma petrolera y corrupción
Ayer, en su exposición en el foro senatorial sobre la reforma petrolera privatizadora propuesta por el actual gobierno, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, presentó un diagnóstico demoledor e indignante que deja al descubierto la inmoralidad, la ineficiencia y el desorden que imperan en la administración de Pemex: opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos, incoherencias entre el plan de negocios de la paraestatal y el Plan Nacional de Desarrollo, relación turbia con la dirigencia charra que controla el sindicato de trabajadores petroleros y completo descontrol fiscal de las empresas privadas contratistas de Pemex. Asimismo, el funcionario puso el dedo en la llaga al señalar que en vez de elaborar planes para seguir exprimiendo a la industria petrolera de propiedad nacional, el gobierno calderonista tendría que mejorar la eficiencia de la recaudación, ampliar el padrón de causantes, incorporar a éste el sector informal, combatir el contrabando, reducir los regímenes especiales y simplificar la tramitología hacendaria.
Los señalamientos del auditor sobre la opacidad con que se maneja la relación entre Pemex y sus contratistas privados se comprueba plenamente con el fallo emitido antier por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en el que se ordena a la dirección de la paraestatal que haga públicos los 108 contratos firmados con empresas de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y que realice una “búsqueda exhaustiva” de documentos de esta clase. Como se recordará, tanto la administración de Pemex, encabezada por Jesús Reyes Heroles, como el propio Mouriño, habían asegurado en distintos momentos que los únicos contratos entre ambas partes eran los 16 que dio a conocer hace unos meses el dirigente del movimiento en defensa del petróleo, Andrés Manuel López Obrador.
Independientemente de que esta relación inescrupulosa siga deteriorando la credibilidad del gobierno calderonista e inhabilitando en la práctica a Mouriño como un funcionario confiable, lo dicho por González de Aragón y la resolución del IFAI representan serios reveses adicionales a la pretensión del gobierno en turno de entregar a corporaciones privadas, a contrapelo del artículo 27 constitucional, la refinación, el almacenamiento, el transporte y la perforación, y de presentar tales privatizaciones como parte de un esfuerzo por “fortalecer a Pemex”.
Por su parte, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, volvió a insistir ayer en la demanda de que se apruebe su iniciativa de reformas legales, esta vez con el argumento de buscar una “soberanía energética” que se vería gravemente vulnerada precisamente si llegara a aprobarse su propuesta, en la medida en que con ella se otorgaría al menos parte del control de los hidrocarburos a los grandes consorcios energéticos trasnacionales.
Por añadidura, el gobernante afirmó que “producir más y mejor petróleo, gas, gasolinas, petroquímicos o refinados” es un “propósito que todos compartimos”, lo cual es falso: desde que el desaparecido Heberto Castillo señalara, hace tres décadas, los peligros de hacer depender las finanzas públicas de la exportación petrolera y la improcedencia de depredar reservas de hidrocarburos que pertenecen también a las próximas generaciones de mexicanos, muchos conocedores del tema se han manifestado en contra del incremento de la producción de crudo, incremento que no tiene más razón que satisfacer los siempre crecientes apetitos presupuestales de una burocracia cupular acostumbrada al derroche, de una dirigencia sindical antidemocrática y jurásica y de una casta de contratistas privados –de la que forman parte los Mouriño– siempre ansiosa de nuevas oportunidades de negocio. En cambio, los astronómicos ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo y de los altos precios mundiales del crudo no se han traducido en una mejora perceptible en las condiciones de vida de la mayoría de la población mexicana, en una reactivación económica ni en una consolidación de las perspectivas de desarrollo del país.
Significativamente, Calderón formuló tales declaraciones acompañado por Carlos Romero Deschamps, su aliado político y cabeza del clan sindical que ha medrado con la opacidad y la corrupción de Pemex.
En suma, en el foro senatorial que está por concluir ha quedado de manifiesto que, antes que tocar los fundamentos jurídicos de la industria petrolera nacional, el gobierno debe poner en marcha una política recaudatoria fiscal mínimamente justa y equitativa –cobrar impuestos a las grandes empresas–, combatir la devastadora corrupción que campea en sus oficinas y establecer una administración eficiente y honesta en Petróleos Mexicanos. En ausencia de tales acciones, la iniciativa enviada al Senado el pasado 8 de abril carece de credibilidad y, como se ha visto durante el debate en curso, de argumentos sólidos y presentables.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Ayer, en su exposición en el foro senatorial sobre la reforma petrolera privatizadora propuesta por el actual gobierno, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, presentó un diagnóstico demoledor e indignante que deja al descubierto la inmoralidad, la ineficiencia y el desorden que imperan en la administración de Pemex: opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos, incoherencias entre el plan de negocios de la paraestatal y el Plan Nacional de Desarrollo, relación turbia con la dirigencia charra que controla el sindicato de trabajadores petroleros y completo descontrol fiscal de las empresas privadas contratistas de Pemex. Asimismo, el funcionario puso el dedo en la llaga al señalar que en vez de elaborar planes para seguir exprimiendo a la industria petrolera de propiedad nacional, el gobierno calderonista tendría que mejorar la eficiencia de la recaudación, ampliar el padrón de causantes, incorporar a éste el sector informal, combatir el contrabando, reducir los regímenes especiales y simplificar la tramitología hacendaria.
Los señalamientos del auditor sobre la opacidad con que se maneja la relación entre Pemex y sus contratistas privados se comprueba plenamente con el fallo emitido antier por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en el que se ordena a la dirección de la paraestatal que haga públicos los 108 contratos firmados con empresas de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y que realice una “búsqueda exhaustiva” de documentos de esta clase. Como se recordará, tanto la administración de Pemex, encabezada por Jesús Reyes Heroles, como el propio Mouriño, habían asegurado en distintos momentos que los únicos contratos entre ambas partes eran los 16 que dio a conocer hace unos meses el dirigente del movimiento en defensa del petróleo, Andrés Manuel López Obrador.
Independientemente de que esta relación inescrupulosa siga deteriorando la credibilidad del gobierno calderonista e inhabilitando en la práctica a Mouriño como un funcionario confiable, lo dicho por González de Aragón y la resolución del IFAI representan serios reveses adicionales a la pretensión del gobierno en turno de entregar a corporaciones privadas, a contrapelo del artículo 27 constitucional, la refinación, el almacenamiento, el transporte y la perforación, y de presentar tales privatizaciones como parte de un esfuerzo por “fortalecer a Pemex”.
Por su parte, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, volvió a insistir ayer en la demanda de que se apruebe su iniciativa de reformas legales, esta vez con el argumento de buscar una “soberanía energética” que se vería gravemente vulnerada precisamente si llegara a aprobarse su propuesta, en la medida en que con ella se otorgaría al menos parte del control de los hidrocarburos a los grandes consorcios energéticos trasnacionales.
Por añadidura, el gobernante afirmó que “producir más y mejor petróleo, gas, gasolinas, petroquímicos o refinados” es un “propósito que todos compartimos”, lo cual es falso: desde que el desaparecido Heberto Castillo señalara, hace tres décadas, los peligros de hacer depender las finanzas públicas de la exportación petrolera y la improcedencia de depredar reservas de hidrocarburos que pertenecen también a las próximas generaciones de mexicanos, muchos conocedores del tema se han manifestado en contra del incremento de la producción de crudo, incremento que no tiene más razón que satisfacer los siempre crecientes apetitos presupuestales de una burocracia cupular acostumbrada al derroche, de una dirigencia sindical antidemocrática y jurásica y de una casta de contratistas privados –de la que forman parte los Mouriño– siempre ansiosa de nuevas oportunidades de negocio. En cambio, los astronómicos ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo y de los altos precios mundiales del crudo no se han traducido en una mejora perceptible en las condiciones de vida de la mayoría de la población mexicana, en una reactivación económica ni en una consolidación de las perspectivas de desarrollo del país.
Significativamente, Calderón formuló tales declaraciones acompañado por Carlos Romero Deschamps, su aliado político y cabeza del clan sindical que ha medrado con la opacidad y la corrupción de Pemex.
En suma, en el foro senatorial que está por concluir ha quedado de manifiesto que, antes que tocar los fundamentos jurídicos de la industria petrolera nacional, el gobierno debe poner en marcha una política recaudatoria fiscal mínimamente justa y equitativa –cobrar impuestos a las grandes empresas–, combatir la devastadora corrupción que campea en sus oficinas y establecer una administración eficiente y honesta en Petróleos Mexicanos. En ausencia de tales acciones, la iniciativa enviada al Senado el pasado 8 de abril carece de credibilidad y, como se ha visto durante el debate en curso, de argumentos sólidos y presentables.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Astillero
Por: Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ ¿Toque de retirada?
■ Clarín engañoso
■ Acuerdos patrióticos
A pocos días de que terminen los debates senatoriales en que su propuesta de reforma petrolera fue ampliamente refutada con argumentos técnicos, económicos, históricos y políticos, el calderonismo explora en aguas nada profundas la posibilidad de seguir con su proyecto de rescate faccioso de tesoros energéticos, mediante una jugada de sacrificio que consistiría en retirar el planteamiento felipillo original (o, en caso de que el proceso legislativo no permitiera esa declinación, dejar de defender y promover tal iniciativa, dándole rápida muerte virtual asistida) y tratar de salvar lo que fuera posible del primer esquema privatizador con el reparto a franjas del PRI y del PRD-AN (es decir, el PRD de Acosta Naranjo) de porciones del pastel en peligro a cambio de que el tripartidismo negociado presente una reformulación “de consenso”.
La posibilidad del retiro mediante toque de clarín ha sido fortalecida porque el comandante Calderón dijo ayer en Salamanca, donde tuvo entre otros acompañantes al líder sindical petrolero, el afamado y nunca bien ponderado (por las revistas del jet set) Carlos Romero Deschamps, que se puede ir “más rápido” en cuanto a reformas petroleras “si los mexicanos logramos ponernos de acuerdo” y se consigue una propuesta de cambios que “reúna los puntos de vista diferentes de todas las partes”. El reconocimiento de última hora de que si la abuelita reformista tuviera ruedas sería auto de Fórmula Uno, se produjo en una ceremonia de indicativa denominación: “Pro aire”, se llama el programa ambiental que ayer inauguró, pero también pareciera que con ese muy reciente (y sospechosista) ánimo plural e incluyente, el propio F.C. busca darse aire en una batalla política, social, histórica y éticamente perdida. No son esos ánimos ni esas palabras lo que Calderón Hinojosa presentaba cuando quería una aprobación legislativa de madruguete en abril pasado, ni cuando creía que el debate senatorial forzado le daría alguna ventaja.
El fantasma del toque de retirada ha generado histeria y paranoia escénicas en Germán Martínez, que en busca de dar veracidad a posteriores acuerdos con su cómplice disfrazado de presidente sustituto del sol azteca dice temer que Acosta Naranjo Guadalupe pudiese estar ofreciendo tramposamente su disposición a negociar (¿qué tal si AN-G es en realidad un lopezobradorista fanático que, para mejor servir a éste, se hace pasar como traidor y oportunista?). El jefe Manlio, en cambio, le da el avión a las ansias toreras de AN-G y anuncia que está dispuesto a analizar posibles pactos tripartidistas de rescate, pero el Partido Revolucionario Institucional presentará en estos días venideros su propio proyecto de reforma energética. La todavía presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, ha tomado al vuelo la oportunidad de parecer crítica o alternativa y declaró a la prensa que su jefe Felipe bien haría con retirar la multimencionada iniciativa petrolera (por cierto, Ruth está considerando la posibilidad de confirmar a todos la solidez de su izquierdismo, si es que acepta irse como alta funcionaria al gabinete del panista disfrazado de PRD que gobierna el estado de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, de quien buscaría ser sucesora.
Los alineamientos que están mostrando los principales personajes de la colaboracionista corriente perredista llamada Nueva Izquierda, sugieren que está en marcha un intento de hacer a un lado la iniciativa felipense de reforma, tal como venía y tal como ha sido sonoramente derrotada, para dar paso a un “acuerdo” tripartidista que mantenga lo esencial de las ambiciones de los privatizadores (que el negocio, pensado para unos cuantos, siga siendo negocio, aunque a esos cuantos haya que agregar unos pocos más) pero, sobre todo, que permita desatar una apabullante campaña mediática que celebre el arribo de tan patrióticos arreglos que estarían dando muestra de que la elite política puede llegar a convenios de elevado espíritu (¡aprobados incluso por los chuchos y por el ingeniero Cárdenas!, ¿qué más se puede pedir?) y que, por tanto, deben ser declarados exentos de dudas y suspicacias de parte del lopezobradorismo resistente que entonces ya no debería pensar en movilizaciones ni protestas, sino prorrumpir en aplausos y loas para la manera tan civilizada, moderna y conveniente como se resolvió el nudo que amenazaba con desbordar la paz social y que ahora estaría en vías de acabar en un coctel de negocios reseñable en alguna revista española de “sociales”.
Hoy se habla ya de toque de retirada, que es el sonar castrense que ordena la recogida de las tropas; falta el toque de retreta, que sirve para avisar a la tropa que es hora de dormir.
Astillas
Sólo en un país de muy carcomidas instituciones y de funcionarios públicos con mucha cara dura es posible que siga como presunto responsable de la gobernación interna un personaje al que, de manera creciente, se le conocen rotundos conflictos de interés expresados en contratos petroleros asignados a las empresas de su familia. Juan Camilo Mouriño Terrazo ofende a los mexicanos, daña al gobierno al que pertenece y pervierte los conceptos del servicio público al seguir al frente de la Secretaría de Gobernación por el capricho de su jefe, amigo y socio político, y al atreverse a seguir hablando de “transparencia”, “rendición de cuentas”, “democracia”, “estado de derecho” y otras linduras que contrastan con hechos como la reciente aparición, por solicitud hecha ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), de 108 contratos más que Pemex Refinación celebró con la empresa de la familia Mouriño, Estaciones de Servicio del Grupo Energético del Sureste (Pemex Refinación había asegurado, meses atrás, que no existía constancia de más documentos de ese tipo)... Y, mientras en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sigue al mando el equipo del renunciante Rodolfo Félix Cárdenas (era subprocurador quien entró al relevo), y en la delegación política Gustavo A. Madero ha quedado como relevo de Francisco Chiguil el personaje que él mismo colocó expresamente como coordinador de asesores en prevención de una licencia definitiva, ¡feliz fin de semana!
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/18/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ ¿Toque de retirada?
■ Clarín engañoso
■ Acuerdos patrióticos
A pocos días de que terminen los debates senatoriales en que su propuesta de reforma petrolera fue ampliamente refutada con argumentos técnicos, económicos, históricos y políticos, el calderonismo explora en aguas nada profundas la posibilidad de seguir con su proyecto de rescate faccioso de tesoros energéticos, mediante una jugada de sacrificio que consistiría en retirar el planteamiento felipillo original (o, en caso de que el proceso legislativo no permitiera esa declinación, dejar de defender y promover tal iniciativa, dándole rápida muerte virtual asistida) y tratar de salvar lo que fuera posible del primer esquema privatizador con el reparto a franjas del PRI y del PRD-AN (es decir, el PRD de Acosta Naranjo) de porciones del pastel en peligro a cambio de que el tripartidismo negociado presente una reformulación “de consenso”.
La posibilidad del retiro mediante toque de clarín ha sido fortalecida porque el comandante Calderón dijo ayer en Salamanca, donde tuvo entre otros acompañantes al líder sindical petrolero, el afamado y nunca bien ponderado (por las revistas del jet set) Carlos Romero Deschamps, que se puede ir “más rápido” en cuanto a reformas petroleras “si los mexicanos logramos ponernos de acuerdo” y se consigue una propuesta de cambios que “reúna los puntos de vista diferentes de todas las partes”. El reconocimiento de última hora de que si la abuelita reformista tuviera ruedas sería auto de Fórmula Uno, se produjo en una ceremonia de indicativa denominación: “Pro aire”, se llama el programa ambiental que ayer inauguró, pero también pareciera que con ese muy reciente (y sospechosista) ánimo plural e incluyente, el propio F.C. busca darse aire en una batalla política, social, histórica y éticamente perdida. No son esos ánimos ni esas palabras lo que Calderón Hinojosa presentaba cuando quería una aprobación legislativa de madruguete en abril pasado, ni cuando creía que el debate senatorial forzado le daría alguna ventaja.
El fantasma del toque de retirada ha generado histeria y paranoia escénicas en Germán Martínez, que en busca de dar veracidad a posteriores acuerdos con su cómplice disfrazado de presidente sustituto del sol azteca dice temer que Acosta Naranjo Guadalupe pudiese estar ofreciendo tramposamente su disposición a negociar (¿qué tal si AN-G es en realidad un lopezobradorista fanático que, para mejor servir a éste, se hace pasar como traidor y oportunista?). El jefe Manlio, en cambio, le da el avión a las ansias toreras de AN-G y anuncia que está dispuesto a analizar posibles pactos tripartidistas de rescate, pero el Partido Revolucionario Institucional presentará en estos días venideros su propio proyecto de reforma energética. La todavía presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, ha tomado al vuelo la oportunidad de parecer crítica o alternativa y declaró a la prensa que su jefe Felipe bien haría con retirar la multimencionada iniciativa petrolera (por cierto, Ruth está considerando la posibilidad de confirmar a todos la solidez de su izquierdismo, si es que acepta irse como alta funcionaria al gabinete del panista disfrazado de PRD que gobierna el estado de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, de quien buscaría ser sucesora.
Los alineamientos que están mostrando los principales personajes de la colaboracionista corriente perredista llamada Nueva Izquierda, sugieren que está en marcha un intento de hacer a un lado la iniciativa felipense de reforma, tal como venía y tal como ha sido sonoramente derrotada, para dar paso a un “acuerdo” tripartidista que mantenga lo esencial de las ambiciones de los privatizadores (que el negocio, pensado para unos cuantos, siga siendo negocio, aunque a esos cuantos haya que agregar unos pocos más) pero, sobre todo, que permita desatar una apabullante campaña mediática que celebre el arribo de tan patrióticos arreglos que estarían dando muestra de que la elite política puede llegar a convenios de elevado espíritu (¡aprobados incluso por los chuchos y por el ingeniero Cárdenas!, ¿qué más se puede pedir?) y que, por tanto, deben ser declarados exentos de dudas y suspicacias de parte del lopezobradorismo resistente que entonces ya no debería pensar en movilizaciones ni protestas, sino prorrumpir en aplausos y loas para la manera tan civilizada, moderna y conveniente como se resolvió el nudo que amenazaba con desbordar la paz social y que ahora estaría en vías de acabar en un coctel de negocios reseñable en alguna revista española de “sociales”.
Hoy se habla ya de toque de retirada, que es el sonar castrense que ordena la recogida de las tropas; falta el toque de retreta, que sirve para avisar a la tropa que es hora de dormir.
Astillas
Sólo en un país de muy carcomidas instituciones y de funcionarios públicos con mucha cara dura es posible que siga como presunto responsable de la gobernación interna un personaje al que, de manera creciente, se le conocen rotundos conflictos de interés expresados en contratos petroleros asignados a las empresas de su familia. Juan Camilo Mouriño Terrazo ofende a los mexicanos, daña al gobierno al que pertenece y pervierte los conceptos del servicio público al seguir al frente de la Secretaría de Gobernación por el capricho de su jefe, amigo y socio político, y al atreverse a seguir hablando de “transparencia”, “rendición de cuentas”, “democracia”, “estado de derecho” y otras linduras que contrastan con hechos como la reciente aparición, por solicitud hecha ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), de 108 contratos más que Pemex Refinación celebró con la empresa de la familia Mouriño, Estaciones de Servicio del Grupo Energético del Sureste (Pemex Refinación había asegurado, meses atrás, que no existía constancia de más documentos de ese tipo)... Y, mientras en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sigue al mando el equipo del renunciante Rodolfo Félix Cárdenas (era subprocurador quien entró al relevo), y en la delegación política Gustavo A. Madero ha quedado como relevo de Francisco Chiguil el personaje que él mismo colocó expresamente como coordinador de asesores en prevención de una licencia definitiva, ¡feliz fin de semana!
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Rayuela
Los que hablan de diálogo y consenso son los primeros en perder los estribos cuando los enfrentan a crudas realidades.
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