■ En enero-marzo, 670 mil personas despedidas; es la mitad de las plazas creadas en 2007
■ Los precios de alimentos crecieron 10 veces más que el aumento salarial
■ Caen a su menor nivel en cuatro meses las ventas de tiendas de autoservicio
■ Bajó la inversión extranjera total
Juan Antonio Zúñiga y Roberto González Amador
En el primer trimestre de este año, 670 mil personas perdieron su empleo, número que equivale a la mitad de las plazas generadas en 2007. Entre enero y mayo, el costo de los alimentos y productos de consumo básico creció 10 veces más que el incremento de los salarios, mientras el mes pasado las ventas de las tiendas de autoservicio reportaron el menor crecimiento en cuatro meses.
Estos son algunos de los signos más evidentes, no los únicos, de la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía mexicana, proceso que algunos expertos aventuran que se profundizará en los siguientes meses, de la mano de la mayor pérdida de dinamismo en Estados Unidos.
“La economía mexicana ya se encuentra inmersa en un proceso de desaceleración”, que será más notorio desde ahora y hasta terminar el tercer trimestre del año, en respuesta a la dinámica de la economía de Estados Unidos, consideró Jorge Sicilia, economista en jefe del consorcio financiero español BBVA para América del Norte.
Además de las señales que tienen que ver directamente con los bolsillos, otros indicadores fortalecen la idea de que la economía mexicana crecerá todavía menos que los modestos avances observados en los últimos cuatro años, periodo en que el promedio de incremento del producto interno bruto (PIB) no superó 3 por ciento anual.
La inversión extranjera total registró un ingreso de 5 mil 470.7 millones de dólares en el primer trimestre de este año, una cifra menor en 41.5 por ciento a la del mismo periodo de 2007, según datos del Banco de México. La cifra fue incluso menor en 37 por ciento a la del primer trimestre de 2006, periodo en que se realizaban en el país las campañas presidenciales, tiempo que usualmente es visto con cautela por los inversionistas.
También ha ocurrido una caída en la inversión fija bruta, un indicador que puede ser visto como la expresión de lo que hoy se está haciendo para generar crecimiento a futuro. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reportó que la inversión fija bruta en marzo pasado, último dato disponible, tuvo una variación negativa de 4.1 por ciento respecto del mismo periodo de 2007. Se trató de la mayor caída por lo menos desde marzo de 2005.
Las remesas, que hasta ahora eran una fuente estable de impulso a la demanda interna, también comenzaron a declinar. Entre enero y abril ingresaron por este concepto divisas por 7 mil 335.9 millones de dólares, 2.4 por ciento menos que en 2007.
Escaso empleo, bajos salarios, menor consumo
Entre los indicadores que mostraron “mayores síntomas de moderación”, como los llama BBVA, se cuenta el empleo. El INEGI reportó que en el primer trimestre de este año la población ocupada (en la economía formal e informal) disminuyó a 43.3 millones, lo que implicó 670 mil menos que las 44 millones reportadas al cierre de 2007. La pérdida fue equivalente a poco más de la mitad de los 1.2 millones de puestos creados el año pasado, tanto en la economía formal como en la informal.
Una expresión concreta de la pérdida de empleo es la disminución de la masa salarial, esto es, del conjunto de sueldos y salarios pagados. En marzo de este año la masa salarial creció a una tasa anual de 4 por ciento, cuando un año antes lo hacía a un ritmo de 6.5 por ciento.
De acuerdo con información oficial, un conjunto de 42 productos de consumo básico, entre ellos alimentos, bebidas y los usados para limpieza e higiene, mostraron crecimiento de precios de 47 por ciento entre diciembre de 2006 y mayo de 2008, repunte que por su magnitud no se había dado al menos en una década.
El ingreso nominal de los trabajadores del país aumentó 2.9 por ciento a tasa anual durante el cuarto trimestre de 2007, mientras el trimestre previo repuntó 4.6 por ciento, según datos del INEGI. A su vez, el salario base de cotización, que incorpora a los trabajadores afiliados al Seguro Social, tuvo una variación anual promedio de 4.6 por ciento en el periodo enero-febrero de 2008, cifra 0.5 puntos porcentuales menor a la observada en bimestre anterior.
“La moderación en el crecimiento del empleo así como de los salarios, podrá reflejarse en una moderación del consumo en los primeros trimestres de este año”, según BBVA.
Información oportuna de la Asociación Nacional de tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que agrupa a las grandes firmas del sector, incluida la estadunidense WalMart, confirman que la desaceleración en el consumo ya está ocurriendo. El crecimiento real de las ventas de las cadenas afiliadas a esta organización fue en mayo de apenas 1.9 por ciento anual, el más bajo en cuatro meses y que contrasta, por ejemplo, con el dinamismo de marzo pasado, cuando la facturación repuntaba a un ritmo anualizado de 5.4 por ciento.
La pérdida de dinamismo de la actividad productiva apenas es compensada por el continuo fluir de divisas generadas por la exportación del petróleo a un precio que, este año al menos, será el doble del empleado como referencia para elaborar el presupuesto federal, del que cuatro de cada 10 pesos son sufragados por venta de crudo.
“El mayor precio del petróleo implica mayores excedentes para el gobierno. Desde una perspectiva más general, representa una transferencia de ingresos del extranjero hacia el país”, explicó Sergio Kurczyn, analista de Banamex. Este consorcio financiero, filial en México del estadunidense Citigroup, estimó esta semana que el producto interno bruto (PIB) crecerá en 2008 a una tasa de 2.7 por ciento. Es una variación marginal respecto al 2.6 por ciento estimado previamente, pero que, explicó, se basa en la renta derivada de la exportación de crudo.
“Los mayores excedentes gubernamentales se traducirán en mayor gasto gubernamental. Parte del excedente está compuesto por mayores subsidios al consumidor de los productos petrolíferos; otra muy pequeña se dedicará a los fondos de estabilización, y el resto a gasto corriente, pero sobre todo a inversión federal, de Petróleos Mexicanos y de los estados”, comentó el analista.
Banamex actualizó su estimación sobre el precio promedio anual del barril de la mezcla mexicana de exportación y lo ubica ahora en 98.4 dólares por barril para 2008, una cotización 100.1 por ciento arriba del precio de 49 dólares con el que se elaboró el presupuesto de este año. En 2009, anticipó, el promedio anual llegará a 102.6 dólares por barril.
Lo que ocurra con la economía mexicana se relaciona en gran medida con el desempeño que en los próximos meses tenga Estados Unidos. En ese país, apunta Sicilia, sólo se ha controlado la caída en el sector inmobiliario, uno de los detonantes de la crisis. “Esta historia seguirá en 2008 y 2009”, con la reducción de un punto en la tasa de crecimiento, dijo.
Desde la academia también se ha llegado a la conclusión de que la tormenta todavía no ha pasado. José de Jesús Rodríguez, profesor de carrera de la Facultad de Economía de la UNAM, explicó que “en muy poco tiempo la crisis de liquidez se convirtió en crisis bancaria, crisis bursátil, crisis financiera. Por ahora no se percibe una crisis grave, profunda y larga en Estados Unidos”, añadió.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=economia&article=027n1eco
jueves, 19 de junio de 2008
El IFE confirma: no más presidente legítimo
■ Aplica multa de 430 mil pesos al PRD y de 301 mil al PT por usar la frase en promocionales
■ Consejeros electorales reconocen que existen incongruencias en el análisis del dictamen
Alonso Urrutia
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) ordenó a los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) retirar de sus promocionales en radio y televisión la leyenda “presidente legítimo” al referirse al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Por un solo voto, también se les sancionó con 430 mil y 301 mil pesos, respectivamente, por haberla incluido en sus mensajes sobre la iniciativa presidencial de reforma energética.
Fueron casi cuatro horas de debate, centrado de nueva cuenta en los alcances y límites de la libertad de expresión, durante las cuales el consejero presidente, Leonardo Valdés, justificó el sentido de la decisión: “el IFE no censura ni coarta las libertades, sino que, de acuerdo con la voluntad del legislador, hace preservar las instituciones de la democracia representativa, para que éstas funcionen”.
Valdés añadió que es imprescindible que la democracia mexicana “se aleje de las posturas que pretenden imponer por la vía del artificio, la coacción y la fuerza, sistemas de valores ajenos a la libertad de expresión, a la equidad y a la transparencia”.
Con su voto y el de los consejeros Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar, Marco Antonio Baños –todos miembros de la Comisión de Quejas que negó medidas cautelares en su momento– y Lourdes López se avaló la postura frente a la figura de “presidente legítimo”.
Poco antes, el representante del PAN, Roberto Gil, dio su interpretación de los “alcances” de la frase: “la verdadera intencionalidad del PRD y sus socios es desestabilizar las instituciones democráticas, generando la idea de ilegitimidad del titular de un órgano del Estado; difunden la falsa idea de que el Presidente pretende la privatización de Pemex (Petróleos Mexicanos) y con ello buscan vulnerar el orden público”.
A su vez, el perredista Rafael Hernández acusó al IFE de aplicar la máxima de la compensación para analizar las quejas –en relación con la multa de 430 mil pesos que aplicó al PAN una semana antes– sin mediar en las diferencias de los promocionales. Señaló la inconsecuencia de los consejeros, al no avalar medidas cautelares por no considerar que se denostaba a las instituciones y ahora pretender aprobar una multa y retirar el mensaje.
Su postura coincidió con la del consejero Andrés Albo, quien para justificar su voto en contra cuestionó la incongruencia de que la Comisión de Quejas concluyó que no había elementos para considerar denostativos los promocionales, y la secretaría ejecutiva, que elaboró el dictámen, sí lo hizo. “La contradicción en los análisis pone en evidencia criterios distintos y demuestra la subjetividad con que se resuelven los asuntos”.
El consejero Arturo Sánchez también fue crítico con el dictamen, cuestionando que el monto original de la multa –525 mil y 368 mil pesos– consideraba como agravante la reincidencia de la transmisión de los promocionales cuando “siguieron al aire porque no dictamos medidas cautelares”. Acto seguido llamó a que en el seno del IFE se establezcan definiciones claras sobre los temas de libertad de expresión, para allanar debates recurrentes.
En contraparte, para los consejeros Andrade, Gómez Alcántar y López, la reiteración de la frase, tomada en su contexto y sentido integral, pretende erosionar la imagen presidencial. “Sabemos que el uso de presidente legítimo de México deriva de un movimiento de inconformidad sobre resultados electorales, pero en el análisis de la legalidad, el uso reiterado conduce a denigrar cuando hay un presidente electo”.
A su vez, los representantes legislativos del PRD y Convergencia, Javier Hernández y Dante Delgado, respectivamente, cuestionaron la sanción, porque no existe violación a precepto alguno. “No se está violando ninguna parte de la Constitución”, puntualizó el perredista.
Delgado manifestó: “aquí no está en duda quién es el Presidente constitucional; no está en duda cuál fue la resolución del tribunal electoral”, dijo, antes de reivindicar el movimiento que respalda a López Obrador. “No se vulnera ninguna norma”, insistió.
El consejero Benito Nacif afirmó que el mensaje “no contiene palabra alguna que disminuya la autoridad del Presidente o que en los hechos merme el desempeño de sus funciones ni que implique deslustrar, ofender o agraviar a la institución de la Presidencia. Considero que no se menoscaba la imagen presidencial”.
La última en fijar su postura y, por tanto, en definir el sentido de la decisión del IFE fue Lourdes López, quien se pronunció por considerar ilegal la frase, pues no contribuye a informar e incluso podría confundir.
Al igual que lo hizo la mayoría de los consejeros, consideró que el contenido de los promocionales sobre la reforma energética no tenían irregularidades, por lo que propuso y se aprobó modificar el dictamen, a efecto de que no se ordenara la salida de los promocionales, sino solamente el retiro de la leyenda “presidente legítimo”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=009n1pol
■ Consejeros electorales reconocen que existen incongruencias en el análisis del dictamen
Alonso Urrutia
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) ordenó a los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) retirar de sus promocionales en radio y televisión la leyenda “presidente legítimo” al referirse al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Por un solo voto, también se les sancionó con 430 mil y 301 mil pesos, respectivamente, por haberla incluido en sus mensajes sobre la iniciativa presidencial de reforma energética.
Fueron casi cuatro horas de debate, centrado de nueva cuenta en los alcances y límites de la libertad de expresión, durante las cuales el consejero presidente, Leonardo Valdés, justificó el sentido de la decisión: “el IFE no censura ni coarta las libertades, sino que, de acuerdo con la voluntad del legislador, hace preservar las instituciones de la democracia representativa, para que éstas funcionen”.
Valdés añadió que es imprescindible que la democracia mexicana “se aleje de las posturas que pretenden imponer por la vía del artificio, la coacción y la fuerza, sistemas de valores ajenos a la libertad de expresión, a la equidad y a la transparencia”.
Con su voto y el de los consejeros Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar, Marco Antonio Baños –todos miembros de la Comisión de Quejas que negó medidas cautelares en su momento– y Lourdes López se avaló la postura frente a la figura de “presidente legítimo”.
Poco antes, el representante del PAN, Roberto Gil, dio su interpretación de los “alcances” de la frase: “la verdadera intencionalidad del PRD y sus socios es desestabilizar las instituciones democráticas, generando la idea de ilegitimidad del titular de un órgano del Estado; difunden la falsa idea de que el Presidente pretende la privatización de Pemex (Petróleos Mexicanos) y con ello buscan vulnerar el orden público”.
A su vez, el perredista Rafael Hernández acusó al IFE de aplicar la máxima de la compensación para analizar las quejas –en relación con la multa de 430 mil pesos que aplicó al PAN una semana antes– sin mediar en las diferencias de los promocionales. Señaló la inconsecuencia de los consejeros, al no avalar medidas cautelares por no considerar que se denostaba a las instituciones y ahora pretender aprobar una multa y retirar el mensaje.
Su postura coincidió con la del consejero Andrés Albo, quien para justificar su voto en contra cuestionó la incongruencia de que la Comisión de Quejas concluyó que no había elementos para considerar denostativos los promocionales, y la secretaría ejecutiva, que elaboró el dictámen, sí lo hizo. “La contradicción en los análisis pone en evidencia criterios distintos y demuestra la subjetividad con que se resuelven los asuntos”.
El consejero Arturo Sánchez también fue crítico con el dictamen, cuestionando que el monto original de la multa –525 mil y 368 mil pesos– consideraba como agravante la reincidencia de la transmisión de los promocionales cuando “siguieron al aire porque no dictamos medidas cautelares”. Acto seguido llamó a que en el seno del IFE se establezcan definiciones claras sobre los temas de libertad de expresión, para allanar debates recurrentes.
En contraparte, para los consejeros Andrade, Gómez Alcántar y López, la reiteración de la frase, tomada en su contexto y sentido integral, pretende erosionar la imagen presidencial. “Sabemos que el uso de presidente legítimo de México deriva de un movimiento de inconformidad sobre resultados electorales, pero en el análisis de la legalidad, el uso reiterado conduce a denigrar cuando hay un presidente electo”.
A su vez, los representantes legislativos del PRD y Convergencia, Javier Hernández y Dante Delgado, respectivamente, cuestionaron la sanción, porque no existe violación a precepto alguno. “No se está violando ninguna parte de la Constitución”, puntualizó el perredista.
Delgado manifestó: “aquí no está en duda quién es el Presidente constitucional; no está en duda cuál fue la resolución del tribunal electoral”, dijo, antes de reivindicar el movimiento que respalda a López Obrador. “No se vulnera ninguna norma”, insistió.
El consejero Benito Nacif afirmó que el mensaje “no contiene palabra alguna que disminuya la autoridad del Presidente o que en los hechos merme el desempeño de sus funciones ni que implique deslustrar, ofender o agraviar a la institución de la Presidencia. Considero que no se menoscaba la imagen presidencial”.
La última en fijar su postura y, por tanto, en definir el sentido de la decisión del IFE fue Lourdes López, quien se pronunció por considerar ilegal la frase, pues no contribuye a informar e incluso podría confundir.
Al igual que lo hizo la mayoría de los consejeros, consideró que el contenido de los promocionales sobre la reforma energética no tenían irregularidades, por lo que propuso y se aprobó modificar el dictamen, a efecto de que no se ordenara la salida de los promocionales, sino solamente el retiro de la leyenda “presidente legítimo”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=009n1pol
Entonces, “¿donde está el otro, qué se hizo, existe?”, responde López Obrador
■ Los panistas, desesperados por borrar las huellas del fraude, señala
Alma E. Muñoz (Enviada)
Coyotepec, Mex., 18 de junio. En respuesta a lo resuelto por el Instituto Federal Electoral (IFE), Andrés Manuel López Obrador señaló: “el PAN presentó una demanda para que no me llamen más ‘presidente legítimo’. Pues ya cometieron un gran error, porque ya no va haber presidente de México. ¿Dónde está el otro? ¿Qué se hizo? ¿Existe otro presidente?”, preguntó.
Bueno, sí aparece, dijo en referencia a Felipe Calderón, pero “es como si no existiera. No sirve para nada”. Aparte de “pelele, resultó inepto. No puede manejar las cosas que tienen que ver con el país”, manifestó tras cuestionarle, además, el anuncio que realizó este miércoles de congelar precios de productos de primera necesidad.
Calderón, insistió, “anda desaparecido. Debajo de la cama o no sé donde se mete ése que no ganó la Presidencia de la República”, señaló el ex candidato presidencial en reunión con brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
La resolución del IFE demuestra, señaló, “la intolerancia y además el nerviosismo” de los panistas, cuyo siguiente paso será la quema de las boletas electorales de 2006. “Están intentando desaparecer toda la paquetería, no quieren dejar huella, porque saben que la gente ya sabe que no ganaron la Presidencia”.
Resulta absurdo, resaltó, que por mayoría los consejeros electorales “tomen una resolución de este tipo”. Pero todo, apuntó el ex jefe de Gobierno capitalino, “ha sido una farsa; ellos (en el gobierno) saben bien que cometieron un fraude electoral, del que el IFE fue parte, y el tribunal electoral y (la mayoría de) los medios de comunicación fueron cómplices”.
Con el mandato del IFE al PRD y al PT para que retiren de sus mensajes la frase “presidente legítimo de México”, sentenció, “no van a resolver nada”. En el gobierno, remató, “andan muy desesperados porque no pueden”.
A lo largo de una gira que realizó por Tecámac, Zumpango, Coyotepec, Nicolás Romero y Naucalpan –en ese orden–, López Obrador reiteró su crítica a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por rechazar los amparos contra las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
“Cuando dije al diablo con sus instituciones se molestaron mucho, pero ha quedado claro que la Suprema Corte está secuestrada, al servicio de los potentados, que en la Presidencia pusieron a un pelele, a Calderón”.
En referencia al panista, remató: “está muy nervioso, cada vez suda más porque sabe que es un traidorzuelo”.
Los ministros, continuó, son “de lo más conservadores y derechistas… Puede ser que resuelvan algún asunto menor, pero cuando se trata de proteger privilegios siempre ven para arriba”. Afirmó: “tenemos que limpiar las instituciones que están al servicio de una minoría”, y cuestionó que el gobierno se haya convertido “en un comité al servicio de unos cuantos”.
También habló del anuncio de Calderón de congelar precios. Advirtió que dicha medida “no va a dar resultado. Es un anuncio espectacular y demagógico, porque se hace después de que ya subieron los precios al doble”. La problemática, insistió, “no se resuelve con un anuncio en la televisión, con un acuerdo con la Concamin o por decreto”.
Eso, continuó, “no funciona. La ley más importante de la economía es la de la oferta y la demanda”. Y si no se produce en México se tienen que comprar alimentos afuera, cuando hay una crisis mundial. Este año el gobierno destinará 5 mil millones de dólares para esa compra cuando, manifestó, con ese dinero, y hasta con menos, “se podría lograr la autosuficiencia alimentaria y permitir un control de precios”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=009n2pol
Alma E. Muñoz (Enviada)
Coyotepec, Mex., 18 de junio. En respuesta a lo resuelto por el Instituto Federal Electoral (IFE), Andrés Manuel López Obrador señaló: “el PAN presentó una demanda para que no me llamen más ‘presidente legítimo’. Pues ya cometieron un gran error, porque ya no va haber presidente de México. ¿Dónde está el otro? ¿Qué se hizo? ¿Existe otro presidente?”, preguntó.
Bueno, sí aparece, dijo en referencia a Felipe Calderón, pero “es como si no existiera. No sirve para nada”. Aparte de “pelele, resultó inepto. No puede manejar las cosas que tienen que ver con el país”, manifestó tras cuestionarle, además, el anuncio que realizó este miércoles de congelar precios de productos de primera necesidad.
Calderón, insistió, “anda desaparecido. Debajo de la cama o no sé donde se mete ése que no ganó la Presidencia de la República”, señaló el ex candidato presidencial en reunión con brigadistas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.
La resolución del IFE demuestra, señaló, “la intolerancia y además el nerviosismo” de los panistas, cuyo siguiente paso será la quema de las boletas electorales de 2006. “Están intentando desaparecer toda la paquetería, no quieren dejar huella, porque saben que la gente ya sabe que no ganaron la Presidencia”.
Resulta absurdo, resaltó, que por mayoría los consejeros electorales “tomen una resolución de este tipo”. Pero todo, apuntó el ex jefe de Gobierno capitalino, “ha sido una farsa; ellos (en el gobierno) saben bien que cometieron un fraude electoral, del que el IFE fue parte, y el tribunal electoral y (la mayoría de) los medios de comunicación fueron cómplices”.
Con el mandato del IFE al PRD y al PT para que retiren de sus mensajes la frase “presidente legítimo de México”, sentenció, “no van a resolver nada”. En el gobierno, remató, “andan muy desesperados porque no pueden”.
A lo largo de una gira que realizó por Tecámac, Zumpango, Coyotepec, Nicolás Romero y Naucalpan –en ese orden–, López Obrador reiteró su crítica a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por rechazar los amparos contra las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
“Cuando dije al diablo con sus instituciones se molestaron mucho, pero ha quedado claro que la Suprema Corte está secuestrada, al servicio de los potentados, que en la Presidencia pusieron a un pelele, a Calderón”.
En referencia al panista, remató: “está muy nervioso, cada vez suda más porque sabe que es un traidorzuelo”.
Los ministros, continuó, son “de lo más conservadores y derechistas… Puede ser que resuelvan algún asunto menor, pero cuando se trata de proteger privilegios siempre ven para arriba”. Afirmó: “tenemos que limpiar las instituciones que están al servicio de una minoría”, y cuestionó que el gobierno se haya convertido “en un comité al servicio de unos cuantos”.
También habló del anuncio de Calderón de congelar precios. Advirtió que dicha medida “no va a dar resultado. Es un anuncio espectacular y demagógico, porque se hace después de que ya subieron los precios al doble”. La problemática, insistió, “no se resuelve con un anuncio en la televisión, con un acuerdo con la Concamin o por decreto”.
Eso, continuó, “no funciona. La ley más importante de la economía es la de la oferta y la demanda”. Y si no se produce en México se tienen que comprar alimentos afuera, cuando hay una crisis mundial. Este año el gobierno destinará 5 mil millones de dólares para esa compra cuando, manifestó, con ese dinero, y hasta con menos, “se podría lograr la autosuficiencia alimentaria y permitir un control de precios”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=009n2pol
Es insuficiente y tardío congelar precios de alimentos: legisladores
■ Muchos insumos ya han sido retiquetados: líderes sindicales
■ Organizaciones campesinas alertan contra posible acaparamiento
(Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez, Roberto Garduño, Carolina Gómez, Patricia Muñoz y Matilde Pérez)
Legisladores, dirigentes sindicales y campesinos consideraron que el control de precios de algunos alimentos anunciado por el presidente Felipe Calderón, aunque tiene un buen propósito es insuficiente, pero sobre todo es tardío, pues la mayoría de los insumos ya han sido retiquetados en diversas ocasiones desde que comenzaron las alzas, por tanto, lo que se hará será mantenerlos en el actual precio elevado; incluso algunos opinaron que la medida tiene más “tintes electoreros” que intenciones de apoyar la economía familiar.
Senadores del PRI y del PRD lo consideraron tardío y llamaron al titular del Ejecutivo a realizar un esfuerzo extraordinario para incrementar la producción de maíz, frijol, arroz y otros artículos de primera necesidad.
El coordinador de los senadores del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, dijo que el gobierno está obligado a reflexionar que no es suficiente con buscar cómo controlar los precios de la canasta básica, sino “pensar y rápidamente en cómo utilizar los excedentes petroleros para impulsar con ellos el crecimiento del país”.
El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, señaló por su parte que ojalá las cúpulas empresariales realmente se sumen a esa especie de congelamiento de algunos alimentos, aunque la solución a la crisis está en respaldar a los productores para que incrementen la cosecha de granos, café y otros básicos.
A su vez, el también perredista Graco Ramírez consideró que se trata de una medida “populista de alguien como Calderón, con miras electorales para 2009”.
Asimismo, diputados del sol azteca y del Partido del Trabajo dijeron que lo anunciado es insuficiente, pues sólo beneficiará a las empresas trasnacionales que controlan las tiendas de autoservicio, y no a los consumidores ni a los productores mexicanos.
El diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho dijo que el Presidente, en un acto de desesperación, firma acuerdos de buena fe con grupos empresariales con objeto de evitar un desplome electoral del PAN en 2009. El legislador y su compañero de bancada Humberto Zazueta denunciaron que desde ayer las tiendas Wal-Mart comenzaron una acelerada retiquetación de todos sus artículos para anticiparse a la medida.
Por su parte, el diputado petista Silvano Garay lamentó que el Ejecutivo no tome medidas enérgicas para detener la escalada de precios, debido a que, afirmó, “no puede ir en contra de los intereses de las grandes empresas que lo apoyaron en su campaña presidencial”.
Para la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la medida “se tomó demasiado tarde”, puesto que muchos de los productos ya han sido “retiquetados en más de una ocasión”, e insistió en su demanda de recuperación salarial.
Francisco Hernández Juárez, uno de los presidentes colegiados de dicha organización, señaló que este acuerdo “va en la dirección correcta”, y apuntó que el anuncio los tomó por sorpresa, puesto que en diversas ocasiones la UNT, junto con organizaciones campesinas y sociales, expusieron al gobierno la necesidad de congelar precios, pero la respuesta siempre fue que esa no era un táctica posible.
Aparte, el vocero de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el diputado Patricio Flores, señaló que esta central obrera considera oportuna la decisión de congelar los precios de productos básicos; sin embargo, llamó a que el gobierno federal lleve a cabo un control especial y un seguimiento riguroso al respecto, porque se pueden dar casos en los que las empresas no abastezcan aquellos alimentos que tengan precio fijo o bien que los oculten, con lo que podría darse acaparamiento.
A su vez, dirigentes del Congreso Agrario Permanente (CAP), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Central Campesina Cardenista (CCC), Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-Barzón y de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo calificaron la propuesta como “relativamente positiva”, pero destacaron que eso no resuelve la crisis alimentaria, ni responde a la discusión en torno a la producción, el control de las importaciones y de los precios de los productos de la canasta básica, que sirven como parámetro para establecer el salario mínimo.
Alfonso Ramírez Cuéllar, de la ANPAP-Barzón, y Víctor Suárez Carrera, de la ANEC, apuntaron por separado que la determinación es demagógica, porque “en el fondo no hay un control sino legitima los precios elevados con el anuncio de que se quedarán hasta fin de año en el nivel al que llegaron ayer”.
José Luis González Aguilera, coordinador en turno del CAP, dijo que “la medida es buena porque beneficia a los consumidores, pero nosotros no hemos pugnado porque se congelen los precios, sino por su regulación”.
Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la CIOAC, recordó que desde la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, en 2003, la propuesta campesina fue controlar los precios de 34 productos de la canasta básica.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=005n1pol
■ Organizaciones campesinas alertan contra posible acaparamiento
(Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Enrique Méndez, Roberto Garduño, Carolina Gómez, Patricia Muñoz y Matilde Pérez)
Legisladores, dirigentes sindicales y campesinos consideraron que el control de precios de algunos alimentos anunciado por el presidente Felipe Calderón, aunque tiene un buen propósito es insuficiente, pero sobre todo es tardío, pues la mayoría de los insumos ya han sido retiquetados en diversas ocasiones desde que comenzaron las alzas, por tanto, lo que se hará será mantenerlos en el actual precio elevado; incluso algunos opinaron que la medida tiene más “tintes electoreros” que intenciones de apoyar la economía familiar.
Senadores del PRI y del PRD lo consideraron tardío y llamaron al titular del Ejecutivo a realizar un esfuerzo extraordinario para incrementar la producción de maíz, frijol, arroz y otros artículos de primera necesidad.
El coordinador de los senadores del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, dijo que el gobierno está obligado a reflexionar que no es suficiente con buscar cómo controlar los precios de la canasta básica, sino “pensar y rápidamente en cómo utilizar los excedentes petroleros para impulsar con ellos el crecimiento del país”.
El coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, señaló por su parte que ojalá las cúpulas empresariales realmente se sumen a esa especie de congelamiento de algunos alimentos, aunque la solución a la crisis está en respaldar a los productores para que incrementen la cosecha de granos, café y otros básicos.
A su vez, el también perredista Graco Ramírez consideró que se trata de una medida “populista de alguien como Calderón, con miras electorales para 2009”.
Asimismo, diputados del sol azteca y del Partido del Trabajo dijeron que lo anunciado es insuficiente, pues sólo beneficiará a las empresas trasnacionales que controlan las tiendas de autoservicio, y no a los consumidores ni a los productores mexicanos.
El diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho dijo que el Presidente, en un acto de desesperación, firma acuerdos de buena fe con grupos empresariales con objeto de evitar un desplome electoral del PAN en 2009. El legislador y su compañero de bancada Humberto Zazueta denunciaron que desde ayer las tiendas Wal-Mart comenzaron una acelerada retiquetación de todos sus artículos para anticiparse a la medida.
Por su parte, el diputado petista Silvano Garay lamentó que el Ejecutivo no tome medidas enérgicas para detener la escalada de precios, debido a que, afirmó, “no puede ir en contra de los intereses de las grandes empresas que lo apoyaron en su campaña presidencial”.
Para la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la medida “se tomó demasiado tarde”, puesto que muchos de los productos ya han sido “retiquetados en más de una ocasión”, e insistió en su demanda de recuperación salarial.
Francisco Hernández Juárez, uno de los presidentes colegiados de dicha organización, señaló que este acuerdo “va en la dirección correcta”, y apuntó que el anuncio los tomó por sorpresa, puesto que en diversas ocasiones la UNT, junto con organizaciones campesinas y sociales, expusieron al gobierno la necesidad de congelar precios, pero la respuesta siempre fue que esa no era un táctica posible.
Aparte, el vocero de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el diputado Patricio Flores, señaló que esta central obrera considera oportuna la decisión de congelar los precios de productos básicos; sin embargo, llamó a que el gobierno federal lleve a cabo un control especial y un seguimiento riguroso al respecto, porque se pueden dar casos en los que las empresas no abastezcan aquellos alimentos que tengan precio fijo o bien que los oculten, con lo que podría darse acaparamiento.
A su vez, dirigentes del Congreso Agrario Permanente (CAP), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Central Campesina Cardenista (CCC), Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-Barzón y de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo calificaron la propuesta como “relativamente positiva”, pero destacaron que eso no resuelve la crisis alimentaria, ni responde a la discusión en torno a la producción, el control de las importaciones y de los precios de los productos de la canasta básica, que sirven como parámetro para establecer el salario mínimo.
Alfonso Ramírez Cuéllar, de la ANPAP-Barzón, y Víctor Suárez Carrera, de la ANEC, apuntaron por separado que la determinación es demagógica, porque “en el fondo no hay un control sino legitima los precios elevados con el anuncio de que se quedarán hasta fin de año en el nivel al que llegaron ayer”.
José Luis González Aguilera, coordinador en turno del CAP, dijo que “la medida es buena porque beneficia a los consumidores, pero nosotros no hemos pugnado porque se congelen los precios, sino por su regulación”.
Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la CIOAC, recordó que desde la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, en 2003, la propuesta campesina fue controlar los precios de 34 productos de la canasta básica.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=005n1pol
Magistrados y magisterio · Rocha
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=cartones&id=4
Editorial
Jalisco: la fiscalización de la sociedad
El Patronato Pro Construcción del Santuario de los Mártires anunció ayer que el próximo lunes devolverá, “junto con los intereses correspondientes”, los 30 millones de pesos que recibió como primer donativo, de un total de 90 millones anunciados, por parte del gobierno de Jalisco que encabeza el panista Emilio González Márquez. El anuncio se produce a más de tres meses de la entrega de la polémica macrolimosna para la construcción de un templo cristero en la entidad, y a pocos días de que el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, “sugiriera” a la fundación promotora considerar “la posibilidad de devolver dichos recursos”, ante las muestras de descontento popular que el donativo había generado, y con el argumento de que “la paz y la concordia en la sociedad deben estar por encima de cualquier cosa”.
El hecho reviste importancia porque pone de manifiesto la efectividad de la presión social frente a una decisión gubernamental aberrante en varios sentidos: con la donación millonaria, y a cargo del erario, el mandatario estatal puso en evidencia el sesgo confesional con que se desempeña en un cargo que demanda laicidad e imparcialidad, así como su desprecio por las normas constitucionales que consagran la libertad de creencias y la separación entre las iglesias y el Estado; exhibió, al mismo tiempo, una jerarquización por demás cuestionable en lo que toca a las prioridades de su gobierno, pues los recursos entregados bien habrían podido servir para atender los rezagos sociales que enfrenta la entidad, mucho más urgentes que la “promoción del turismo religioso”, y aportó una muestra del sentido clientelar, patrimonialista y discrecional con que el panismo gobernante maneja los dineros públicos aprovechando los vacíos legales en materia de rendición de cuentas y transparencia.
Ante el empecinamiento de González Márquez, y los exabruptos soeces que lanzó a quienes criticaron el millonario donativo, la sociedad, en Jalisco y en el país, expresó un inequívoco repudio a semejantes maneras de gobernar; a la manifestación realizada en Guadalajara se agregaron cerca de 7 mil quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. A fin de cuentas, esa presión obligó a dar marcha atrás a quienes se habían beneficiado con ese manejo irregular y faccioso de los recursos públicos.
En otro sentido, el hecho que se comenta refleja la inefectividad, si no es que la inexistencia, de las instancias encargadas de controlar el manejo de los fondos gubernamentales, situación que prevalece en el escenario nacional a pesar de los alegatos oficiales en materia de transparencia y rendición de cuentas. Al respecto, la misma turbiedad con que se condujo el gobierno de Jalisco pudo observarse en el ámbito federal con la elaboración y difusión de los espots del “tesoro en aguas profundas”, por parte de la administración calderonista, cuya autoría inicialmente fue negada por el gobierno federal, y cuyo costo exacto se desconoce hasta la fecha, aunque se estima que absorbió más de 70 por ciento de los 218 millones de pesos que Petróleos Mexicanos destinó este año para publicidad. Por lo demás, ambos casos encierran inaceptables intentos de imposición ideológica: el credo religioso de un gobernante, por un lado; la obsesión privatizadora de lo que queda de los bienes públicos, por el otro.
En suma, la devolución de la macrolimosna en Jalisco tiene dos caras opuestas: la efectividad de la oposición popular y las muestras de repudio ante la secuencia de desfiguros cometidos por González Márquez, y la ausencia de autoridad en lo que toca a la regulación del manejo de los recursos públicos, pese a que esa regulación resulta imprescindible para evitar la comisión de manejos indebidos como los comentados, inaceptables en cualquier régimen pretendidamente democrático.
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=opinion&article=002a1edi
El Patronato Pro Construcción del Santuario de los Mártires anunció ayer que el próximo lunes devolverá, “junto con los intereses correspondientes”, los 30 millones de pesos que recibió como primer donativo, de un total de 90 millones anunciados, por parte del gobierno de Jalisco que encabeza el panista Emilio González Márquez. El anuncio se produce a más de tres meses de la entrega de la polémica macrolimosna para la construcción de un templo cristero en la entidad, y a pocos días de que el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, “sugiriera” a la fundación promotora considerar “la posibilidad de devolver dichos recursos”, ante las muestras de descontento popular que el donativo había generado, y con el argumento de que “la paz y la concordia en la sociedad deben estar por encima de cualquier cosa”.
El hecho reviste importancia porque pone de manifiesto la efectividad de la presión social frente a una decisión gubernamental aberrante en varios sentidos: con la donación millonaria, y a cargo del erario, el mandatario estatal puso en evidencia el sesgo confesional con que se desempeña en un cargo que demanda laicidad e imparcialidad, así como su desprecio por las normas constitucionales que consagran la libertad de creencias y la separación entre las iglesias y el Estado; exhibió, al mismo tiempo, una jerarquización por demás cuestionable en lo que toca a las prioridades de su gobierno, pues los recursos entregados bien habrían podido servir para atender los rezagos sociales que enfrenta la entidad, mucho más urgentes que la “promoción del turismo religioso”, y aportó una muestra del sentido clientelar, patrimonialista y discrecional con que el panismo gobernante maneja los dineros públicos aprovechando los vacíos legales en materia de rendición de cuentas y transparencia.
Ante el empecinamiento de González Márquez, y los exabruptos soeces que lanzó a quienes criticaron el millonario donativo, la sociedad, en Jalisco y en el país, expresó un inequívoco repudio a semejantes maneras de gobernar; a la manifestación realizada en Guadalajara se agregaron cerca de 7 mil quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. A fin de cuentas, esa presión obligó a dar marcha atrás a quienes se habían beneficiado con ese manejo irregular y faccioso de los recursos públicos.
En otro sentido, el hecho que se comenta refleja la inefectividad, si no es que la inexistencia, de las instancias encargadas de controlar el manejo de los fondos gubernamentales, situación que prevalece en el escenario nacional a pesar de los alegatos oficiales en materia de transparencia y rendición de cuentas. Al respecto, la misma turbiedad con que se condujo el gobierno de Jalisco pudo observarse en el ámbito federal con la elaboración y difusión de los espots del “tesoro en aguas profundas”, por parte de la administración calderonista, cuya autoría inicialmente fue negada por el gobierno federal, y cuyo costo exacto se desconoce hasta la fecha, aunque se estima que absorbió más de 70 por ciento de los 218 millones de pesos que Petróleos Mexicanos destinó este año para publicidad. Por lo demás, ambos casos encierran inaceptables intentos de imposición ideológica: el credo religioso de un gobernante, por un lado; la obsesión privatizadora de lo que queda de los bienes públicos, por el otro.
En suma, la devolución de la macrolimosna en Jalisco tiene dos caras opuestas: la efectividad de la oposición popular y las muestras de repudio ante la secuencia de desfiguros cometidos por González Márquez, y la ausencia de autoridad en lo que toca a la regulación del manejo de los recursos públicos, pese a que esa regulación resulta imprescindible para evitar la comisión de manejos indebidos como los comentados, inaceptables en cualquier régimen pretendidamente democrático.
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Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Congelar la realidad
■ Oh, las contingencias
■ Lo espurio y lo legítimo
El dirigente de Concamin enfrió de inmediato la euforia del pequeño populismo de derecha desatado ayer en Los Pinos con un anuncio de presunto control de precios en 150 productos empaquetadamente “básicos”. Según la interpretación personal del ocupante de la Presidencia de la República, duraría todo el año la estabilización forzosa de precios en ciertos productos alimenticios. Pero el presunto firmante empresarial de ese minipacto, que mal recuerda los aires del echeverrismo y el lopezportillismo, rápidamente corrigió al patrono de Juan Camilo Mouriño y estableció que el compromiso de mantener ciertas etiquetas intocadas se sostendrá “siempre y cuando no existan contingencias extraordinarias en la economía nacional, con impacto en la planta productiva mexicana” (¡oh!). Además, la vigencia de la oferta en materia de aceites y grasas comestibles no será por lo que resta del año sino hasta el último día de agosto y, en el caso del trigo, hasta el último de julio.
El gerente del Instituto del Fraude Electoral impulsó a su vez el proyecto de congelación de dos palabras procesadas que provocan contingencias negativas en el deprimido ego de ciertos personajes sujetos a control social y difícilmente retiquetables (ni modo de quitarle una vocal a una palabra y dividirla en dos para que lo falso parezca genuino: no sería entonces espurio, sino “es puro”, según amable dictamen de los Laboratorios de Control Adulterado de Calidad V. Zurita). Cinco de nueve consejeros del antes mencionado bife electoral decidieron sancionar el uso del adjetivo “legítimo” en relación con Andrés Manuel López Obrador porque consideran que con ello se denigra y deprecia la figura de quien jurídica y formalmente se mantiene como ocupante de la Presidencia de la República desde diciembre de 2006.
En realidad, más se maltrata y en su pequeñez política se exhibe al presunto defendido con esos actos de litigable censura política que constituyen el máximo reconocimiento oficial de que no ha fracasado el difícil lance emprendido por AMLO de ejercer la denominación de “presidente legítimo” que una convención de sus seguidores le asignó y que en sus primeros días de vigencia animó a sus detractores a vaticinar un final político del tabasqueño entre el ridículo y lo caricatural que, según ha necesitado aceptar formalmente el tal IFE, no sólo no sucedió sino que ahora hay necesidad de extender una orden intolerante y, esa sí, ridícula, para que no se denomine de determinada manera a un personaje al que en todo caso el propio curso de lo político debería poner en un lugar de marginación y repudio, si tal fuera la circunstancia, pero no emisiones de autoritarismo hechas por desprestigiados consejeros electorales que pretenden controlar la realidad política como un presunto presidente quiere someter a su arbitrio precios volátiles.
También es difícil el pretender ocultar el pago que por favores recibidos se hace desde el poder a los coadyuvantes que navegaron en determinados momentos con banderas de “independencia” y “objetividad”. Un miembro distinguido, pero ahora escindido, del grupo de delincuencia política llamado los Niños Verdes, ha asumido la coordinación de proyectos especiales de la ¿muy legítima? Presidencia de la República; Bernardo de la Garza asestó un golpe de traición a Roberto Madrazo en 2006 –golpe que ni siquiera era necesario para dañar al ya entonces muy erosionado priísta–, cuando primero declinó con enjundia en favor de él la candidatura presidencial de cambalache que había construido el partido llamado ecologista y luego lo dejó colgado de la verde brocha, con el beneplácito del efímero tucán Calderón.
La misma figura ambigua y sugerente de la “coordinación de proyectos especiales” (todo o nada, según decida el jefe) ha sido asumida, pero en el comité nacional panista, por el querido cuñado del presidente de la legitimidad al 0.56 por ciento, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, que deja sus oficinas en la española Prisa para asomarse a los terrenos impredecibles (¿o ya desde ahora predichos, y por ello se le abre camino?) de la política panista dominada por el esposo de su hermana Margarita.
Otro funcionario designado (léase lo referido líneas arriba sobre coadyuvantes con banderas de “imparcialidad”, sobre todo en foros electrónicos de opiniones controladas) es el académico Rafael Fernández de Castro, quien ejercerá oficialmente la función de asesor en asuntos internacionales de la recontrarchirrequete legítima presidencia calderónica. Y las armas de las buenas familias panistas de siempre se vuelven a vestir de gloria con la relección de Alonso Lujambio al frente del Instituto Federal de Arreglos con la Información, el ente de presunta transparencia que en los hechos, y gracias al papel desempeñado por el citado Lujambio, ha servido de constante tapadera de excesos y abusos del patrón Calderón (en contra de esa continuidad se manifestó el comisionado Juan Pablo Guerrero, que da solitaria y acosada pelea en ese terreno minado de pinos).
Astillas
Julio Vázquez, especialista en asuntos de prestaciones sociales de Hewitt Associates en México, pregunta, a propósito de las reacciones adversas a la convalidación judicial del cambio en el esquema de pensiones federales: “¿Por qué pagar de nuestros impuestos pensiones generosas a quienes nunca nos han atendido bien? Si se hace una encuesta sobre la opinión y la experiencia que los contribuyentes y el público en general tienen sobre la burocracia, se vería el gran maltrato del que hemos sido víctimas. Aún así, ¿merecen estas personas un régimen tan injusto como el acceder al 100 por ciento de su último sueldo como pensión, cuando los expertos y consultores recomiendan un 75 por ciento como suficiente? ¿No se conforman con sus jugosos aguinaldos y sus ventajosas condiciones de trabajo? ¿No es suficiente con su pésimo trabajo?”… Y, mientras la movilización cívica jalisciense se fortalece luego que el patronato del santuario de los mártires cristeros fue obligado por la presión social a devolver la macrolimosna del gobernador piadoso, ¡hasta mañana, en esta columna anticongelante!
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Congelar la realidad
■ Oh, las contingencias
■ Lo espurio y lo legítimo
El dirigente de Concamin enfrió de inmediato la euforia del pequeño populismo de derecha desatado ayer en Los Pinos con un anuncio de presunto control de precios en 150 productos empaquetadamente “básicos”. Según la interpretación personal del ocupante de la Presidencia de la República, duraría todo el año la estabilización forzosa de precios en ciertos productos alimenticios. Pero el presunto firmante empresarial de ese minipacto, que mal recuerda los aires del echeverrismo y el lopezportillismo, rápidamente corrigió al patrono de Juan Camilo Mouriño y estableció que el compromiso de mantener ciertas etiquetas intocadas se sostendrá “siempre y cuando no existan contingencias extraordinarias en la economía nacional, con impacto en la planta productiva mexicana” (¡oh!). Además, la vigencia de la oferta en materia de aceites y grasas comestibles no será por lo que resta del año sino hasta el último día de agosto y, en el caso del trigo, hasta el último de julio.
El gerente del Instituto del Fraude Electoral impulsó a su vez el proyecto de congelación de dos palabras procesadas que provocan contingencias negativas en el deprimido ego de ciertos personajes sujetos a control social y difícilmente retiquetables (ni modo de quitarle una vocal a una palabra y dividirla en dos para que lo falso parezca genuino: no sería entonces espurio, sino “es puro”, según amable dictamen de los Laboratorios de Control Adulterado de Calidad V. Zurita). Cinco de nueve consejeros del antes mencionado bife electoral decidieron sancionar el uso del adjetivo “legítimo” en relación con Andrés Manuel López Obrador porque consideran que con ello se denigra y deprecia la figura de quien jurídica y formalmente se mantiene como ocupante de la Presidencia de la República desde diciembre de 2006.
En realidad, más se maltrata y en su pequeñez política se exhibe al presunto defendido con esos actos de litigable censura política que constituyen el máximo reconocimiento oficial de que no ha fracasado el difícil lance emprendido por AMLO de ejercer la denominación de “presidente legítimo” que una convención de sus seguidores le asignó y que en sus primeros días de vigencia animó a sus detractores a vaticinar un final político del tabasqueño entre el ridículo y lo caricatural que, según ha necesitado aceptar formalmente el tal IFE, no sólo no sucedió sino que ahora hay necesidad de extender una orden intolerante y, esa sí, ridícula, para que no se denomine de determinada manera a un personaje al que en todo caso el propio curso de lo político debería poner en un lugar de marginación y repudio, si tal fuera la circunstancia, pero no emisiones de autoritarismo hechas por desprestigiados consejeros electorales que pretenden controlar la realidad política como un presunto presidente quiere someter a su arbitrio precios volátiles.
También es difícil el pretender ocultar el pago que por favores recibidos se hace desde el poder a los coadyuvantes que navegaron en determinados momentos con banderas de “independencia” y “objetividad”. Un miembro distinguido, pero ahora escindido, del grupo de delincuencia política llamado los Niños Verdes, ha asumido la coordinación de proyectos especiales de la ¿muy legítima? Presidencia de la República; Bernardo de la Garza asestó un golpe de traición a Roberto Madrazo en 2006 –golpe que ni siquiera era necesario para dañar al ya entonces muy erosionado priísta–, cuando primero declinó con enjundia en favor de él la candidatura presidencial de cambalache que había construido el partido llamado ecologista y luego lo dejó colgado de la verde brocha, con el beneplácito del efímero tucán Calderón.
La misma figura ambigua y sugerente de la “coordinación de proyectos especiales” (todo o nada, según decida el jefe) ha sido asumida, pero en el comité nacional panista, por el querido cuñado del presidente de la legitimidad al 0.56 por ciento, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, que deja sus oficinas en la española Prisa para asomarse a los terrenos impredecibles (¿o ya desde ahora predichos, y por ello se le abre camino?) de la política panista dominada por el esposo de su hermana Margarita.
Otro funcionario designado (léase lo referido líneas arriba sobre coadyuvantes con banderas de “imparcialidad”, sobre todo en foros electrónicos de opiniones controladas) es el académico Rafael Fernández de Castro, quien ejercerá oficialmente la función de asesor en asuntos internacionales de la recontrarchirrequete legítima presidencia calderónica. Y las armas de las buenas familias panistas de siempre se vuelven a vestir de gloria con la relección de Alonso Lujambio al frente del Instituto Federal de Arreglos con la Información, el ente de presunta transparencia que en los hechos, y gracias al papel desempeñado por el citado Lujambio, ha servido de constante tapadera de excesos y abusos del patrón Calderón (en contra de esa continuidad se manifestó el comisionado Juan Pablo Guerrero, que da solitaria y acosada pelea en ese terreno minado de pinos).
Astillas
Julio Vázquez, especialista en asuntos de prestaciones sociales de Hewitt Associates en México, pregunta, a propósito de las reacciones adversas a la convalidación judicial del cambio en el esquema de pensiones federales: “¿Por qué pagar de nuestros impuestos pensiones generosas a quienes nunca nos han atendido bien? Si se hace una encuesta sobre la opinión y la experiencia que los contribuyentes y el público en general tienen sobre la burocracia, se vería el gran maltrato del que hemos sido víctimas. Aún así, ¿merecen estas personas un régimen tan injusto como el acceder al 100 por ciento de su último sueldo como pensión, cuando los expertos y consultores recomiendan un 75 por ciento como suficiente? ¿No se conforman con sus jugosos aguinaldos y sus ventajosas condiciones de trabajo? ¿No es suficiente con su pésimo trabajo?”… Y, mientras la movilización cívica jalisciense se fortalece luego que el patronato del santuario de los mártires cristeros fue obligado por la presión social a devolver la macrolimosna del gobernador piadoso, ¡hasta mañana, en esta columna anticongelante!
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Rayuela
Declarar la guerra es la respuesta de los europeos al hambre de la migración ilegal, a la necesidad de supervivencia de los pueblos que ellos expolian.
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