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lunes, 19 de mayo de 2008
Los vínculos de Uribe · Helguera
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Editorial
Plan Mérida, renuncia a la soberanía
El Comité de Gastos del Senado estadunidense impuso una serie de condicionamientos para la aprobación de los fondos del acuerdo de combate al narcotráfico y la inseguridad llamado Iniciativa Mérida o Plan México. Entre los requisitos están la certificación, por parte del Departamento de Estado del país vecino, del inicio, en el nuestro, de “reformas legales y judiciales”; el establecimiento, a cargo de las autoridades de Washington, de una base de datos “para el escrutinio de las corporaciones policiales y militares mexicanas a fin de garantizar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o (en la) corrupción”.
Asimismo, la instancia legislativa exige que la oficina que encabeza Condoleezza Rice certifique que “México está haciendo cumplir las prohibiciones contra el uso judicial de testimonios obtenidos por medio de tortura”. Por añadidura, se pretende que agentes especiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos operen en México para “rastrear armas usadas por traficantes de drogas”.
Para nadie es un secreto el alto grado de participación de las corporaciones policiales y castrenses en violaciones graves a los derechos humanos, y no escapa que en las primeras las organizaciones delictivas han logrado infiltrarse hasta grados alarmantes y escandalosos. No es un hecho desconocido, tampoco, la persistencia de la tortura en nuestro país.
En este sentido, las demandas del Comité de Gastos del Senado de Estados Unidos podrían resultar moralmente plausibles, de no ser por su descarado injerencismo y por su rotunda hipocresía.
Por un lado, se pide que una instancia del gobierno de Washington apruebe o desapruebe el desempeño de un Estado soberano en ámbitos particulares –el de los derechos humanos y el de la probidad–, en lo que constituye un intento por volver a los infames procesos de “certificación” vigentes hasta hace unos años, por medio de los cuales el Departamento de Estado premiaba o castigaba a otros regímenes, no en función de su compromiso con las garantías individuales o contra la criminalidad, sino a partir de afinidades y desencuentros políticos e ideológicos, o bien como forma de ejercer presiones intervencionistas.
El gobierno mexicano mantuvo siempre, en forma correcta, un rechazo inequívoco a la pretensión de las autoridades del país vecino de arrogarse el derecho de calificar a otros países. Hoy en día, sería lisa y llanamente inaceptable que la administración calderonista aceptara someterse, en la materia que fuera, al escrutinio y la certificación de Washington. Para una presidencia ya señalada como entreguista por diversos sectores –especialmente por su afán de trasladar segmentos enteros de la industria petrolera al control de intereses trasnacionales– y afectada por un déficit de legitimidad de origen, tal claudicación tendría severos costos políticos internos, y cabe esperar que imperen la sensatez y el sentido de nación.
Permitir a una potencia extranjera, sea cual fuere, que conforme una base de datos para realizar un “escrutinio” de las fuerzas armadas mexicanas sería una escandalosa abdicación a las obligaciones básicas en materia de seguridad nacional, difícilmente imaginable en cualquier país. Al margen de otros aspectos impugnables de la Iniciativa Mérida, la sola exigencia formulada por el comité sería motivo suficiente para renunciar a la aplicación de ese acuerdo.
Por otra parte, la exigencia estadunidense de verificar el respeto a los derechos humanos en otras naciones constituye una pretensión grotesca y disparatada, habida cuenta de que, a escala planetaria, la superpotencia es la principal violadora de tales derechos. Abu Ghraib, Guantánamo, los vuelos secretos de la CIA, el severo recorte legal a las libertades ciudadanas y a las garantías individuales, así como los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Afganistán e Irak son referentes ineludibles de un gobierno que ha convertido el asesinato, el secuestro, el bombardeo de civiles y el terrorismo en general en política de Estado.
Por añadidura, la administración de George W. Bush ha dictaminado que la tortura es legal, a condición de que no se le llame así. Con esos antecedentes, Washington carece de la menor autoridad moral para acusar o absolver a terceros países. En el nuestro, y ante la persistente y masiva impunidad de que disfrutan servidores públicos que atropellan a los ciudadanos, la lucha por la vigencia de los derechos humanos dista mucho de haber concluido. Pero Estados Unidos no es, en absoluto, un referente de respeto y de legalidad en este terreno.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=opinion&article=002a1edi
El Comité de Gastos del Senado estadunidense impuso una serie de condicionamientos para la aprobación de los fondos del acuerdo de combate al narcotráfico y la inseguridad llamado Iniciativa Mérida o Plan México. Entre los requisitos están la certificación, por parte del Departamento de Estado del país vecino, del inicio, en el nuestro, de “reformas legales y judiciales”; el establecimiento, a cargo de las autoridades de Washington, de una base de datos “para el escrutinio de las corporaciones policiales y militares mexicanas a fin de garantizar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o (en la) corrupción”.
Asimismo, la instancia legislativa exige que la oficina que encabeza Condoleezza Rice certifique que “México está haciendo cumplir las prohibiciones contra el uso judicial de testimonios obtenidos por medio de tortura”. Por añadidura, se pretende que agentes especiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos operen en México para “rastrear armas usadas por traficantes de drogas”.
Para nadie es un secreto el alto grado de participación de las corporaciones policiales y castrenses en violaciones graves a los derechos humanos, y no escapa que en las primeras las organizaciones delictivas han logrado infiltrarse hasta grados alarmantes y escandalosos. No es un hecho desconocido, tampoco, la persistencia de la tortura en nuestro país.
En este sentido, las demandas del Comité de Gastos del Senado de Estados Unidos podrían resultar moralmente plausibles, de no ser por su descarado injerencismo y por su rotunda hipocresía.
Por un lado, se pide que una instancia del gobierno de Washington apruebe o desapruebe el desempeño de un Estado soberano en ámbitos particulares –el de los derechos humanos y el de la probidad–, en lo que constituye un intento por volver a los infames procesos de “certificación” vigentes hasta hace unos años, por medio de los cuales el Departamento de Estado premiaba o castigaba a otros regímenes, no en función de su compromiso con las garantías individuales o contra la criminalidad, sino a partir de afinidades y desencuentros políticos e ideológicos, o bien como forma de ejercer presiones intervencionistas.
El gobierno mexicano mantuvo siempre, en forma correcta, un rechazo inequívoco a la pretensión de las autoridades del país vecino de arrogarse el derecho de calificar a otros países. Hoy en día, sería lisa y llanamente inaceptable que la administración calderonista aceptara someterse, en la materia que fuera, al escrutinio y la certificación de Washington. Para una presidencia ya señalada como entreguista por diversos sectores –especialmente por su afán de trasladar segmentos enteros de la industria petrolera al control de intereses trasnacionales– y afectada por un déficit de legitimidad de origen, tal claudicación tendría severos costos políticos internos, y cabe esperar que imperen la sensatez y el sentido de nación.
Permitir a una potencia extranjera, sea cual fuere, que conforme una base de datos para realizar un “escrutinio” de las fuerzas armadas mexicanas sería una escandalosa abdicación a las obligaciones básicas en materia de seguridad nacional, difícilmente imaginable en cualquier país. Al margen de otros aspectos impugnables de la Iniciativa Mérida, la sola exigencia formulada por el comité sería motivo suficiente para renunciar a la aplicación de ese acuerdo.
Por otra parte, la exigencia estadunidense de verificar el respeto a los derechos humanos en otras naciones constituye una pretensión grotesca y disparatada, habida cuenta de que, a escala planetaria, la superpotencia es la principal violadora de tales derechos. Abu Ghraib, Guantánamo, los vuelos secretos de la CIA, el severo recorte legal a las libertades ciudadanas y a las garantías individuales, así como los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Afganistán e Irak son referentes ineludibles de un gobierno que ha convertido el asesinato, el secuestro, el bombardeo de civiles y el terrorismo en general en política de Estado.
Por añadidura, la administración de George W. Bush ha dictaminado que la tortura es legal, a condición de que no se le llame así. Con esos antecedentes, Washington carece de la menor autoridad moral para acusar o absolver a terceros países. En el nuestro, y ante la persistente y masiva impunidad de que disfrutan servidores públicos que atropellan a los ciudadanos, la lucha por la vigencia de los derechos humanos dista mucho de haber concluido. Pero Estados Unidos no es, en absoluto, un referente de respeto y de legalidad en este terreno.
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Rayuela
Ríos con aguas contaminadas y basureros tóxicos. La urbanización salvaje pasa sus facturas.
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Astillero
Por: Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ PRD: tardanzas y confusiones
Simpatizantes de Alejandro Encinas que asistieron al mitin de ayer en el Monumento a la Revolución
Foto: María Luisa Severiano
Luego de una tregua durante la cual se exploró la posibilidad de que las dos partes que contienden por la presidencia nacional del PRD llegasen a arreglos, uno de los convocados al zurcido en privado prefirió organizar un mitin para anunciar que no entrará “al regateo ni al reparto de huesos o del botín”. Alejandro Encinas pareció cerrar así el paso a las posibilidades de entendimientos “en lo oscurito” con los chuchos, aunque al mismo tiempo mantuvo formalmente vivas las pláticas discretas instauradas a partir de una carta de Jesús Ortega, en la que éste convocó a considerar al triunfador formal de la contienda perredista como un presidente “de transición” que convocaría a un congreso de refundación que a su vez llamaría, en circunstancias corregidas y confiables, a nuevos comicios.
La realización de ese mitin encinista de ayer en el Monumento a la Revolución restaura el tono de lucha interna que hasta ahora había sido sofocado por la corriente que apoya al ex jefe del Gobierno capitalino, interesada más, según sus precisiones, en sumar fuerzas en la defensa del petróleo como bien nacional que en propiciar más división en un partido que forma parte del frente de resistencia a los intentos de privatización. Incluso, en lo que constituiría un error en cuanto contaminaría causas superiores defendibles con causas parciales desprestigiadas, Encinas pareció dispuesto a emular las tareas de predicación contra la privatización petrolera que realizan brigadas no partidistas, al anunciar que los detalles de las sucias elecciones internas del PRD serían explicados a los ciudadanos mediante visitas “casa por casa”.
Las maniobras de los grupos que pelean por el PRD han quedado desacreditadas públicamente tanto por la acción de sus opositores externos, que obviamente han aprovechado la feria de errores y excesos cometidos por ambas partes para exhibirlos con la mayor amplitud que han podido, como por la gravedad de la conducta de quienes desde siempre se han movido en esos terrenos de la simulación, el fraude interno y la trapacería legal, pero que ahora han quedado atrapados a causa del referente de 2006, cuando el PRD fue legítimo demandante de transparencia y justicia electorales, y de la actual lucha en defensa del petróleo, que requiere actores políticos y sociales congruentes y honorables.
Cierto es que el chuchismo practicó en los pasados comicios perredistas las mismas trampas de siempre, inflando la votación a su favor en zonas de mapachismo aliado como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y el estado de México, y que la imposición de Guadalupe Acosta Naranjo como presidente sustituto es sólo una forma de instaurar la misma figura colaboracionista que significa Jesús Ortega, pero Alejandro Encinas necesita proponer alternativas de acción política, para quienes se oponen a ese golpe de mano de Nueva Izquierda, que vayan más allá del esquema ya desgastado del propio PRD, pues de otra manera ese pleito rancio se quedará solamente en el nivel de interés de las elites partidistas.
Astillas
Ha salido a la venta El Sendero del Peje como publicación diaria, de lunes a viernes, que da continuidad al estilo y el enfoque que han caracterizado a la edición en Internet. El director general es Federico Arreola, quien tuvo responsabilidades ejecutivas en Milenio Diario, formó parte del equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador y ha centrado sus esfuerzos recientes en el impulso de proyectos como la película que hizo Luis Mandoki sobre el fraude electoral de 2006, la nueva etapa de El Chamuco y, ahora, el diario SDP, en el que participan Víctor Hernández en la dirección editorial y articulistas, aparte de los propios Arreola y Hernández, como Alejandro Rojas Díaz Durán, secretario de turismo del Gobierno de la ciudad de México; Polimnia Romana Sierra Bárcena, quien formó parte del equipo de seguridad de López Obrador en la administración capitalina, y las firmas de Pomponio, Renegado Legítimo, Morfo y Masiosare. La nueva publicación necesita conseguir el número suficiente de lectores y anunciantes para que económicamente pueda continuar, requiere mejorar sus contenidos y edición (en particular en el terreno gramatical) y mostrará si las características propias del blogueo y la comunicación mediante Internet pueden ser trasladadas con éxito al plano impreso… Una lectora que es pasante de historia por la UNAM comenta que hay días en que esta columna deja “una triste sensación de caos y un miedo terrible. No puedo expresar mejor que usted la combinación que hoy día nos gobierna: la política corrupta y el narcotráfico. Leerlo, no porque usted describa de manera incorrecta lo que está pasando en el país, es una bofetada de la realidad de la que todos los mexicanos queremos huir siempre, y por eso cuando alguien toca a nuestra casa para informarnos sobre la reforma del petróleo insultamos y cerramos la puerta. Es mejor huir, permanecer ignorantes y dejar entrar a nuestra casa sólo aquello que nos haga sentir bien, porque la vida real allá afuera es agobiante. Mi pregunta es: ¿cuándo tocaremos fondo? La respuesta me da miedo”… Llega la canciller alemana, Ángela Merkel, para hablar, entre otras cosas, de inversiones y energéticos; Cuba declara 100 por ciento restablecida la relación diplomática con México y envía a su ministro de relaciones exteriores a invitar a Felipe Calderón a visitar la isla; Álvaro Uribe aprieta la mano contra Lucía Morett y Hugo Chávez hace saber que Venezuela tiene pruebas de invasión colombiana a su territorio, lo que agrega riesgo a una zona donde Estados Unidos quisiera guerras fraternas por las cuales colarse aún más… Y, mientras el cardenal Norberto Rivera entrega personalmente a uno de sus protegidos, el sacerdote pederasta Nicolás Aguilar, el documento oficial denominado “Criterios de la Arquidiócesis en relación a comportamientos inadecuados por parte de clérigos”, del que ayer habló el semanario oficial católico Desde la fe, ¡hasta mañana, en esta columna diplomática!
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/19/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ PRD: tardanzas y confusiones
Simpatizantes de Alejandro Encinas que asistieron al mitin de ayer en el Monumento a la Revolución
Foto: María Luisa Severiano
Luego de una tregua durante la cual se exploró la posibilidad de que las dos partes que contienden por la presidencia nacional del PRD llegasen a arreglos, uno de los convocados al zurcido en privado prefirió organizar un mitin para anunciar que no entrará “al regateo ni al reparto de huesos o del botín”. Alejandro Encinas pareció cerrar así el paso a las posibilidades de entendimientos “en lo oscurito” con los chuchos, aunque al mismo tiempo mantuvo formalmente vivas las pláticas discretas instauradas a partir de una carta de Jesús Ortega, en la que éste convocó a considerar al triunfador formal de la contienda perredista como un presidente “de transición” que convocaría a un congreso de refundación que a su vez llamaría, en circunstancias corregidas y confiables, a nuevos comicios.
La realización de ese mitin encinista de ayer en el Monumento a la Revolución restaura el tono de lucha interna que hasta ahora había sido sofocado por la corriente que apoya al ex jefe del Gobierno capitalino, interesada más, según sus precisiones, en sumar fuerzas en la defensa del petróleo como bien nacional que en propiciar más división en un partido que forma parte del frente de resistencia a los intentos de privatización. Incluso, en lo que constituiría un error en cuanto contaminaría causas superiores defendibles con causas parciales desprestigiadas, Encinas pareció dispuesto a emular las tareas de predicación contra la privatización petrolera que realizan brigadas no partidistas, al anunciar que los detalles de las sucias elecciones internas del PRD serían explicados a los ciudadanos mediante visitas “casa por casa”.
Las maniobras de los grupos que pelean por el PRD han quedado desacreditadas públicamente tanto por la acción de sus opositores externos, que obviamente han aprovechado la feria de errores y excesos cometidos por ambas partes para exhibirlos con la mayor amplitud que han podido, como por la gravedad de la conducta de quienes desde siempre se han movido en esos terrenos de la simulación, el fraude interno y la trapacería legal, pero que ahora han quedado atrapados a causa del referente de 2006, cuando el PRD fue legítimo demandante de transparencia y justicia electorales, y de la actual lucha en defensa del petróleo, que requiere actores políticos y sociales congruentes y honorables.
Cierto es que el chuchismo practicó en los pasados comicios perredistas las mismas trampas de siempre, inflando la votación a su favor en zonas de mapachismo aliado como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y el estado de México, y que la imposición de Guadalupe Acosta Naranjo como presidente sustituto es sólo una forma de instaurar la misma figura colaboracionista que significa Jesús Ortega, pero Alejandro Encinas necesita proponer alternativas de acción política, para quienes se oponen a ese golpe de mano de Nueva Izquierda, que vayan más allá del esquema ya desgastado del propio PRD, pues de otra manera ese pleito rancio se quedará solamente en el nivel de interés de las elites partidistas.
Astillas
Ha salido a la venta El Sendero del Peje como publicación diaria, de lunes a viernes, que da continuidad al estilo y el enfoque que han caracterizado a la edición en Internet. El director general es Federico Arreola, quien tuvo responsabilidades ejecutivas en Milenio Diario, formó parte del equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador y ha centrado sus esfuerzos recientes en el impulso de proyectos como la película que hizo Luis Mandoki sobre el fraude electoral de 2006, la nueva etapa de El Chamuco y, ahora, el diario SDP, en el que participan Víctor Hernández en la dirección editorial y articulistas, aparte de los propios Arreola y Hernández, como Alejandro Rojas Díaz Durán, secretario de turismo del Gobierno de la ciudad de México; Polimnia Romana Sierra Bárcena, quien formó parte del equipo de seguridad de López Obrador en la administración capitalina, y las firmas de Pomponio, Renegado Legítimo, Morfo y Masiosare. La nueva publicación necesita conseguir el número suficiente de lectores y anunciantes para que económicamente pueda continuar, requiere mejorar sus contenidos y edición (en particular en el terreno gramatical) y mostrará si las características propias del blogueo y la comunicación mediante Internet pueden ser trasladadas con éxito al plano impreso… Una lectora que es pasante de historia por la UNAM comenta que hay días en que esta columna deja “una triste sensación de caos y un miedo terrible. No puedo expresar mejor que usted la combinación que hoy día nos gobierna: la política corrupta y el narcotráfico. Leerlo, no porque usted describa de manera incorrecta lo que está pasando en el país, es una bofetada de la realidad de la que todos los mexicanos queremos huir siempre, y por eso cuando alguien toca a nuestra casa para informarnos sobre la reforma del petróleo insultamos y cerramos la puerta. Es mejor huir, permanecer ignorantes y dejar entrar a nuestra casa sólo aquello que nos haga sentir bien, porque la vida real allá afuera es agobiante. Mi pregunta es: ¿cuándo tocaremos fondo? La respuesta me da miedo”… Llega la canciller alemana, Ángela Merkel, para hablar, entre otras cosas, de inversiones y energéticos; Cuba declara 100 por ciento restablecida la relación diplomática con México y envía a su ministro de relaciones exteriores a invitar a Felipe Calderón a visitar la isla; Álvaro Uribe aprieta la mano contra Lucía Morett y Hugo Chávez hace saber que Venezuela tiene pruebas de invasión colombiana a su territorio, lo que agrega riesgo a una zona donde Estados Unidos quisiera guerras fraternas por las cuales colarse aún más… Y, mientras el cardenal Norberto Rivera entrega personalmente a uno de sus protegidos, el sacerdote pederasta Nicolás Aguilar, el documento oficial denominado “Criterios de la Arquidiócesis en relación a comportamientos inadecuados por parte de clérigos”, del que ayer habló el semanario oficial católico Desde la fe, ¡hasta mañana, en esta columna diplomática!
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Editorial del domingo
Conflicto andino: lastres para la solución
A más de dos meses de haberse detonado la llamada crisis andina, originada por el ataque del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, no parece haber expectativas de solución para el conflicto que actualmente enfrenta a los gobiernos de Bogotá, Quito y Caracas y, por el contrario, todo parece indicar que la situación se acerca a un periodo de recrudecimiento. Ayer, el gobierno que encabeza Hugo Chávez denunció, vía un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores, una incursión ilegal de las milicias colombianas, ocurrida el pasado viernes en territorio venezolano. En el documento se califica el hecho como “un acto de provocación” y se demanda “el cese inmediato de estas violaciones del derecho internacional, de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela”. En respuesta, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, expresó su disposición a investigar los hechos y a “ofrecer excusas” en caso de que sus indagaciones arrojen que en efecto sus soldados violaron los límites con la nación vecina. Al mismo tiempo, el mandatario afirmó que Colombia no ha sido ni será nunca un “país belicista”, pero que, en la circunstancia actual y dado el conflicto interno que ahí se vive desde hace más de cuatro décadas, “nos rebelamos contra el terrorismo y vamos a derrotar el terrorismo que tanto nos ha hecho sufrir”.
El solo antecedente del ataque del ejército de Colombia en territorio de Ecuador, violación flagrante a la soberanía de este último país y a las consideraciones humanitarias más elementales, dada la forma en que las víctimas fueron ultimadas, dota de verosimilitud las acusaciones del gobierno venezolano y demanda un pronto esclarecimiento de los hechos. De confirmarse los señalamientos de Caracas, el gobierno uribista quedaría a ojos de la opinión pública internacional como un transgresor sistemático de la legalidad internacional y de la integridad territorial de otras naciones.
Ante tal panorama, las eventuales excusas ofrecidas por la Casa de Nariño serían, por decir lo menos, una respuesta insatisfactoria, que no garantizarían en forma alguna que no se repitiera el hecho, y que antes bien pudieran constituir una fachada del gobierno colombiano para encubrir nuevas agresiones en contra del venezolano: debe recordarse que, como lo ha señalado el presidente Correa, al mismo tiempo que el propio Uribe ofrecía disculpas a Ecuador por el bombardeo lanzado sobre su territorio, emprendía una ofensiva mediática orientada a vincular políticamente, y con base en información por demás cuestionable y en acusaciones inconsistentes, a las FARC con los gobiernos de Quito y Caracas. Por tanto, la confirmación de estos hechos tendría que ir acompañada de una condena ejemplar de la comunidad internacional, una sanción ejemplar para los responsables de la transgresión y una demanda enérgica de que Bogotá se desista de llevar a cabo este tipo de acciones en lo sucesivo.
Por lo demás, acaso lo más preocupante del discurso uribista es que, al afirmar que las acciones de su gobierno obedecen a sus afanes por “derrotar el terrorismo que tanto nos ha hecho sufrir”, el gobernante parece asegurar que es válido que la ilegalidad sea combatida con más ilegalidad, y que en el contexto de ese combate no importan los atropellos cometidos por su gobierno dentro y fuera de Colombia.
El estado actual del conflicto andino requiere por parte del gobierno colombiano algo más que las “excusas” prometidas por su titular: exige una disposición real para esclarecer cabal y satisfactoriamente los sucesos del pasado primero de marzo y para dialogar, en lugar de atacar, a los gobiernos de las naciones vecinas. Por su parte, sería pertinente que la sociedad colombiana reconociera que la política militarista seguida por su gobierno ha arrojado más daño que expectativas reales de solución al añejo conflicto que esa nación enfrenta, comprender que además constituye un factor de riesgo para la estabilidad regional, y demandar, en consecuencia, un viraje en los términos en que se desenvuelven sus autoridades.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/18/index.php?section=opinion&article=002a1edi
A más de dos meses de haberse detonado la llamada crisis andina, originada por el ataque del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, no parece haber expectativas de solución para el conflicto que actualmente enfrenta a los gobiernos de Bogotá, Quito y Caracas y, por el contrario, todo parece indicar que la situación se acerca a un periodo de recrudecimiento. Ayer, el gobierno que encabeza Hugo Chávez denunció, vía un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores, una incursión ilegal de las milicias colombianas, ocurrida el pasado viernes en territorio venezolano. En el documento se califica el hecho como “un acto de provocación” y se demanda “el cese inmediato de estas violaciones del derecho internacional, de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela”. En respuesta, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, expresó su disposición a investigar los hechos y a “ofrecer excusas” en caso de que sus indagaciones arrojen que en efecto sus soldados violaron los límites con la nación vecina. Al mismo tiempo, el mandatario afirmó que Colombia no ha sido ni será nunca un “país belicista”, pero que, en la circunstancia actual y dado el conflicto interno que ahí se vive desde hace más de cuatro décadas, “nos rebelamos contra el terrorismo y vamos a derrotar el terrorismo que tanto nos ha hecho sufrir”.
El solo antecedente del ataque del ejército de Colombia en territorio de Ecuador, violación flagrante a la soberanía de este último país y a las consideraciones humanitarias más elementales, dada la forma en que las víctimas fueron ultimadas, dota de verosimilitud las acusaciones del gobierno venezolano y demanda un pronto esclarecimiento de los hechos. De confirmarse los señalamientos de Caracas, el gobierno uribista quedaría a ojos de la opinión pública internacional como un transgresor sistemático de la legalidad internacional y de la integridad territorial de otras naciones.
Ante tal panorama, las eventuales excusas ofrecidas por la Casa de Nariño serían, por decir lo menos, una respuesta insatisfactoria, que no garantizarían en forma alguna que no se repitiera el hecho, y que antes bien pudieran constituir una fachada del gobierno colombiano para encubrir nuevas agresiones en contra del venezolano: debe recordarse que, como lo ha señalado el presidente Correa, al mismo tiempo que el propio Uribe ofrecía disculpas a Ecuador por el bombardeo lanzado sobre su territorio, emprendía una ofensiva mediática orientada a vincular políticamente, y con base en información por demás cuestionable y en acusaciones inconsistentes, a las FARC con los gobiernos de Quito y Caracas. Por tanto, la confirmación de estos hechos tendría que ir acompañada de una condena ejemplar de la comunidad internacional, una sanción ejemplar para los responsables de la transgresión y una demanda enérgica de que Bogotá se desista de llevar a cabo este tipo de acciones en lo sucesivo.
Por lo demás, acaso lo más preocupante del discurso uribista es que, al afirmar que las acciones de su gobierno obedecen a sus afanes por “derrotar el terrorismo que tanto nos ha hecho sufrir”, el gobernante parece asegurar que es válido que la ilegalidad sea combatida con más ilegalidad, y que en el contexto de ese combate no importan los atropellos cometidos por su gobierno dentro y fuera de Colombia.
El estado actual del conflicto andino requiere por parte del gobierno colombiano algo más que las “excusas” prometidas por su titular: exige una disposición real para esclarecer cabal y satisfactoriamente los sucesos del pasado primero de marzo y para dialogar, en lugar de atacar, a los gobiernos de las naciones vecinas. Por su parte, sería pertinente que la sociedad colombiana reconociera que la política militarista seguida por su gobierno ha arrojado más daño que expectativas reales de solución al añejo conflicto que esa nación enfrenta, comprender que además constituye un factor de riesgo para la estabilidad regional, y demandar, en consecuencia, un viraje en los términos en que se desenvuelven sus autoridades.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/18/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Rayuela de ayer
Al paso que va Uribe, muy pronto hará de su país el Israel de América Latina.
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