Quien hace la Ley, hace la trampa
viernes, 04 de abril de 2008
Lorenzo Salas González
Desde las primeras legislaciones de la Humanidad, la intención de quienes las crearon fue darle armonía a la convivencia social, proteger al afectado u ofendido por alguien, esencialmente el que usó sus habilidades para hurtar o despojar al otro de su propiedad o del poderoso que pretendió abusar del débil, aunque en este último caso los documentos más antiguos, como el Código de Hammurabi, no tocan a quienes ejercen el poder sino más bien los protegen.
Muchos siglos después –el citado Código es de 2 mil años antes de Cristo, aunque hay autores que lo remontan a 4 o 5 mil años- algunos países ya conformados tuvieron leyes que se convirtieron en ejemplo de otros, como el Imperio Romano o la Francia napoleónica, que son dos afluentes del derecho mexicano, además del norteamericano, cuya influencia se nota más fuerte en el siglo XX.
Si uno repasa las Constituciones que han influido más decididamente en México, se nota que hay un afán de proteger al Estado en contra del individuo, salvo la Ley Juárez o Leyes de Reforma, que pretenden establecer un equilibrio entre el Estado y la sociedad, pero haciendo a un lado uno de los poderes más fuertes que se han creado a través de la Historia: el de la Iglesia Católica.
Este pretendido equilibrio se percibe en la Constitución de 1917, en la que se consagran inclusive las garantías individuales. Sin embargo, los sucesivos gobiernos han ido creando candados o leyes secundarias para que el Estado tenga preeminencia sobre el individuo, a grado tal que si hay una ley que generalmente beneficie a una clase social –llamada ahora sector-, en especial la baja, entonces se usan las leyes secundarias para impedir su cumplimiento. En esto tiene mucho que ver el torcimiento que se hizo de la Ley de Amparo durante el sexenio de Miguel Alemán (1946-1952).
Las leyes mexicanas, creadas inicialmente con un gran espíritu democrático, se convierten en un ariete en contra del individuo, el cual queda indefenso ante el Gran Poder que es el Estado que, como sabemos, está integrado por tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
Hay quienes opinan que las mejores leyes son las que no permiten la interpretación del juzgador, por lo que tienen que estar redactadas de manera muy clara, precisa y definida. En nuestro país, debido al modelo presidencialista que nos desgobierna, las leyes tienen una estructura vertical, de tal modo que cuentan con toda la protección los que están en el poder y carecen de ella los ciudadanos ajenos a él. De manera coloquial, se dice que es la Ley del Embudo: lo ancho para los poderosos y lo angosto para la ciudadanía.
La permanente impunidad de los poderosos, la falta de cumplimiento de sus funciones, la desatención y hasta agresión a la ciudadanía a la que prometieron servir pero no lo hacen, obligó a la creación de la Comisión de los Derechos Humanos, que es la más contundente prueba de la inexistencia del Estado de Derecho, pues con ella se pretende obligar a que los funcionarios cumplan con su cometido de protección a la sociedad, de servirla y contribuir al logro de sus metas. En breve, es para limitar, aunque sea moralmente, los excesos de los gobernantes en contra de la ciudadanía. Sin embargo, ninguna de las comisiones que pretendan esto, ninguna de las reglamentaciones, acuerdos o leyes, han impedido que se siga practicando la impunidad, la que se da con el mayor descaro en todo México.
Basta que alguien haya estado en el poder, para que cuente con la protección de todo el aparato del Estado, claro, si está bien con la clase gobernante. Esto, aunque hay evidentes pruebas de su corrupción, de sus latrocinios, de sus desvíos económicos, de sus tráficos de influencias, de sus crímenes, de sus ineficiencias, violaciones a las leyes y hasta de narcotráfico.
Aunque los diferentes gobernantes de los tres niveles digan cada vez que les tocan el tema que “nadie por encima de las leyes” o que “todos somos iguales ante la Ley”, la verdad es otra y lo comprobamos cada día. Ahí están los que disfrutan de una total impunidad como Vicente Fox, Martha Sahagún, Felipe Calderón Hinojosa, Sergio Estrada Cajigal, Patricio Patrón Laviada y tantos y tantos que no alcanzaría toda una edición del POR ESTO! para que quepan todos los nombres de los llamados “delincuentes de cuello blanco”.
Definitivo: quien hace la Ley hace la trampa y ésta es para evitar que el que cometa un robo millonario caiga en la cárcel y sí en cambio se haga “justicia” en quien roba para comer. Los versos que aparecen en las paredes de las cárceles de todo México son más que elocuentes: “En este lugar maldito / donde reina la tristeza / no se castiga el delito / se castiga la pobreza”.
http://www.poresto.net/content/view/8770/43/
