■ Michoacán, paraíso para quien se dedica a ese ilícito, advierten en foro
Angélica Enciso L.
El programa Cero Tolerancia no ha dado resultados en Michoacán –primer lugar donde el presidente Felipe Calderón lo puso en marcha en 2007– y las denuncias de tala ilegal que se realizan son ignoradas por los gobiernos, lo cual deja en riesgo a los defensores de los bosques, que viven amenazados de muerte por los talamontes, señalaron Manuel Sánchez, del ejido La Mesa, e Isidro Baldenegro, de Chihuahua y premio Goldman.
En el foro Tala ilegal en México, Héctor Magallón, de Greenpeace, informó que este ilícito genera al año entre 5 millones y 7 millones de metros cúbicos de madera, el equivalente a un mercado que va de los 3 mil millones a los 4 mil 200 millones de pesos.
Advirtió que no sólo el medio ambiente es afectado por la tala, sino que, “valiéndose de amenazas, corrupción y violencia física, las bandas de talamontes intentan acallar las voces que denuncian y señalan a quienes destruyen el medio ambiente.
“Los más vulnerables a esta violencia son justamente los que tratan de retomar el control de los recursos forestales para beneficio de su comunidad, poniendo un alto a los que talan en beneficio personal sin importar el daño al medio ambiente y las comunidades.”
En esta situación se han encontrado Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Felipe Arriaga, Albertano Peñaloza, Isidro Baldenegro, Ildefonso Zamora y su hijo Aldo Zamora Gómez, este último asesinado.
La madre de Aldo Zamora, Modesta Gómez, ayer pidió justicia ante el crimen cometido contra su hijo el 15 de mayo de 2007: “los asesinos siguen libres, por eso pedimos que se persiga a los talamontes” y se aplique la ley.
Ahí, también estuvo Isidro Baldenegro, quien entre 2002 y 2003 estuvo preso durante 15 meses luego de defender los bosques de su comunidad, en Chihuahua. Aseguró que a su localidad no ha llegado el programa Cero Tolerancia, y en comunidades como Colorada la Virgen el problema aún continúa, pues “la población resiente la inseguridad que deja esa actividad”.
“Se ha pedido a las autoridades que no den permisos de aprovechamiento forestal, porque los bosques se están acabando, pero el cacique tiene un permiso hasta 2020 y la deforestación sigue.” Añadió que ninguno de los tres niveles de gobierno actúa como debe ser. “Desde hace 20 años se ha presentado demanda tras demanda y no hay nada, estamos en peligro si se sigue talando.”
Manuel Sánchez, del ejido La Mesa, que está dentro de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, del lado de Michoacán, indicó que enfrentan problemas con talamontes, y aunque se han presentado nombres e información sobre ellos al gobierno, éste no actúa. Agregó que por la defensa que ha hecho de los bosques está amenazado de muerte por un talador, Juan Sánchez.
Consideró que Cero Tolerancia “no ha existido en la Monarca. Cerca de Angangueo y el Polvorín hay policías federales, pero los talamontes actúan frente a ellos”.
Fernando Díaz, asesor de San Juan Atzingo, estado de México –donde asesinaron a Aldo Zamora–, indicó que en 2007 sí se vieron acciones de Cero Tolerancia en la zona, pero este año no ha habido nada.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=politica&article=006n1pol
martes, 1 de julio de 2008
Desprecio y desperdicio · Rocha
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=cartones&id=3
De ideologías e ideotologías · El Fisgón
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=cartones&id=2
Editorial
Conacyt: fomento a las trasnacionales
El informe Estímulos fiscales para el fomento de la investigación científica y la tecnología en México, elaborado por la Academia Mexicana de Ciencias, da cuenta del favoritismo con que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), mediante su programa de estímulos fiscales (PEF), ha beneficiado a corporaciones trasnacionales con grandes sumas de recursos públicos, sin que ello se traduzca en fomento a los “proyectos de investigación y desarrollo tecnológico”, y sí, en cambio, en una gran oportunidad de negocio para esas compañía, que “usan ese programa como una manera de evadir impuestos”.
Como botón de muestra, debe mencionarse que las cuatro principales empresas beneficiarias del PEF –Controladora General Motors, Chrysler de México, L.C. Terminal Portuaria de Contenedores y Volkswagen de México– sumaron mil 58 millones de pesos durante 2007, cifra equivalente a 24 por ciento del total del programa, que fue de 4 mil 500 millones de pesos. Para ponderar la importancia de tal monto, ha de señalarse que supera en 400 millones de pesos a la cantidad que el propio Conacyt ejerció el año pasado para el desarrollo de la ciencia básica de todo el país.
Paradójicamente, el sostenido incremento en los recursos destinados al programa –de 415 millones de pesos en 2001, año en que inició el programa, a 4 mil 500 en 2007– se ha dado en forma paralela a una caída en el registro y solicitud de patentes mexicanas, rubro en el que nuestro país se mantiene por debajo de los estándares internacionales: para 2006 la cifra subió a 15 mil, un incremento raquítico si se toma en cuenta que casi tres décadas atrás, en 1977, se solicitaron 10 mil 531; asimismo, el índice de crecimiento de éstas bajó de 2 por ciento en 2002 a 1.4 en 2006.
Los datos mencionados revelan, por un lado, el nulo compromiso con el desarrollo tecnológico del país por parte de las corporaciones beneficiarias –que en el PEF sólo ven oportunidad de negocio– y, por el otro, la falta de capacidad, o de voluntad, de las autoridades para fiscalizar el empleo de esos recursos en un país en el que rubros esenciales para el desarrollo, como la educación pública, se encuentran en situación de abandono.
Por lo demás, esta circunstancia es una contravención mayúscula al sentido original del Conacyt, que tiene entre sus metas el “consolidar un sistema nacional de ciencia y tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población”, y en cuya Ley Orgánica se consagra como una de sus obligaciones el “impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional”. Por el contrario, la forma parcial y tendenciosa en que se han otorgado los recursos del PEF contribuye a agrandar la brecha entre México y el extranjero en materia tecnológica –al subsidiar a empresas que cuentan con grandes inversiones, en perjuicio de sectores que sí necesitan ese estímulo–, merma las expectativas de avance en esa materia y condena al país a seguir dependiendo de la importación de conocimiento científico y tecnológico, en vez de crear condiciones para generarlo en el ámbito nacional.
Por añadidura, este manejo de los recursos públicos es indicativo de la orientación de los gobiernos federales panistas, cuyo propósito, durante los ocho años en que el blanquiazul se ha mantenido en el poder, ha sido servir a los intereses trasnacionales, aunque ello implique desatender las necesidades del país. En esencia, la misma actitud que ha privado en el reparto de subsidios por conducto del PEF del Conacyt puede observarse también en la iniciativa de reforma petrolera, comprometida con los intereses de los gigantes energéticos trasnacionales, y en la política fiscal del actual gobierno, que se ensaña con los sectores productivos y los pequeños contribuyentes y da trato de privilegio a los grandes capitales financieros y a los dueños de las grandes fortunas. En suma, la situación descrita constituye una radiografía de la orientación general y de las prioridades de un gobierno ceñido a los designios y a los intereses de los grandes grupos empresariales, ajeno a las necesidades del desarrollo de México y a la urgencia de resolver los exasperantes rezagos sociales que padece el país.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=opinion&article=002a1edi
El informe Estímulos fiscales para el fomento de la investigación científica y la tecnología en México, elaborado por la Academia Mexicana de Ciencias, da cuenta del favoritismo con que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), mediante su programa de estímulos fiscales (PEF), ha beneficiado a corporaciones trasnacionales con grandes sumas de recursos públicos, sin que ello se traduzca en fomento a los “proyectos de investigación y desarrollo tecnológico”, y sí, en cambio, en una gran oportunidad de negocio para esas compañía, que “usan ese programa como una manera de evadir impuestos”.
Como botón de muestra, debe mencionarse que las cuatro principales empresas beneficiarias del PEF –Controladora General Motors, Chrysler de México, L.C. Terminal Portuaria de Contenedores y Volkswagen de México– sumaron mil 58 millones de pesos durante 2007, cifra equivalente a 24 por ciento del total del programa, que fue de 4 mil 500 millones de pesos. Para ponderar la importancia de tal monto, ha de señalarse que supera en 400 millones de pesos a la cantidad que el propio Conacyt ejerció el año pasado para el desarrollo de la ciencia básica de todo el país.
Paradójicamente, el sostenido incremento en los recursos destinados al programa –de 415 millones de pesos en 2001, año en que inició el programa, a 4 mil 500 en 2007– se ha dado en forma paralela a una caída en el registro y solicitud de patentes mexicanas, rubro en el que nuestro país se mantiene por debajo de los estándares internacionales: para 2006 la cifra subió a 15 mil, un incremento raquítico si se toma en cuenta que casi tres décadas atrás, en 1977, se solicitaron 10 mil 531; asimismo, el índice de crecimiento de éstas bajó de 2 por ciento en 2002 a 1.4 en 2006.
Los datos mencionados revelan, por un lado, el nulo compromiso con el desarrollo tecnológico del país por parte de las corporaciones beneficiarias –que en el PEF sólo ven oportunidad de negocio– y, por el otro, la falta de capacidad, o de voluntad, de las autoridades para fiscalizar el empleo de esos recursos en un país en el que rubros esenciales para el desarrollo, como la educación pública, se encuentran en situación de abandono.
Por lo demás, esta circunstancia es una contravención mayúscula al sentido original del Conacyt, que tiene entre sus metas el “consolidar un sistema nacional de ciencia y tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar de la población”, y en cuya Ley Orgánica se consagra como una de sus obligaciones el “impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional”. Por el contrario, la forma parcial y tendenciosa en que se han otorgado los recursos del PEF contribuye a agrandar la brecha entre México y el extranjero en materia tecnológica –al subsidiar a empresas que cuentan con grandes inversiones, en perjuicio de sectores que sí necesitan ese estímulo–, merma las expectativas de avance en esa materia y condena al país a seguir dependiendo de la importación de conocimiento científico y tecnológico, en vez de crear condiciones para generarlo en el ámbito nacional.
Por añadidura, este manejo de los recursos públicos es indicativo de la orientación de los gobiernos federales panistas, cuyo propósito, durante los ocho años en que el blanquiazul se ha mantenido en el poder, ha sido servir a los intereses trasnacionales, aunque ello implique desatender las necesidades del país. En esencia, la misma actitud que ha privado en el reparto de subsidios por conducto del PEF del Conacyt puede observarse también en la iniciativa de reforma petrolera, comprometida con los intereses de los gigantes energéticos trasnacionales, y en la política fiscal del actual gobierno, que se ensaña con los sectores productivos y los pequeños contribuyentes y da trato de privilegio a los grandes capitales financieros y a los dueños de las grandes fortunas. En suma, la situación descrita constituye una radiografía de la orientación general y de las prioridades de un gobierno ceñido a los designios y a los intereses de los grandes grupos empresariales, ajeno a las necesidades del desarrollo de México y a la urgencia de resolver los exasperantes rezagos sociales que padece el país.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Dos años atrás
■ De las urnas a la división
■ El fraude germinal
Integrantes de Greenpeace-México protestaron frente a la sede de la embajada de Japón en la ciudad de México, por la detención en ese país de ambientalistas que daban a conocer información sobre el tráfico ilegal de carne de ballena
Foto: Cristina Rodríguez
Dos años atrás, a pesar de la intensa guerra sucia y los indicios tempranos de preparativos de fraude electoral, los mexicanos se alistaban, relativamente confiados, a ir a las urnas. Hoy, la nación está dividida, sin representación política legítima, con gobernantes que en los tres niveles actúan creciente e impunemente contra los ciudadanos y convierten el erario en botín, con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial cada vez más desacreditados (al igual que los partidos y las elecciones), con una institucionalidad devastada (en particular los órganos “autónomos”, como los relacionados con lo electoral y la transparencia informativa), militarizada e inhumanamente ensangrentada, y a merced de peligrosos intereses extranjeros (sobre todo con el proyecto de privatización petrolera).
Al comparar el pasado reciente con la aplastante realidad de hoy, es necesario siempre tener presente que el virus germinal de la acelerada descompostura nacional en curso fue el fraude electoral. Con tal de mantenerse en el poder, la derecha panista, corrupta y (por tanto, entre otras cosas) sin apego doctrinario, instaló en México el odio, la división social y un peligroso hartazgo sobre las evidentemente muy insuficientes vías de lo electoral y lo político para resolver los conflictos colectivos. Fox ni siquiera traicionó los principios del partido blanquiazul, porque nunca los ha conocido ni practicado, pero Calderón (cuyo padre, Luis, renunció décadas atrás, por sus desviaciones, al partido del que fue historiador) no sólo ha hecho a un lado los principios del panismo sino que, empeñado en fabricarse una legitimidad de la que muy bien sabe que carece, ha trazado líneas bélicas de acción política para tratar de marginar y, de ser posible, exterminar políticamente, a la mitad nacional que no votó en su favor y que en términos generales (más allá de los juegos manipulables de las encuestas públicas diseñadas conforme al interés del patrocinador) mantiene una postura de rechazo a la usurpación de 2006 y a las posteriores decisiones excluyentes de ese gobierno formal.
Tanta es su ilegitimidad de origen que el calderonismo ha gastado ya una tercera parte de su tiempo políticamente útil (dentro de cuatro años habrá, según las previsiones institucionales, un nuevo presidente electo) en combatir fallidamente a su adversario histórico, el variopinto movimiento cívico encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Si el foxismo construyó la candidatura presidencial del tabasqueño, con empecinamientos torpes como el del desafuero del entonces jefe de Gobierno capitalino, el felipismo ha hecho lo suficiente para que el adversario bombardeado de manera masiva y con las cargas más modernas (misiles televisivos aire-tierra, entre otros) haya podido sostenerse con vida e incluso, como sucede ya, se haya fortalecido y tenga la vista puesta en la revancha natural de 2012.
En la búsqueda de la legitimidad nunca perdida (porque nunca la ha tenido), el extraño señor F.C. ha invertido cuanto capital le ha sido posible en la improbable tarea de desacreditar, desde las trincheras mediáticas electrónicas y escritas en su poder, la convicción de un segmento importante de la sociedad de que él llegó al poder mediante fraude. A las sugerentes peculiaridades negativas que se dieron en los meses inmediatamente anteriores a la elección presidencial y en el tramo procesal de conteo y “validación” de resultados, se han añadido las cínicas confesiones de personajes como el entonces presidente Fox y la profesora Gordillo (siempre adulteradora electoral), y los premios en especie aeronáutica dados a los prestanombres empresariales que dieron la cara en la guerra sucia de mensajes contra AMLO.
Por lo que hace dos años pasó, por lo que hoy está sucediendo y por lo que acontecerá si no es frenado el citado poder ilegítimo, es necesario mantener activa la denuncia, una y otra vez, no sólo en función testimonial, del crimen patrio cometido dos años atrás en las urnas a las que en otro primero de julio, en otro calendario político, en otro México, se encaminaban con relativa confianza ciudadanos que por lo entonces conocido continúan en lucha.
Astillas
En su crónica jornalera de la pasada reunión dominical del Zócalo, Arturo Cano consignó dos elementos interesantes: más de una vez mencionó que el discurso de López Obrador fue escuchado por algunos asistentes sin la reverencia del pasado y también apuntó la insatisfacción de otros ante la indefinición práctica del discurso del comandante en jefe de la resistencia civil. Sobre esos puntos, el irreverente e impráctico tecleador de estas líneas ha de expresar que hasta ahora, y debido en buena medida a la personalísima guerra sucia desatada en su contra, el movimiento de oposición al fraude electoral y de defensa del petróleo ha girado en derredor de una figura tabasqueña pero, justamente a causa de esa órbita, no ha podido construir una estructura amplia y fuerte que pueda sostener ese movimiento en caso de falta (por cualquiera de las varias causas posibles) de ese referente central. Entre otras causas de ese sabido proceso de concentración personalísima de poder (antes, Cuauhtémoc; ahora, Andrés Manuel) está la satanización de las críticas al movimiento y al máximo líder, por considerar que con ellas “se hace el juego” a la derecha o a los opositores de esos procesos de lucha social. Ni puede ni debe haber reverencia y sí crítica y autocrítica permanentes... “Se acabó la música”, dijo don Plutarco al final de El violín, pero don Ángel Tavira seguirá tocando y viviendo no sólo en las ejecuciones musicales preservadas del abandono y practicadas con amor popular sino también en el recuerdo de su experiencia cinematográfica que le dio lauros en Cannes. Don Plutarco a lomo de burra que convierte su estuche protector de instrumento sonoro en abastecedor simbólico de cargas de fuego para Genaros y Lucios obviamente insurrectos. La música, en realidad, don Ángel, no ha terminado… Y, mientras Carlos Salinas sigue siendo eje político explícito, tanto en bodas de hijas de súper senador como en procesos de sucesión, ¡hasta mañana, ya con el nuevo impuesto sobre depósitos en efectivo!
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Dos años atrás
■ De las urnas a la división
■ El fraude germinal
Integrantes de Greenpeace-México protestaron frente a la sede de la embajada de Japón en la ciudad de México, por la detención en ese país de ambientalistas que daban a conocer información sobre el tráfico ilegal de carne de ballena
Foto: Cristina Rodríguez
Dos años atrás, a pesar de la intensa guerra sucia y los indicios tempranos de preparativos de fraude electoral, los mexicanos se alistaban, relativamente confiados, a ir a las urnas. Hoy, la nación está dividida, sin representación política legítima, con gobernantes que en los tres niveles actúan creciente e impunemente contra los ciudadanos y convierten el erario en botín, con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial cada vez más desacreditados (al igual que los partidos y las elecciones), con una institucionalidad devastada (en particular los órganos “autónomos”, como los relacionados con lo electoral y la transparencia informativa), militarizada e inhumanamente ensangrentada, y a merced de peligrosos intereses extranjeros (sobre todo con el proyecto de privatización petrolera).
Al comparar el pasado reciente con la aplastante realidad de hoy, es necesario siempre tener presente que el virus germinal de la acelerada descompostura nacional en curso fue el fraude electoral. Con tal de mantenerse en el poder, la derecha panista, corrupta y (por tanto, entre otras cosas) sin apego doctrinario, instaló en México el odio, la división social y un peligroso hartazgo sobre las evidentemente muy insuficientes vías de lo electoral y lo político para resolver los conflictos colectivos. Fox ni siquiera traicionó los principios del partido blanquiazul, porque nunca los ha conocido ni practicado, pero Calderón (cuyo padre, Luis, renunció décadas atrás, por sus desviaciones, al partido del que fue historiador) no sólo ha hecho a un lado los principios del panismo sino que, empeñado en fabricarse una legitimidad de la que muy bien sabe que carece, ha trazado líneas bélicas de acción política para tratar de marginar y, de ser posible, exterminar políticamente, a la mitad nacional que no votó en su favor y que en términos generales (más allá de los juegos manipulables de las encuestas públicas diseñadas conforme al interés del patrocinador) mantiene una postura de rechazo a la usurpación de 2006 y a las posteriores decisiones excluyentes de ese gobierno formal.
Tanta es su ilegitimidad de origen que el calderonismo ha gastado ya una tercera parte de su tiempo políticamente útil (dentro de cuatro años habrá, según las previsiones institucionales, un nuevo presidente electo) en combatir fallidamente a su adversario histórico, el variopinto movimiento cívico encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Si el foxismo construyó la candidatura presidencial del tabasqueño, con empecinamientos torpes como el del desafuero del entonces jefe de Gobierno capitalino, el felipismo ha hecho lo suficiente para que el adversario bombardeado de manera masiva y con las cargas más modernas (misiles televisivos aire-tierra, entre otros) haya podido sostenerse con vida e incluso, como sucede ya, se haya fortalecido y tenga la vista puesta en la revancha natural de 2012.
En la búsqueda de la legitimidad nunca perdida (porque nunca la ha tenido), el extraño señor F.C. ha invertido cuanto capital le ha sido posible en la improbable tarea de desacreditar, desde las trincheras mediáticas electrónicas y escritas en su poder, la convicción de un segmento importante de la sociedad de que él llegó al poder mediante fraude. A las sugerentes peculiaridades negativas que se dieron en los meses inmediatamente anteriores a la elección presidencial y en el tramo procesal de conteo y “validación” de resultados, se han añadido las cínicas confesiones de personajes como el entonces presidente Fox y la profesora Gordillo (siempre adulteradora electoral), y los premios en especie aeronáutica dados a los prestanombres empresariales que dieron la cara en la guerra sucia de mensajes contra AMLO.
Por lo que hace dos años pasó, por lo que hoy está sucediendo y por lo que acontecerá si no es frenado el citado poder ilegítimo, es necesario mantener activa la denuncia, una y otra vez, no sólo en función testimonial, del crimen patrio cometido dos años atrás en las urnas a las que en otro primero de julio, en otro calendario político, en otro México, se encaminaban con relativa confianza ciudadanos que por lo entonces conocido continúan en lucha.
Astillas
En su crónica jornalera de la pasada reunión dominical del Zócalo, Arturo Cano consignó dos elementos interesantes: más de una vez mencionó que el discurso de López Obrador fue escuchado por algunos asistentes sin la reverencia del pasado y también apuntó la insatisfacción de otros ante la indefinición práctica del discurso del comandante en jefe de la resistencia civil. Sobre esos puntos, el irreverente e impráctico tecleador de estas líneas ha de expresar que hasta ahora, y debido en buena medida a la personalísima guerra sucia desatada en su contra, el movimiento de oposición al fraude electoral y de defensa del petróleo ha girado en derredor de una figura tabasqueña pero, justamente a causa de esa órbita, no ha podido construir una estructura amplia y fuerte que pueda sostener ese movimiento en caso de falta (por cualquiera de las varias causas posibles) de ese referente central. Entre otras causas de ese sabido proceso de concentración personalísima de poder (antes, Cuauhtémoc; ahora, Andrés Manuel) está la satanización de las críticas al movimiento y al máximo líder, por considerar que con ellas “se hace el juego” a la derecha o a los opositores de esos procesos de lucha social. Ni puede ni debe haber reverencia y sí crítica y autocrítica permanentes... “Se acabó la música”, dijo don Plutarco al final de El violín, pero don Ángel Tavira seguirá tocando y viviendo no sólo en las ejecuciones musicales preservadas del abandono y practicadas con amor popular sino también en el recuerdo de su experiencia cinematográfica que le dio lauros en Cannes. Don Plutarco a lomo de burra que convierte su estuche protector de instrumento sonoro en abastecedor simbólico de cargas de fuego para Genaros y Lucios obviamente insurrectos. La música, en realidad, don Ángel, no ha terminado… Y, mientras Carlos Salinas sigue siendo eje político explícito, tanto en bodas de hijas de súper senador como en procesos de sucesión, ¡hasta mañana, ya con el nuevo impuesto sobre depósitos en efectivo!
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Rayuela
Al paso que vamos, pronto algún panista presentará una iniciativa de ley patriótica al estilo Bush, con licencia para torturar incluida.
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/01/index.php
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