Pedro Miguel
navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com
Ya en los años setenta del siglo pasado muchos tenían clara la inviabilidad a largo plazo de una civilización movida con petróleo. Eso no tenía nada que ver con los dudosos apocalipsis del cambio climático y del calentamiento global sino con una consideración del más elemental sentido común: las sociedades que fundamentan su operación en un recurso no renovable llegarán a su fin cuando éste se termine.
La segunda generación de yuppies neoliberales logró que se olvidara esa noción básica y metió al mundo en una nueva borrachera de hidrocarburos. Ahora, desde Jeddah, propone que siga la fiesta y que sigan saliendo de la cava más y más botellas para descorchar. Qué importa: a la humanidad todavía le queda un cuarto de tanque, y ya nos preocuparemos cuando lleguemos a la reserva.
Hace tres décadas la economía mexicana estaba siendo empujada a la petrodependencia. Uno o dos presidentes después de eso se tomaron la molestia de referirse a la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos del país, luego el tema pasó al olvido y ahora hasta parece natural que el remate de crudo le proporcione al erario 40 por ciento de sus percepciones y una porción incalculable a la corrupción imperante. En esa ilógica, Felipe Calderón desafía a la concurrencia a dar con fórmulas más eficaces que la privatización de la industria para incrementar la extracción petrolera.
Se huele la prisa por hinchar, a la brevedad, bolsillos próximos y ajenos. Hay que agotar los yacimientos lo más pronto que se pueda. El tiempo apremia para asegurar su futuro a la descendencia de los que mandan.
De manera tradicional y muy certera, al último año de un sexenio se le ha llamado “año de Hidalgo”: tonto el que deje algo. En términos de riqueza del subsuelo, el calderonato parece un sexenio de Hidalgo. No vaya a ser que llegue el 2012 y todavía queden –qué desperdicio– unos cuantos litros de chapopote en el fondo de Cantarell.
El foro sobre hidrocarburos en el Senado de la República y la consulta ciudadana del mes entrante para recoger el sentir ciudadano en torno a los afanes privatizadores de la industria petrolera son una gran oportunidad para recuperar el sentido común y poner estos asuntos en su justa perspectiva. Antes de alegar la bancarrota de Pemex y exigir la apertura del sector a la avidez de los capitales privados, es necesario establecer cuánto le roban sus propios funcionarios, cuánto de los 40 centavos de cada peso del gasto público se desvía o se dilapida con esa discrecionalidad que justifica la inversión de 150 millones de pesos en la producción de un video tan mentiroso –y tan inútil, a la postre– como el del “tesorito” de las aguas profundas. Antes de manosear el argumento de un incremento de la producción –sin el cual, supuestamente, no puede haber gasto social– es preciso corregir la desviada adicción de la administración pública a las exportaciones petroleras: el borracho a veces no deja más remedio que esconderle la botella.
Si la sociedad consigue adelgazar el chorro de petróleo con el que el gobierno se ceba a sí mismo, tal vez obligaría a los funcionarios a cobrar impuestos en vez de cobrar mordidas o cargos futuros –que no volvieran a ocurrir, por ejemplo, las exenciones fiscales otorgadas por Francisco Gil Díaz a sus actuales patrones– y a quien los dirige, a gastar el dinero público en cosas menos disparatadas, irresponsables y contraproducentes que la guerra calderónica “contra la delincuencia”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=opinion&article=028a1mun
martes, 24 de junio de 2008
Del viejo presidencialismo... al vacío
Marco Rascón
marcorascon@alcubo.com
Más como una obra de reparto entre la clase política que como una reforma democrática; más como síntoma de decadencia que de una transición, la caída del viejo presidencialismo en México se ha convertido en un vacío que hace que se confunda la paralización y el estancamiento, la falta de decisiones y de rumbo, con “la democracia”.
Mientras la clase política se disputa como reyes ciegos, tirados en el piso, la espada del poder, los problemas de México se acumulan. Las demandas y las respuestas se pervierten ante la ausencia de una visión claramente democrática de las fuerzas políticas, principalmente de los partidos con registro, que juntos y separados se han encerrado en intereses muy menores, pero con visiones inmediatistas, reactivas, estridentes.
Es claro que junto con la subordinación de las reglas al mundo global y el fin de la soberanía, el viejo presidencialismo mexicano que condujo al país no sólo se ha agotado, sino que se convirtió en un lastre que frena el desarrollo político. Las formas de la liturgia de la República presidencial hicieron de los informes constitucionales del presidente al pueblo de México frente al Congreso un refrendo del poder absoluto que tenía el jefe del Ejecutivo sobre los otros poderes. Las fuerzas democráticas de la izquierda y el progresismo demandaron de manera sistemática que se podía gobernar no nada más desde el Ejecutivo, sino también por conducto del Legislativo, y que la justicia debía tener independencia clara frente a los otros dos poderes.
La República federal –ganada con la Constitución de 1857 tras la Guera de los Tres Años y la derrota del imperio– asumió, contrariamente a su doctrina, el centralismo, otorgando poderes extraordinarios al presidente. La Revolución Mexicana no sólo no acabó con esa tendencia construida durante el porfiriato, sino la acrecentó a lo largo de 72 años, creando un conjunto de reglas escritas y no escritas que le dieron naturaleza e identidad al priísmo hasta su postración ante el neoliberalismo y los nuevos dictados de Washington. La transición política, “la alternancia”, llevaba como condición admitir la aceptación por consenso de la política económica.
Hoy, las fuerzas políticas se han devorado al Poder Ejecutivo, pero esta decisión no ha estado acompañada de una profunda reforma del Estado en México que impidiera que ante la ausencia de la ejecución de decisiones por una presidencia fuerte existiera una nueva estructura eficaz y con legitimidad que tomara el mando ejecutivo de las decisiones nacionales. Por ello el resultado ha sido un gran vació que han llenado los 32 gobernadores, quienes en los estados que gobiernan reproducen el viejo presidencialismo y ahora se disputan la espada del presupuesto, los recursos provenientes del petróleo, de la hacienda pública; quieren todo para ellos, muy poco para sus municipios, y al fragmentar el viejo presidencialismo en nada, en su autonomía, se han convertido en la fuerza que controla la Cámara de Senadores, administran el pacto federal y se imponen dentro de sus partidos (casos de Puebla y Oaxaca).
Dueños de presupuestos extraordinarios, que no les cuesta trabajo recaudar, el llamado “sindicato de gobernadores” llenó el vacío del presidencialismo, pero en su honor creó 32 estructuras antidemocráticas que no han dado como resultado una República federal, sino una república paralizada, fragmentada, corrompida y decadente que aprovechan en su beneficio las fuerzas económicas del exterior, arrasando con todos los recursos naturales, el valor de nuestro trabajo y los derechos de los ciudadanos. Los viejos cacicazgos regionales, antes centralizados, se institucionalizaron y ganaron autonomía.
El Poder Judicial, en particular la procuración de justicia, al seguir dependiendo del Ejecutivo (el procurador y el Ministerio Público) sigue arrastrando el vicio del viejo presidencialismo que aplica discrecionalmente la justicia, tal como sucedió en el desafuero en 2005, al que al tiempo que lo politizó lo anuló por encima de la decisión del Congreso. Ahí el presidencialismo puso una de sus grandes piedras a su tumba y convirtió la “separación de poderes” en una confrontación y contradicción de instituciones que desembocaron en la paralización del país, pese al pragmatismo de todos.
Como acelerado resultado, la nación se ha regionalizado y diferenciado al grado de que la autonomía de los estados se convierte en semilla del separatismo. El norte mexicano se dice diferente del centro y el sur. Nuestra frontera norte y la del sur marcan nuestra desubicación entre el norte brutal y la América Latina de la que nos separaron la confusión y el pragmatismo. Ya no hay disputa entre liberales y conservadores, o de izquierdas contra derechas, sino el triunfo de una mediocridad profunda y prolongada.
Adiós, pues, al viejo presidencialismo, pero ¿por qué lo sustituimos por la decadencia y la reproducción de sus vicios?
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=opinion&article=019a2pol
marcorascon@alcubo.com
Más como una obra de reparto entre la clase política que como una reforma democrática; más como síntoma de decadencia que de una transición, la caída del viejo presidencialismo en México se ha convertido en un vacío que hace que se confunda la paralización y el estancamiento, la falta de decisiones y de rumbo, con “la democracia”.
Mientras la clase política se disputa como reyes ciegos, tirados en el piso, la espada del poder, los problemas de México se acumulan. Las demandas y las respuestas se pervierten ante la ausencia de una visión claramente democrática de las fuerzas políticas, principalmente de los partidos con registro, que juntos y separados se han encerrado en intereses muy menores, pero con visiones inmediatistas, reactivas, estridentes.
Es claro que junto con la subordinación de las reglas al mundo global y el fin de la soberanía, el viejo presidencialismo mexicano que condujo al país no sólo se ha agotado, sino que se convirtió en un lastre que frena el desarrollo político. Las formas de la liturgia de la República presidencial hicieron de los informes constitucionales del presidente al pueblo de México frente al Congreso un refrendo del poder absoluto que tenía el jefe del Ejecutivo sobre los otros poderes. Las fuerzas democráticas de la izquierda y el progresismo demandaron de manera sistemática que se podía gobernar no nada más desde el Ejecutivo, sino también por conducto del Legislativo, y que la justicia debía tener independencia clara frente a los otros dos poderes.
La República federal –ganada con la Constitución de 1857 tras la Guera de los Tres Años y la derrota del imperio– asumió, contrariamente a su doctrina, el centralismo, otorgando poderes extraordinarios al presidente. La Revolución Mexicana no sólo no acabó con esa tendencia construida durante el porfiriato, sino la acrecentó a lo largo de 72 años, creando un conjunto de reglas escritas y no escritas que le dieron naturaleza e identidad al priísmo hasta su postración ante el neoliberalismo y los nuevos dictados de Washington. La transición política, “la alternancia”, llevaba como condición admitir la aceptación por consenso de la política económica.
Hoy, las fuerzas políticas se han devorado al Poder Ejecutivo, pero esta decisión no ha estado acompañada de una profunda reforma del Estado en México que impidiera que ante la ausencia de la ejecución de decisiones por una presidencia fuerte existiera una nueva estructura eficaz y con legitimidad que tomara el mando ejecutivo de las decisiones nacionales. Por ello el resultado ha sido un gran vació que han llenado los 32 gobernadores, quienes en los estados que gobiernan reproducen el viejo presidencialismo y ahora se disputan la espada del presupuesto, los recursos provenientes del petróleo, de la hacienda pública; quieren todo para ellos, muy poco para sus municipios, y al fragmentar el viejo presidencialismo en nada, en su autonomía, se han convertido en la fuerza que controla la Cámara de Senadores, administran el pacto federal y se imponen dentro de sus partidos (casos de Puebla y Oaxaca).
Dueños de presupuestos extraordinarios, que no les cuesta trabajo recaudar, el llamado “sindicato de gobernadores” llenó el vacío del presidencialismo, pero en su honor creó 32 estructuras antidemocráticas que no han dado como resultado una República federal, sino una república paralizada, fragmentada, corrompida y decadente que aprovechan en su beneficio las fuerzas económicas del exterior, arrasando con todos los recursos naturales, el valor de nuestro trabajo y los derechos de los ciudadanos. Los viejos cacicazgos regionales, antes centralizados, se institucionalizaron y ganaron autonomía.
El Poder Judicial, en particular la procuración de justicia, al seguir dependiendo del Ejecutivo (el procurador y el Ministerio Público) sigue arrastrando el vicio del viejo presidencialismo que aplica discrecionalmente la justicia, tal como sucedió en el desafuero en 2005, al que al tiempo que lo politizó lo anuló por encima de la decisión del Congreso. Ahí el presidencialismo puso una de sus grandes piedras a su tumba y convirtió la “separación de poderes” en una confrontación y contradicción de instituciones que desembocaron en la paralización del país, pese al pragmatismo de todos.
Como acelerado resultado, la nación se ha regionalizado y diferenciado al grado de que la autonomía de los estados se convierte en semilla del separatismo. El norte mexicano se dice diferente del centro y el sur. Nuestra frontera norte y la del sur marcan nuestra desubicación entre el norte brutal y la América Latina de la que nos separaron la confusión y el pragmatismo. Ya no hay disputa entre liberales y conservadores, o de izquierdas contra derechas, sino el triunfo de una mediocridad profunda y prolongada.
Adiós, pues, al viejo presidencialismo, pero ¿por qué lo sustituimos por la decadencia y la reproducción de sus vicios?
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=opinion&article=019a2pol
Salvador Allende el hurto y la memoria
Luis Hernández Navarro
Se la robaron. La efigie de Salvador Allende desapareció de su sitio, ciudad Sahagún, Hidalgo, en noviembre del año pasado. Del monumento que en su honor levantaron los obreros del Combinado Industrial Sahagún, el 26 de octubre de 1973, sólo queda una placa conmemorativa con la inscripción: “Inmolado por la causa de la justicia social”.
El durante años poderoso corredor fabril del altiplano de Hidalgo, símbolo de la voluntad nacional por forjar una industria propia, es hoy un cementerio industrial. En la zona, el recuerdo de Salvador Allende fue desapareciendo entre los obreros desempleados y sus familias. Sobreviven, sí, con el nombre del mandatario chileno, la escuela preparatoria ubicada en el Valle de Guadalupe y una colonia.
Varios barrios y poblados por todo México han sido bautizados como Salvador Allende. Hay localidades con ese nombre en Nacajuca, Tabasco; en Durango, Durango; en Temache, Veracruz; y en Ocosingo, Chiapas. En Memoria del fuego, Eduardo Galeano narra cómo una comunidad wixarrika se llamó a sí misma como el médico sudamericano, después de la lectura colectiva de un libro sobre su vida.
También se dio ese nombre a una calle en Torreón, Coahuila, y a otra de la colonia Rubén Jaramillo, en Morelos, a un auditorio en la Universidad de Guadalajara, a multitud de establecimientos educativos, casas de estudiantes, asociaciones civiles y culturales, e inclusive a la Cátedra Latinoamericana de Medicina Social.
Como hicieron diversos compositores en América Latina, el cantautor mexicano Óscar Chávez le escribió una canción que en una de sus estrofas dice: “Compañero Salvador/Allende el niño Allende el hombre/ tú regresarás en cada nombre/ de pena en pena en pena / de uno en uno en dos ha de vivir tu voz patria chilena”. Durante años, innumerables grupos de música folclórica interpretaron, en peñas y festivales, todo tipo de piezas dedicadas al mandatario caído.
Que Salvador Allende haya penetrado tan firmemente en la nomenclatura mexicana no es casual. Su influencia en la sociedad y la política mexicanas fue muy relevante. Se dejó sentir tanto en los más altos niveles del gobierno federal como en la Iglesia católica, en sindicatos, movimientos estudiantiles, partidos políticos y organizaciones armadas.
Cuando el presidente llegó de visita a México el 30 de noviembre de 1972 fue recibido por una efusiva cadena humana de cerca de 16 kilómetros, integrada lo mismo por personas que espontáneamente fueron a darle sus parabienes como por contingentes movilizados por las fuerzas vivas de la revolución. Durante su recorrido, del aeropuerto a la embajada de Chile en Lomas de Chapultepec, fue vitoreado.
Termómetro de la época, la revista Solidaridad, del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, dirigido por Rafael Galván, le dio la bienvenida en un editorial en el que equiparaba la situación que vivía México y Chile, como “puntos de concentración del proceso revolucionario latinoamericano”.
La visita de Allende a México fue utilizada por el gobierno de Luis Echeverría para tratar de conseguir la legitimidad que un amplio sector de la juventud, agraviada por la represión de 1968 y la matanza del 10 de junio, le negaba. El presidente chileno fue muy magnánimo con su anfitrión mexicano y le reconoció méritos revolucionarios, que para la izquierda nacional eran inexistentes. Jesús Reyes Heroles, entonces dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, lo recibió “con los brazos abiertos”.
El socialista chileno tenía una añeja y seria relación con intelectuales mexicanos y partidos de izquierda, incluido el Partido Comunista Mexicano. Sin embargo, el discurso que el 3 de diciembre de 1972 pronunció en la Universidad de Guadalajara, en el que llamó a los estudiantes a dejar de ser revoltosos y a ponerse a estudiar, cayó muy mal entre la juventud radicalizada que había dejado las aulas para luchar contra el gobierno en fábricas, ejidos y colonias populares. Muy intenso fue también el vínculo entre parte del clero progresista mexicano y el proceso revolucionario chileno. Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, fue el único pontífice de la Iglesia católica que participó en el primer Encuentro Americano de Cristianos por el Socialismo (CPS) que se efectuó en 1972 en Chile. Allí conoció a Allende. Al regreso de su viaje, un grupo de fanáticos le aventó pintura roja. CPS tuvo una gran influencia entre grupos de creyentes mexicanos que se involucraron activamente, desde distintas posiciones políticas, en proyectos emancipadores de izquierda.
Cuando el 11 de septiembre de 1973 se consumó el golpe de Estado contra Allende, las campanas de la catedral de Cuernavaca y de muchas otras iglesias repicaron a duelo. Brigadas de estudiantes de la Escuela de Antropología en la ciudad de México –y de diversas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México– organizaron mítines en las zonas industriales para llamar a una huelga general en solidaridad con el mandatario derrocado. Los trabajadores, incrédulos, los miraban como locos. Por supuesto, no hubo paro alguno, pero sí una manifestación de protesta relativamente numerosa que recorrió las calles de la ciudad de México. El gobierno de Luis Echeverría rompió relaciones diplomáticas con los golpistas y acogió al exilio chileno.
Una parte de la izquierda mexicana ve en la actual experiencia chilena un ejemplo a seguir. Se ha vuelto admiradora del modelo de “socialismo neoliberal” que allí se practica, que tan poco tiene que ver con el programa de Salvador Allende y que tantas loas recibe de la derecha. Para ella, la figura del médico chileno que murió con las armas en la mano es incómoda. Le gustaría que se olvidara y, si no es posible hacerlo, al menos volverla light.
A 100 años de su natalicio es importante recordar y rendir homenaje “al hombre digno que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte”. En ciudad Sahagún ya se robaron su estatuilla. No permitamos que ahora hurten su memoria.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=opinion&article=019a1pol
Se la robaron. La efigie de Salvador Allende desapareció de su sitio, ciudad Sahagún, Hidalgo, en noviembre del año pasado. Del monumento que en su honor levantaron los obreros del Combinado Industrial Sahagún, el 26 de octubre de 1973, sólo queda una placa conmemorativa con la inscripción: “Inmolado por la causa de la justicia social”.
El durante años poderoso corredor fabril del altiplano de Hidalgo, símbolo de la voluntad nacional por forjar una industria propia, es hoy un cementerio industrial. En la zona, el recuerdo de Salvador Allende fue desapareciendo entre los obreros desempleados y sus familias. Sobreviven, sí, con el nombre del mandatario chileno, la escuela preparatoria ubicada en el Valle de Guadalupe y una colonia.
Varios barrios y poblados por todo México han sido bautizados como Salvador Allende. Hay localidades con ese nombre en Nacajuca, Tabasco; en Durango, Durango; en Temache, Veracruz; y en Ocosingo, Chiapas. En Memoria del fuego, Eduardo Galeano narra cómo una comunidad wixarrika se llamó a sí misma como el médico sudamericano, después de la lectura colectiva de un libro sobre su vida.
También se dio ese nombre a una calle en Torreón, Coahuila, y a otra de la colonia Rubén Jaramillo, en Morelos, a un auditorio en la Universidad de Guadalajara, a multitud de establecimientos educativos, casas de estudiantes, asociaciones civiles y culturales, e inclusive a la Cátedra Latinoamericana de Medicina Social.
Como hicieron diversos compositores en América Latina, el cantautor mexicano Óscar Chávez le escribió una canción que en una de sus estrofas dice: “Compañero Salvador/Allende el niño Allende el hombre/ tú regresarás en cada nombre/ de pena en pena en pena / de uno en uno en dos ha de vivir tu voz patria chilena”. Durante años, innumerables grupos de música folclórica interpretaron, en peñas y festivales, todo tipo de piezas dedicadas al mandatario caído.
Que Salvador Allende haya penetrado tan firmemente en la nomenclatura mexicana no es casual. Su influencia en la sociedad y la política mexicanas fue muy relevante. Se dejó sentir tanto en los más altos niveles del gobierno federal como en la Iglesia católica, en sindicatos, movimientos estudiantiles, partidos políticos y organizaciones armadas.
Cuando el presidente llegó de visita a México el 30 de noviembre de 1972 fue recibido por una efusiva cadena humana de cerca de 16 kilómetros, integrada lo mismo por personas que espontáneamente fueron a darle sus parabienes como por contingentes movilizados por las fuerzas vivas de la revolución. Durante su recorrido, del aeropuerto a la embajada de Chile en Lomas de Chapultepec, fue vitoreado.
Termómetro de la época, la revista Solidaridad, del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, dirigido por Rafael Galván, le dio la bienvenida en un editorial en el que equiparaba la situación que vivía México y Chile, como “puntos de concentración del proceso revolucionario latinoamericano”.
La visita de Allende a México fue utilizada por el gobierno de Luis Echeverría para tratar de conseguir la legitimidad que un amplio sector de la juventud, agraviada por la represión de 1968 y la matanza del 10 de junio, le negaba. El presidente chileno fue muy magnánimo con su anfitrión mexicano y le reconoció méritos revolucionarios, que para la izquierda nacional eran inexistentes. Jesús Reyes Heroles, entonces dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, lo recibió “con los brazos abiertos”.
El socialista chileno tenía una añeja y seria relación con intelectuales mexicanos y partidos de izquierda, incluido el Partido Comunista Mexicano. Sin embargo, el discurso que el 3 de diciembre de 1972 pronunció en la Universidad de Guadalajara, en el que llamó a los estudiantes a dejar de ser revoltosos y a ponerse a estudiar, cayó muy mal entre la juventud radicalizada que había dejado las aulas para luchar contra el gobierno en fábricas, ejidos y colonias populares. Muy intenso fue también el vínculo entre parte del clero progresista mexicano y el proceso revolucionario chileno. Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, fue el único pontífice de la Iglesia católica que participó en el primer Encuentro Americano de Cristianos por el Socialismo (CPS) que se efectuó en 1972 en Chile. Allí conoció a Allende. Al regreso de su viaje, un grupo de fanáticos le aventó pintura roja. CPS tuvo una gran influencia entre grupos de creyentes mexicanos que se involucraron activamente, desde distintas posiciones políticas, en proyectos emancipadores de izquierda.
Cuando el 11 de septiembre de 1973 se consumó el golpe de Estado contra Allende, las campanas de la catedral de Cuernavaca y de muchas otras iglesias repicaron a duelo. Brigadas de estudiantes de la Escuela de Antropología en la ciudad de México –y de diversas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México– organizaron mítines en las zonas industriales para llamar a una huelga general en solidaridad con el mandatario derrocado. Los trabajadores, incrédulos, los miraban como locos. Por supuesto, no hubo paro alguno, pero sí una manifestación de protesta relativamente numerosa que recorrió las calles de la ciudad de México. El gobierno de Luis Echeverría rompió relaciones diplomáticas con los golpistas y acogió al exilio chileno.
Una parte de la izquierda mexicana ve en la actual experiencia chilena un ejemplo a seguir. Se ha vuelto admiradora del modelo de “socialismo neoliberal” que allí se practica, que tan poco tiene que ver con el programa de Salvador Allende y que tantas loas recibe de la derecha. Para ella, la figura del médico chileno que murió con las armas en la mano es incómoda. Le gustaría que se olvidara y, si no es posible hacerlo, al menos volverla light.
A 100 años de su natalicio es importante recordar y rendir homenaje “al hombre digno que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte”. En ciudad Sahagún ya se robaron su estatuilla. No permitamos que ahora hurten su memoria.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=opinion&article=019a1pol
El consenso de casa
José Blanco
Hace tiempo que el Banco Mundial se rindió ante la evidencia: el recetario pretendidamente universal del Consenso de Washington servía para muy poco, si es que para algo. De modo que decidió, hace unos dos años y medio, pedir al canadiense Michael Spence (Premio Nobel de Economía 2001) conformara una comisión de alto nivel que trabajara sobre el elusivo problema –especialmente para el Banco Mundial– del crecimiento económico en los países subdesarrollados.
La solicitud parecía extraña porque Spence no había trabajado sobre ese tan antiguo como dramático problema. Pero reunió a un grupo, por lo visto, decidido a ver el mundo de frente y en posición de apartar toda idea preconcebida: había que pensar a partir de los hechos.
En mayo pasado Spence entregó unos resultados sorprendentes… para el Banco Mundial y para quienes se formaron en la matriz de los prejuicios del famoso Consenso.
Lo primero que quedó knock out fueron las certezas absolutas muy propias del Consenso. En el mismo estado quedó la liberalización, la desregulación, la privatización y el libre mercado. Esto es, del Consenso quedó muy poco. Y ahora ¿qué harán Agustín Carstens y sus numerosos cómplices mexicanos?
Es más que dudoso que estén en capacidad de desprenderse de sus obcecaciones a toda prueba. Dirán que nada han oído de Spence, o que se volvió loco, pero resulta inimaginable que su cabeza pueda admitir que sus verdades son convicciones sin base. Morirán un día en el convencimiento no de que las recetas del Consenso no servían, sino de que había necesidad de aplicarlas con dosis mucho mayores. Fue siempre la creencia de Ernesto Zedillo: si no avanzábamos es porque requeríamos mucho más de lo mismo. Spence no será quien le cambie ideas tan duramente mineralizadas. Así son los dogmas de las mitologías religiosas.
Michael Spence dice que nuestro entendimiento sobre el problema es limitado, ¡ah!; aconseja experimentar, atendiendo al contexto particular de cada espacio económico, recomienda un pragmatismo sensato y precavido, y la aplicación de medidas pensadas en casa, que no se busquen las grandes transformaciones, sino que se actúe gradualmente y se evalúe juiciosamente.
También recomienda, desde luego, no apartarse de algunas condiciones que son comunes a las economías exitosas: todas participan en la economía global, mantienen la estabilidad macroeconómica, estimulan el ahorro y la inversión, pero ha descubierto que no hay un catecismo con reglas inamovibles y parejas para todos.
No parece decirlo expresamente, pero queda claro que es preciso insistir en que globalización y neoliberalismo no son una aleación indiscernible. La globalización no es desterrable, el neoliberalismo lo es absolutamente.
Sugiere que no haya demasiada reglamentación oficial, pero tampoco muy poca. ¿Cómo debe entenderse esto de ni tan tan ni muy muy? Pues con buen juicio, con sensatez, con reflexiones bien establecidas acerca de las consecuencias y secuelas que tendrá una decisión en el mediano y el largo plazos. Lo dicho, pues, no hay recetas.
Pero ciertamente hay un acento especial: no hay desarrollo si no hay suficiente gasto público en salud y educación. ¿Cuánto es suficiente? Es claro que cada país debe optimar su gasto y distribuirlo según sus necesidades de desarrollo, y sus demandas de justicia social.
Muchas medidas deseables de política económica son entre sí contradictorias, porque así es la economía, aunque son necesarias todas ellas, y es preciso llegar a una mezcla consensuada que incluya los términos en que serán llevadas a cabo las evaluaciones que permitan perseverar, ajustar, o cambiar, sobre la base de la experiencia.
Una parte importante de las conclusiones del grupo de Spence fueron extraídas del pragmatismo y el gradualismo que China aplica desde 1978; no es extraño que el fabuloso experimento de desarrollo y de superación de la pobreza que ese país ha venido experimentando, sea el referente fundamental del nuevo enfoque que ahora se nos recomienda.
No hay duda del cambio drástico en esta nueva postura que poco se ha publicitado: no se nos dice que hagamos lo que hizo China; sino que lo imitemos en su decisión de hacer las cosas a su modo.
El modo mexicano exitoso de hacer las cosas para que se traduzcan en desarrollo y en reducción drástica de la pobreza no está sobre la mesa. Es hora –en realidad esta hora llegó hace lustros– de llegar a un acuerdo: es necesario un acuerdo en lo fundamental sobre el desarrollo que nazca del diagnóstico propio sobre nuestras realidades, que se traduzca en políticas de Estado con visión de largo plazo, y que haya evaluaciones honradas sobre cómo están marchando las cosas.
Fue Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Kennedy School of Government, quien bautizó las recomendaciones de Spence como Consenso de Casa.
En realidad el propio Rodrik había escrito antes muchas de estas nuevas recomendaciones que exigen, en primer término, una actitud de autonomía de pensamiento, basada en el estudio de la experiencia de otros países, además de la historia propia.
Más allá de Spence y de Rodrik, son legión los economistas que en el “tercer mundo” han hablado de la necesidad de la “originalidad de la copia”, como única salida a nuestro desarrollo. Celebremos los hallazgos de Spence porque pueden tener algún efecto en las mentes colonizadas, pero es una pena que desconozca la amplia lista de textos cuyos contenidos explican cuáles fueron las condiciones que, en cada caso, detonaron el desarrollo.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=opinion&article=018a2pol
Hace tiempo que el Banco Mundial se rindió ante la evidencia: el recetario pretendidamente universal del Consenso de Washington servía para muy poco, si es que para algo. De modo que decidió, hace unos dos años y medio, pedir al canadiense Michael Spence (Premio Nobel de Economía 2001) conformara una comisión de alto nivel que trabajara sobre el elusivo problema –especialmente para el Banco Mundial– del crecimiento económico en los países subdesarrollados.
La solicitud parecía extraña porque Spence no había trabajado sobre ese tan antiguo como dramático problema. Pero reunió a un grupo, por lo visto, decidido a ver el mundo de frente y en posición de apartar toda idea preconcebida: había que pensar a partir de los hechos.
En mayo pasado Spence entregó unos resultados sorprendentes… para el Banco Mundial y para quienes se formaron en la matriz de los prejuicios del famoso Consenso.
Lo primero que quedó knock out fueron las certezas absolutas muy propias del Consenso. En el mismo estado quedó la liberalización, la desregulación, la privatización y el libre mercado. Esto es, del Consenso quedó muy poco. Y ahora ¿qué harán Agustín Carstens y sus numerosos cómplices mexicanos?
Es más que dudoso que estén en capacidad de desprenderse de sus obcecaciones a toda prueba. Dirán que nada han oído de Spence, o que se volvió loco, pero resulta inimaginable que su cabeza pueda admitir que sus verdades son convicciones sin base. Morirán un día en el convencimiento no de que las recetas del Consenso no servían, sino de que había necesidad de aplicarlas con dosis mucho mayores. Fue siempre la creencia de Ernesto Zedillo: si no avanzábamos es porque requeríamos mucho más de lo mismo. Spence no será quien le cambie ideas tan duramente mineralizadas. Así son los dogmas de las mitologías religiosas.
Michael Spence dice que nuestro entendimiento sobre el problema es limitado, ¡ah!; aconseja experimentar, atendiendo al contexto particular de cada espacio económico, recomienda un pragmatismo sensato y precavido, y la aplicación de medidas pensadas en casa, que no se busquen las grandes transformaciones, sino que se actúe gradualmente y se evalúe juiciosamente.
También recomienda, desde luego, no apartarse de algunas condiciones que son comunes a las economías exitosas: todas participan en la economía global, mantienen la estabilidad macroeconómica, estimulan el ahorro y la inversión, pero ha descubierto que no hay un catecismo con reglas inamovibles y parejas para todos.
No parece decirlo expresamente, pero queda claro que es preciso insistir en que globalización y neoliberalismo no son una aleación indiscernible. La globalización no es desterrable, el neoliberalismo lo es absolutamente.
Sugiere que no haya demasiada reglamentación oficial, pero tampoco muy poca. ¿Cómo debe entenderse esto de ni tan tan ni muy muy? Pues con buen juicio, con sensatez, con reflexiones bien establecidas acerca de las consecuencias y secuelas que tendrá una decisión en el mediano y el largo plazos. Lo dicho, pues, no hay recetas.
Pero ciertamente hay un acento especial: no hay desarrollo si no hay suficiente gasto público en salud y educación. ¿Cuánto es suficiente? Es claro que cada país debe optimar su gasto y distribuirlo según sus necesidades de desarrollo, y sus demandas de justicia social.
Muchas medidas deseables de política económica son entre sí contradictorias, porque así es la economía, aunque son necesarias todas ellas, y es preciso llegar a una mezcla consensuada que incluya los términos en que serán llevadas a cabo las evaluaciones que permitan perseverar, ajustar, o cambiar, sobre la base de la experiencia.
Una parte importante de las conclusiones del grupo de Spence fueron extraídas del pragmatismo y el gradualismo que China aplica desde 1978; no es extraño que el fabuloso experimento de desarrollo y de superación de la pobreza que ese país ha venido experimentando, sea el referente fundamental del nuevo enfoque que ahora se nos recomienda.
No hay duda del cambio drástico en esta nueva postura que poco se ha publicitado: no se nos dice que hagamos lo que hizo China; sino que lo imitemos en su decisión de hacer las cosas a su modo.
El modo mexicano exitoso de hacer las cosas para que se traduzcan en desarrollo y en reducción drástica de la pobreza no está sobre la mesa. Es hora –en realidad esta hora llegó hace lustros– de llegar a un acuerdo: es necesario un acuerdo en lo fundamental sobre el desarrollo que nazca del diagnóstico propio sobre nuestras realidades, que se traduzca en políticas de Estado con visión de largo plazo, y que haya evaluaciones honradas sobre cómo están marchando las cosas.
Fue Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Kennedy School of Government, quien bautizó las recomendaciones de Spence como Consenso de Casa.
En realidad el propio Rodrik había escrito antes muchas de estas nuevas recomendaciones que exigen, en primer término, una actitud de autonomía de pensamiento, basada en el estudio de la experiencia de otros países, además de la historia propia.
Más allá de Spence y de Rodrik, son legión los economistas que en el “tercer mundo” han hablado de la necesidad de la “originalidad de la copia”, como única salida a nuestro desarrollo. Celebremos los hallazgos de Spence porque pueden tener algún efecto en las mentes colonizadas, pero es una pena que desconozca la amplia lista de textos cuyos contenidos explican cuáles fueron las condiciones que, en cada caso, detonaron el desarrollo.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=opinion&article=018a2pol
La reforma energética debe ser en beneficio de todos, plantea Narro
■ Severas críticas al proyecto privatizador de Pemex, al abirse el debate en la UNAM
■ El rector llama a dejar de lado posturas maximalistas y visiones marcadas por el afán de lucro
■ México demanda construcción de consensos, advierte en su mensaje a la comunidad universitaria
■ Las decisiones no deben ser tomadas por una sola persona o partido, concluyen investigadores
Laura Poy Solano
En México es imperioso impulsar una reforma estructural del sector petrolero y un plan energético de largo aliento diseñados para beneficio de todos y no de unos cuantos, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, quien advirtió que es urgente “restaurar el valor de la política y, más aun, preservar la unidad de la nación”.
Al inaugurar los trabajos del debate universitario sobre la reforma energética, alertó que en la discusión de un tema estratégico para el país, como la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex), se actúa contra los intereses del país al sostener posturas maximalistas, “como también lo hacen quienes consideran que en México no hay capacidad de ejecución y, peor aun, quienes ven en el proceso la oportunidad de hacer negocio”.
Enfatizó que a estos últimos “habría que recordarles que la riqueza nacional es de todos y que debe ser la fórmula para promover el desarrollo nacional y para alcanzar niveles pertinentes de justicia social”.
En la primera jornada de debate en el auditorio Raoul Fournier, de la Facultad de Medicina –una de las dos sedes del encuentro–, académicos, investigadores y profesores eméritos se pronunciaron por la construcción de una política energética nacional de largo aliento, en la que se tomen las decisiones “no por un solo individuo o partido, sino con la participación social y un amplio debate sobre la política energética que queremos construir como nación”.
Calderón, a contracorriente
Especialistas plantearon que la reforma gubernamental no sólo “va a contracorriente de la tendencia internacional que procura desprivatizar el sector energético, sino que se trata de una iniciativa incompleta y con una visión de corto plazo”.
En su mensaje a la comunidad universitaria, Narro Robles enfatizó que no existe sustituto para el diálogo, al que consideró indispensable para alcanzar acuerdos, conciliar diferencias, aceptar discrepancias y vivir en pluralidad.
Agregó que en las instituciones públicas de educación superior “sabemos, por la naturaleza de nuestro trabajo, que no existen verdades absolutas, que es la crítica la que hace avanzar el conocimiento, pues el pensamiento crítico genera el cambio y la renovación”.
El rector de la UNAM destacó que en un ejercicio de autonomía y “al margen de cualquier poder”, la máxima casa de estudios convocó a un debate en el que se ponen a disposición de la sociedad mexicana “todas sus capacidades y saber acumulado, y las opiniones fundadas de sus académicos en torno a la reforma energética”.
Sin duda, dijo, se requiere una “gran reforma del sector energético para avanzar en el mejoramiento económico de toda la sociedad”, pero ésta se debe sustentar en una visión de largo aliento que permita “no sólo resolver problemas previos, sino anticipar los nuevos retos”, e insistió en que el país demanda la construcción de consensos, por lo que llamó a la comunidad universitaria a no permanecer al margen de la reflexión sobre las políticas que definen el futuro rumbo de la nación.
En entrevista posterior, afirmó que la “apuesta no es ni puede ser por la división del país. Los mexicanos requerimos unidad y podemos hacerlo”, pues enfatizó que se debe discutir en un clima de pluralidad y “pensar, sobre todo, en el impulso que la justicia social debe recibir”.
Participación sin exclusiones
Reunidos en Ciudad Universitaria, Rolando Cordera, profesor emérito de la UNAM; Claudio Estrada Gasca, director del Centro de Investigaciones en Energía; Jorge Eduardo Navarrete, catedrático del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y Luis Escobar, profesor de la Facultad de Derecho y ex gerente jurídico de Pemex, des-tacaron que el inicio de una discusión sobre la reforma petrolera debe ser un “primer paso de un gran debate nacional sobre la política energética que deseamos construir”.
Al abordar el desarrollo de la política energética en México, Escobar, quien dio lectura al mensaje del catedrático en derecho Aquilino Vázquez, destacó que es inconstitucional la reforma propuesta por el Ejecutivo federal, ya que la Carta Magna señala de forma expresa que en “materia de petróleo no habrá ni contratos ni concesiones, al ser tareas reservadas al Estado, y con estas reformas lo que se pretende es el ingreso, por la puerta de atrás, de la iniciativa privada a las actividades que tiene reservadas el Estado, como la refinación o la distribución del petróleo por ductos”.
En tanto, especialistas en geopolítica energética destacaron la necesidad de construir una política “de cara a las necesidades nacionales y, al mismo tiempo, que garantice la preservación de reservas petroleras para las próximas generaciones”.
Alfredo Jalife Rahme, profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y colaborador de La Jornada, afirmó que mientras 95 por ciento de las reservas internacionales de petróleo está manos de los estados, al considerar a los hidrocarburos como de “interés nacional estratégico, en México Felipe Calderón y sus asesores van en el sentido opuesto, al plantear una reforma energética entreguista, cuando la tendencia mundial es hacia la renacionalización” de esos recursos.
En el encuentro, en el que participarán 91 catedráticos de la UNAM y de otras instituciones, los especialistas alertaron que ante la creciente demanda energética a escala mundial, los hidrocarburos “no pueden ser nuestra única apuesta, cuando en otras partes del mundo, como en la Unión Europea, se ha hecho una inversión cuantiosa en ciencia y tecnología para desarrollar fuentes alternas y no depender de un recurso natural no renovable”.
Sin embargo, advirtieron, México depende en 92 por ciento para la producción de su energía primaria de combustibles fósiles, cuando con la aplicación de nuevas tecnologías, como la energía solar, “se podría captar un potencial energético similar a todos los yacimientos petroleros del planeta”, afirmó Claudio Estrada, quien exhortó a invertir en energías renovables que además “garanticen un futuro más sustentable en materia de medio ambiente”.
En las ponencias libres, abiertas a la participación del público en general, especialistas, investigadores y estudiantes se pronunciaron por frenar un proceso de privatización que “sólo responde a los intereses de las grandes trasnacionales, cuando lo que se requiere es abrir una debate más amplio para discutir temas de interés nacional, que no pueden reducirse a asuntos fiscales, técnicos o macroeconómicos, ante el evidente impacto social, político e incluso cultural del petróleo en México”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=politica&article=003n1pol
■ El rector llama a dejar de lado posturas maximalistas y visiones marcadas por el afán de lucro
■ México demanda construcción de consensos, advierte en su mensaje a la comunidad universitaria
■ Las decisiones no deben ser tomadas por una sola persona o partido, concluyen investigadores
Laura Poy Solano
En México es imperioso impulsar una reforma estructural del sector petrolero y un plan energético de largo aliento diseñados para beneficio de todos y no de unos cuantos, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, quien advirtió que es urgente “restaurar el valor de la política y, más aun, preservar la unidad de la nación”.
Al inaugurar los trabajos del debate universitario sobre la reforma energética, alertó que en la discusión de un tema estratégico para el país, como la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex), se actúa contra los intereses del país al sostener posturas maximalistas, “como también lo hacen quienes consideran que en México no hay capacidad de ejecución y, peor aun, quienes ven en el proceso la oportunidad de hacer negocio”.
Enfatizó que a estos últimos “habría que recordarles que la riqueza nacional es de todos y que debe ser la fórmula para promover el desarrollo nacional y para alcanzar niveles pertinentes de justicia social”.
En la primera jornada de debate en el auditorio Raoul Fournier, de la Facultad de Medicina –una de las dos sedes del encuentro–, académicos, investigadores y profesores eméritos se pronunciaron por la construcción de una política energética nacional de largo aliento, en la que se tomen las decisiones “no por un solo individuo o partido, sino con la participación social y un amplio debate sobre la política energética que queremos construir como nación”.
Calderón, a contracorriente
Especialistas plantearon que la reforma gubernamental no sólo “va a contracorriente de la tendencia internacional que procura desprivatizar el sector energético, sino que se trata de una iniciativa incompleta y con una visión de corto plazo”.
En su mensaje a la comunidad universitaria, Narro Robles enfatizó que no existe sustituto para el diálogo, al que consideró indispensable para alcanzar acuerdos, conciliar diferencias, aceptar discrepancias y vivir en pluralidad.
Agregó que en las instituciones públicas de educación superior “sabemos, por la naturaleza de nuestro trabajo, que no existen verdades absolutas, que es la crítica la que hace avanzar el conocimiento, pues el pensamiento crítico genera el cambio y la renovación”.
El rector de la UNAM destacó que en un ejercicio de autonomía y “al margen de cualquier poder”, la máxima casa de estudios convocó a un debate en el que se ponen a disposición de la sociedad mexicana “todas sus capacidades y saber acumulado, y las opiniones fundadas de sus académicos en torno a la reforma energética”.
Sin duda, dijo, se requiere una “gran reforma del sector energético para avanzar en el mejoramiento económico de toda la sociedad”, pero ésta se debe sustentar en una visión de largo aliento que permita “no sólo resolver problemas previos, sino anticipar los nuevos retos”, e insistió en que el país demanda la construcción de consensos, por lo que llamó a la comunidad universitaria a no permanecer al margen de la reflexión sobre las políticas que definen el futuro rumbo de la nación.
En entrevista posterior, afirmó que la “apuesta no es ni puede ser por la división del país. Los mexicanos requerimos unidad y podemos hacerlo”, pues enfatizó que se debe discutir en un clima de pluralidad y “pensar, sobre todo, en el impulso que la justicia social debe recibir”.
Participación sin exclusiones
Reunidos en Ciudad Universitaria, Rolando Cordera, profesor emérito de la UNAM; Claudio Estrada Gasca, director del Centro de Investigaciones en Energía; Jorge Eduardo Navarrete, catedrático del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y Luis Escobar, profesor de la Facultad de Derecho y ex gerente jurídico de Pemex, des-tacaron que el inicio de una discusión sobre la reforma petrolera debe ser un “primer paso de un gran debate nacional sobre la política energética que deseamos construir”.
Al abordar el desarrollo de la política energética en México, Escobar, quien dio lectura al mensaje del catedrático en derecho Aquilino Vázquez, destacó que es inconstitucional la reforma propuesta por el Ejecutivo federal, ya que la Carta Magna señala de forma expresa que en “materia de petróleo no habrá ni contratos ni concesiones, al ser tareas reservadas al Estado, y con estas reformas lo que se pretende es el ingreso, por la puerta de atrás, de la iniciativa privada a las actividades que tiene reservadas el Estado, como la refinación o la distribución del petróleo por ductos”.
En tanto, especialistas en geopolítica energética destacaron la necesidad de construir una política “de cara a las necesidades nacionales y, al mismo tiempo, que garantice la preservación de reservas petroleras para las próximas generaciones”.
Alfredo Jalife Rahme, profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y colaborador de La Jornada, afirmó que mientras 95 por ciento de las reservas internacionales de petróleo está manos de los estados, al considerar a los hidrocarburos como de “interés nacional estratégico, en México Felipe Calderón y sus asesores van en el sentido opuesto, al plantear una reforma energética entreguista, cuando la tendencia mundial es hacia la renacionalización” de esos recursos.
En el encuentro, en el que participarán 91 catedráticos de la UNAM y de otras instituciones, los especialistas alertaron que ante la creciente demanda energética a escala mundial, los hidrocarburos “no pueden ser nuestra única apuesta, cuando en otras partes del mundo, como en la Unión Europea, se ha hecho una inversión cuantiosa en ciencia y tecnología para desarrollar fuentes alternas y no depender de un recurso natural no renovable”.
Sin embargo, advirtieron, México depende en 92 por ciento para la producción de su energía primaria de combustibles fósiles, cuando con la aplicación de nuevas tecnologías, como la energía solar, “se podría captar un potencial energético similar a todos los yacimientos petroleros del planeta”, afirmó Claudio Estrada, quien exhortó a invertir en energías renovables que además “garanticen un futuro más sustentable en materia de medio ambiente”.
En las ponencias libres, abiertas a la participación del público en general, especialistas, investigadores y estudiantes se pronunciaron por frenar un proceso de privatización que “sólo responde a los intereses de las grandes trasnacionales, cuando lo que se requiere es abrir una debate más amplio para discutir temas de interés nacional, que no pueden reducirse a asuntos fiscales, técnicos o macroeconómicos, ante el evidente impacto social, político e incluso cultural del petróleo en México”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=politica&article=003n1pol
Comisión de mediación
Carlos Montemayor/ I
El pasado 13 de junio la comisión mediadora entre el PDPR-EPR y el gobierno federal se reunió con los representantes gubernamentales. En términos formales fue la tercera reunión de trabajo; desde la perspectiva de la comisión, fue en verdad la primera.
En el encuentro del 13 de mayo se trataron asuntos de procedimiento: lugar de las reuniones, posible periodicidad de las mismas, mecanismos para hacer públicos los probables resultados de manera conjunta o de forma independiente. Al final de esa reunión, la comisión hizo entrega de un documento en el que se explicitaba el punto central de su compromiso: la presentación con vida de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
En la segunda reunión, efectuada el 20 de mayo, se trató por vez primera el tema sustantivo de los dos eperristas desaparecidos. Los representantes gubernamentales y los miembros de la comisión consideramos necesario precisar informaciones y análisis legales y políticos relacionados con ese tema. Al término de la reunión, los representantes gubernamentales entregaron a la comisión un documento que plantea ponderadamente las funciones posibles de la mediación en el corto y mediano plazos.
Esta segunda reunión fue relevante en más sentidos. Primero, porque a pesar del esmerado cuidado del gobierno federal para no reconocer explícitamente a la comisión de mediación como tal, constituyó un reconocimiento de hecho. Segundo, porque con ese reconocimiento la comisión pudo iniciar formalmente su propia agenda de trabajo, una agenda que no se agregaba como una línea de acción adicional a los propósitos del EPR o del gobierno federal, sino como una línea de investigación dependiente del compromiso apuntado desde la primera respuesta del 25 de abril: la presentación con vida de los dos eperristas desaparecidos. La comisión propuso en esa fecha al EPR una tregua unilateral que constituye la principal aportación concreta de las partes en la mesa de diálogo.
La atención de los medios informativos nacionales fue notable durante esas dos primeras reuniones de trabajo. El interés de la prensa escrita, estaciones de radio y televisión fue creciente y constante, a pesar de que no se había avanzado en el tema sustantivo. En cambio, en la tercera reunión los integrantes de la comisión planteamos a fondo, por vez primera, los aspectos procesales y políticos del tema, pero los medios informativos han guardado un silencio inesperado.
Este artículo y el siguiente se proponen explicar a los ciudadanos interesados en este proceso, a los diversos lectores del sector público y a los integrantes del PDPR-EPR las razones y planteamientos esenciales que la comisión de mediación presentó a los representantes gubernamentales el 13 de junio.
Comienzo por reiterar que la comisión no ha tenido contacto directo con el PDPR-EPR en ningún momento y que nuestra comunicación con esa organización se ha mantenido solamente a través de los medios informativos. Muchos ciudadanos, comunicadores y funcionarios del gobierno federal han supuesto que los miembros de la comisión hemos estado sosteniendo una comunicación directa y permanente con el EPR. No es así. Creo también posible que los integrantes del PDPR-EPR hayan pensado que la comisión ha estado en comunicación directa y permanente con el gobierno federal. Tampoco ha sido así. En mi caso, como he ilustrado pormenorizadamente en mi novela Los informes secretos, uno de mis teléfonos está monitoreado por la Secretaría de la Defensa; otro, por el Cisen. Este monitoreo telefónico no puede considerarse, evidentemente, una comunicación directa entre el gobierno federal y uno de los miembros de la comisión de mediación.
A partir de la segunda reunión del 20 de mayo, la comisión realizó una evaluación de los testimonios personales, documentos y análisis políticos y legales que le fueron entregados por sectores de la sociedad civil. La colaboración de los ciudadanos superó las expectativas iniciales de la comisión. Los materiales se mantuvieron con carácter confidencial hasta la reunión del 13 de junio, fecha en que se integraron, para hacerse públicos, en tres documentos que el lector interesado puede consultar en el sitio web de Serapaz: www.serapaz.org.mx
En el primer documento se hace un recuento de todas las denuncias, quejas o demandas que interpusieron los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en diferentes instancias del fuero común y federal en relación con la detención y desaparición forzada, ocurrida el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca. La inoperancia de las actuaciones de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos son una base sólida para suponer que se requiere una voluntad política más firme a fin de resolver el objetivo fundamental de la presentación con vida de los desaparecidos.
El segundo documento, Análisis de la desaparición forzada de personas, reúne de manera concisa los principales rasgos que tipifican este delito en la legislación internacional como crimen de lesa humanidad y se analiza su aplicación al caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El tercer documento, Precisiones necesarias, reúne puntos que la comisión sugiere aclarar por la relevancia de las acciones inquisitivas o violentas de personas que han representado o se han ostentado como representantes del Ejército Mexicano, el Cisen o la Presidencia de la República. Estos hechos tornan más complejo el proceso ya no sólo legal, sino informativo y político, de los desaparecidos eperristas.
En el primer documento, Aspectos procesales, se asienta que la primera denuncia formal de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya la presentó su hija Nadín Reyes Maldonado el 13 de junio de 2007, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formulando una Queja por Desaparición Forzada, registrada con el número 2007/111, ante el Área de Presuntos Desaparecidos. Hasta la fecha no existe recomendación alguna respecto de esa queja.
El 27 de junio de 2007, la señora Eulalia Amaya Pérez interpuso demanda de amparo a favor de su hijo Edmundo Reyes Amaya por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado segundo de distrito en la ciudad de Oaxaca con número 788/2007, Mesa II-B. A la fecha está suspendido ese juicio constitucional.
El 17 de julio de 2007, ante la negativa de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Oaxaca para iniciar averiguación previa por el delito de desaparición forzada de persona, en agravio de Edmundo Reyes Amaya, Nadín Reyes Maldonado se trasladó al DF y presentó por escrito, ante la oficialía de partes, la denuncia formal por desaparición forzada de persona, radicada bajo el número de A. P. PGR/SIEDO/UEIS/208/2007. Sin embargo, la PGR inició la averiguación por privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro y hasta la fecha no se ha recibido información de adelanto alguno.
El 31 de julio de 2007, Margarita Cruz Reyes, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, interpuso demanda de amparo por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado primero de distrito, en la ciudad de Oaxaca, con número 949/2007, Mesa V-A. A la fecha el juicio está suspendido.
A principios de julio de 2007, Nadín Reyes Maldonado envió una carta al Poder Ejecutivo federal por medio de la cual hizo saber la desaparición de Edmundo Reyes Amaya. Se le respondió con el oficio 210074828-9, de fecha 27 de agosto de 2007, informándole que su documento se turnó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Tampoco se han notificado avances.
La Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, abrió el expediente número 68/2007, con relación a la carta referida en el punto anterior. Hasta la fecha no se conocen resultados.
El 10 de agosto de 2007 los familiares recibieron de Felipe Edgardo Canseco la siguiente versión: un militar no identificado informó que los desaparecidos estaban en el Campo Militar Número Uno, en la ciudad de México; por ese motivo promovieron otro juicio constitucional, ahora ante el juez sexto de distrito de amparo en materia penal (número 732/2007), el cual ordenó realizar una inspección ocular por conducto de un actuario judicial, que resultó negativa. Como la inspección se anunció públicamente con varios días de anticipación, no se cuidó la debida reserva procesal.
Con fecha 7 de septiembre los jueces segundo y primero de Distrito, de la ciudad de Oaxaca, en los juicios de amparo números 788/2007, Mesa II-B. (Edmundo Reyes Amaya) y 949/2007, Mesa V-A., (Gabriel Alberto Cruz Sánchez) respectivamente, acordaron suspender el procedimiento y se limitaron a ordenar dar vista al Ministerio Público Federal, en virtud de que las señaladas como autoridades responsables, al rendir los informes previos y justificados, negaron el acto reclamado.
El 26 de abril de 2008, en Oaxaca, fueron detenidos nueve policías y cinco peritos, de la procuraduría estatal, entre ellos Pedro Hernández Hernández, director operativo de la Policía Ministerial, por su presunta participación en la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Sin embargo, la averiguación previa que se inició fue radicada por terrorismo y tráfico de armas como PGR/SIEDO/UEITTA/047-8. A la fecha sólo dos de esas personas están arraigadas.
El 28 de abril de 2008, en un hecho insólito por su falta de lógica jurídica, la PGR, dentro de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIS/208/2007 (por secuestro) pidió a los familiares muestras biológicas (ADN) para investigar unos cadáveres encontrados, únicamente porque no habían sido reconocidos, “para descartar la posibilidad” de que se tratara de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Los integrantes de la comisión subrayamos, sin embargo, el valor histórico de dos resoluciones judiciales que ordenaron la presentación inmediata de estas personas. El día 20 de septiembre de 2007 se amplió la demanda de amparo de Edmundo Reyes Amaya por el delito de Desaparición Forzada ante el juez segundo de Distrito, en Oaxaca, el cual dictó un acuerdo por el que concede y decreta la suspensión de plano del acto atentatorio, para que “cese de inmediato… (y) para que las autoridades los hagan aparecer… en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza continua, pues subsiste mientras la autoridad lo mantiene oculto o en el anonimato y cesa cuando aparece o se establece cuál fue su destino...” En el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el juez cuarto de distrito judicial de Oaxaca, en el expediente 1174/2007, Mesa 1, señalando como acto reclamado la desaparición forzada, decretó mediante auto de fecha 3 de octubre de 2007 la suspensión de oficio respecto del acto reclamado “consistente en la Desaparición Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, para que ésta cese de inmediato y las autoridades responsables lo hagan aparecer…” En ambos casos, empero, los acuerdos no produjeron efecto jurídico ni material alguno.
Las actuaciones descritas de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos han sido ineficaces para la presentación con vida de los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esta prolija secuencia de acciones legales, frustrantes e inoperantes, como veremos en la próxima entrega, puede sugerir, en el contexto de la legislación internacional, que estaría configurándose uno de los aspectos principales que tipifica el delito de desaparición forzada de persona.
Carlos Montemayor/ I
Comisión de mediación
El pasado 13 de junio la comisión mediadora entre el PDPR-EPR y el gobierno federal se reunió con los representantes gubernamentales. En términos formales fue la tercera reunión de trabajo; desde la perspectiva de la comisión, fue en verdad la primera.
En el encuentro del 13 de mayo se trataron asuntos de procedimiento: lugar de las reuniones, posible periodicidad de las mismas, mecanismos para hacer públicos los probables resultados de manera conjunta o de forma independiente. Al final de esa reunión, la comisión hizo entrega de un documento en el que se explicitaba el punto central de su compromiso: la presentación con vida de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
En la segunda reunión, efectuada el 20 de mayo, se trató por vez primera el tema sustantivo de los dos eperristas desaparecidos. Los representantes gubernamentales y los miembros de la comisión consideramos necesario precisar informaciones y análisis legales y políticos relacionados con ese tema. Al término de la reunión, los representantes gubernamentales entregaron a la comisión un documento que plantea ponderadamente las funciones posibles de la mediación en el corto y mediano plazos.
Esta segunda reunión fue relevante en más sentidos. Primero, porque a pesar del esmerado cuidado del gobierno federal para no reconocer explícitamente a la comisión de mediación como tal, constituyó un reconocimiento de hecho. Segundo, porque con ese reconocimiento la comisión pudo iniciar formalmente su propia agenda de trabajo, una agenda que no se agregaba como una línea de acción adicional a los propósitos del EPR o del gobierno federal, sino como una línea de investigación dependiente del compromiso apuntado desde la primera respuesta del 25 de abril: la presentación con vida de los dos eperristas desaparecidos. La comisión propuso en esa fecha al EPR una tregua unilateral que constituye la principal aportación concreta de las partes en la mesa de diálogo.
La atención de los medios informativos nacionales fue notable durante esas dos primeras reuniones de trabajo. El interés de la prensa escrita, estaciones de radio y televisión fue creciente y constante, a pesar de que no se había avanzado en el tema sustantivo. En cambio, en la tercera reunión los integrantes de la comisión planteamos a fondo, por vez primera, los aspectos procesales y políticos del tema, pero los medios informativos han guardado un silencio inesperado.
Este artículo y el siguiente se proponen explicar a los ciudadanos interesados en este proceso, a los diversos lectores del sector público y a los integrantes del PDPR-EPR las razones y planteamientos esenciales que la comisión de mediación presentó a los representantes gubernamentales el 13 de junio.
Comienzo por reiterar que la comisión no ha tenido contacto directo con el PDPR-EPR en ningún momento y que nuestra comunicación con esa organización se ha mantenido solamente a través de los medios informativos. Muchos ciudadanos, comunicadores y funcionarios del gobierno federal han supuesto que los miembros de la comisión hemos estado sosteniendo una comunicación directa y permanente con el EPR. No es así. Creo también posible que los integrantes del PDPR-EPR hayan pensado que la comisión ha estado en comunicación directa y permanente con el gobierno federal. Tampoco ha sido así. En mi caso, como he ilustrado pormenorizadamente en mi novela Los informes secretos, uno de mis teléfonos está monitoreado por la Secretaría de la Defensa; otro, por el Cisen. Este monitoreo telefónico no puede considerarse, evidentemente, una comunicación directa entre el gobierno federal y uno de los miembros de la comisión de mediación.
A partir de la segunda reunión del 20 de mayo, la comisión realizó una evaluación de los testimonios personales, documentos y análisis políticos y legales que le fueron entregados por sectores de la sociedad civil. La colaboración de los ciudadanos superó las expectativas iniciales de la comisión. Los materiales se mantuvieron con carácter confidencial hasta la reunión del 13 de junio, fecha en que se integraron, para hacerse públicos, en tres documentos que el lector interesado puede consultar en el sitio web de Serapaz: www.serapaz.org.mx
En el primer documento se hace un recuento de todas las denuncias, quejas o demandas que interpusieron los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en diferentes instancias del fuero común y federal en relación con la detención y desaparición forzada, ocurrida el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca. La inoperancia de las actuaciones de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos son una base sólida para suponer que se requiere una voluntad política más firme a fin de resolver el objetivo fundamental de la presentación con vida de los desaparecidos.
El segundo documento, Análisis de la desaparición forzada de personas, reúne de manera concisa los principales rasgos que tipifican este delito en la legislación internacional como crimen de lesa humanidad y se analiza su aplicación al caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El tercer documento, Precisiones necesarias, reúne puntos que la comisión sugiere aclarar por la relevancia de las acciones inquisitivas o violentas de personas que han representado o se han ostentado como representantes del Ejército Mexicano, el Cisen o la Presidencia de la República. Estos hechos tornan más complejo el proceso ya no sólo legal, sino informativo y político, de los desaparecidos eperristas.
En el primer documento, Aspectos procesales, se asienta que la primera denuncia formal de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya la presentó su hija Nadín Reyes Maldonado el 13 de junio de 2007, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formulando una Queja por Desaparición Forzada, registrada con el número 2007/111, ante el Área de Presuntos Desaparecidos. Hasta la fecha no existe recomendación alguna respecto de esa queja.
El 27 de junio de 2007, la señora Eulalia Amaya Pérez interpuso demanda de amparo a favor de su hijo Edmundo Reyes Amaya por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado segundo de distrito en la ciudad de Oaxaca con número 788/2007, Mesa II-B. A la fecha está suspendido ese juicio constitucional.
El 17 de julio de 2007, ante la negativa de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Oaxaca para iniciar averiguación previa por el delito de desaparición forzada de persona, en agravio de Edmundo Reyes Amaya, Nadín Reyes Maldonado se trasladó al DF y presentó por escrito, ante la oficialía de partes, la denuncia formal por desaparición forzada de persona, radicada bajo el número de A. P. PGR/SIEDO/UEIS/208/2007. Sin embargo, la PGR inició la averiguación por privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro y hasta la fecha no se ha recibido información de adelanto alguno.
El 31 de julio de 2007, Margarita Cruz Reyes, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, interpuso demanda de amparo por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado primero de distrito, en la ciudad de Oaxaca, con número 949/2007, Mesa V-A. A la fecha el juicio está suspendido.
A principios de julio de 2007, Nadín Reyes Maldonado envió una carta al Poder Ejecutivo federal por medio de la cual hizo saber la desaparición de Edmundo Reyes Amaya. Se le respondió con el oficio 210074828-9, de fecha 27 de agosto de 2007, informándole que su documento se turnó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Tampoco se han notificado avances.
La Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, abrió el expediente número 68/2007, con relación a la carta referida en el punto anterior. Hasta la fecha no se conocen resultados.
El 10 de agosto de 2007 los familiares recibieron de Felipe Edgardo Canseco la siguiente versión: un militar no identificado informó que los desaparecidos estaban en el Campo Militar Número Uno, en la ciudad de México; por ese motivo promovieron otro juicio constitucional, ahora ante el juez sexto de distrito de amparo en materia penal (número 732/2007), el cual ordenó realizar una inspección ocular por conducto de un actuario judicial, que resultó negativa. Como la inspección se anunció públicamente con varios días de anticipación, no se cuidó la debida reserva procesal.
Con fecha 7 de septiembre los jueces segundo y primero de Distrito, de la ciudad de Oaxaca, en los juicios de amparo números 788/2007, Mesa II-B. (Edmundo Reyes Amaya) y 949/2007, Mesa V-A., (Gabriel Alberto Cruz Sánchez) respectivamente, acordaron suspender el procedimiento y se limitaron a ordenar dar vista al Ministerio Público Federal, en virtud de que las señaladas como autoridades responsables, al rendir los informes previos y justificados, negaron el acto reclamado.
El 26 de abril de 2008, en Oaxaca, fueron detenidos nueve policías y cinco peritos, de la procuraduría estatal, entre ellos Pedro Hernández Hernández, director operativo de la Policía Ministerial, por su presunta participación en la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Sin embargo, la averiguación previa que se inició fue radicada por terrorismo y tráfico de armas como PGR/SIEDO/UEITTA/047-8. A la fecha sólo dos de esas personas están arraigadas.
El 28 de abril de 2008, en un hecho insólito por su falta de lógica jurídica, la PGR, dentro de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIS/208/2007 (por secuestro) pidió a los familiares muestras biológicas (ADN) para investigar unos cadáveres encontrados, únicamente porque no habían sido reconocidos, “para descartar la posibilidad” de que se tratara de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Los integrantes de la comisión subrayamos, sin embargo, el valor histórico de dos resoluciones judiciales que ordenaron la presentación inmediata de estas personas. El día 20 de septiembre de 2007 se amplió la demanda de amparo de Edmundo Reyes Amaya por el delito de Desaparición Forzada ante el juez segundo de Distrito, en Oaxaca, el cual dictó un acuerdo por el que concede y decreta la suspensión de plano del acto atentatorio, para que “cese de inmediato… (y) para que las autoridades los hagan aparecer… en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza continua, pues subsiste mientras la autoridad lo mantiene oculto o en el anonimato y cesa cuando aparece o se establece cuál fue su destino...” En el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el juez cuarto de distrito judicial de Oaxaca, en el expediente 1174/2007, Mesa 1, señalando como acto reclamado la desaparición forzada, decretó mediante auto de fecha 3 de octubre de 2007 la suspensión de oficio respecto del acto reclamado “consistente en la Desaparición Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, para que ésta cese de inmediato y las autoridades responsables lo hagan aparecer…” En ambos casos, empero, los acuerdos no produjeron efecto jurídico ni material alguno.
Las actuaciones descritas de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos han sido ineficaces para la presentación con vida de los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esta prolija secuencia de acciones legales, frustrantes e inoperantes, como veremos en la próxima entrega, puede sugerir, en el contexto de la legislación internacional, que estaría configurándose uno de los aspectos principales que tipifica el delito de desaparición forzada de persona.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=politica&article=010a1pol
El pasado 13 de junio la comisión mediadora entre el PDPR-EPR y el gobierno federal se reunió con los representantes gubernamentales. En términos formales fue la tercera reunión de trabajo; desde la perspectiva de la comisión, fue en verdad la primera.
En el encuentro del 13 de mayo se trataron asuntos de procedimiento: lugar de las reuniones, posible periodicidad de las mismas, mecanismos para hacer públicos los probables resultados de manera conjunta o de forma independiente. Al final de esa reunión, la comisión hizo entrega de un documento en el que se explicitaba el punto central de su compromiso: la presentación con vida de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
En la segunda reunión, efectuada el 20 de mayo, se trató por vez primera el tema sustantivo de los dos eperristas desaparecidos. Los representantes gubernamentales y los miembros de la comisión consideramos necesario precisar informaciones y análisis legales y políticos relacionados con ese tema. Al término de la reunión, los representantes gubernamentales entregaron a la comisión un documento que plantea ponderadamente las funciones posibles de la mediación en el corto y mediano plazos.
Esta segunda reunión fue relevante en más sentidos. Primero, porque a pesar del esmerado cuidado del gobierno federal para no reconocer explícitamente a la comisión de mediación como tal, constituyó un reconocimiento de hecho. Segundo, porque con ese reconocimiento la comisión pudo iniciar formalmente su propia agenda de trabajo, una agenda que no se agregaba como una línea de acción adicional a los propósitos del EPR o del gobierno federal, sino como una línea de investigación dependiente del compromiso apuntado desde la primera respuesta del 25 de abril: la presentación con vida de los dos eperristas desaparecidos. La comisión propuso en esa fecha al EPR una tregua unilateral que constituye la principal aportación concreta de las partes en la mesa de diálogo.
La atención de los medios informativos nacionales fue notable durante esas dos primeras reuniones de trabajo. El interés de la prensa escrita, estaciones de radio y televisión fue creciente y constante, a pesar de que no se había avanzado en el tema sustantivo. En cambio, en la tercera reunión los integrantes de la comisión planteamos a fondo, por vez primera, los aspectos procesales y políticos del tema, pero los medios informativos han guardado un silencio inesperado.
Este artículo y el siguiente se proponen explicar a los ciudadanos interesados en este proceso, a los diversos lectores del sector público y a los integrantes del PDPR-EPR las razones y planteamientos esenciales que la comisión de mediación presentó a los representantes gubernamentales el 13 de junio.
Comienzo por reiterar que la comisión no ha tenido contacto directo con el PDPR-EPR en ningún momento y que nuestra comunicación con esa organización se ha mantenido solamente a través de los medios informativos. Muchos ciudadanos, comunicadores y funcionarios del gobierno federal han supuesto que los miembros de la comisión hemos estado sosteniendo una comunicación directa y permanente con el EPR. No es así. Creo también posible que los integrantes del PDPR-EPR hayan pensado que la comisión ha estado en comunicación directa y permanente con el gobierno federal. Tampoco ha sido así. En mi caso, como he ilustrado pormenorizadamente en mi novela Los informes secretos, uno de mis teléfonos está monitoreado por la Secretaría de la Defensa; otro, por el Cisen. Este monitoreo telefónico no puede considerarse, evidentemente, una comunicación directa entre el gobierno federal y uno de los miembros de la comisión de mediación.
A partir de la segunda reunión del 20 de mayo, la comisión realizó una evaluación de los testimonios personales, documentos y análisis políticos y legales que le fueron entregados por sectores de la sociedad civil. La colaboración de los ciudadanos superó las expectativas iniciales de la comisión. Los materiales se mantuvieron con carácter confidencial hasta la reunión del 13 de junio, fecha en que se integraron, para hacerse públicos, en tres documentos que el lector interesado puede consultar en el sitio web de Serapaz: www.serapaz.org.mx
En el primer documento se hace un recuento de todas las denuncias, quejas o demandas que interpusieron los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en diferentes instancias del fuero común y federal en relación con la detención y desaparición forzada, ocurrida el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca. La inoperancia de las actuaciones de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos son una base sólida para suponer que se requiere una voluntad política más firme a fin de resolver el objetivo fundamental de la presentación con vida de los desaparecidos.
El segundo documento, Análisis de la desaparición forzada de personas, reúne de manera concisa los principales rasgos que tipifican este delito en la legislación internacional como crimen de lesa humanidad y se analiza su aplicación al caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El tercer documento, Precisiones necesarias, reúne puntos que la comisión sugiere aclarar por la relevancia de las acciones inquisitivas o violentas de personas que han representado o se han ostentado como representantes del Ejército Mexicano, el Cisen o la Presidencia de la República. Estos hechos tornan más complejo el proceso ya no sólo legal, sino informativo y político, de los desaparecidos eperristas.
En el primer documento, Aspectos procesales, se asienta que la primera denuncia formal de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya la presentó su hija Nadín Reyes Maldonado el 13 de junio de 2007, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formulando una Queja por Desaparición Forzada, registrada con el número 2007/111, ante el Área de Presuntos Desaparecidos. Hasta la fecha no existe recomendación alguna respecto de esa queja.
El 27 de junio de 2007, la señora Eulalia Amaya Pérez interpuso demanda de amparo a favor de su hijo Edmundo Reyes Amaya por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado segundo de distrito en la ciudad de Oaxaca con número 788/2007, Mesa II-B. A la fecha está suspendido ese juicio constitucional.
El 17 de julio de 2007, ante la negativa de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Oaxaca para iniciar averiguación previa por el delito de desaparición forzada de persona, en agravio de Edmundo Reyes Amaya, Nadín Reyes Maldonado se trasladó al DF y presentó por escrito, ante la oficialía de partes, la denuncia formal por desaparición forzada de persona, radicada bajo el número de A. P. PGR/SIEDO/UEIS/208/2007. Sin embargo, la PGR inició la averiguación por privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro y hasta la fecha no se ha recibido información de adelanto alguno.
El 31 de julio de 2007, Margarita Cruz Reyes, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, interpuso demanda de amparo por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado primero de distrito, en la ciudad de Oaxaca, con número 949/2007, Mesa V-A. A la fecha el juicio está suspendido.
A principios de julio de 2007, Nadín Reyes Maldonado envió una carta al Poder Ejecutivo federal por medio de la cual hizo saber la desaparición de Edmundo Reyes Amaya. Se le respondió con el oficio 210074828-9, de fecha 27 de agosto de 2007, informándole que su documento se turnó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Tampoco se han notificado avances.
La Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, abrió el expediente número 68/2007, con relación a la carta referida en el punto anterior. Hasta la fecha no se conocen resultados.
El 10 de agosto de 2007 los familiares recibieron de Felipe Edgardo Canseco la siguiente versión: un militar no identificado informó que los desaparecidos estaban en el Campo Militar Número Uno, en la ciudad de México; por ese motivo promovieron otro juicio constitucional, ahora ante el juez sexto de distrito de amparo en materia penal (número 732/2007), el cual ordenó realizar una inspección ocular por conducto de un actuario judicial, que resultó negativa. Como la inspección se anunció públicamente con varios días de anticipación, no se cuidó la debida reserva procesal.
Con fecha 7 de septiembre los jueces segundo y primero de Distrito, de la ciudad de Oaxaca, en los juicios de amparo números 788/2007, Mesa II-B. (Edmundo Reyes Amaya) y 949/2007, Mesa V-A., (Gabriel Alberto Cruz Sánchez) respectivamente, acordaron suspender el procedimiento y se limitaron a ordenar dar vista al Ministerio Público Federal, en virtud de que las señaladas como autoridades responsables, al rendir los informes previos y justificados, negaron el acto reclamado.
El 26 de abril de 2008, en Oaxaca, fueron detenidos nueve policías y cinco peritos, de la procuraduría estatal, entre ellos Pedro Hernández Hernández, director operativo de la Policía Ministerial, por su presunta participación en la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Sin embargo, la averiguación previa que se inició fue radicada por terrorismo y tráfico de armas como PGR/SIEDO/UEITTA/047-8. A la fecha sólo dos de esas personas están arraigadas.
El 28 de abril de 2008, en un hecho insólito por su falta de lógica jurídica, la PGR, dentro de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIS/208/2007 (por secuestro) pidió a los familiares muestras biológicas (ADN) para investigar unos cadáveres encontrados, únicamente porque no habían sido reconocidos, “para descartar la posibilidad” de que se tratara de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Los integrantes de la comisión subrayamos, sin embargo, el valor histórico de dos resoluciones judiciales que ordenaron la presentación inmediata de estas personas. El día 20 de septiembre de 2007 se amplió la demanda de amparo de Edmundo Reyes Amaya por el delito de Desaparición Forzada ante el juez segundo de Distrito, en Oaxaca, el cual dictó un acuerdo por el que concede y decreta la suspensión de plano del acto atentatorio, para que “cese de inmediato… (y) para que las autoridades los hagan aparecer… en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza continua, pues subsiste mientras la autoridad lo mantiene oculto o en el anonimato y cesa cuando aparece o se establece cuál fue su destino...” En el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el juez cuarto de distrito judicial de Oaxaca, en el expediente 1174/2007, Mesa 1, señalando como acto reclamado la desaparición forzada, decretó mediante auto de fecha 3 de octubre de 2007 la suspensión de oficio respecto del acto reclamado “consistente en la Desaparición Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, para que ésta cese de inmediato y las autoridades responsables lo hagan aparecer…” En ambos casos, empero, los acuerdos no produjeron efecto jurídico ni material alguno.
Las actuaciones descritas de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos han sido ineficaces para la presentación con vida de los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esta prolija secuencia de acciones legales, frustrantes e inoperantes, como veremos en la próxima entrega, puede sugerir, en el contexto de la legislación internacional, que estaría configurándose uno de los aspectos principales que tipifica el delito de desaparición forzada de persona.
Carlos Montemayor/ I
Comisión de mediación
El pasado 13 de junio la comisión mediadora entre el PDPR-EPR y el gobierno federal se reunió con los representantes gubernamentales. En términos formales fue la tercera reunión de trabajo; desde la perspectiva de la comisión, fue en verdad la primera.
En el encuentro del 13 de mayo se trataron asuntos de procedimiento: lugar de las reuniones, posible periodicidad de las mismas, mecanismos para hacer públicos los probables resultados de manera conjunta o de forma independiente. Al final de esa reunión, la comisión hizo entrega de un documento en el que se explicitaba el punto central de su compromiso: la presentación con vida de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
En la segunda reunión, efectuada el 20 de mayo, se trató por vez primera el tema sustantivo de los dos eperristas desaparecidos. Los representantes gubernamentales y los miembros de la comisión consideramos necesario precisar informaciones y análisis legales y políticos relacionados con ese tema. Al término de la reunión, los representantes gubernamentales entregaron a la comisión un documento que plantea ponderadamente las funciones posibles de la mediación en el corto y mediano plazos.
Esta segunda reunión fue relevante en más sentidos. Primero, porque a pesar del esmerado cuidado del gobierno federal para no reconocer explícitamente a la comisión de mediación como tal, constituyó un reconocimiento de hecho. Segundo, porque con ese reconocimiento la comisión pudo iniciar formalmente su propia agenda de trabajo, una agenda que no se agregaba como una línea de acción adicional a los propósitos del EPR o del gobierno federal, sino como una línea de investigación dependiente del compromiso apuntado desde la primera respuesta del 25 de abril: la presentación con vida de los dos eperristas desaparecidos. La comisión propuso en esa fecha al EPR una tregua unilateral que constituye la principal aportación concreta de las partes en la mesa de diálogo.
La atención de los medios informativos nacionales fue notable durante esas dos primeras reuniones de trabajo. El interés de la prensa escrita, estaciones de radio y televisión fue creciente y constante, a pesar de que no se había avanzado en el tema sustantivo. En cambio, en la tercera reunión los integrantes de la comisión planteamos a fondo, por vez primera, los aspectos procesales y políticos del tema, pero los medios informativos han guardado un silencio inesperado.
Este artículo y el siguiente se proponen explicar a los ciudadanos interesados en este proceso, a los diversos lectores del sector público y a los integrantes del PDPR-EPR las razones y planteamientos esenciales que la comisión de mediación presentó a los representantes gubernamentales el 13 de junio.
Comienzo por reiterar que la comisión no ha tenido contacto directo con el PDPR-EPR en ningún momento y que nuestra comunicación con esa organización se ha mantenido solamente a través de los medios informativos. Muchos ciudadanos, comunicadores y funcionarios del gobierno federal han supuesto que los miembros de la comisión hemos estado sosteniendo una comunicación directa y permanente con el EPR. No es así. Creo también posible que los integrantes del PDPR-EPR hayan pensado que la comisión ha estado en comunicación directa y permanente con el gobierno federal. Tampoco ha sido así. En mi caso, como he ilustrado pormenorizadamente en mi novela Los informes secretos, uno de mis teléfonos está monitoreado por la Secretaría de la Defensa; otro, por el Cisen. Este monitoreo telefónico no puede considerarse, evidentemente, una comunicación directa entre el gobierno federal y uno de los miembros de la comisión de mediación.
A partir de la segunda reunión del 20 de mayo, la comisión realizó una evaluación de los testimonios personales, documentos y análisis políticos y legales que le fueron entregados por sectores de la sociedad civil. La colaboración de los ciudadanos superó las expectativas iniciales de la comisión. Los materiales se mantuvieron con carácter confidencial hasta la reunión del 13 de junio, fecha en que se integraron, para hacerse públicos, en tres documentos que el lector interesado puede consultar en el sitio web de Serapaz: www.serapaz.org.mx
En el primer documento se hace un recuento de todas las denuncias, quejas o demandas que interpusieron los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en diferentes instancias del fuero común y federal en relación con la detención y desaparición forzada, ocurrida el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca. La inoperancia de las actuaciones de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos son una base sólida para suponer que se requiere una voluntad política más firme a fin de resolver el objetivo fundamental de la presentación con vida de los desaparecidos.
El segundo documento, Análisis de la desaparición forzada de personas, reúne de manera concisa los principales rasgos que tipifican este delito en la legislación internacional como crimen de lesa humanidad y se analiza su aplicación al caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El tercer documento, Precisiones necesarias, reúne puntos que la comisión sugiere aclarar por la relevancia de las acciones inquisitivas o violentas de personas que han representado o se han ostentado como representantes del Ejército Mexicano, el Cisen o la Presidencia de la República. Estos hechos tornan más complejo el proceso ya no sólo legal, sino informativo y político, de los desaparecidos eperristas.
En el primer documento, Aspectos procesales, se asienta que la primera denuncia formal de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya la presentó su hija Nadín Reyes Maldonado el 13 de junio de 2007, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formulando una Queja por Desaparición Forzada, registrada con el número 2007/111, ante el Área de Presuntos Desaparecidos. Hasta la fecha no existe recomendación alguna respecto de esa queja.
El 27 de junio de 2007, la señora Eulalia Amaya Pérez interpuso demanda de amparo a favor de su hijo Edmundo Reyes Amaya por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado segundo de distrito en la ciudad de Oaxaca con número 788/2007, Mesa II-B. A la fecha está suspendido ese juicio constitucional.
El 17 de julio de 2007, ante la negativa de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Oaxaca para iniciar averiguación previa por el delito de desaparición forzada de persona, en agravio de Edmundo Reyes Amaya, Nadín Reyes Maldonado se trasladó al DF y presentó por escrito, ante la oficialía de partes, la denuncia formal por desaparición forzada de persona, radicada bajo el número de A. P. PGR/SIEDO/UEIS/208/2007. Sin embargo, la PGR inició la averiguación por privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro y hasta la fecha no se ha recibido información de adelanto alguno.
El 31 de julio de 2007, Margarita Cruz Reyes, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, interpuso demanda de amparo por violaciones al artículo 22 constitucional (incomunicación, tortura, malos tratos), que fue radicada en el juzgado primero de distrito, en la ciudad de Oaxaca, con número 949/2007, Mesa V-A. A la fecha el juicio está suspendido.
A principios de julio de 2007, Nadín Reyes Maldonado envió una carta al Poder Ejecutivo federal por medio de la cual hizo saber la desaparición de Edmundo Reyes Amaya. Se le respondió con el oficio 210074828-9, de fecha 27 de agosto de 2007, informándole que su documento se turnó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Tampoco se han notificado avances.
La Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, abrió el expediente número 68/2007, con relación a la carta referida en el punto anterior. Hasta la fecha no se conocen resultados.
El 10 de agosto de 2007 los familiares recibieron de Felipe Edgardo Canseco la siguiente versión: un militar no identificado informó que los desaparecidos estaban en el Campo Militar Número Uno, en la ciudad de México; por ese motivo promovieron otro juicio constitucional, ahora ante el juez sexto de distrito de amparo en materia penal (número 732/2007), el cual ordenó realizar una inspección ocular por conducto de un actuario judicial, que resultó negativa. Como la inspección se anunció públicamente con varios días de anticipación, no se cuidó la debida reserva procesal.
Con fecha 7 de septiembre los jueces segundo y primero de Distrito, de la ciudad de Oaxaca, en los juicios de amparo números 788/2007, Mesa II-B. (Edmundo Reyes Amaya) y 949/2007, Mesa V-A., (Gabriel Alberto Cruz Sánchez) respectivamente, acordaron suspender el procedimiento y se limitaron a ordenar dar vista al Ministerio Público Federal, en virtud de que las señaladas como autoridades responsables, al rendir los informes previos y justificados, negaron el acto reclamado.
El 26 de abril de 2008, en Oaxaca, fueron detenidos nueve policías y cinco peritos, de la procuraduría estatal, entre ellos Pedro Hernández Hernández, director operativo de la Policía Ministerial, por su presunta participación en la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Sin embargo, la averiguación previa que se inició fue radicada por terrorismo y tráfico de armas como PGR/SIEDO/UEITTA/047-8. A la fecha sólo dos de esas personas están arraigadas.
El 28 de abril de 2008, en un hecho insólito por su falta de lógica jurídica, la PGR, dentro de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIS/208/2007 (por secuestro) pidió a los familiares muestras biológicas (ADN) para investigar unos cadáveres encontrados, únicamente porque no habían sido reconocidos, “para descartar la posibilidad” de que se tratara de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Los integrantes de la comisión subrayamos, sin embargo, el valor histórico de dos resoluciones judiciales que ordenaron la presentación inmediata de estas personas. El día 20 de septiembre de 2007 se amplió la demanda de amparo de Edmundo Reyes Amaya por el delito de Desaparición Forzada ante el juez segundo de Distrito, en Oaxaca, el cual dictó un acuerdo por el que concede y decreta la suspensión de plano del acto atentatorio, para que “cese de inmediato… (y) para que las autoridades los hagan aparecer… en virtud de que el acto reclamado es de naturaleza continua, pues subsiste mientras la autoridad lo mantiene oculto o en el anonimato y cesa cuando aparece o se establece cuál fue su destino...” En el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el juez cuarto de distrito judicial de Oaxaca, en el expediente 1174/2007, Mesa 1, señalando como acto reclamado la desaparición forzada, decretó mediante auto de fecha 3 de octubre de 2007 la suspensión de oficio respecto del acto reclamado “consistente en la Desaparición Forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, para que ésta cese de inmediato y las autoridades responsables lo hagan aparecer…” En ambos casos, empero, los acuerdos no produjeron efecto jurídico ni material alguno.
Las actuaciones descritas de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos han sido ineficaces para la presentación con vida de los desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esta prolija secuencia de acciones legales, frustrantes e inoperantes, como veremos en la próxima entrega, puede sugerir, en el contexto de la legislación internacional, que estaría configurándose uno de los aspectos principales que tipifica el delito de desaparición forzada de persona.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=politica&article=010a1pol
Por falta de bodegas cada año se pierden en el país 800 mil toneladas de alimentos
■ El actual gobierno canceló la posibilidad de modernizar la cadena de almacenes
Matilde Pérez U. /II y última
Por una falta de almacenamiento moderno, que cuente con espuelas de ferrocarril, carros de capacidad similar a los que tienen los agricultores de Estados Unidos y una red rural amplia, en el país se pierden 800 mil toneladas de alimentos cada año, y el volumen puede ser mayor si se sumaran los volúmenes de diversos granos no comercializados adecuadamente.
En la administración 2000-2006, el ex presidente Vicente Fox sostuvo que impulsaría un sistema de almacenamiento rural y redes de frío para “reducir de manera drástica la intermediación innecesaria y facilitar la salida al mercado”. Para ello, dijo habría una ley federal que regulará y fomentará las operaciones de comercialización y consumo, pero la propuesta no se consolidó.
Ahora, la demanda de algunas organizaciones campesinas de contar con bodegas propias está prácticamente cancelada, ya que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación desapareció el programa de apoyo a la modernización e infraestructura comercial para productores del sector social organizados en Apoyos y Servicios para la Comercialización Agropecuaria (Aserca), que contaba con un presupuesto de 400 millones de pesos, los cuales fueron utilizados por las organizaciones para actualizar sus bodegas.
Actualmente, refiere Manuel Villa Issa en su libro ¿Qué hacemos con el campo mexicano?, en el país hay más de 3 mil 500 establecimientos, de los cuales 60 son centros y módulos de abasto especializado en acopio, almacenamiento y comercialización mayorista de frutas y hortalizas, existen 32 centros mayoristas, mil 909 almacenes especializados y 269 frigoríficos.
“En muchas regiones del país las bodegas existentes no reúnen el requisito mínimo de garantizar la preservación del producto almacenado en condi- ciones adecuadas; hay que apoyar la inversión en infraestructura de almacenamiento, rehabilitar y equipar bodegas que alguna vez pertenecieron a Conasupo y que están subutilizadas para integrarlas a la cadena de distribución”, asienta.
En el país se pierden 800 mil toneladas de alimentos anualmente por prácticas comerciales inadecuadas, asentó en una carta dirigida al presidente Felipe Calderón el presidente de la Confederación Nacional de Comerciantes de Centros de Abasto, Alfredo Neme Martínez.
Hace algunas semanas, Almacenadora del Sur –una de las tres empresas a las que el gobierno entregó la concesión de las bodegas y silos del complejo Miguel Alemán de Almacenes Nacionales de Depósito– reportó que un rayo dañó cuatro de los ocho silos que tiene en concesión desde hace tres años, en los que había 60 mil toneladas de granos, entre ellos 40 mil de trigo y 10 mil de maíz blanco, algunos funcionarios del gobierno capitalino se apresuraron a decir que eso provocaría “desabasto de maíz y por tanto alza en los precios de la tortilla”, aunque comercializadores del sector social y privado puntualizaron que “no se ha paralizado la entrada y salida de las 3 mil 200 toneladas de maíz requeridas por el sector nixtamalero del valle de México”.
El incidente reflejó la fragilidad de la seguridad alimentaria del país por una falta de infraestructura moderna de alma- cenamiento y transporte que no esté únicamente en manos del sector privado, mencionó Suárez Carrera.
Hoy, los costos de almacenamiento, transporte y manejo de alimentos y granos en el país son de 25 a 30 por ciento más caros que en Estados Unidos, en donde descargan un tren con 110 tolvas graneleras en 24 horas, mientras que en México se transportan en camiones de 10 toneladas y en carros tradicionales de ferrocarril con una capacidad de 55 toneladas.
Si realmente el gobierno tuviera interés en desarrollar la infraestructura de almacenamiento del país, en cinco años se puede resolver el actual rezago en ese rubro construyendo y actualizando las bodegas existentes en el sur-sureste, altiplano y zona semi árida y árida, y modernizando las terminales graneleras en los puertos
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=politica&article=012n1pol
Matilde Pérez U. /II y última
Por una falta de almacenamiento moderno, que cuente con espuelas de ferrocarril, carros de capacidad similar a los que tienen los agricultores de Estados Unidos y una red rural amplia, en el país se pierden 800 mil toneladas de alimentos cada año, y el volumen puede ser mayor si se sumaran los volúmenes de diversos granos no comercializados adecuadamente.
En la administración 2000-2006, el ex presidente Vicente Fox sostuvo que impulsaría un sistema de almacenamiento rural y redes de frío para “reducir de manera drástica la intermediación innecesaria y facilitar la salida al mercado”. Para ello, dijo habría una ley federal que regulará y fomentará las operaciones de comercialización y consumo, pero la propuesta no se consolidó.
Ahora, la demanda de algunas organizaciones campesinas de contar con bodegas propias está prácticamente cancelada, ya que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación desapareció el programa de apoyo a la modernización e infraestructura comercial para productores del sector social organizados en Apoyos y Servicios para la Comercialización Agropecuaria (Aserca), que contaba con un presupuesto de 400 millones de pesos, los cuales fueron utilizados por las organizaciones para actualizar sus bodegas.
Actualmente, refiere Manuel Villa Issa en su libro ¿Qué hacemos con el campo mexicano?, en el país hay más de 3 mil 500 establecimientos, de los cuales 60 son centros y módulos de abasto especializado en acopio, almacenamiento y comercialización mayorista de frutas y hortalizas, existen 32 centros mayoristas, mil 909 almacenes especializados y 269 frigoríficos.
“En muchas regiones del país las bodegas existentes no reúnen el requisito mínimo de garantizar la preservación del producto almacenado en condi- ciones adecuadas; hay que apoyar la inversión en infraestructura de almacenamiento, rehabilitar y equipar bodegas que alguna vez pertenecieron a Conasupo y que están subutilizadas para integrarlas a la cadena de distribución”, asienta.
En el país se pierden 800 mil toneladas de alimentos anualmente por prácticas comerciales inadecuadas, asentó en una carta dirigida al presidente Felipe Calderón el presidente de la Confederación Nacional de Comerciantes de Centros de Abasto, Alfredo Neme Martínez.
Hace algunas semanas, Almacenadora del Sur –una de las tres empresas a las que el gobierno entregó la concesión de las bodegas y silos del complejo Miguel Alemán de Almacenes Nacionales de Depósito– reportó que un rayo dañó cuatro de los ocho silos que tiene en concesión desde hace tres años, en los que había 60 mil toneladas de granos, entre ellos 40 mil de trigo y 10 mil de maíz blanco, algunos funcionarios del gobierno capitalino se apresuraron a decir que eso provocaría “desabasto de maíz y por tanto alza en los precios de la tortilla”, aunque comercializadores del sector social y privado puntualizaron que “no se ha paralizado la entrada y salida de las 3 mil 200 toneladas de maíz requeridas por el sector nixtamalero del valle de México”.
El incidente reflejó la fragilidad de la seguridad alimentaria del país por una falta de infraestructura moderna de alma- cenamiento y transporte que no esté únicamente en manos del sector privado, mencionó Suárez Carrera.
Hoy, los costos de almacenamiento, transporte y manejo de alimentos y granos en el país son de 25 a 30 por ciento más caros que en Estados Unidos, en donde descargan un tren con 110 tolvas graneleras en 24 horas, mientras que en México se transportan en camiones de 10 toneladas y en carros tradicionales de ferrocarril con una capacidad de 55 toneladas.
Si realmente el gobierno tuviera interés en desarrollar la infraestructura de almacenamiento del país, en cinco años se puede resolver el actual rezago en ese rubro construyendo y actualizando las bodegas existentes en el sur-sureste, altiplano y zona semi árida y árida, y modernizando las terminales graneleras en los puertos
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=politica&article=012n1pol
Reformas prianistas · Hernández
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=cartones&id=4
Editorial
Nuevos partidos, viejos métodos
En una maratónica jornada de aproximadamente 20 horas, que concluyó la madrugada de ayer, Patricia Mercado y sus simpatizantes se hicieron con la mayoría de los delegados –15 de 27– durante la reposición de la asamblea ordinaria del Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS) en el Distrito Federal. Así, la ex candidata presidencial recuperó su calidad de consejera nacional de ese instituto político y podrá competir por la dirigencia nacional de la organización el próximo 12 de julio.
Para poner el hecho en contexto, debe recordarse que la reunión iniciada el domingo hubo de celebrarse tras un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), que el pasado 11 de junio anuló las asambleas capitalina y nacional –realizadas el 16 y 30 de marzo, respectivamente–, que habían concluido con la relección de Alberto Begné al frente de ese instituto político.
La decisión de los magistrados obedeció primordialmente a que durante las reuniones referidas se produjeron violentas agresiones en contra de militantes del ala mercadista, como dan cuenta los videos difundidos a través de Internet y en poder del órgano de justicia electoral. Significativamente, y aunque los comicios repetidos ayer se llevaron a cabo bajo condiciones de seguridad para la militancia, no dejaron de proliferar las denuncias por la presunta compra y coacción de votos.
Lo ocurrido en el PAS da cuenta de la repetición, en el seno de un instituto político “nuevo” –obtuvo el registro hace poco más de dos años–, de prácticas políticas antiguas, antidemocráticas y deleznables, como el empleo de golpeadores en asambleas o la compra de sufragios. Los jaloneos en el interior de ese partido dan cuenta de liderazgos dispuestos a todo con tal de mantener el control sobre ese organismo, sin importar que sus acciones constituyan un muestrario de lo opuesto a la “izquierda moderna” que se postula en los documentos fundamentales del PAS y, en general, a la democracia y la participación ciudadana, el compromiso con la civilidad, la transparencia, la legalidad y el respeto a las instituciones.
Ciertamente, las prácticas señaladas ocurren en el resto de los llamados partidos emergentes y, en escala ampliada, en los tres institutos políticos mayoritarios y tradicionales. Pero en el caso de los primeros resulta claro el sentido empresarial que afecta a los logotipos políticos que han proliferado en años recientes. En términos formales, la existencia de tales institutos políticos obedece a un espíritu de pluralidad y a la necesidad de dar voz a las minorías que no se sientan representadas por los partidos grandes; en los hechos, los organismos políticos menores suelen convertirse en cotos de intereses monetarios y de poder de grupos y familias cuyas posturas políticas e ideológicas varían en función de la conveniencia y de las alianzas de coyuntura. El caso emblemático es el Partido Verde Ecologista del México, obligado en 2005 a reformar sus estatutos al ser considerados por el TEPJF como “anticonstitucionales y antidemocráticos”. Otro ejemplo lamentable de los malos manejos al amparo de siglas con registro partidista fue el del extinto Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), cuyo líder, Gustavo Riojas, canalizó prácticamente todos los recursos públicos a las empresas de su propiedad.
En suma, la multiplicación de esta clase de partidos, lejos de reflejar respeto a la pluralidad y a los valores democráticos, es riesgosa y nociva para la vigencia de la maltrecha institucionalidad política del país y constituye una oportunidad de negocios privados a costa del erario. Ante estos elementos de juicio, sería recomendable revisar la pertinencia de establecer criterios más rigurosos para el registro de organizaciones políticas de nueva formación, así como instrumentos para fiscalizar el uso de las prerrogativas oficiales por parte de los partidos. Pero, por desgracia, no existe una institución nacional con la credibilidad ni la autoridad moral requeridas para encargarse de esas tareas.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=opinion&article=002a1edi
En una maratónica jornada de aproximadamente 20 horas, que concluyó la madrugada de ayer, Patricia Mercado y sus simpatizantes se hicieron con la mayoría de los delegados –15 de 27– durante la reposición de la asamblea ordinaria del Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS) en el Distrito Federal. Así, la ex candidata presidencial recuperó su calidad de consejera nacional de ese instituto político y podrá competir por la dirigencia nacional de la organización el próximo 12 de julio.
Para poner el hecho en contexto, debe recordarse que la reunión iniciada el domingo hubo de celebrarse tras un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), que el pasado 11 de junio anuló las asambleas capitalina y nacional –realizadas el 16 y 30 de marzo, respectivamente–, que habían concluido con la relección de Alberto Begné al frente de ese instituto político.
La decisión de los magistrados obedeció primordialmente a que durante las reuniones referidas se produjeron violentas agresiones en contra de militantes del ala mercadista, como dan cuenta los videos difundidos a través de Internet y en poder del órgano de justicia electoral. Significativamente, y aunque los comicios repetidos ayer se llevaron a cabo bajo condiciones de seguridad para la militancia, no dejaron de proliferar las denuncias por la presunta compra y coacción de votos.
Lo ocurrido en el PAS da cuenta de la repetición, en el seno de un instituto político “nuevo” –obtuvo el registro hace poco más de dos años–, de prácticas políticas antiguas, antidemocráticas y deleznables, como el empleo de golpeadores en asambleas o la compra de sufragios. Los jaloneos en el interior de ese partido dan cuenta de liderazgos dispuestos a todo con tal de mantener el control sobre ese organismo, sin importar que sus acciones constituyan un muestrario de lo opuesto a la “izquierda moderna” que se postula en los documentos fundamentales del PAS y, en general, a la democracia y la participación ciudadana, el compromiso con la civilidad, la transparencia, la legalidad y el respeto a las instituciones.
Ciertamente, las prácticas señaladas ocurren en el resto de los llamados partidos emergentes y, en escala ampliada, en los tres institutos políticos mayoritarios y tradicionales. Pero en el caso de los primeros resulta claro el sentido empresarial que afecta a los logotipos políticos que han proliferado en años recientes. En términos formales, la existencia de tales institutos políticos obedece a un espíritu de pluralidad y a la necesidad de dar voz a las minorías que no se sientan representadas por los partidos grandes; en los hechos, los organismos políticos menores suelen convertirse en cotos de intereses monetarios y de poder de grupos y familias cuyas posturas políticas e ideológicas varían en función de la conveniencia y de las alianzas de coyuntura. El caso emblemático es el Partido Verde Ecologista del México, obligado en 2005 a reformar sus estatutos al ser considerados por el TEPJF como “anticonstitucionales y antidemocráticos”. Otro ejemplo lamentable de los malos manejos al amparo de siglas con registro partidista fue el del extinto Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), cuyo líder, Gustavo Riojas, canalizó prácticamente todos los recursos públicos a las empresas de su propiedad.
En suma, la multiplicación de esta clase de partidos, lejos de reflejar respeto a la pluralidad y a los valores democráticos, es riesgosa y nociva para la vigencia de la maltrecha institucionalidad política del país y constituye una oportunidad de negocios privados a costa del erario. Ante estos elementos de juicio, sería recomendable revisar la pertinencia de establecer criterios más rigurosos para el registro de organizaciones políticas de nueva formación, así como instrumentos para fiscalizar el uso de las prerrogativas oficiales por parte de los partidos. Pero, por desgracia, no existe una institución nacional con la credibilidad ni la autoridad moral requeridas para encargarse de esas tareas.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Giros políticos negros
■ Palabrería de siempre
■ Venganza contra Marcelo
Muertos los niños, a “replantear los operativos policiacos en giros negros”. Renuncias expiatorias, consignaciones mitigantes y declaraciones de sonoridad y vehemencia como las que siempre se producen ante todas las desgracias en las que participan autoridades o políticos: hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, sin protecciones ni complicidades. Palabrería de ocasión en espera de que la tempestad amaine y las rutinas sabidas y consentidas vuelvan a instalarse, hasta que otra desgracia aparezca y los administradores de la institucionalidad macabra vuelvan a pronunciar los discursos de cajón.
El secretario Joel Ortega se vuelve objeto de caza de la infantería felipista deseosa de galones que ya no sean de utilería: el protector de la corrupción federal, Germán Martínez, se lanza contra Marcelo Ebrard, al que acusa de gastar el tiempo en consultas petroleras y festejos bicentenarios y centenarios (¿por qué acentuar el tema independentista, como si lo revolucionario no quisiese ser evocado?). Germancito que ve la paja en el partido ajeno y no la viga de Mouriño en el propio (y las muchas otras vigas de las administraciones panistas federal, estatales y municipales que parecieran jugar competencias respecto a corrupción y pifias). Y el no legítimo Calderón (¿el IFE V. Zurita ordenará fusilamientos para quienes califiquen al michoacano de “no legítimo”?) desliza condolencias por el infortunio focalizado en el DF cuando sus “operativos” militares por el país han provocado más muertes de jóvenes inocentes en retenes y ataques que el igualmente deplorable y criticable asunto de la discoteca capitalina.
Pero el blanco verdadero es Marcelo Ebrard, a quien le pretenden cobrar su adherencia a López Obrador, el desconocimiento sostenido del licenciado Calderón (siendo el del DF el único mandatario local que se ha negado a compartir escenarios con el esposo de la señora Margarita) y la condición de eventual relevo de AMLO en la candidatura presidencial de 2012. Joel Ortega es miembro distinguido del equipo central de trabajo de Ebrard y golpearlo a él es hacerlo con el esposo de la señora Mariagna. Alentar, por otro lado, la idea de la destitución de Ortega, colocaría a Marcelo, en el supuesto de que triunfara ese intento, en la necesidad de recurrir formalmente al ocupante de la Presidencia de la República para que designe al nuevo titular, supuesto que no se dio abiertamente en la nueva administración capitalina porque Ortega venía de la anterior y solamente fue confirmado en el cargo. Un ejemplo de las negociaciones y trascendentes concesiones al felipismo que deben hacerse en aras de cumplir con la normatividad que reserva a Los Pinos la designación del jefe de la policía capitalina y del procurador de Justicia están a la vista en el caso de Rodolfo Félix Cárdenas, el litigante involucrado en la defensa de Carlos Ahumada que ocupa la citada procuraduría merced a arreglos con el calderonismo que impidieron a ME colocar allí a una persona de plena afinidad con la línea política de eso que llaman perredismo. Por lo pronto, ayer, Ebrard se acomidió a anunciar que enviará a la Presidencia de la República un reporte de lo sucedido en la News Divine, no a la de López Obrador, sino a la de Calderón, en lo que rápidamente ha sido difundido oficialistamente como el primer reconocimiento del rejego Marcelo a la realidad felipense.
Astillas
El secretario federal de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, no podrá alegar más delante que ignoraba las denuncias de que en el municipio Tuxtla Chico, de Chiapas, se han dado casos de encefalitis equina que obviamente amenazan a los humanos. Un comunicado de los habitantes de esa zona fue hecho llegar desde trujillosergiotrasplantado@hotmail.com a las oficinas del jalisciense que debería sentirse alarmado, pues su apodo político de 2006 era El caballo negro. El reporte ciudadano menciona que “debido a la grave enfermedad de encefalitis equina, han muerto ya alrededor de 10 a 15 caballos en las comunidades de Silvano Gatica, Miguel Hidalgo, entre otras que forman parte del municipio de Tuxtla Chico, sin que hasta el momento las autoridades de la Sagarpa, con sede en Tapachula, hayan hecho algo al respecto, a pesar de la denuncia que se le ha hecho llegar personalmente mediante la Asociación Ganadera, así como de los medios de comunicación, y no han hecho nada al respecto, sin que les preocupe tal situación”. Pues bien, el secretario equino oscuro tomó la valiente y resolutoria decisión de comisionar a alguien de su equipo, Alexandra Vitard, para que desde alberto.cardenas@sagarpa.gob.mx reenviara la información, “para que sea atendida con carácter de urgente” a José Ángel del Valle, director general de salud animal de un área de la Sagarpa... Amanda Bautista es una de las Adelitas y opina que “el músico Heberto Castillo, conocido en Coyoacán como el Delegado Autista, no ha funcionado y, peor, corre la versión de que es el pelele del chuchista empanizado Mauricio Toledo, diputado asambleísta; ambos están haciendo hasta lo imposible porque el PRD pierda esta delegación. Por ejemplo, mantener como bombardeado el centro de reunión familiar que es la Plaza Hidalgo”. Bautista, junto con Igor Sánchez Peón, participa en la organización Por el Desarrollo Integral de Niños y Niñas (DINN) y, habiendo solicitado el parque de su colonia, Ejidos de San Francisco Culhuacán, para un taller cultural educativo, recibieron por respuesta una negativa mientras “dos veces por mes viene a filmar Televisión Azteca, ¿por qué ésta sí y nosotros no?”... Alberto Enríquez del Valle comenta que Guillermo Zayas González (el director del Programa de Mando Único Policial, Unipol, en la delegación Gustavo A. Madero, destituido y consignado a raíz de lo sucedido en la discoteca News Divine) fue un fiscal especial del caso Digna Ochoa que “se prestó a fortalecer la hipótesis de que ella se había suicidado, lo que para la mayoría de los mexicanos fue increíble”. Sin embargo, Zayas insistió en el punto, persiguiendo u obedeciendo tal vez a intereses siniestros” Enríquez tituló el correo, enviado a esta columna, “Justicia divina y Digna”... ¡Hasta mañana!
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Giros políticos negros
■ Palabrería de siempre
■ Venganza contra Marcelo
Muertos los niños, a “replantear los operativos policiacos en giros negros”. Renuncias expiatorias, consignaciones mitigantes y declaraciones de sonoridad y vehemencia como las que siempre se producen ante todas las desgracias en las que participan autoridades o políticos: hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, sin protecciones ni complicidades. Palabrería de ocasión en espera de que la tempestad amaine y las rutinas sabidas y consentidas vuelvan a instalarse, hasta que otra desgracia aparezca y los administradores de la institucionalidad macabra vuelvan a pronunciar los discursos de cajón.
El secretario Joel Ortega se vuelve objeto de caza de la infantería felipista deseosa de galones que ya no sean de utilería: el protector de la corrupción federal, Germán Martínez, se lanza contra Marcelo Ebrard, al que acusa de gastar el tiempo en consultas petroleras y festejos bicentenarios y centenarios (¿por qué acentuar el tema independentista, como si lo revolucionario no quisiese ser evocado?). Germancito que ve la paja en el partido ajeno y no la viga de Mouriño en el propio (y las muchas otras vigas de las administraciones panistas federal, estatales y municipales que parecieran jugar competencias respecto a corrupción y pifias). Y el no legítimo Calderón (¿el IFE V. Zurita ordenará fusilamientos para quienes califiquen al michoacano de “no legítimo”?) desliza condolencias por el infortunio focalizado en el DF cuando sus “operativos” militares por el país han provocado más muertes de jóvenes inocentes en retenes y ataques que el igualmente deplorable y criticable asunto de la discoteca capitalina.
Pero el blanco verdadero es Marcelo Ebrard, a quien le pretenden cobrar su adherencia a López Obrador, el desconocimiento sostenido del licenciado Calderón (siendo el del DF el único mandatario local que se ha negado a compartir escenarios con el esposo de la señora Margarita) y la condición de eventual relevo de AMLO en la candidatura presidencial de 2012. Joel Ortega es miembro distinguido del equipo central de trabajo de Ebrard y golpearlo a él es hacerlo con el esposo de la señora Mariagna. Alentar, por otro lado, la idea de la destitución de Ortega, colocaría a Marcelo, en el supuesto de que triunfara ese intento, en la necesidad de recurrir formalmente al ocupante de la Presidencia de la República para que designe al nuevo titular, supuesto que no se dio abiertamente en la nueva administración capitalina porque Ortega venía de la anterior y solamente fue confirmado en el cargo. Un ejemplo de las negociaciones y trascendentes concesiones al felipismo que deben hacerse en aras de cumplir con la normatividad que reserva a Los Pinos la designación del jefe de la policía capitalina y del procurador de Justicia están a la vista en el caso de Rodolfo Félix Cárdenas, el litigante involucrado en la defensa de Carlos Ahumada que ocupa la citada procuraduría merced a arreglos con el calderonismo que impidieron a ME colocar allí a una persona de plena afinidad con la línea política de eso que llaman perredismo. Por lo pronto, ayer, Ebrard se acomidió a anunciar que enviará a la Presidencia de la República un reporte de lo sucedido en la News Divine, no a la de López Obrador, sino a la de Calderón, en lo que rápidamente ha sido difundido oficialistamente como el primer reconocimiento del rejego Marcelo a la realidad felipense.
Astillas
El secretario federal de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, no podrá alegar más delante que ignoraba las denuncias de que en el municipio Tuxtla Chico, de Chiapas, se han dado casos de encefalitis equina que obviamente amenazan a los humanos. Un comunicado de los habitantes de esa zona fue hecho llegar desde trujillosergiotrasplantado@hotmail.com a las oficinas del jalisciense que debería sentirse alarmado, pues su apodo político de 2006 era El caballo negro. El reporte ciudadano menciona que “debido a la grave enfermedad de encefalitis equina, han muerto ya alrededor de 10 a 15 caballos en las comunidades de Silvano Gatica, Miguel Hidalgo, entre otras que forman parte del municipio de Tuxtla Chico, sin que hasta el momento las autoridades de la Sagarpa, con sede en Tapachula, hayan hecho algo al respecto, a pesar de la denuncia que se le ha hecho llegar personalmente mediante la Asociación Ganadera, así como de los medios de comunicación, y no han hecho nada al respecto, sin que les preocupe tal situación”. Pues bien, el secretario equino oscuro tomó la valiente y resolutoria decisión de comisionar a alguien de su equipo, Alexandra Vitard, para que desde alberto.cardenas@sagarpa.gob.mx reenviara la información, “para que sea atendida con carácter de urgente” a José Ángel del Valle, director general de salud animal de un área de la Sagarpa... Amanda Bautista es una de las Adelitas y opina que “el músico Heberto Castillo, conocido en Coyoacán como el Delegado Autista, no ha funcionado y, peor, corre la versión de que es el pelele del chuchista empanizado Mauricio Toledo, diputado asambleísta; ambos están haciendo hasta lo imposible porque el PRD pierda esta delegación. Por ejemplo, mantener como bombardeado el centro de reunión familiar que es la Plaza Hidalgo”. Bautista, junto con Igor Sánchez Peón, participa en la organización Por el Desarrollo Integral de Niños y Niñas (DINN) y, habiendo solicitado el parque de su colonia, Ejidos de San Francisco Culhuacán, para un taller cultural educativo, recibieron por respuesta una negativa mientras “dos veces por mes viene a filmar Televisión Azteca, ¿por qué ésta sí y nosotros no?”... Alberto Enríquez del Valle comenta que Guillermo Zayas González (el director del Programa de Mando Único Policial, Unipol, en la delegación Gustavo A. Madero, destituido y consignado a raíz de lo sucedido en la discoteca News Divine) fue un fiscal especial del caso Digna Ochoa que “se prestó a fortalecer la hipótesis de que ella se había suicidado, lo que para la mayoría de los mexicanos fue increíble”. Sin embargo, Zayas insistió en el punto, persiguiendo u obedeciendo tal vez a intereses siniestros” Enríquez tituló el correo, enviado a esta columna, “Justicia divina y Digna”... ¡Hasta mañana!
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Rayuela
¿Desde cuándo vendrá operando el enlace Miami-cárteles-funcionarios corruptos de Migración? Y, ¿qué tan alto llega la red?
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