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martes, 20 de mayo de 2008
Editorial
Mexicanos en EU: comparación atinada
El relator especial de Derechos Humanos para los Migrantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Bustamante, señaló ayer que las redadas que se realizan en territorio estadunidense en contra de indocumentados mexicanos son similares en brutalidad a las que se llevaban a cabo en la Alemania nazi contra el pueblo judío.
La comparación levantará ámpula. Ciertamente, el propio Bustamante señaló la pertinencia de guardar las proporciones entre una circunstancia y otra y de considerar la diferencia fundamental entre las fuerzas formales e informales del Tercer Reich, que tenían como propósito final el exterminio, y las corporaciones policiales de Washington, que no buscan conducir a los extranjeros a las cámaras de gas, sino a la cárcel o a los puestos de deportación, y cuyo propósito último no es el cumplimiento de la ley, sino la modulación de la oferta de mano de obra barata en función de las necesidades de la economía. Pero no pueden negarse los puntos en común de ambas situaciones: la brutalidad policial, que no para mientes en garantías individuales ni en derechos humanos y el hecho de que se consagra a perseguir a inocentes.
Desde esa perspectiva, el símil que plantea Bustamante resulta acertado para caracterizar el abuso y atropello de que son objeto cotidianamente los connacionales en el país vecino. Así, la inaceptable política de persecución que el gobierno estadunidense –autodenominado defensor mundial de los derechos humanos y la legalidad– puso en marcha hace más de una década confirma su papel como principal violador de las garantías individuales dentro y fuera de su territorio y demuestra, al mismo tiempo, el empecinamiento en desconocer un fenómeno inherente a las sociedades humanas y que en la actualidad se ve acentuado por una economía global impulsada desde Washington, generadora de grandes asimetrías económicas, promotora de la movilidad de capitales y fuentes de empleo, y cuya consecuencia inevitable es el flujo de personas de un país a otro, en busca de las condiciones mínimamente dignas que sus lugares de origen les niegan.
Otro aspecto destacable de los señalamientos del funcionario internacional es la “indiferencia increíble de la sociedad mexicana sobre lo que les pasa a los emigrantes mexicanos en Estados Unidos” y la acusación al gobierno federal por incumplir su obligación legal de proteger a sus ciudadanos en el extranjero.
Las declaraciones del relator especial de la ONU apuntan a una actitud reprobable y vergonzosa de las autoridades mexicanas, en cuya agenda bilateral con Estados Unidos dominan temas como el acuerdo de asistencia militar denominado Iniciativa Mérida, que es una amenaza para la soberanía nacional y, en cambio, no aparecen o lo hacen “de forma minúscula”, las discusiones en torno a la política criminal que enfrentan los mexicanos indocumentados en el vecino país del norte.
Esta circunstancia no es de extrañar cuando el propio Felipe Calderón ha dado signos de su falta de interés por la situación de ese sector de la población, a pesar de que constituye uno de los sostenes de la economía nacional: como botón de muestra, baste mencionar que, durante la gira que realizó en febrero pasado por territorio estadunidense, el jefe del Ejecutivo federal dedicó la mayor parte de su tiempo a entrevistarse con funcionarios –algunos, realmente menores– y empresarios del país vecino, pero minutos escasos y contados a las organizaciones de migrantes, con lo que desperdició la oportunidad de dar algún sentido a una visita marcada por tropiezos y deficiencias organizativas de la delegación presidencial y por la indiferencia de la clase política estadunidense y los medios locales de comunicación, inmersos en el proceso electoral que vive aquel país.
Por lo demás, como apuntó el propio Bustamante, resultan también inaceptables los atropellos que padecen a manos de policías nacionales los migrantes centroamericanos que llegan sin permiso a territorio nacional.
Sin duda, las recientes modificaciones a la Ley General de Población, que despenalizan la inmigración indocumentada a nuestro país y la reducen a falta administrativa, constituyen un buen paso inicial en el ámbito de lo formal con respecto al trato humanitario y en el reconocimiento de la realidad global contemporánea. Pero este avance legal no servirá de nada si no se traduce en hechos. Para ello, la sociedad debe demandar a las autoridades mexicanas un compromiso efectivo para hacer valer los derechos de los migrantes sin papeles que ingresan a territorio nacional, por elementales razones humanitarias, y porque en tanto eso no suceda, el gobierno mexicano carecerá de la autoridad moral para demandar al estadunidense un trato más justo y humano para los mexicanos que viven y trabajan en la nación vecina del norte.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=opinion&article=002a1edi
El relator especial de Derechos Humanos para los Migrantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Bustamante, señaló ayer que las redadas que se realizan en territorio estadunidense en contra de indocumentados mexicanos son similares en brutalidad a las que se llevaban a cabo en la Alemania nazi contra el pueblo judío.
La comparación levantará ámpula. Ciertamente, el propio Bustamante señaló la pertinencia de guardar las proporciones entre una circunstancia y otra y de considerar la diferencia fundamental entre las fuerzas formales e informales del Tercer Reich, que tenían como propósito final el exterminio, y las corporaciones policiales de Washington, que no buscan conducir a los extranjeros a las cámaras de gas, sino a la cárcel o a los puestos de deportación, y cuyo propósito último no es el cumplimiento de la ley, sino la modulación de la oferta de mano de obra barata en función de las necesidades de la economía. Pero no pueden negarse los puntos en común de ambas situaciones: la brutalidad policial, que no para mientes en garantías individuales ni en derechos humanos y el hecho de que se consagra a perseguir a inocentes.
Desde esa perspectiva, el símil que plantea Bustamante resulta acertado para caracterizar el abuso y atropello de que son objeto cotidianamente los connacionales en el país vecino. Así, la inaceptable política de persecución que el gobierno estadunidense –autodenominado defensor mundial de los derechos humanos y la legalidad– puso en marcha hace más de una década confirma su papel como principal violador de las garantías individuales dentro y fuera de su territorio y demuestra, al mismo tiempo, el empecinamiento en desconocer un fenómeno inherente a las sociedades humanas y que en la actualidad se ve acentuado por una economía global impulsada desde Washington, generadora de grandes asimetrías económicas, promotora de la movilidad de capitales y fuentes de empleo, y cuya consecuencia inevitable es el flujo de personas de un país a otro, en busca de las condiciones mínimamente dignas que sus lugares de origen les niegan.
Otro aspecto destacable de los señalamientos del funcionario internacional es la “indiferencia increíble de la sociedad mexicana sobre lo que les pasa a los emigrantes mexicanos en Estados Unidos” y la acusación al gobierno federal por incumplir su obligación legal de proteger a sus ciudadanos en el extranjero.
Las declaraciones del relator especial de la ONU apuntan a una actitud reprobable y vergonzosa de las autoridades mexicanas, en cuya agenda bilateral con Estados Unidos dominan temas como el acuerdo de asistencia militar denominado Iniciativa Mérida, que es una amenaza para la soberanía nacional y, en cambio, no aparecen o lo hacen “de forma minúscula”, las discusiones en torno a la política criminal que enfrentan los mexicanos indocumentados en el vecino país del norte.
Esta circunstancia no es de extrañar cuando el propio Felipe Calderón ha dado signos de su falta de interés por la situación de ese sector de la población, a pesar de que constituye uno de los sostenes de la economía nacional: como botón de muestra, baste mencionar que, durante la gira que realizó en febrero pasado por territorio estadunidense, el jefe del Ejecutivo federal dedicó la mayor parte de su tiempo a entrevistarse con funcionarios –algunos, realmente menores– y empresarios del país vecino, pero minutos escasos y contados a las organizaciones de migrantes, con lo que desperdició la oportunidad de dar algún sentido a una visita marcada por tropiezos y deficiencias organizativas de la delegación presidencial y por la indiferencia de la clase política estadunidense y los medios locales de comunicación, inmersos en el proceso electoral que vive aquel país.
Por lo demás, como apuntó el propio Bustamante, resultan también inaceptables los atropellos que padecen a manos de policías nacionales los migrantes centroamericanos que llegan sin permiso a territorio nacional.
Sin duda, las recientes modificaciones a la Ley General de Población, que despenalizan la inmigración indocumentada a nuestro país y la reducen a falta administrativa, constituyen un buen paso inicial en el ámbito de lo formal con respecto al trato humanitario y en el reconocimiento de la realidad global contemporánea. Pero este avance legal no servirá de nada si no se traduce en hechos. Para ello, la sociedad debe demandar a las autoridades mexicanas un compromiso efectivo para hacer valer los derechos de los migrantes sin papeles que ingresan a territorio nacional, por elementales razones humanitarias, y porque en tanto eso no suceda, el gobierno mexicano carecerá de la autoridad moral para demandar al estadunidense un trato más justo y humano para los mexicanos que viven y trabajan en la nación vecina del norte.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Astillero
Por: Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Política a plazos
■ Negocios de viento
■ M.F. Alcocer al IFE
Setenta y un días de debate: el paso del tiempo daña el proyecto mouriñista-calderonista de apropiación del petróleo, pues las tales confrontaciones senatoriales han sido ganadas con amplitud por las razones presentadas por los adversarios de la privatización. Por lo anterior es que la empresa MuCal pretendía hacer que se aprobaran los planes reformistas al contado, en abril, y no en entregas. Al desmoronamiento de las posiciones oficialistas en los mencionados debates se suma la aparición de más evidencias ventajosas de la familia Mouriño como las que el coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, presentó en días pasados, en relación con negocios en materia de energía eólica desarrollados por el padre del actual secretario de Gobernación en condiciones que muestran el uso de información privilegiada y el tráfico de influencias. Tan dañino es el transcurrir del tiempo para las ambiciones felicamilescas que la denuncia de corruptelas alcanzó ayer una sesión con legisladores alemanes y provocó la reacción de conocida histeria del videopanista Federico Döring.
Veintiún días durará el plantón que los maestros de la sección 22 del SNTE instalaron ayer en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. Los profesores exigen que Elba Esther Gordillo deje de jugar a sus conveniencias al no emitir en tiempo adecuado la convocatoria para elegir al nuevo mando seccional (con lo que la reina del Panal podría maniobrar para desconocer a la actual directiva e imponer sin comicios a directivos que le sean afines) y demandan liberar a los presos políticos que están sujetos a procesos federales y estatales. Si el 3 de junio próximo no se ha cumplido esta exigencia de libertad, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ha anunciado que reanudará movilizaciones masivas. Aun cuando no se han podido restablecer las condiciones de unidad y confianza entre los principales integrantes de la mencionada APPO, y en el ambiente oaxaqueño flota el fantasma especulativo de los movimientos partidistas rumbo a las elecciones gubernamentales del año próximo, la reinstalación pública de profesores en la principal plaza de Oaxaca abre el camino a un nuevo episodio de confrontación entre un movimiento social golpeado y dividido, pero aún vigente y con posibilidades de restablecimiento, y un gobierno, el de Ulises Ruiz, cada vez más sumido en los pantanos de la represión y la corrupción.
(Así fuera en términos visuales, Oaxaca vivió ayer nuevamente escenas de confrontación de los pobladores con las autoridades: bloqueos de carreteras, reto de la sección 22 a que el “tirano” Ulises los desaloje del zócalo e incluso que miembros de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños hubiesen obligado al procurador de justicia del estado a bajarse de su vehículo y caminar entre manifestantes para llegar a una “mesa de negociación” con ellos. Por cierto, AMLO estará hoy en la capital oaxaqueña para reunirse con brigadas defensoras del petróleo.)
¿Cuántos días habrá de esperar el EPR a que le sea informado dónde están sus dos dirigentes desaparecidos? Tal es el punto planteado ayer en un comunicado por los guerrilleros que comenzarán a dialogar con el gobierno a través de mediadores pero no desean que tales contactos indirectos se conviertan en un proceso sin fechas ni términos, sobre todo si se toma en cuenta que el planteamiento de los insurrectos se refiere específicamente a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes este domingo venidero cumplirán un año de haber sido secuestrados.
Hoy vence el término (aunque puede ampliarse para allegar más elementos de juicio a las autoridades) para que el tribunal electoral federal defina si “toma nota” de que Guadalupe Acosta Naranjo es el presidente sustituto del PRD o considera que hubo irregularidades en el proceso de su designación. En el sol azteca se vive, mientras tanto, una situación epistolar. Jesús Ortega se ha sorprendido por la respuesta que con lenguaje “soez” e “insolente” dio Alejandro Encinas a la carta enviada por el jefe de los chuchos para plantear posibilidades de negociación. Ortega se niega a responder en el mismo tono porque, explica, “con eso contribuiría, precisamente, a lo que combato”. El dirigente de Nueva Izquierda incluso aportó al debate una cita de Amos Oz, en su texto Contra el fanatismo: “Traidor es quien cambia a los ojos de aquellos que no pueden cambiar, de aquellos que odian cambiar y no pueden concebir el cambio (…)
“En otras palabras, traidor es a ojos del fanático cualquiera que cambia. Muy a menudo el fanático sólo puede contar hasta uno; dos es un número demasiado grande para él.” Encinas ha revirado con la mención del daño que a su partido han causado el encono y la falta de cultura del debate, y aseguró que las broncas electorales recientes han descubierto “no sólo las debilidades y limitaciones de nuestra vida orgánica, sino además las diferentes visiones que sobre el partido y su línea política tenemos”.
Jorge Alcocer se presentó a unas horas de que cerrara el plazo para que se inscribieran en la Cámara de Diputados los ciudadanos que aspiran a ocupar el cargo de consejeros electorales del IFE. Alcocer es uno de los autores de las reformas electorales que ahora le permitirán “ganar” en un concurso demostradamente amañado con el que los líderes de los grupos legislativos hacen como que analizan expedientes ciudadanos para acabar designando a quienes les conviene y, como en el caso del ex presidente del Partido Fuerza Ciudadana, constituyen ya una especie de capricho de poder. Alcocer es el hombre de Manlio Fabio Beltrones que buscará, en cuanto le sea posible, desplazar a L.V. Zurita.
Y, mientras el gobierno de Fidel Herrera Beltrán ha aprehendido cerca de Jalapa a José Jacobo Femat y Rafael Jacobo García, dirigentes de la Cen-tral de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP) que iban con sus seguidores a una reunión concertada con el mandatario estatal, ¡hasta mañana, en esta columna sin aplazamientos!
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Política a plazos
■ Negocios de viento
■ M.F. Alcocer al IFE
Setenta y un días de debate: el paso del tiempo daña el proyecto mouriñista-calderonista de apropiación del petróleo, pues las tales confrontaciones senatoriales han sido ganadas con amplitud por las razones presentadas por los adversarios de la privatización. Por lo anterior es que la empresa MuCal pretendía hacer que se aprobaran los planes reformistas al contado, en abril, y no en entregas. Al desmoronamiento de las posiciones oficialistas en los mencionados debates se suma la aparición de más evidencias ventajosas de la familia Mouriño como las que el coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, presentó en días pasados, en relación con negocios en materia de energía eólica desarrollados por el padre del actual secretario de Gobernación en condiciones que muestran el uso de información privilegiada y el tráfico de influencias. Tan dañino es el transcurrir del tiempo para las ambiciones felicamilescas que la denuncia de corruptelas alcanzó ayer una sesión con legisladores alemanes y provocó la reacción de conocida histeria del videopanista Federico Döring.
Veintiún días durará el plantón que los maestros de la sección 22 del SNTE instalaron ayer en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. Los profesores exigen que Elba Esther Gordillo deje de jugar a sus conveniencias al no emitir en tiempo adecuado la convocatoria para elegir al nuevo mando seccional (con lo que la reina del Panal podría maniobrar para desconocer a la actual directiva e imponer sin comicios a directivos que le sean afines) y demandan liberar a los presos políticos que están sujetos a procesos federales y estatales. Si el 3 de junio próximo no se ha cumplido esta exigencia de libertad, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ha anunciado que reanudará movilizaciones masivas. Aun cuando no se han podido restablecer las condiciones de unidad y confianza entre los principales integrantes de la mencionada APPO, y en el ambiente oaxaqueño flota el fantasma especulativo de los movimientos partidistas rumbo a las elecciones gubernamentales del año próximo, la reinstalación pública de profesores en la principal plaza de Oaxaca abre el camino a un nuevo episodio de confrontación entre un movimiento social golpeado y dividido, pero aún vigente y con posibilidades de restablecimiento, y un gobierno, el de Ulises Ruiz, cada vez más sumido en los pantanos de la represión y la corrupción.
(Así fuera en términos visuales, Oaxaca vivió ayer nuevamente escenas de confrontación de los pobladores con las autoridades: bloqueos de carreteras, reto de la sección 22 a que el “tirano” Ulises los desaloje del zócalo e incluso que miembros de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños hubiesen obligado al procurador de justicia del estado a bajarse de su vehículo y caminar entre manifestantes para llegar a una “mesa de negociación” con ellos. Por cierto, AMLO estará hoy en la capital oaxaqueña para reunirse con brigadas defensoras del petróleo.)
¿Cuántos días habrá de esperar el EPR a que le sea informado dónde están sus dos dirigentes desaparecidos? Tal es el punto planteado ayer en un comunicado por los guerrilleros que comenzarán a dialogar con el gobierno a través de mediadores pero no desean que tales contactos indirectos se conviertan en un proceso sin fechas ni términos, sobre todo si se toma en cuenta que el planteamiento de los insurrectos se refiere específicamente a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes este domingo venidero cumplirán un año de haber sido secuestrados.
Hoy vence el término (aunque puede ampliarse para allegar más elementos de juicio a las autoridades) para que el tribunal electoral federal defina si “toma nota” de que Guadalupe Acosta Naranjo es el presidente sustituto del PRD o considera que hubo irregularidades en el proceso de su designación. En el sol azteca se vive, mientras tanto, una situación epistolar. Jesús Ortega se ha sorprendido por la respuesta que con lenguaje “soez” e “insolente” dio Alejandro Encinas a la carta enviada por el jefe de los chuchos para plantear posibilidades de negociación. Ortega se niega a responder en el mismo tono porque, explica, “con eso contribuiría, precisamente, a lo que combato”. El dirigente de Nueva Izquierda incluso aportó al debate una cita de Amos Oz, en su texto Contra el fanatismo: “Traidor es quien cambia a los ojos de aquellos que no pueden cambiar, de aquellos que odian cambiar y no pueden concebir el cambio (…)
“En otras palabras, traidor es a ojos del fanático cualquiera que cambia. Muy a menudo el fanático sólo puede contar hasta uno; dos es un número demasiado grande para él.” Encinas ha revirado con la mención del daño que a su partido han causado el encono y la falta de cultura del debate, y aseguró que las broncas electorales recientes han descubierto “no sólo las debilidades y limitaciones de nuestra vida orgánica, sino además las diferentes visiones que sobre el partido y su línea política tenemos”.
Jorge Alcocer se presentó a unas horas de que cerrara el plazo para que se inscribieran en la Cámara de Diputados los ciudadanos que aspiran a ocupar el cargo de consejeros electorales del IFE. Alcocer es uno de los autores de las reformas electorales que ahora le permitirán “ganar” en un concurso demostradamente amañado con el que los líderes de los grupos legislativos hacen como que analizan expedientes ciudadanos para acabar designando a quienes les conviene y, como en el caso del ex presidente del Partido Fuerza Ciudadana, constituyen ya una especie de capricho de poder. Alcocer es el hombre de Manlio Fabio Beltrones que buscará, en cuanto le sea posible, desplazar a L.V. Zurita.
Y, mientras el gobierno de Fidel Herrera Beltrán ha aprehendido cerca de Jalapa a José Jacobo Femat y Rafael Jacobo García, dirigentes de la Cen-tral de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP) que iban con sus seguidores a una reunión concertada con el mandatario estatal, ¡hasta mañana, en esta columna sin aplazamientos!
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Rayuela
Bonito cuadro. Indiferencia hacia nuestros hermanos del norte, racismo hacia los vecinos del sur, y un gobierno que sólo piensa en dólares.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php
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