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miércoles, 16 de julio de 2008
Sospechosismo confirmado · Rocha
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Test de cultura general · El Fisgón
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Editorial
Irak: derrota y responsabilidades
El virtual candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó ayer que, en caso de ganar las elecciones de noviembre próximo, pondrá fin a la guerra en Irak “de forma responsable” y procurará “llevar a buen término” el combate con la organización terrorista Al Qaeda y el talibán. Al mismo tiempo, el senador por Illinois reconoció que la cruzada bélica iniciada a principios de esta década por el presidente George W. Bush ha sido particularmente desastrosa para la seguridad, la economía y la imagen mundial de Estados Unidos, y que “el frente central de la guerra contra el terrorismo no está en Irak, y jamás lo estuvo”.
Estas declaraciones apuntalan la percepción generalizada de que la aventura bélica emprendida hace un lustro por la administración Bush, que desde un principio enfrentó la desaprobación de la comunidad internacional y masivas muestras de repudio de la opinión pública, no fue un intento por combatir el terrorismo mundial ni por eliminar imaginarias armas de destrucción masiva, sino una maniobra para proyectar los intereses geoestratégicos y económicos de la mafia político-empresarial que aún controla la Casa Blanca.
Lo dicho por Obama es positivo y esperanzador porque reconoce la imperiosa necesidad de poner fin a una guerra que ha empeorado sustancialmente la inseguridad mundial, que ha conllevado destrucción, violencia, muerte, sufrimiento y zozobra en Irak y en el mundo, y que ha costado la vida de más de 4 mil soldados estadunidenses y de centenas de miles de civiles iraquíes inocentes. Adicionalmente, el mero hecho de que tales declaraciones provengan de uno de los candidatos presidenciales –el que encabeza, por cierto, las preferencias electorales– da viabilidad a una perspectiva que, por elementales consideraciones humanitarias, ha sido deseable desde hace mucho tiempo.
Es de suponer, sin embargo, que el eventual retiro de las tropas estadunidenses de territorio iraquí, incluso en caso de que Obama arribe a la Casa Blanca, enfrentará la oposición de los sectores herederos de la tradición militarista y colonialista de Estados Unidos –de los cuales forma parte el aspirante republicano John McCain–, empecinados en mantener la ocupación militar ilegal y devastadora de esa nación asiática. Significativamente, el propio McCain dijo ayer, en respuesta a la alocución de su contrincante, que la llamada “guerra contra el terrorismo” ha sido “exitosa” y que, “con el número apropiado de soldados”, Estados Unidos puede “ganar a la vez en Irak y en Afganistán”.
Una dificultad principal para resolver la catástrofe creada por Bush en el Golfo Pérsico estriba en remontar los patrioterismos y los triunfalismos en falso de tales sectores. Y es que la conclusión de la guerra en Irak no puede limitarse al retiro de las tropas ocupantes; se requiere, incluso antes de regresar las fuerzas invasoras a su país de origen, que la opinión pública, la sociedad y sobre todo la clase política estadunidense reconozcan con realismo que la superpotencia ha perdido la guerra y que asuman la enorme derrota militar, política, diplomática y hasta moral que esto implica. En efecto, en la guerra de Irak la sociedad estadunidense se encuentra entre los muchos perdedores del conflicto, el cual tiene, por lo demás, un solo beneficiario: el grupo empresarial de consultores y contratistas encabezado por Halliburton, cuyos integrantes han lucrado con el desastre y la tragedia y han obtenido ganancias astronómicas.
Tal reconocimiento es necesario para que la parte agresora empiece a contrarrestar los saldos de destrucción humana y material causados por esa guerra y para que, de conformidad con ese reconocimiento, el gobierno que habrá de tomar posesión en enero próximo actúe como lo hacen los estados perdedores: con el retiro de sus tropas, el traspaso de los puntos del territorio iraquí que controla a la Organización de las Naciones Unidas –a fin de que el organismo se encargue de emprender un proceso de pacificación y de vigilar que se completen sus procesos de transición democrática y normalización de su vida institucional–. Además, ante la devastación injustificada de Irak y de su población, Estados Unidos tiene la responsabilidad internacional de contribuir económicamente en la reconstrucción de Irak y de aceptar los juicios correspondientes por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los cinco años que ha durado la ocupación. En lo interno, George W. Bush tendría que rendir cuentas por haber involucrado a su país, mediante mentiras deliberadas, en una guerra catastrófica.
Si no se procede de esa manera, no habrá forma de detener la degradación moral provocada en la vida institucional estadunidense por el todavía presidente ni de despejar los masivos y justificados rencores sembrados en el mundo árabe en el último lustro, los cuales, de permanecer irresueltos, tarde o temprano terminarían por generar expresiones de odio equivalentes a las del 11 de septiembre de 2001.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=opinion&article=002a1edi
El virtual candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó ayer que, en caso de ganar las elecciones de noviembre próximo, pondrá fin a la guerra en Irak “de forma responsable” y procurará “llevar a buen término” el combate con la organización terrorista Al Qaeda y el talibán. Al mismo tiempo, el senador por Illinois reconoció que la cruzada bélica iniciada a principios de esta década por el presidente George W. Bush ha sido particularmente desastrosa para la seguridad, la economía y la imagen mundial de Estados Unidos, y que “el frente central de la guerra contra el terrorismo no está en Irak, y jamás lo estuvo”.
Estas declaraciones apuntalan la percepción generalizada de que la aventura bélica emprendida hace un lustro por la administración Bush, que desde un principio enfrentó la desaprobación de la comunidad internacional y masivas muestras de repudio de la opinión pública, no fue un intento por combatir el terrorismo mundial ni por eliminar imaginarias armas de destrucción masiva, sino una maniobra para proyectar los intereses geoestratégicos y económicos de la mafia político-empresarial que aún controla la Casa Blanca.
Lo dicho por Obama es positivo y esperanzador porque reconoce la imperiosa necesidad de poner fin a una guerra que ha empeorado sustancialmente la inseguridad mundial, que ha conllevado destrucción, violencia, muerte, sufrimiento y zozobra en Irak y en el mundo, y que ha costado la vida de más de 4 mil soldados estadunidenses y de centenas de miles de civiles iraquíes inocentes. Adicionalmente, el mero hecho de que tales declaraciones provengan de uno de los candidatos presidenciales –el que encabeza, por cierto, las preferencias electorales– da viabilidad a una perspectiva que, por elementales consideraciones humanitarias, ha sido deseable desde hace mucho tiempo.
Es de suponer, sin embargo, que el eventual retiro de las tropas estadunidenses de territorio iraquí, incluso en caso de que Obama arribe a la Casa Blanca, enfrentará la oposición de los sectores herederos de la tradición militarista y colonialista de Estados Unidos –de los cuales forma parte el aspirante republicano John McCain–, empecinados en mantener la ocupación militar ilegal y devastadora de esa nación asiática. Significativamente, el propio McCain dijo ayer, en respuesta a la alocución de su contrincante, que la llamada “guerra contra el terrorismo” ha sido “exitosa” y que, “con el número apropiado de soldados”, Estados Unidos puede “ganar a la vez en Irak y en Afganistán”.
Una dificultad principal para resolver la catástrofe creada por Bush en el Golfo Pérsico estriba en remontar los patrioterismos y los triunfalismos en falso de tales sectores. Y es que la conclusión de la guerra en Irak no puede limitarse al retiro de las tropas ocupantes; se requiere, incluso antes de regresar las fuerzas invasoras a su país de origen, que la opinión pública, la sociedad y sobre todo la clase política estadunidense reconozcan con realismo que la superpotencia ha perdido la guerra y que asuman la enorme derrota militar, política, diplomática y hasta moral que esto implica. En efecto, en la guerra de Irak la sociedad estadunidense se encuentra entre los muchos perdedores del conflicto, el cual tiene, por lo demás, un solo beneficiario: el grupo empresarial de consultores y contratistas encabezado por Halliburton, cuyos integrantes han lucrado con el desastre y la tragedia y han obtenido ganancias astronómicas.
Tal reconocimiento es necesario para que la parte agresora empiece a contrarrestar los saldos de destrucción humana y material causados por esa guerra y para que, de conformidad con ese reconocimiento, el gobierno que habrá de tomar posesión en enero próximo actúe como lo hacen los estados perdedores: con el retiro de sus tropas, el traspaso de los puntos del territorio iraquí que controla a la Organización de las Naciones Unidas –a fin de que el organismo se encargue de emprender un proceso de pacificación y de vigilar que se completen sus procesos de transición democrática y normalización de su vida institucional–. Además, ante la devastación injustificada de Irak y de su población, Estados Unidos tiene la responsabilidad internacional de contribuir económicamente en la reconstrucción de Irak y de aceptar los juicios correspondientes por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los cinco años que ha durado la ocupación. En lo interno, George W. Bush tendría que rendir cuentas por haber involucrado a su país, mediante mentiras deliberadas, en una guerra catastrófica.
Si no se procede de esa manera, no habrá forma de detener la degradación moral provocada en la vida institucional estadunidense por el todavía presidente ni de despejar los masivos y justificados rencores sembrados en el mundo árabe en el último lustro, los cuales, de permanecer irresueltos, tarde o temprano terminarían por generar expresiones de odio equivalentes a las del 11 de septiembre de 2001.
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Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Anulaciones
■ Censura y manipulación
■ Adiós, derechos humanos
En el colmo de la soberbia, Televisa ha sido pillada “anulando” la imagen de un personaje político que detesta en especial. Pero el caso de Santiago Creel y sus pleitos de pandilla con sus antiguos socios bien pagados en materia de azares (sorteos y juegos) no es más que una escandalosa pero no tan profunda muestra de lo que el duopolio televisivo puede hacer para modificar a su conveniencia los hechos políticos y desatar contra determinados personajes los amores y odios fáciles que provienen de las manipulaciones periodísticas electrónicas.
Esos mismos mecanismos de defraudación periodística y comunicacional han sido largamente puestos en práctica. Primero, contra la campaña de quien consideraban un peligro para Televisa (Emilio Azcárraga Jean llegó a enseñar a López Obrador un presunto proyecto de expropiación de la empresa que, según eso, le había llegado al joven ejecutivo de fuentes altamente confiables); luego, contra el movimiento cívico que se enfrentó al fraude electoral consumado y, finalmente, al proceso de conversión de esa protesta comicial en una resistente estructura social que entre otras cosas defiende la riqueza pública de los apetitos privados, en específico en el caso del petróleo.
Televisa (y, desde luego, Televisión Azteca, pero este caso resulta más grotescamente evidente) ha anulado de su ejercicio diario de comunicación y periodismo a un segmento muy importante de mexicanos cuyas opiniones y acciones políticas son desdeñadas, manipuladas o tramposamente analizadas por ese poder fáctico. En el caso de pasiones confrontadas que involucra al antiguo cómplice Creel, la Secretaría de Gobernación –a cargo de otro damnificado político que ha encontrado cobijo y montajes escénicos en el canal de las estrellas– ha hecho que un funcionario de tercer nivel haga cuidadas reconvenciones al monstruo con antenas. Y en ese foro de hipocresías convenidas el gigante abusivo acepta los errores cometidos al mover la larga cola con descuido (un error de edición, ha dicho Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa) y ofrece disculpas en especie (una entrevistota en Primero Noticias) al tibio “disidente” que a fin de cuentas siempre acaba sujetándose a las órdenes superiores en los episodios que inaugura con luego olvidadas posturas “independientes”.
Pero ni Televisa ni Televisión Azteca habrán de reconocer que diariamente censuran a una parte de México y que con sus comentarios y formas de presentar la información agreden a quienes resisten y se oponen a esos poderes fácticos embriagados de hacer “negocios” de cuello ya no tan blanco. Ya otra entrevistota de compensación le fue ofrecida antes a López Obrador, aunque el presunto regalo generoso fue convertido en el foro en una agresión ajena a cualquier parámetro de verdadero periodismo. Sin embargo, Televisa tendrá con Creel una buena oportunidad de mostrarse dispuesta a reconocer determinados errores (cometidos contra suavizados “opositores” otra vez deseosos de pelear candidaturas presidenciales arregladas con los poderes electrónicos), pero seguirá anulando, editando y distorsionando a la parte del México que permanentemente combate (ya está en puerta otra temporada de canalladas, si Calderón y sus socios se empeñan en hacer aprobar la reforma petrolera y la oposición civil pasa a nuevas etapas de resistencia).
Otra anulación en curso ha sido la de los derechos humanos que, al menos hasta la llegada de Felipe Calderón a la comandancia general del Ejército, no había sido tan extendida y descarada. Los gobiernos del priísmo clásico y el del panismo foxista, éste más bien dedicado al enriquecimiento grupal y familiar, habían enderezado las baterías represoras a selectos adversarios políticos del régimen. Pero, con el general michoacano de cinco estrellas, y con la tal “guerra contra el narcotráfico” como justificación, el poder militar ha sido peligrosamente sacado de los cuarteles para que en las calles y frente a civiles supliera las carencias de un gobierno sin legitimidad ni fuerza propia y estableciera nuevas formas mercantiles de reacomodo del negocio de las drogas. En ese camino históricamente sabido de abusos y violaciones graves a la población cuando se le somete al paso castrense por razones políticas, la fuerza verde olivo ha cometido tantas barbaridades que el prudente, y muchas veces alineado, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor en gastritis José Luis Soberanes, ha hecho un estremecedor recuento de las andanzas criminales de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Organismos defensores de los derechos humanos, no oficialistas, han delineado escenarios peores. Pero Calderón insiste en sostenerse mediante soldados y con el temor social como mecanismo de control, anulando a los pobladores y sus derechos, en aras de una gobernabilidad armada.
Se disiparon las dudas sobre la manera como los organizadores de la consulta petrolera plantearían el tema a los concurrentes a las urnas cívicas. Contra la prejuiciada insistencia de quienes suponían que las preguntas de esa consulta serían inductoras de respuestas que por tanto tendrían poco valor, los términos en que se ha anunciado el cuestionario parecen aceptables. En cambio, cada día queda más clara la postura divisoria y entreguista del presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo (Ganar), quien negocia con Germán Martínez y Jesús Murillo Karam una presunta propuesta conjunta de salvamento del naufragio reformista calderónico. Carece el chuchista AN de la autoridad política y social (aunque la tenga en términos formales acotados) para participar en tianguis energéticos, pero a fin de cuentas esa fue y es la esencia de lo que Nueva Izquierda pelea: arreglos con el poder práctico que de palabra es desconocido; que la regadera del petróleo sea abierta a lo privado, pero también que salpique. Y, mientras Chiguil sigue peleando por su restitución, ¡hasta mañana, en esta columna cuyas bilis serán llamadas errores de edición!
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Anulaciones
■ Censura y manipulación
■ Adiós, derechos humanos
En el colmo de la soberbia, Televisa ha sido pillada “anulando” la imagen de un personaje político que detesta en especial. Pero el caso de Santiago Creel y sus pleitos de pandilla con sus antiguos socios bien pagados en materia de azares (sorteos y juegos) no es más que una escandalosa pero no tan profunda muestra de lo que el duopolio televisivo puede hacer para modificar a su conveniencia los hechos políticos y desatar contra determinados personajes los amores y odios fáciles que provienen de las manipulaciones periodísticas electrónicas.
Esos mismos mecanismos de defraudación periodística y comunicacional han sido largamente puestos en práctica. Primero, contra la campaña de quien consideraban un peligro para Televisa (Emilio Azcárraga Jean llegó a enseñar a López Obrador un presunto proyecto de expropiación de la empresa que, según eso, le había llegado al joven ejecutivo de fuentes altamente confiables); luego, contra el movimiento cívico que se enfrentó al fraude electoral consumado y, finalmente, al proceso de conversión de esa protesta comicial en una resistente estructura social que entre otras cosas defiende la riqueza pública de los apetitos privados, en específico en el caso del petróleo.
Televisa (y, desde luego, Televisión Azteca, pero este caso resulta más grotescamente evidente) ha anulado de su ejercicio diario de comunicación y periodismo a un segmento muy importante de mexicanos cuyas opiniones y acciones políticas son desdeñadas, manipuladas o tramposamente analizadas por ese poder fáctico. En el caso de pasiones confrontadas que involucra al antiguo cómplice Creel, la Secretaría de Gobernación –a cargo de otro damnificado político que ha encontrado cobijo y montajes escénicos en el canal de las estrellas– ha hecho que un funcionario de tercer nivel haga cuidadas reconvenciones al monstruo con antenas. Y en ese foro de hipocresías convenidas el gigante abusivo acepta los errores cometidos al mover la larga cola con descuido (un error de edición, ha dicho Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa) y ofrece disculpas en especie (una entrevistota en Primero Noticias) al tibio “disidente” que a fin de cuentas siempre acaba sujetándose a las órdenes superiores en los episodios que inaugura con luego olvidadas posturas “independientes”.
Pero ni Televisa ni Televisión Azteca habrán de reconocer que diariamente censuran a una parte de México y que con sus comentarios y formas de presentar la información agreden a quienes resisten y se oponen a esos poderes fácticos embriagados de hacer “negocios” de cuello ya no tan blanco. Ya otra entrevistota de compensación le fue ofrecida antes a López Obrador, aunque el presunto regalo generoso fue convertido en el foro en una agresión ajena a cualquier parámetro de verdadero periodismo. Sin embargo, Televisa tendrá con Creel una buena oportunidad de mostrarse dispuesta a reconocer determinados errores (cometidos contra suavizados “opositores” otra vez deseosos de pelear candidaturas presidenciales arregladas con los poderes electrónicos), pero seguirá anulando, editando y distorsionando a la parte del México que permanentemente combate (ya está en puerta otra temporada de canalladas, si Calderón y sus socios se empeñan en hacer aprobar la reforma petrolera y la oposición civil pasa a nuevas etapas de resistencia).
Otra anulación en curso ha sido la de los derechos humanos que, al menos hasta la llegada de Felipe Calderón a la comandancia general del Ejército, no había sido tan extendida y descarada. Los gobiernos del priísmo clásico y el del panismo foxista, éste más bien dedicado al enriquecimiento grupal y familiar, habían enderezado las baterías represoras a selectos adversarios políticos del régimen. Pero, con el general michoacano de cinco estrellas, y con la tal “guerra contra el narcotráfico” como justificación, el poder militar ha sido peligrosamente sacado de los cuarteles para que en las calles y frente a civiles supliera las carencias de un gobierno sin legitimidad ni fuerza propia y estableciera nuevas formas mercantiles de reacomodo del negocio de las drogas. En ese camino históricamente sabido de abusos y violaciones graves a la población cuando se le somete al paso castrense por razones políticas, la fuerza verde olivo ha cometido tantas barbaridades que el prudente, y muchas veces alineado, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor en gastritis José Luis Soberanes, ha hecho un estremecedor recuento de las andanzas criminales de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. Organismos defensores de los derechos humanos, no oficialistas, han delineado escenarios peores. Pero Calderón insiste en sostenerse mediante soldados y con el temor social como mecanismo de control, anulando a los pobladores y sus derechos, en aras de una gobernabilidad armada.
Se disiparon las dudas sobre la manera como los organizadores de la consulta petrolera plantearían el tema a los concurrentes a las urnas cívicas. Contra la prejuiciada insistencia de quienes suponían que las preguntas de esa consulta serían inductoras de respuestas que por tanto tendrían poco valor, los términos en que se ha anunciado el cuestionario parecen aceptables. En cambio, cada día queda más clara la postura divisoria y entreguista del presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo (Ganar), quien negocia con Germán Martínez y Jesús Murillo Karam una presunta propuesta conjunta de salvamento del naufragio reformista calderónico. Carece el chuchista AN de la autoridad política y social (aunque la tenga en términos formales acotados) para participar en tianguis energéticos, pero a fin de cuentas esa fue y es la esencia de lo que Nueva Izquierda pelea: arreglos con el poder práctico que de palabra es desconocido; que la regadera del petróleo sea abierta a lo privado, pero también que salpique. Y, mientras Chiguil sigue peleando por su restitución, ¡hasta mañana, en esta columna cuyas bilis serán llamadas errores de edición!
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Rayuela
Qué buena noticia.
Ahora todos los que han sido editados por las televisoras podrán acudir a Gobernación, que de seguro los atenderá con la misma diligencia que al senador Creel.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/16/index.php
Ahora todos los que han sido editados por las televisoras podrán acudir a Gobernación, que de seguro los atenderá con la misma diligencia que al senador Creel.
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