viernes, 11 de abril de 2008
Eso se debe hacer con los ignorantes que atentaron contra la memoria histórica de los yucatecos, al destruir todos los archivos patrimoniales del ICY, señala el investigador Jorge Canto Alcocer, director del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán
Jorge Canto Alcocer: “Lo que hicieron en el ICY es un atentado. Si acudieron al Archivo General del Estado para obtener un dictamen y no completaron el procedimiento, eso nos indica que sólo trataron de darle un barniz de legalidad a sus acciones, pero nada más”.- (Gijón)
Los ex funcionarios del Instituto de Cultura de Yucatán deberían ser sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por no seguir los lineamientos adecuados para conservar la memoria histórica de esa dependencia, señaló el director del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica, Jorge Canto Alcocer.
En entrevista, comentó que si el Archivo General del Estado de Yucatán hizo una valoración de documentos y determinó cuáles debieron conservarse y aún así no fueron enviados a esa dependencia, entonces debería analizarse la manera en cómo proceder legalmente por no haber cumplido los lineamientos.
El investigador señaló que en este caso ocurrió una situación de abandono de los acervos que se fueron deteriorando, debido a la “enorme ignorancia” de parte de quienes dirigieron los destinos del ICY en el sexenio pasado que “dejaron embodegados materiales valiosos”.
Explicó que desde que ingresó al ICY, como director del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica, le comentó a su entonces jefa inmediata, Maureen Ramson, la preocupación que tenía por implementar un sistema de archivos sin que eso afecte sus obligaciones, “pero me respondió que no me inquietara por eso, que esas cuestiones eran de carácter administrativo y no estaba en mis funciones”.
“Eso nos demuestra el desconocimiento y la poca importancia que le dieron hacia lo que es la conservación del patrimonio cultural”, agregó.
Canto Alcocer consideró que debería hacerse algo por corregir este tipo de situaciones porque en la actualidad faltan elementos para trabajar los archivos “como la ley lo indica”, pues ni siquiera existen recursos económicos suficientes.
“Lo que hicieron en el ICY es un atentado. Si acudieron al Archivo General del Estado para obtener un dictamen y no completaron el procedimiento, eso nos indica que sólo trataron de darle un barniz de legalidad a sus acciones, pero nada más”, apuntó.
Por lo tanto, consideró que se necesita una legislación más específica y concreta, con sanciones, para quien incurra en estos actos. “No soy especialista en leyes, pero debería considerarse si se les aplica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, apuntó.
(Rafael Gómez Chi)
http://www.poresto.net/content/view/9821/1/
