Por:Alejandro Nadal
Los titulares de las Secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente han expedido un acuerdo para “establecer las disposiciones jurídicas del régimen de protección especial del maíz”. Este régimen está contemplado en la Ley de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). El texto del acuerdo es una innovación jurídica de gran importancia, pero como es algo oscuro, ofrecemos una traducción para los lectores. Por falta de espacio, sólo destacamos los puntos sobresalientes del documento.
Considerandos: Tomando en cuenta que la LBOGM establece (artículo segundo, fracción XI) la obligación de erigir un régimen de protección especial para el maíz;
Considerando que la construcción de este régimen de protección especial es realmente complicada y consumiría mucho tiempo;
Observando que esta disposición es un obstáculo para que la industria de la biotecnología obtenga el control del mercado mexicano de semillas;
Calculando que es urgente desahogar las solicitudes de permisos presentadas por diversas compañías de biotecnología para liberar varios tipos de maíz transgénico en México;
Estimando que el artículo 65 del Reglamento de la LBOGM delega ilegalmente la facultad reglamentaria que establece el artículo 89 de la Constitución;
Nosotros, los titulares de la Sagarpa y la Semarnat, conscientes de que estamos actuando al margen de la ley, expedimos el siguiente acuerdo:
Disposiciones generales. artículo 1.- Este Acuerdo es un pedazo de papel que tiene por objeto simular la construcción del Régimen de protección especial del maíz al que se refiere el artículo 2 fracción IX de la LBOGM.
Artículo 3. Las liberaciones experimentales de maíces transgénicos servirán para apoyar la concesión de permisos para liberación comercial, de acuerdo con el enfoque metodológico de “omisión tras error” que contempla la LBOGM.
Artículo 7. Para conceder un permiso de liberación experimental o piloto, la Sagarpa verificará que existan la infraestructura y las medidas de seguridad que todavía no sabemos cuáles serán y que podrían ser mínimas o francamente inservibles. Con el fin de garantizar una mayor flexibilidad para el desempeño de las compañías de biotecnología, la verificación mencionada se llevará a cabo de manera tardía y con recursos insuficientes.
Del Monitoreo. Artículo 9. La Sagarpa y la Semarnat, con el fin de auxiliar a las empresas de biotecnología y hacerlas más competitivas en este mundo globalizado, promoverán con recursos públicos el desarrollo de laboratorios para la detección e identificación de maíz transgénico.
Artículo 11. La Sagarpa y la Semarnat harán todo lo posible para generar más información que sirva para otorgar más permisos de liberación comercial de maíz transgénico.
Artículos 14 y 16. La Sagarpa y la Semarnat harán todo lo que se necesita hacer pero que no han hecho (y probablemente no harán) para aplicar medidas de seguridad o de urgente aplicación cuando se libere accidentalmente o ilegalmente maíz transgénico. En caso de emergencia, las secretarías entrarán en modo “pánico”, se harán bolas como de costumbre y anunciarán en conferencia de prensa que el problema no existe o es irrelevante.
Transitorios. artículo 3. Se derogan todos los textos legales que se contraponen a este Acuerdo, comenzando con los Artículos 89 y 92 de la Constitución que impiden delegar la facultad reglamentaria del Ejecutivo federal en los titulares del ramo. Se deroga el artículo 1 de la LBOGM que la define como ley de orden público y de interés social y se degrada la protección que otorga dicha ley federal al rango de simple acuerdo administrativo.
Artículo 4. Este Acuerdo, como cualquier otro, podrá ser modificado por los titulares de estas secretarías cuando así lo requieran las circunstancias o cuando lo soliciten nuestros amigos. Con el fin de ganar en flexibilidad y eliminar la camisa de fuerza de la certidumbre jurídica, cada modificación entrará en vigor cuando lo decidamos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/14/index.php?section=opinion&article=029a1eco
miércoles, 14 de mayo de 2008
Editorial
Petróleo: comenzó el debate
La primera jornada de debates en torno a la iniciativa de reforma petrolera, celebrada ayer en el Senado de la República, constituye el inicio de un ejercicio democrático y plural sin precedente, en el que distintos actores de la vida política y académica del país discuten la viabilidad, legalidad y pertinencia de la iniciativa para privatizar parcialmente la industria petrolera, enviada por el Ejecutivo federal a Xicoténcatl el pasado 8 de abril.
Entre las críticas planteadas ayer a la propuesta calderonista destacan las de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien subrayó el carácter inconstitucional de los llamados “contratos de desarrollo”, parte integral del paquete de propuestas, “que no son otra cosa que contratos de riesgo, cuyo pago se vincula con resultados obtenidos, prohibidos expresamente por nuestras leyes”. En el mismo sentido, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien asistió en representación del ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, dijo que “las propuestas de Calderón son violatorias de la Constitución y obedecen a intereses creados que han estado al acecho para consumar el gran atraco de la privatización” y que, de ser aprobadas, cancelarían la posibilidad de que Petróleos Mexicanos (Pemex) funja “como palanca de desarrollo” nacional, y se reduciría a la paraestatal a “simple administradora de contratos de petróleo crudo”.
De su lado, la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, dijo que su partido rechaza “la privatización abierta o encubierta” y que “no apoyará contratos de riesgo”, ni forma alguna de participación de intereses privados “que pueda implicar la entrega de Pemex a particulares”. Así, en esta primera jornada de debates ha quedado de manifiesto un punto en común entre Cárdenas y López Obrador, ambos perredistas, y la priísta Paredes. En el caso de ésta, además, se pone nuevamente en evidencia el resquebrajamiento de lo que hasta hace unas semanas parecía un frente sólido entre el gobierno y las cúpulas tricolores para respaldar la reforma presentada por el Ejecutivo.
Del mismo modo, durante la sesión de ayer en el Senado se pusieron sobre la mesa asuntos de primera importancia, hasta ahora soslayados en el discurso oficial. En particular, destacan las observaciones del historiador Lorenzo Meyer, quien apuntó la gran dependencia del gobierno con relación a la industria petrolera, por su falta de eficiencia en la recaudación fiscal. Con ello, el académico apuntó hacia uno de los puntos nodales de la discusión en torno a Pemex: la urgencia de una reforma fiscal que permita al gobierno allegarse los recursos necesarios para desempeñar sus funciones sin necesidad de saquear a la paraestatal por la vía impositiva, a fin de que ésta pueda reinvertir sus ganancias en el mejoramiento de su infraestructura y en el desarrollo de tecnología y se convierta en la empresa fuerte, próspera y competitiva que el país requiere.
Por lo demás, a la par de las incoherencias exhibidas en la propuesta de reforma petrolera del grupo gobernante, quedó al descubierto su orfandad de argumentos y su falta de capacidad para sostener un debate que, cabe recordar, intentó eludir por todos los medios. En su ponencia, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien supuestamente había asistido a defender la iniciativa, se limitó a repetir las consignas del gobierno federal y a denostar a los opositores, a quienes se refirió como “nacionalistas falsarios” y “teólogos del petróleo”.
No puede dejar de señalarse que, como expresó el propio Ortiz Pinchetti, el debate que se inició ayer no habría sido posible sin las acciones de resistencia cívica que emprendieron diversos sectores de la sociedad y que secundaron los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) mediante la toma de las tribunas legislativas. Hoy es inevitable reconocer que tales medidas, que fueron objeto de una virulenta condena y de una descalificación orquestada en la mayoría de los medios informativos, lograron frenar un albazo que hubiese aprobado sin debate la iniciativa privatizadora, y sentaron las bases para una discusión sana, plural y necesaria en la que, cabe esperar, imperen el sentido de país y los intereses nacionales.
Por último, si la discusión sigue en los próximos días el curso que tomó hoy, se volverá inevitable la completa bancarrota argumental de la iniciativa privatizadora presentada el 8 de abril, y sumamente difícil su aprobación legislativa.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/14/index.php?section=opinion&article=002a1edi
La primera jornada de debates en torno a la iniciativa de reforma petrolera, celebrada ayer en el Senado de la República, constituye el inicio de un ejercicio democrático y plural sin precedente, en el que distintos actores de la vida política y académica del país discuten la viabilidad, legalidad y pertinencia de la iniciativa para privatizar parcialmente la industria petrolera, enviada por el Ejecutivo federal a Xicoténcatl el pasado 8 de abril.
Entre las críticas planteadas ayer a la propuesta calderonista destacan las de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien subrayó el carácter inconstitucional de los llamados “contratos de desarrollo”, parte integral del paquete de propuestas, “que no son otra cosa que contratos de riesgo, cuyo pago se vincula con resultados obtenidos, prohibidos expresamente por nuestras leyes”. En el mismo sentido, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien asistió en representación del ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, dijo que “las propuestas de Calderón son violatorias de la Constitución y obedecen a intereses creados que han estado al acecho para consumar el gran atraco de la privatización” y que, de ser aprobadas, cancelarían la posibilidad de que Petróleos Mexicanos (Pemex) funja “como palanca de desarrollo” nacional, y se reduciría a la paraestatal a “simple administradora de contratos de petróleo crudo”.
De su lado, la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, dijo que su partido rechaza “la privatización abierta o encubierta” y que “no apoyará contratos de riesgo”, ni forma alguna de participación de intereses privados “que pueda implicar la entrega de Pemex a particulares”. Así, en esta primera jornada de debates ha quedado de manifiesto un punto en común entre Cárdenas y López Obrador, ambos perredistas, y la priísta Paredes. En el caso de ésta, además, se pone nuevamente en evidencia el resquebrajamiento de lo que hasta hace unas semanas parecía un frente sólido entre el gobierno y las cúpulas tricolores para respaldar la reforma presentada por el Ejecutivo.
Del mismo modo, durante la sesión de ayer en el Senado se pusieron sobre la mesa asuntos de primera importancia, hasta ahora soslayados en el discurso oficial. En particular, destacan las observaciones del historiador Lorenzo Meyer, quien apuntó la gran dependencia del gobierno con relación a la industria petrolera, por su falta de eficiencia en la recaudación fiscal. Con ello, el académico apuntó hacia uno de los puntos nodales de la discusión en torno a Pemex: la urgencia de una reforma fiscal que permita al gobierno allegarse los recursos necesarios para desempeñar sus funciones sin necesidad de saquear a la paraestatal por la vía impositiva, a fin de que ésta pueda reinvertir sus ganancias en el mejoramiento de su infraestructura y en el desarrollo de tecnología y se convierta en la empresa fuerte, próspera y competitiva que el país requiere.
Por lo demás, a la par de las incoherencias exhibidas en la propuesta de reforma petrolera del grupo gobernante, quedó al descubierto su orfandad de argumentos y su falta de capacidad para sostener un debate que, cabe recordar, intentó eludir por todos los medios. En su ponencia, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien supuestamente había asistido a defender la iniciativa, se limitó a repetir las consignas del gobierno federal y a denostar a los opositores, a quienes se refirió como “nacionalistas falsarios” y “teólogos del petróleo”.
No puede dejar de señalarse que, como expresó el propio Ortiz Pinchetti, el debate que se inició ayer no habría sido posible sin las acciones de resistencia cívica que emprendieron diversos sectores de la sociedad y que secundaron los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) mediante la toma de las tribunas legislativas. Hoy es inevitable reconocer que tales medidas, que fueron objeto de una virulenta condena y de una descalificación orquestada en la mayoría de los medios informativos, lograron frenar un albazo que hubiese aprobado sin debate la iniciativa privatizadora, y sentaron las bases para una discusión sana, plural y necesaria en la que, cabe esperar, imperen el sentido de país y los intereses nacionales.
Por último, si la discusión sigue en los próximos días el curso que tomó hoy, se volverá inevitable la completa bancarrota argumental de la iniciativa privatizadora presentada el 8 de abril, y sumamente difícil su aprobación legislativa.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/14/index.php?section=opinion&article=002a1edi
Astillero
Por: Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Espejismos
■ Elogio del debate
■ Rubencito gallego
Lo que ayer comenzó en el Senado no es un verdadero debate sino un ejercicio de confirmación de posturas respecto a una iniciativa pinolera de reformas petroleras que hoy sería letra legal aprobada de no haberse producido una rebeldía en calles y tribunas legislativas que forzó a los promotores de la privatización de recursos nacionales a abrir un espacio modoso de presentación de ponencias que no serán tomadas en cuenta al final del proceso sino como actos de presunta convalidación de las decisiones originalmente acordadas entre el calderonismo panista y el salinismo priísta.
Martes senatorial de protocolo, buenas costumbres y predilección por las apariencias que en realidad marca el arranque de la propaganda oficialis-ta que busca “demostrar” a los mexicanos que hay atención a los puntos de vista discordantes y que, escuchadas esas voces, no queda otro camino que la aprobación formal de las mencionadas reformas. Jefes partidistas, personalidades con legado familiar y especialistas de buena voluntad confluyen en el espacio de “civilidad” que por sus aires de controlada polémica será contrapuesto en su momento a la resistencia pacífica que entiende estas ceremonias como tregua que terminará cuando los privatizadores levemente diferidos retomen el control procesal del asunto y mediante su mayoría numérica predispuesta traten de cumplir con la agenda de entreguismo que tenían programada para ser cumplida al vapor el pasado abril.
El espejismo controversial suscita emociones facturadas en los medios de comunicación oficialistamente controlados: hoy muestran gran entusiasmo por el ejemplo “democrático” de argumentar, como semanas atrás les causó irritación el falso “secuestro” del Congreso y como en un par de meses más les tendrá conmocionados que el segmento social adverso a las jugarretas privatizadoras no se haya tragado el cuento de los debates institucionales o de las posturas súbitamente críticas de aliados pertenecientes a la izquierda “buena” y “respetable”.
En la atribulada Culiacán se montó ayer otro espectáculo de distracción. Bajo un cerco militar extremo, y ante una población que se ha impuesto un toque de queda urgente, desfilaron ayer los discursos de los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública y la Defensa Nacional. De talla política originalmente reducida, Juan Camilo Mouriño se ve aún más empequeñecido por el impacto del conocimiento público del conflicto de intereses empresariales que una comisión servil ha declarado formalmente inexistente y por la enorme dimensión del conflicto que se vive en el norte del país y en especial en el estado donde han nacido varios de los principales jefes del negocio multifactorial del narcotráfico.
Demeritada en él toda intención de convocar a respetar las leyes y combatir la corrupción, Mouriño anunció en Culiacán un operativo que, según eso, significará “un esfuerzo sin precedente y acciones inéditas en contra del crimen organizado”. Por lo que dijo, en realidad se trata de acumular soldados y equipo bélico en la zona y efectuar rutinas demostradamente inútiles (“exámenes de control de confianza de mandos” policiacos, “control gerencial” –¡oh!– de sistemas de información policial, “coordinación general” al mando de un general de brigada y –otra vez ¡oh!– “evaluaciones periódicas, para ir afinando la estrategia”). La novedad del día fue, en todo caso, el esfuerzo hecho por el tesorito de Los Pinos en la parte final de su discurso para asumirse como una versión (¿gallega?) del siempre recordado Rubén Aguilar. “El presidente Calderón” expresó esto y aquello, lo cual significa o quiere decir… esto y aquello, ensayó ayer el vocero del círculo íntimo.
El procurador Eduardo Medina Mora, por su parte, lanzó críticas al pasado gubernamental del que formó parte el entonces secretario Eduardo Medina Mora: la violencia desatada en lugares como Sinaloa se debe a que los “grupos delictivos” (es decir, los narcotraficantes operativos) “saben muy bien que la acción del Estado es hoy más fuerte y más decidida en su contra” (no como en sexenios pasados: breviario por cortesía del Centro Fox). “No nos engañemos ni veamos espejismos”, dijo el productor de ilusiones ópticas, pues “es cierto, muy cierto, que la impunidad y tolerancia social se han asentado a lo largo de los años mediante la corrupción, la capacidad de corromper elementos de las instituciones y de cooptar, por las buenas o por medio de la violencia, a los actores que ellos estiman clave para la protección y desarrollo de sus actividades ilícitas”. Medina Mora aseguró que ese “modelo de reproducción del crimen organizado está en crisis”, pues “las autoridades de hoy (no de ayer, ni del sexenio pasado: anuncio por cortesía de la Fundación Macedo de la Concha) estamos comprometidas y tenemos la decisión de actuar a fondo”, aunque también “es importante que la sociedad” se manifieste en contra de “lo ilícito, de la tolerancia y aceptación a lo ilegal como forma de vida y como patrón de ascenso social aceptable y tolerable” (carcajadas por amable patrocinio de los tolerantes hermanos Bribiesca).
Astillas
De entre las cartas llegadas a esta sección en referencia a un empresario de diván, de iniciales JEO, sólo se mencionará, por falta de espacio, la que David Aguilar escribió en denuncia de que México “ha sido dividido por quienes detentan el poder” y que “para aquel que se considera perteneciente al grupo selecto favorecido por el poder, todo el que disienta de su visión de país es naco, indio, jodido, gato, etcétera, y el que de forma abierta expresa descontento o inclusive ira es considerado un terrorista en potencia que merece ser castigado”… Y, mientras la cúpula del sol azteca sigue entrampada en la pelea por una presidencia partidista formal (con un calderonismo petrolizado al que ayudan esos pleitos internos), ¡hasta mañana, con una Subsecretaría de Gobernación que ha entrado ya en contacto con los mediadores (no “testigos sociales”) del tema EPR que no se refiere a diálogos o rendiciones sino a la exigencia de que se conozca lo sucedido a dos mexicanos que fueron desaparecidos desde hace casi un año!
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/14/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Espejismos
■ Elogio del debate
■ Rubencito gallego
Lo que ayer comenzó en el Senado no es un verdadero debate sino un ejercicio de confirmación de posturas respecto a una iniciativa pinolera de reformas petroleras que hoy sería letra legal aprobada de no haberse producido una rebeldía en calles y tribunas legislativas que forzó a los promotores de la privatización de recursos nacionales a abrir un espacio modoso de presentación de ponencias que no serán tomadas en cuenta al final del proceso sino como actos de presunta convalidación de las decisiones originalmente acordadas entre el calderonismo panista y el salinismo priísta.
Martes senatorial de protocolo, buenas costumbres y predilección por las apariencias que en realidad marca el arranque de la propaganda oficialis-ta que busca “demostrar” a los mexicanos que hay atención a los puntos de vista discordantes y que, escuchadas esas voces, no queda otro camino que la aprobación formal de las mencionadas reformas. Jefes partidistas, personalidades con legado familiar y especialistas de buena voluntad confluyen en el espacio de “civilidad” que por sus aires de controlada polémica será contrapuesto en su momento a la resistencia pacífica que entiende estas ceremonias como tregua que terminará cuando los privatizadores levemente diferidos retomen el control procesal del asunto y mediante su mayoría numérica predispuesta traten de cumplir con la agenda de entreguismo que tenían programada para ser cumplida al vapor el pasado abril.
El espejismo controversial suscita emociones facturadas en los medios de comunicación oficialistamente controlados: hoy muestran gran entusiasmo por el ejemplo “democrático” de argumentar, como semanas atrás les causó irritación el falso “secuestro” del Congreso y como en un par de meses más les tendrá conmocionados que el segmento social adverso a las jugarretas privatizadoras no se haya tragado el cuento de los debates institucionales o de las posturas súbitamente críticas de aliados pertenecientes a la izquierda “buena” y “respetable”.
En la atribulada Culiacán se montó ayer otro espectáculo de distracción. Bajo un cerco militar extremo, y ante una población que se ha impuesto un toque de queda urgente, desfilaron ayer los discursos de los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública y la Defensa Nacional. De talla política originalmente reducida, Juan Camilo Mouriño se ve aún más empequeñecido por el impacto del conocimiento público del conflicto de intereses empresariales que una comisión servil ha declarado formalmente inexistente y por la enorme dimensión del conflicto que se vive en el norte del país y en especial en el estado donde han nacido varios de los principales jefes del negocio multifactorial del narcotráfico.
Demeritada en él toda intención de convocar a respetar las leyes y combatir la corrupción, Mouriño anunció en Culiacán un operativo que, según eso, significará “un esfuerzo sin precedente y acciones inéditas en contra del crimen organizado”. Por lo que dijo, en realidad se trata de acumular soldados y equipo bélico en la zona y efectuar rutinas demostradamente inútiles (“exámenes de control de confianza de mandos” policiacos, “control gerencial” –¡oh!– de sistemas de información policial, “coordinación general” al mando de un general de brigada y –otra vez ¡oh!– “evaluaciones periódicas, para ir afinando la estrategia”). La novedad del día fue, en todo caso, el esfuerzo hecho por el tesorito de Los Pinos en la parte final de su discurso para asumirse como una versión (¿gallega?) del siempre recordado Rubén Aguilar. “El presidente Calderón” expresó esto y aquello, lo cual significa o quiere decir… esto y aquello, ensayó ayer el vocero del círculo íntimo.
El procurador Eduardo Medina Mora, por su parte, lanzó críticas al pasado gubernamental del que formó parte el entonces secretario Eduardo Medina Mora: la violencia desatada en lugares como Sinaloa se debe a que los “grupos delictivos” (es decir, los narcotraficantes operativos) “saben muy bien que la acción del Estado es hoy más fuerte y más decidida en su contra” (no como en sexenios pasados: breviario por cortesía del Centro Fox). “No nos engañemos ni veamos espejismos”, dijo el productor de ilusiones ópticas, pues “es cierto, muy cierto, que la impunidad y tolerancia social se han asentado a lo largo de los años mediante la corrupción, la capacidad de corromper elementos de las instituciones y de cooptar, por las buenas o por medio de la violencia, a los actores que ellos estiman clave para la protección y desarrollo de sus actividades ilícitas”. Medina Mora aseguró que ese “modelo de reproducción del crimen organizado está en crisis”, pues “las autoridades de hoy (no de ayer, ni del sexenio pasado: anuncio por cortesía de la Fundación Macedo de la Concha) estamos comprometidas y tenemos la decisión de actuar a fondo”, aunque también “es importante que la sociedad” se manifieste en contra de “lo ilícito, de la tolerancia y aceptación a lo ilegal como forma de vida y como patrón de ascenso social aceptable y tolerable” (carcajadas por amable patrocinio de los tolerantes hermanos Bribiesca).
Astillas
De entre las cartas llegadas a esta sección en referencia a un empresario de diván, de iniciales JEO, sólo se mencionará, por falta de espacio, la que David Aguilar escribió en denuncia de que México “ha sido dividido por quienes detentan el poder” y que “para aquel que se considera perteneciente al grupo selecto favorecido por el poder, todo el que disienta de su visión de país es naco, indio, jodido, gato, etcétera, y el que de forma abierta expresa descontento o inclusive ira es considerado un terrorista en potencia que merece ser castigado”… Y, mientras la cúpula del sol azteca sigue entrampada en la pelea por una presidencia partidista formal (con un calderonismo petrolizado al que ayudan esos pleitos internos), ¡hasta mañana, con una Subsecretaría de Gobernación que ha entrado ya en contacto con los mediadores (no “testigos sociales”) del tema EPR que no se refiere a diálogos o rendiciones sino a la exigencia de que se conozca lo sucedido a dos mexicanos que fueron desaparecidos desde hace casi un año!
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/14/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Rayuela
Quienes antes se desgarraban las vestiduras por el secuestro del Congreso ayer elogiaban el debate que, sin él, nunca se habría dado.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/14/index.php
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